XII. Las sentencias constitucionales

• Páginas: 651-691
• Autor: José Alejandro Vargas Guerrero

12.1 Sentencias constitucionales: aspectos generales

12.1.1 Conceptualización general

Es común entender el vocablo sentencia como originario

del latín sentiendo, es decir, como la solución que da el juez para

finalizar un asunto litigioso. En otras palabras, sentencia es la

decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando

de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable.

Así las cosas, la sentencia es el más solemne de los man-

datos del juez, que también puede ordenar actos de carácter

menos solemne mediante auto o resoluciones judiciales.

Dentro del género de las sentencias se tienen las senten-

cias constitucionales. Se ha dicho al respecto que son:

«Tan sentencias como las otras y tienen o deben tener la misma

estructura. Sin embargo, la temática de estas sentencias tiene algo

especial, pues no se dirige a satisfacer un interés privado o de be-

neficio de un grupo, sino que persigue cautelar valores que afec-

tan directamente a los miembros de una sociedad determinada …

las sentencias constitucionales, tienen importancia precisamente

porque cautelan, fundamentalmente, dos aspectos que son clave:

los derechos fundamentales y la jerarquía normativa»385.

Para el profesor Nogueira Alcalá386, las sentencias de un

tribunal o de una corte constitucional son actos procesales que

385 MONROY CABRA (Marco G.), La interpretación constitucional, Bogotá, Librería

del Profesional, 2002, p. 22.

386 NOGUEIRA ALCALÁ (Humberto), «Consideraciones sobre las sentencias de los

tribunales constitucionales y sus efectos en América del sur», ponencia presentada en

las II Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Constitucional, San José, Costa

Rica, julio, 2004, Ius et Praxis, vol. 10 no. 1 Talca, Chile, 2004.

652 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

ponen término a un proceso, por parte de un órgano colegiado

que constituye la instancia suprema constitucional. Sin embargo,

Monroy Cabra387 sostiene que la definición es más sencilla: …

la sentencia constitucional es el acto procesal con el cual culmina

el proceso constitucional. Además, es la forma como los tribunales

constitucionales interpretan la Constitución, considerándose la

sentencia constitucional por la doctrina moderna, como fuente del

derecho. Respecto del tipo particular de sentencias que son, las

constitucionales tienen importancia añadida, en cuanto son

claves para interpretar la Constitución y determinar el grado

de adecuación de los poderes públicos a las decisiones del Tri-

bunal Constitucional. Por eso alguna doctrina considera que

este tipo de sentencias debe situarse en un punto intermedio,

más arriba de las leyes, pero más debajo de la Constitución388.

Para Eto Cruz389, las sentencias constitucionales son

aquellos actos procesales emanados de un órgano adscrito a la

jurisdicción especializada, mediante las cuales se pone fin a una

litis cuya tipología se deriva de alguno de los procesos previstos en

el Código Procesal Constitucional.

García Belaúnde390 entiende que «todas las sentencias

son constitucionales o deben serlo, en la medida que deben

basarse en la Constitución y deben respetarla, y cuando esto

387 MONROY CABRA (Marco G.), La interpretación…, obra citada, p. 23. Ver nota

341.

388 CABALLERO S. (Gaspar), «Corte constitucional y legislador: contrarios o com-

plementarios», en Jurisdicción Constitucional en Colombia. La Corte Constitucional

1992-2000, realidades y perspectivas, Bogotá: Konrad Adenauer-Corte Constitucional

y Consejo Superior de la Judicatura, 2001.

389 ETO CRUZ, Gerardo. Curso sobre identificación del precedente constitucional. 30, 31

de agosto y 1º de septiembre, 2023, p. 87.

390 GARCÍA BELAÚNDE (Domingo) y ETO CRUZ (Gerardo), «Efectos de las senten-

cias constitucionales en el Perú», en: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitu-

cional, Núm. 12, enero/diciembre, Madrid, 2008, pp. 263-290 (265). Disponible en

línea: https://www.cepc.gob.es/autor/domingo-garcia-belaunde-y-gerardo-eto-cruz.

653

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

no sucede, pues simplemente estamos ante sentencias incons-

titucionales, contra las cuales en numerosos ordenamientos

existen remedios para atacarlas y frenar sus efectos».

Se consideran aquí las sentencias constitucionales apre-

ciando sus características esenciales y asumiendo, inicial-

mente, que se diferencian de las sentencias ordinarias cuan-

do menos en el rango de su aplicación erga omnes. El hecho

es que las sentencias constitucionales no son solamente actos

retóricos o ejercicios argumentativos sobre la Constitución

o a la ley, sino también constituyen actos de auténtico poder

jurisdiccional, más aún los provenientes del Tribunal Cons-

titucional. De este modo, las sentencias constitucionales no

son actos «meramente retóricos», sino son muestra fehacien-

te de que en un Estado democrático la justicia es fuente del

poder, de que ella, parafraseando a Bandrés, legitima a los

jueces cuando imparten justicia y satisfacen la aspiración

ética del hombre verdaderamente libre.391 Así las cosas, po-

demos entender la sentencia constitucional como aquel par-

ticular tipo de decisiones o resoluciones jurisdiccionales que

ponen fin a los procedimientos constitucionales previstos

por la Ley 137-11.

12.1.2 Características

A diferencia de las sentencias que recaen en procesos or-

dinarios, la sentencia constitucional asume características es-

pecíficas y determinadas, que hacen de su ejecución un asunto

peculiar y distinto de otros tipos de sentencias, aserto en el

391 BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT (José Manuel), Derecho fundamental al proceso

debido y el tribunal constitucional, España, Aranzadi, 1992, p. 177.

654 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

que coincidimos con Rojas Bernal392, para quien la sentencia

constitucional tiene dos dimensiones: la usual, en la que se

caracteriza como acto definitivo de uno o varios jueces que

a través de ella resuelven un conflicto, pero también, en otra

dimensión que la hace «… una forma de creación del dere-

cho cuyo alcance erga omnes lo identifica como una auténtica

norma, y en su tercera dimensión es un acto de poder, más

aún actos del único poder cuya privilegiada posición consti-

tucional le permite decidir sobre la validez o invalidez de las

actuaciones de los demás poderes».

En este sentido, las sentencias constitucionales, como

refiere Hernández Valle393, se caracterizan «porque no se di-

rigen a satisfacer exclusivamente un interés privado o en be-

neficio de un grupo, sino que persigue tutelar valores que

afectan directamente a todos los miembros de una sociedad

determinada».

La conversión al Estado Social y Democrático de Dere-

cho determinada por el artículo 7 de la Carta Sustantiva, oca-

siona un cambio radical y extenso en la función desempeñada

por los jueces, quienes se han visto extrañados de la aplicación

literal de la ley e inmersos en un papel antes ignorado para

ellos: ahora son los protectores principales de los derechos

fundamentales y además, por su rol de interpretación de la

norma para adecuarla a la Constitución, se han convertido en

verdaderos creadores del derecho394.

392 ROJAS BERNAL (José Miguel), «Ejecución de sentencias constitucionales, ratio de-

cidendi y conclusión de procesos ordinarios», en: Gaceta Constitucional, Lima, Gace-

ta Jurídica, abril 2010, p. 99.

393 HERNÁNDEZ VALLE (Rubén), Derechos Fundamentales y Jurisdicción Constitucio-

nal, Lima, Jurista Editores, 2006, p. 270.

394 ESPINOZA SALDAÑA (Eloy), Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia y

debido proceso. Lima, Ara, 2003, p. 250.

655

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Claramente en un Estado constitucional el actor funda-

mental no es el legislador sino el juez. La función legislativa

continúa ostentando el rango de primer poder democrático

del Estado, por su particular forma de instauración. Pero la

función jurisdiccional no puede ya trasvasar mecánicamen-

te las realidades de los casos sometidos a su consideración a

la cerrada aplicación de la ley, ajena a los cambios radicales

que ocurren en las sociedades posindustriales. Por el contra-

rio, esta función jurisdiccional adquiere potencialidades antes

desconocidas, en el orden de interpretar y conjugar realidades

y normas, para encontrar y aplicar decisiones razonables, pro-

porcionales, justas y aceptables para el cuerpo social.

Para los jueces constitucionales el reto es incluso mayor,

pues la Constitución ya no es «letra muerta», sino «el principal

elemento normativo de todo el sistema jurídico, de aplicación

preferente».395

Todos los jueces, y el juez constitucional especialmente,

ahora aplica la ley, pero no tanto por lo que dice sino por

lo que significa para la vigencia de los derechos y garantías

defendidos por la Carta política; sin poder negarse a defen-

derlos o escudarse en lagunas, faltas o vacíos para no tutelar

derechos, aunque estos no se encuentren textualmente reco-

nocidos en la ley.

Para el constitucionalista Gerardo Eto Cruz396 el juez

constitucional, sujetado firmemente por los principios y va-

lores constitucionales y obligado a la protección de los dere-

chos y la dignidad humana, asume nuevos retos y tareas en el

395 PALOMINO MANCHEGO (José), Justicia Constitucional y Derechos Fundamenta-

les, Lima, Grijley, 2008, p. 101.

396 ETO CRUZ (Gerardo), La Sentencia Constitucional en el Perú, Perú, Arequipa, Edi-

torial ADRUS, 2010, p. 16.

656 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

ejercicio de su función jurisdiccional, debido a que su punto

de apoyo, de validez, de justificación si se quiere, ahora se

encuentra en la defensa de los derechos fundamentales, para

lo que cuenta con procedimientos que le permiten responder

a esa finalidad.

En consecuencia, el juez constitucional es un artífice de la

democracia, en tanto y cuanto sus sentencias procuran el res-

tablecimiento y el mantenimiento del orden constitucional,

función ante la cual se le exige de determinación y vocación

para ser guardián máximo de la Carta Fundamental, de los

principios y valores que inspiran su proclamación y vigencia,

como afirma Bardelli397.

12.2 Estructura de la sentencia constitucional

Antes de considerar su estructura específica, vale referir

aquí la disposición capital de toda sentencia, según la división

en diferentes planos. Así, para las sentencias de tribunales no

constitucionales vale citar su composición interna como divi-

dida en los planos siguientes:

* Plano fáctico, donde se distinguen los hechos del dere-

cho, se presentan ordenadamente, se relacionan con la prueba

y se determinan los puntos controvertidos;

* Plano Regulatorio, que identifica las normas aplicables

a la especie (subsume los hechos en la norma);

* Plano lingüístico, que infunde toda la sentencia y con

precisión y lenguaje jurídico correcto explica los hechos y el

derecho:

397 BARDELLI LARTIRIGOYEN (Juan Bautista), «El juez constitucional», en Anuario

de Derecho Constitucional Latinoamericano, México, UNAM, 2008, p. 24.

657

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

* Plano lógico, en el cual se manifiesta el razonamiento

que hace el juez;

* Plano axiológico, donde se explicitan los valores jurídi-

cos (morales) que dan fundamento a la decisión.

Estos planos, si bien ordinariamente referidos como parte

de las sentencias en sentido general, tienen mayor importan-

cia que la usual en las decisiones constitucionales.

Toda sentencia debe tener un mínimo de coherencia y

racionalidad, cuando el asunto versa sobre la anulación de

leyes o la protección de derechos fundamentales, entonces

las exigencias argumentativas son, por decirlo de alguna

manera, de tipo diferente: la materia del debate en sede

constitucional es especializada, por lo que la escrituración

de la decisión amerita herramientas lógicas, culturales y

analíticas precisas. La constitucionalidad de un precepto

de derechos fundamentales es de tal amplitud teórica, que

su anulación puede generar vacíos significativos en el siste-

ma democrático. Por eso la argumentación es, o debe ser,

todo lo riguroso posible, debiendo atenerse a principios

claramente establecidos.

Las sentencias constitucionales se componen de al

menos tres partes principales: la ratio decidendi (que suele

considerarse integrada por la razón declarativa-axiológica y

la razón suficiente, elemento fundamental de la sentencia

que establece el precedente), el obiter dicta (o razón subsi-

diaria) y el decisum (que contiene la invocación normativa

y la decisión o fallo).398

398 ETO CRUZ (Gerardo), El desarrollo del derecho procesal constitucional a partir de la

jurisprudencial del Tribunal Constitucional peruano…, obra citada, p. 154, ver nota

23.

658 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

12.2.1 Ratio Decidendi y Obiter Dicta

En cuanto a la razón declarativa-axiológica ha sido de-

finida por jurisprudencia peruana como aquella parte de la

sentencia constitucional que ofrece reflexiones referidas a los va-

lores y principios políticos contenidos en las normas declarativas

y teleológicas insertas en la Constitución.

399

Esta razón declara-

tiva-axiológica, o plano axiológico de la sentencia, está com-

puesto por los valores (morales o éticos) que el juez refleja

como elementos componentes de su decisión.

En cuanto a la razón suficiente, es la regla o principio de

derecho sobre la que se construye la decisión, aquella sobre

la que se asienta la disposición asumida por el juez. La ratio

decidendi, en otras palabras, es la razón o consideración deter-

minante de la decisión, la razón suficiente de ella.

En sentido amplio, la estructura de las sentencias consta de

una sucinta exposición de los hechos, contiene y especifica la

decisión tomada en el caso y los motivos por los que el juzgador

se ha decidido en tal sentido. Esa razón de la decisión se deno-

minará ratio decidendi400. A partir de ello se le considera como el

conjunto de principios, doctrina o reglas jurídicas en las que el

juez ha basado su decisión, junto con el razonamiento que él ha

seguido para llegar a la citada decisión o resolución judicial401.

399 Perú. Tribunal Constitucional. Sentencia STC-0024-2003-AI/TC de fecha diez (10)

de octubre de 2005. La decision establece que: […] el Tribunal Constitucional considera

necesario estipular que la estructura interna de sus decisiones se compone de los siguientes

elementos: la razón declarativa-teológica, la razón suficiente (ratio decidendi) la razón sub-

sidiaria o accidental (obiter dicta), la invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucio-

nal (decisum). Aunque la sentencia habla de razón declarativa-teológica, en el párrafo

subsiguiente define la razón declarativa-axiológica en los términos ya referidos aquí.

Disponible en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00024-2003-AI.html

400 LOSANO (M.), Los grandes sistemas jurídicos, Madrid, Colección Universitaria, Edi-

torial Debate, 1982, p. 177.

401 ALCARAZ VARO (Enrique), El inglés jurídico, Barcelona, Ariel, 2002, p. 24.

659

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Según la Corte Constitucional de Colombia, en la sen-

tencia SU-047 de 1999, la ratio decidendi es la formulación

general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso,

del principio, regla o razón general que constituye la base de

la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento

directo de la parte resolutiva.

Como la misma Corte lo explica en la sentencia SU—

047 de 1999, ya citada,

[…] «es claro que el precedente vinculante es la ratio decidendi

del caso, ya que ese principio abstracto, que fue la base necesaria

de la decisión, es el que debe ser aplicado por los jueces en otras

situaciones similares. Así lo señaló con claridad en Inglaterra

lord Jessel, en el caso Osborne v. Rowlet, de 1880, en donde

precisó que la única cosa que es vinculante en una decisión ju-

dicial es el principio que sirvió de base a la decisión».

Para Moreno Ortiz, la ratio decidendi (el resultado excelso

del proceso de filtrado que hace el juez) es el precedente…402.

Obiter dicta es la parte de la sentencia identificable con el

conjunto de razones accesorias o subsidiarias, que contribu-

yen a explicitar el fallo pero que no son imprescindibles. Son

el dictum o reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo,

pero que no es imprescindible para la decisión, por lo cual

son opiniones más o menos incidentales en la argumentación.

Entre las consideraciones de los jueces, Moreno403 expresa que

en ellas existen dos tipos de elementos:

«(i) las razones de su decisión, es decir: aquellos argumentos que

son indispensables e insustituibles en el armazón del edificio

402 MORENO ORTIZ (Luis), «¿Hacia un Sistema…?», citada, p. 134.

403 MORENO ORTIZ (Luis), «¿Hacia un Sistema jurídico de precedentes?», en «Revista

de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, núm. 320, Bogotá, 2002, pp. 133-134.

660 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

discursivo que soporta la decisión y la justifica, y (ii) las demás

razones, reflexiones o pensamientos que el juez incorpora a sus

decisiones, (con propósitos estéticos, de erudición, de pedagogía,

etc.), que no son indispensables en la argumentación que sostie-

ne la decisión. Los primeros elementos corresponden a lo que se

denomina como ratio decidendi y los segundos a los obiter dicta».

12.2.2 Decisum

En el derecho del common law, el decisum, una vez que

la providencia está en firme, hace tránsito a cosa juzgada. Sin

embargo, y contrariamente a lo que a veces se piensa, esta

parte resolutiva no constituye en sí misma el precedente, ni

vincula a los otros jueces, por la sencilla razón de que a es-

tos no les corresponde decidir ese problema específico sino

otros casos, que pueden ser similares, pero no necesariamente

idénticos. Por ello, en este sistema es claro que el precedente

vinculante es la ratio decidendi del caso, ya que ese principio

abstracto, que fue la base necesaria de la decisión, es el que

debe ser aplicado por los jueces en otras situaciones similares.

Así, el decisum (en el sentido de ´dispositivo´) contiene

la resolución concreta del caso, esto es, la determinación es-

pecífica de si el acusado es o no culpable en materia penal,

si el demandado debe responder o no en materia civil, si al

peticionario el juez le tutela o no su derecho, si la disposición

acusada es retirada o no del ordenamiento, etcétera.

12.2.3 Stare decisis o precedente constitucional

El precedente es la solución otorgada a un caso particular

y concreto, de la que se pueden derivar criterios para resolver

futuros procesos de naturaleza similar por el hecho de su sola

661

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

aplicación de obligatorio cumplimiento por todos los poderes

públicos.

Para el Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, el

precedente es «una disposición jurídica expuesta en un caso

particular y concreto, que el Tribunal Constitucional ha deci-

dido establecer como regla general y que, por ende, deviene en

parámetro normativo para la resolución de futuros procesos

de naturaleza homóloga»404.

Tiene su origen en los sistemas de derecho común o com-

mon law, los cuales le presentan como resultado de la aplica-

ción reiterada de las decisiones que los tribunales tomando en

los casos que se les presentan, cuya decisión origina lo que se

considera un «precedente», es decir, un resultado similar para

casos similares ya resueltos, solución a la que se confiere carác-

ter de obligatoriedad405. No es esta la única definición, como

suele ocurrir. En este sentido, Atienza406 define el precedente

como el conjunto de «las decisiones establecidas anteriormente

para casos semejantes y a las que se otorga valor vinculante».

Se trata de un sistema que funciona en doble forma: una parte

del precedente se atiene a la interpretación de las leyes (del par-

lamento), mientras otra, trata sobre la creación de derecho407.

Esto significa que, si en el ámbito público o privado, el

juez de fondo se encuentra ante una sentencia emitida en

404 Perú, Tribunal Constitucional, sentencia recaída en el expediente 0024-2003-AI, dis-

ponible en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00024-2003-AI.html#:~:

text=Estepronunciamientoendondeaparecemanifestada.

405 La designación completa es stare decisis et quieta non movere, cuyo significado es «estar

a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto». Al respecto, ver:

LEGARRE (Santiago et al), Naturaleza y dimensiones del stare decisis, Chile, Revista

Chilena de Derecho, abril 2006, vol. 33, núm. 1, p. 109.

406 ATIENZA (Manuel), Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al Razonamiento

Jurídico, Barcelona, Ariel, 1993, p. 6.

407 ALCARAZ VARO (Enrique), El inglés jurídico, obra citada, p. 8, ver nota 351.

662 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

calidad de precedente vinculante, con sus fundamentos o ar-

gumentos jurídicos y fallo en un sentido determinado, enton-

ces ese juez queda obligado a resolver los futuros casos seme-

jantes según los términos de esa primera sentencia.

Así las cosas, vale afirmar que el precedente constitu-

cional vincula a todos los jueces del Poder Judicial, a todos

los poderes públicos (siguiendo la norma de los Arts. 7.13 y

31-LOTCPC) como a los mismos jueces del Tribunal Cons-

titucional para que en los casos semejantes que en el futu-

ro tengan deban resolver, lo hagan en atención a esa regla

excepto si se trata de una cuestión en la que el propio TC

decide apartarse del criterio, lo que puede hacer a condición

de motivación según el párrafo del Art. 31-LOTCPC. Es

precisamente ése el carácter del precedente considerado por

el artículo 184 de la Carta Sustantiva al disponer que las

decisiones del TC constituyen precedentes vinculantes para

todos los poderes públicos.

El sistema de precedente es un pilar fundamental del de-

recho anglosajón, donde se reconoce como derecho de los casos

(case-law), también reconocido como derecho jurisprudencial,

un sistema en virtud del cual los tribunales inferiores están

obligados a aplicar el criterio de los tribunales o jueces jerár-

quicamente superiores. De modo que el case-law puede ser

entendido como el conjunto de principios creado a lo largo

del tiempo, que interpretan situaciones jurídicas y proporcio-

nan una guía de orientación a los jueces inferiores para pro-

ducir sus fallos. Otra expresión similar para describir la ratio

decidendi y en general la parte de obligatorio cumplimiento de

la sentencia es la de holding, más adelante explicada.

En Estados Unidos de América el sistema se adop-

ta bajo la denominación de stare decisis, o sea, la «doctrina

663

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

del precedente individual obligatorio», traducida por Sagüés

como la obligación de respetar lo decidido y no cuestionar los

puntos ya resueltos. Se compendia todo bajo la denominación

de «sistema del precedente».

12.2.3.1 Clases de precedentes

Por lo menos en los Estados Unidos de América el sis-

tema del precedente puede ser horizontal o vertical. Es hori-

zontal en el sentido de que todos los tribunales y jueces están

vinculados a sus propias decisiones, por el principio de con-

gruencia; y es vertical cuando los tribunales y jueces inferiores

cumplen la interpretación del tribunal superior.

En nuestro caso los dos sistemas son constantes, esto es,

figuran en la norma: la congruencia ha sido aceptada en el

proceso penal para las decisiones de las Cortes de Apelación

como de la Suprema Corte de Justicia (Art. 426.2 del Código

Procesal Penal, caracterizando la horizontalidad del preceden-

te) y por supuesto del Tribunal Constitucional (tal como se

dispone en el Considerando séptimo, el numeral 13 del Art.

7, Art. 31 y Art. 53 numeral 2 de la LOTCPC, dado forma a

la verticalidad del precedente).

Se habla de precedente vertical y de precedente horizontal

y autoprecedente. En el primer caso, precedente vertical, se

sustenta en sistemas judiciales verticalizados, como en los

sistemas denominados de common law, en los que impera

el poder judicial piramidal o de organización jerárquica y

por tanto, de acuerdo a parte importante de la doctrina, el

precedente o decisión del tribunal superior se sitúa como de

obligatorio cumplimiento por todos los restantes jueces y

tribunales del sistema del así denominado stare decisis. Esto

664 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

ha llevado a algunos doctrinarios a entender que en estos

sistemas el precedente se cumple no por razones axiológicas

sino jerárquicas.408

El precedente horizontal o incluso, el autoprecedente es el

que se impone a tribunales ubicados en un nivel igual o simi-

lar de las estructuras judiciales, en lo que puede entenderse

como jerarquía coordinada, o proveniente del mismo tribunal

u órgano. Es la situación que ocurre, por ejemplo, cuando

el Tribunal Constitucional defiende la vinculatoriedad de sus

decisiones no solamente […] por el mandato constitucional que

así lo expresa, sino también por la función que realiza como ór-

gano de cierre del sistema de justicia constitucional. Es innegable

que, si un mandato constitucional pudiera ser eludido por los

poderes públicos y los órganos del Estado a los que va dirigido

su acatamiento, bajo argumento contrario a la realidad procesal

incontrovertible establecida por el órgano habilitado para desti-

natarios, produciendo la quiebra del sistema de justicia constitu-

cional (TC/0360/17).

En todos los casos el precedente constitucional cumple una

función persuasiva como también normativa y de autoridad, en

tanto fuente de reglas jurídicas generales aplicables a los casos ju-

diciales, siempre reteniendo que el precedente puede tener varios

grados de eficacia. En este sentido:

- Se habla de precedentes dotados de vinculatoriedad fuer-

te, para describir aquellos que no sufren excepciones y

son obligatorios;

408 RATTI, (Florencia). Dimensiones del precedente judicial: una metodología de estudio

de la doctrina del precedente. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas.

Vol. 11, N° 1 (enero-julio), 2021. Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; pp.

75-107. ISSN 2250-4087, e-ISSN 2445-8566. http://dx.doi.org/10.19137/perspecti-

vas-2021-v11n1a05

665

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

- También, de precedentes con vinculación fuerte, pero

con el acento no sobre la vinculatoriedad obligatoria

sino una que se encuentra limitada por excepciones o por

disposición del mismo ordenamiento en el que se produ-

cen. Habrá vinculación fuerte pero con posibilidad de

apartamiento del precedente cuando el juzgador expon-

ga razones relevantes, de manera que el precedente puede

ser identificado como uno condicionalmente obligatorio;

- Precedente de vinculación débil ocurre cuando no hay

obligatoriedad de cumplimiento y el juzgador debe jus-

tificar las razones de apartamiento del mismo;

- Y precedente no vinculante, cuando el juzgador tiene

discrecionalidad plena respecto a cómo fallar el caso so-

metido a su consideración, y en su resolución no se ve

obligado a acatar el precedente, que por tanto, simple-

mente no es un precedente y se lista aquí solo a fines

expositivos.

Para Goodhart409 identificar el precedente requiere la

identificación de los hechos del caso y de ellos, considerar cuá-

les fueron considerados relevantes para la decisión o sentencia.

De acuerdo a este método, todas las opiniones y hechos o

razonamientos no relevantes para la decisión del caso (esto

es, las que puedan sustituirse o eliminarse sin que la decisión

varíe, son razones accesorias; si al variarlas, sustituirlas o eli-

minarlas la decisión final no cambia, son la ratio decidendi).

No es el único método, todo lo contrario, existe variedad

de ellos, uno de los cuales el llamado narrowest ground: en caso

409 Goodhart, (Arthur). «Cómo determinar la ratio decidendi de un caso». En AHU-

MADA, C. (ed.), Obligatoriedad de la jurisprudencia. Seis lecturas sobre el precedente .

Buenos Aires: Ad-Hoc, 2020, pp. 91-130.

666 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

de decisiones no unánimes de un tribunal, la razón suficiente

de la decisión puede identificarse como la posición más espe-

cífica asumida por quienes concurren al fallo.

12.2.3.2 Fundamento lógico y jurídico del sistema del

precedente constitucional

El sistema de precedentes se basa en cuatro pilares: igual-

dad, previsibilidad, economía y respeto.

1.- Igualdad, porque todos los litigantes son tratados

igualmente, bajo la misma regla y parámetro de de-

cisión lógica;

2.- Previsibilidad, porque todos a qué atenerse respecto

de un punto de Derecho;

3.- Economía, debido a que se ahorra tiempo en la solu-

ción de los casos, y

4 - Respeto al acierto y sabiduría de los jueces anteriores.

No toda la jurisprudencia tiene la calidad de preceden-

te vinculante: sólo aquella que se produce cuando la Corte

entiende que en los tribunales inferiores fallan asuntos simi-

lares con interpretaciones o concepciones jurídicas contra-

dictorias; cuando es necesario llenar un vacío normativo o

cuando resulta necesario desarrollar una interpretación nue-

va, para anular un criterio anterior.

La naturaleza del precedente tiene una connotación binaria.

Por un lado, aparece como una herramienta técnica que facilita la

ordenación y coherencia de la jurisprudencia; y, por otro, expone

el poder normativo del Tribunal Constitucional dentro del marco

de la Constitución, el Código Procesal Constitucional y la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional. En ese contexto, el uso del

precedente se sustenta en las condiciones siguientes:

667

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

a) Existencia de relación entre caso y precedente vinculante.

En ese sentido, la regla que con efecto normativo el Tribu-

nal Constitucional decide externalizar como vinculante, debe

ser necesaria para la solución del caso planteado. El Tribunal

Constitucional no debe fijar una regla so pretexto de solución

de un caso, si en realidad esta no se encuentra ligada directa-

mente con la solución del mismo.

b) Decisión del Tribunal Constitucional con autoridad de

cosa juzgada. La decisión del Tribunal Constitucional de es-

tablecer que un caso contiene reglas que se proyectan para el

futuro como precedente vinculante se encuentra sujeta a que

exista una decisión final; vale decir, que haya puesto fin al

proceso. Más aún, dicha decisión final debe concluir con un

pronunciamiento sobre el fondo; es decir, estimándose o des-

estimándose la demanda. La consagración de la cosa juzgada

comporta que la decisión devenga en irrevocable e inmutable.

El establecimiento de un precedente vinculante no debe

afectar el principio de respeto a lo ya decidido o resuelto con

anterioridad a la expedición de la sentencia que contiene un

precedente vinculante; vale decir, no debe afectar las situacio-

nes jurídicas que gocen de la protección de la cosa juzgada.

Por ende, no puede impedir el derecho de ejecución de las

sentencias firmes, la intangibilidad de lo ya resuelto y la inal-

terabilidad de lo ejecutado jurisdiccionalmente.

12.3 Clases de sentencias constitucionales

Existen variados tipos de sentencias constitucionales, lo

que puede incidir en su estructura. Algunas formas o tipos de

sentencias se prevén textualmente en la LOTCPC, otras no.

Se acepta que las sentencias constitucionales se dividan en dos

668 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

grandes grupos: de acuerdo al criterio formal y de acuerdo al

criterio material.

Sentencias constitucionales de acuerdo al criterio for-

mal: sentencias estimativas, de simple anulación, interpre-

tativas propiamente dichas, interpretativas-manipulativas,

reductoras, aditivas, sustitutivas, exhortativas, estipulativas

y desestimatorias.

Sentencias constitucionales de acuerdo al criterio mate-

rial: sentencias que tutelan la parte dogmática de la Cons-

titución (de habeas corpus, de habeas data y de amparo en

sus diferentes tipos, es decir, de habeas data y de amparo de

cumplimiento). También, sentencias que tutelan la parte

orgánica de la Constitución (de inconstitucionalidad y que

deciden conflictos de competencia). En este segundo grupo

agrupamos las sentencias sobre el control preventivo de cons-

titucionalidad.

Son sentencias interpretativas (Art. 47) las que permiten

admitir o rechazar peticiones o recursos de inconstituciona-

lidad. Se corresponden con las denominadas sentencias inter-

pretativas o condicionales, con acogimiento o rechazo. Mediante

este tipo de sentencias el TC restringe el alcance normativo de

la disposición acusada, ya sea limitando su aplicación, ya sea

limitando sus efectos. Estas sentencias interpretativas suponen

entonces que se expulsa una interpretación de la disposición,

pero se mantiene una eficacia normativa de la misma, es decir,

si una de las interpretaciones es contraria a la Constitución y

la otra resulte conforme con ella, el Tribunal Constitucional

no puede declarar la inconstitucionalidad de la disposición,

sino sólo del sentido interpretativo que colisiona con ella.

Son sentencias interpretativas-aditivas, cuando se busca

controlar las omisiones legislativas inconstitucionales, esto es,

669

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

cuando existe ausencia de previsión legal respecto de lo que

debió haberse previsto, o cuando el TC realiza una interpre-

tación de tipo extensivo o analógico del precepto impugnado

(Art. 47, párr. II). Declaran la ilegitimidad constitucional de

la previsión omitida que debería haber sido prevista por la

ley para que esta fuera constitucional. En estas sentencias, la

Corte no anula la disposición acusada, pero le agrega un con-

tenido que la hace constitucional. Se incorpora un elemento

nuevo al enunciado normativo, extendiendo la norma para

que asuma un supuesto de hecho originalmente no contem-

plado. En estos casos, el Tribunal Constitucional constata, en

el fondo, una omisión legislativa, puesto que la regulación es

inconstitucional, no por lo que expresamente ordena sino de-

bido a que su regulación es insuficiente, al no haber previsto

determinados aspectos, que eran necesarios para que la nor-

matividad se adecuara a la Constitución.

Las sentencias exhortativas, o de cualquier otra modalidad

admitida por la práctica comparada (Art. 47, párr. III);

Las sentencias sustitutivas: surgieron originalmente en Ita-

lia, haciendo referencia a eventos en los cuales el TC anula la

norma intervenida, sustituyendo el vacío normativo por una

regulación específica, que tiene raigambre constitucional di-

recta. En cierta medida, estas sentencias son una combinación

de sentencia de inconstitucionalidad y sentencia integradora,

ya que anulan el precepto acusado a través del fallo de inexe-

quibilidad, con lo cual generan un vacío de regulación, que

se llena por medio de un nuevo mandato que la sentencia

adiciona o integra al ordenamiento.410

410 NOGUEIRA ALCALÁ (Humberto), Consideraciones sobre las sentencias constitucio-

nales y sus efectos en América del Sur… obra citada, p. 92.

670 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Las sentencias apelativas o de exhortación, o exhortativas.

Son el resultado de la constatación de situaciones aun cons-

titucionales, donde se hace una apelación al legislador para

alterar la situación dentro de un plazo expresamente deter-

minado por la Corte, con la consecuencia adicional que, si

ello no ocurre, el Tribunal aplicará directamente el mandato

constitucional en el futuro, pudiendo determinar la nulidad

de la norma jurídica respectiva.

Las sentencias de inconstitucionalidad retroactiva o ex tunc.

De acuerdo con lo que le permite el Art. 48 de la LOTCPC,

en ciertos casos es posible modular los efectos temporales de

las decisiones del TC, para que, de manera excepcional, sus

efectos se retrotraigan a situaciones jurídicas consolidadas du-

rante la vigencia de la norma declarada inconstitucional, esto

es, tengan efecto retroactivo.

Las sentencias con efecto pro futuro o ex nunc. El efecto

principalmente reconocido a las sentencias constitucionales el

ex nunc, en virtud del cual se falla para lo porvenir o futuro,

e implican que apenas es notificada la sentencia la disposición

sale del ordenamiento, pero no modifica las situaciones con-

solidadas durante la vigencia de la norma. De acuerdo con el

Art. 48-LOTCPC, los efectos de las decisiones del TC son

inmediatos y para el porvenir.

Las sentencias constitucionalidad temporal (o de inconstitu-

cionalidad diferida). No aparece como tal dentro de la LOT-

CPC, pero se admite su validez siguiendo el principio del

Párr. III del Art. 48, dado que es una modalidad admitida por

la práctica comparada.

En este tipo de situaciones resulta hasta evidente la in-

constitucionalidad de la norma, y sin embargo el TC no la

anula, considerando que generaría un vacío regulatorio o una

671

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

situación perniciosa para la estabilidad sociopolítica, en cual-

quier forma. Ante esa comprobación, lo que se decide es que

el legislador actúe modificando la situación, o llenando el va-

cío que la anulación provocaría.

Las sentencias declarativas de inconstitucionalidad, que per-

miten al TC declarar la norma incompatible con el sistema,

pero no la anula, permitiendo al legislador corregir el defecto.

Las sentencias de inconstitucionalidad por omisión. La in-

constitucionalidad por omisión ocurre cuando el legislador

no ejecuta del todo un mandato constitucional.

Dentro de las sentencias no citadas por la LOTCPC se

encuentran las «sentencias sobre el mínimo vital», entendidas,

en general, como aquellas que sancionan vulneraciones a dere-

chos fundamentales como resultado de fallas en la prestación

del servicio público pero no derivadas de la sola arbitrariedad

de un servidor estatal, así como aquellas sentencias de unifi-

cación de jurisprudencia. Claramente, no son estas las únicas

sentencias constitucionales, pero basta para dar una idea apro-

ximada de la complejidad del asunto.

12.4 Impacto político y social de las decisiones del

Tribunal Constitucional

La Carta Sustantiva de 2010, además del novedoso

catálogo de derechos fundamentales que trajo consigo,

incorporó la cláusula del Estado Social y Democrático de

Derecho, dejando claramente establecido que nuestra orga-

nización política como nación se funda en el respeto de la

dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo,

la soberanía popular y la separación e independencia de los

poderes públicos.

672 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Y a los fines de dar protección efectiva al ejercicio de esos

derechos se articularon instituciones jurídicas supremas como

son, básicamente, la acción constitucional de amparo, el re-

curso contencioso administrativo, el habeas corpus y el habeas

data, -la revisión de decisiones jurisdiccionales, el conflicto

de competencia y el control preventivo de los tratados-. A la

vez, como remedio eficaz para garantizar el ejercicio de tales

prerrogativas se creó el Tribunal Constitucional con la enco-

mienda de preservar la supremacía de la Constitución, la de-

fensa del orden constitucional y la protección de los derechos

fundamentales.

Mientras la Constitución crea y formaliza en términos

positivos los derechos fundamentales, el Tribunal Constitu-

cional los defiende, y mientras opera, el Tribunal Constitu-

cional actúa como agente de cambio social, es decir, como

intérprete de la realidad jurídica que, mediante la favorabili-

dad y otros principios similares, propicia el acceso a la justicia

e introduce en el ordenamiento y en el medio en el que actúa,

una particular forma de entender y explicar el ideal social ins-

titucionalmente propiciado.

Como sostiene el Magistrado Víctor Joaquín Castella-

nos, desde un punto de vista puramente sociológico, la ex-

presión cambio social involucra transformaciones que afectan

normas, valores, comportamientos, significados culturales y

relaciones sociales. Esta definición, citada del Diccionario de

Sociología de Gordon E. Marshall, adopta una visión amplia

de cambio social, pero remite al cuestionamiento de lo que

sean normas y valores. De donde, la noción de cambio social

es explicada por el Magistrado Castellanos como;

[…] la variación de las estructuras o pilares de la sociedad con-

formadas por valores, símbolos, productos y normas de carácter

673

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

político, económico, ético y cultural, que responden al devenir

histórico de dicha sociedad o a factores exógenos, endógenos, de-

mográficos, económicos, tecnológicos, culturales, ideológicos o una

combinación de uno o varios de estos.

Este cambio social resulta de aquellas decisiones, según

Gordon E. Marshall, […] que han logrado impulsar las dife-

rentes necesidades de grupos sociales por el respeto y la consagra-

ción de la igualdad, la dignidad humana, la cultura y el libre

desarrollo de la personalidad.

Todo ello, en virtud de la concepción de que la función

del juez constitucional radica en que, una vez comprometido

con el carácter pluralista de la sociedad donde ejerce sus fun-

ciones, se abre, a través de su jurisprudencia, a un espacio en

el que los disensos o litigios de naturaleza constitucional sean

escuchados y se logre una transición y resolución expedita en

la protección de derechos fundamentales.

Tal como originalmente lo propuso William Koski, de

acuerdo con la cita que hace de él Néstor Pedro Sagüés, los

cambios sociales que puede introducir un Tribunal Cons-

titucional… proceden siempre que la política y los políticos

se muestren impotentes o, simplemente, no están dispuestos a

impulsarlos.

Existen dos formas posibles de cambio: convalidante o

de creación. La primera ocurre cuando el Tribunal acepta una

determinada resolución a un asunto de particular relevancia,

solución ya propiciada por otros poderes del Estado; la segun-

da cuando el TC actúa propiamente hablando como agente

promotor o inductor del cambio social de que se trate, lo que

ocurre cuando se propone una solución nueva, novedosa o no

aceptada o propuesta con anterioridad.

674 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

¿Es jurídicamente válido que el Tribunal Constitucional

genere cambios sociales? Más aún, vale cuestionarse acerca

de si el cambio es la razón detrás de determinado fallo o si,

por el contrario, el cambio social es no una causa, sino la

consecuencia directa o indirecta de una sentencia. Si consi-

deramos los problemas, dilemas y desafíos en la construcción

del Estado Social y Democrático de Derecho, la respuesta

tendría que ser afirmativa.

La protección jurisdiccional de derechos que opera la

justicia constitucional se convierte, entonces, no sólo en la

más completa forma de tutela de derechos, en cuanto se re-

fiere a salvaguardar de forma eficaz los derechos fundamen-

tales que puedan estar siendo amenazados o vulnerados, sino

que también es en sí misma la demostración de un cambio

social trascendente.

En efecto, las decisiones jurisdiccionales que adquieren la

calidad de cosa juzgada por las cuales se adopta una específica

forma o manera de protección relacionada con los derechos y

obligaciones de las personas y que su aplicación se orienta a la

resolución del problema que dio origen a la lesión de derecho

de que se trate, también sirve de pauta o precedente para la so-

lución de otras situaciones futuras semejantes. De esta forma,

la operatividad del Tribunal Constitucional, defendiendo la

Constitución y los derechos fundamentales, ejerciendo la pro-

tección jurisdiccional de derechos, potencia la consecución de

la armonía social.

Naturalmente, el estudio y el debate respecto a los posi-

bles impactos de las decisiones de la justicia constitucional en

el ámbito político, no es una cuestión reciente. La doctrina

constitucional norteamericana, particularmente la represen-

tada por Robert Dahl y Martin Shapiro, ha sido una de las

675

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

primeras corrientes en hacer evidente el impacto político de

la jurisdicción constitucional, lo cual ha ido a la par con la

creciente legitimidad adquirida por las cortes y los tribunales

constitucionales en diversas partes del mundo después de la

Segunda Guerra Mundial.

Principalmente, lo que estos autores han destacado al ana-

lizar los posibles conflictos entre el Derecho y la política, es el

importante rol que desempeña la jurisdicción constitucional

al limitar el poder de los gobiernos, a través de la razón jurídi-

ca que subyace a la protección de los derechos fundamentales,

lo que en definitiva juega un papel importante en la configu-

ración y consolidación de las democracias constitucionales.

En todo caso, es constante en la teoría constitucional

contemporánea la consolidación sostenida de la tesis según

la cual la legitimidad del Estado proviene directamente del

respeto de los derechos fundamentales. Esto es, se supone

como bueno y válido que la legitimidad estatal reside en el re-

conocimiento de un conjunto de derechos que imponen límites y

vínculos al poder político, como lo sostienen Miguel Carbonell

y Pedro Salazar (México).

Entre las innúmeras decisiones del Tribunal Constitu-

cional Dominicano que han incidido en la consolidación del

Estado Social y Democrático de Derecho, y que pueden con-

siderarse como sentencias verdaderamente trascendentes, po-

demos citar: sobre asuntos de familia, sentencias TC/0010/12,

TC/0012/12 y TC/0093/12; TC/0036/12 sobre violación a

la función social del derecho de propiedad; TC/0042/12 en

materia de derecho de la información; y TC/0049/12 en ma-

teria de libertad de empresa.

Se mencionan en este grupo de importancia, también,

la TC/0033/12, sentencia que decidió una acción directa en

676 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

inconstitucionalidad contra la ley núm. 2569 de 1950, que

exigía a los dominicanos residentes en el extranjero el pago

del 50% más de lo que paga el resto de los dominicanos por

concepto de recargo del valor de los bienes sucesorales. Esta

decisión declaró inconstitucional los artículos 15 y 16 de di-

cha norma, por ser contrario a los principios de igualdad y

equidad consagrados en nuestra constitución.

Otra decisión de especial impacto educativo es la

TC/0058/13, mediante la cual el tribunal constitucional

destacó la prohibición de expulsar, en el transcurso del año

escolar, a los niños, niñas y adolescentes de los centros edu-

cativos por falta de pago de los padres, la cual no está im-

puesta a los profesores, sino a los centros de enseñanza, pro-

tegiéndose con ello el derecho a la educación y evitando que

los niños sean usados como medio para constreñir a los pa-

dres a cumplir con su obligación de pago. Además, procede

resaltar la TC/0059/13, sentencia que reconoció la impres-

criptibilidad de la reclamación judicial de filiación, debido a

que el derecho a la dignidad humana y el derecho al apellido

del padre son derechos fundamentales que se encuentran tu-

telados en la Constitución de la República y en los tratados

que forman parte del bloque de constitucionalidad, y están

directamente vinculados al valor central del estado social y

democrático de derecho

Otros fallos constitucionales que no podemos sosla-

yar son las sentencias TC/0093/13 –que interpreta la va-

riación unilateral de contratos de Bienes Nacionales en

beneficio de adquirientes de la tercera edad– y la Senten-

cia TC/0167/13 –sobre derecho del Medioambiente y los

Recursos Naturales–, por citar solamente algunas. Vale

aclarar que los conceptos emitidos en la Sentencia 167/13

677

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

constituyen la primera defensa constitucional de la imposi-

bilidad de explotación de Loma Miranda.

La principal mención constitucional de la familia fue,

probablemente, la que hizo la sentencia TC/0012/12, rendi-

da el 9 de mayo de 2012, esta decisión es la primera del TC

que destaca la protección constitucional otorgada a la unión

marital de hecho, razón por la que no puede ser excluida del

amparo legal sin colidir con la igualdad jurídica y la prohibi-

ción de discriminación.

Debe recordarse que antes de esa decisión la jurispruden-

cia había protegido a la familia desde diferentes vertientes,

pero siempre bajo la consideración de que si bien, formas de

creación de la familia como el concubinato no tenían protec-

ción legal, sí debía dispensársele esa protección porque a fin

de cuentas, leyes como las de seguridad social y la legislación

especial de menores otorgaban a todas las familias similar pro-

tección, y a todos los hijos de todas las parejas, en matrimonio

o no, similares derechos.

En la especie, la señora LdV vivió en unión consensual

con el señor JAJR (miembro retirado de las Fuerzas Armadas)

por más de 40 años, hasta su fallecimiento. A raíz de ese de-

ceso, la viuda LdV solicitó a la Junta de Retiro de las Fuerzas

Armadas el beneficio de la pensión de su compañero estable-

cido por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Re-

pública Dominicana. Sin embargo, dicho órgano desestimó

la petición, debido a que el artículo 252 de la Ley Orgánica

de las Fuerzas Armadas supedita la asignación de la pensión a

la viuda a la prueba del matrimonio, excluyendo así la unión

marital de hecho.

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo

declaró inadmisible la acción de amparo, sobre la base de

678 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

que la misma se encontraba prescrita por haber culminado

el plazo de 30 días para interponer la acción y, ante esto, la

recurrente interpuso un recurso de revisión contra la senten-

cia antes indicada.

El TC consideró en la especie las nuevas normas, que in-

trodujeron un cambio sustancial en el derecho de familia y en

las formas jurídicas que permiten la aceptación cabal de cual-

quier tipo de creación de ésta y de que generan derechos para

sus miembros. Afirmó, por ejemplo, que de acuerdo con el

Artículo 6 de la Constitución 2010 Todas las personas y órganos

que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución…,

–o sea, se trata de la norma suprema y fundamento del orde-

namiento jurídico del Estado–.

Otro ejemplo afortunado es la sentencia TC/0093/12,

que decidió una acción directa en inconstitucionalidad inter-

puesta contra los artículos 1, literales a) y c); 2, y su párrafo; 3

y 6 del Decreto No. 452-02 del Poder Ejecutivo.

El TC admitió que ciertas cláusulas exorbitantes en los

contratos son requeridas por razones de orden público, inclu-

so aunque supongan la modificación de las condiciones pre-

establecidas jurídicamente para el acceso de derechos sociales.

Por supuesto, son admisibles siempre que se encuentren fuer-

temente justificadas, no solamente en razones de orden públi-

co o interés social, sino que no deben restringir, limitar o difi-

cultar gravemente ni el acceso, ni el disfrute de la titularidad o

ejercicio de los llamados derechos de segunda generación (de-

rechos económicos, tal como prevén los artículos 2.1 y 5.2 del

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales de 1966, de Naciones Unidas y el artículo 26 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de

San José, de 1969, ambos ratificados por el Poder Legislativo

679

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

dominicano el 04 y el 21 de enero de mil novecientos setenta

y ocho 1978, respectivamente).

Para el TC, y este es un elemento trascendente dado que

es la razón del cambio social introducido, establecer que los

adquirientes de viviendas del Estado deben pagarlas antes de

cumplir los 70 años de edad constituye una disposición discri-

minante en perjuicio de los envejecientes. Asimismo, esa limi-

tación no se corresponde con la obligación constitucional que

pesa sobre el Estado de proteger a las personas de la tercera

edad (artículo 57 de la Constitución política), ni con el artí-

culo 10 de la Ley No. 352-98, de fecha quince (15) de agosto

del mil novecientos noventa y ocho (1998) sobre Protección

de la Persona Envejeciente.

En el plano político, es insoslayable mencionar la sen-

tencia TC/0104/20, en virtud de la cual el tribunal consti-

tucional se refirió a la participación política de la mujer en

condiciones de igualdad y equidad en los certámenes electorales,

al respecto sostuvo ese colegiado que: 12.25. Para este tribunal

constitucional la ubicación de las mujeres en la lista a cargos de

elección popular debe ser hecha de acuerdo con criterios igua-

litario, equitativo y progresivo, como dispone el artículo 8 de

la Constitución, mediante el cual se garantice a las mujeres las

posibilidades reales de ser electas, y ello solo es posible si se garan-

tiza la cuota del 40% / 60% de ambos sexos por demarcación

territorial, como lo establece el artículo 53.1 de la Ley núm. 33-

18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, como

bien lo interpretó el Tribunal Superior Electoral en la sentencia

recurrida, y no de la propuesta nacional como pretende el recu-

rrente en revisión constitucional, pues lo contrario sería troncar

la integración equitativa de mujeres y hombres a los cargos de

elección popular.

680 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Como puede deducirse de los ejemplos citados aquí,

y de otros no citados, la importancia de la justicia cons-

titucional tal como en la actualidad la representa el Tri-

bunal Constitucional dominicano, es de amplio alcance,

favoreciendo la vigencia de los derechos fundamentales y

fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho,

elementos que desde 2010 no figuran como aspiraciones

sin eficacia, sino como exigencias sociales de obligatorio

cumplimiento.

12.5 Ejecutabilidad de las sentencias constitucionales

Una regla del Estado Constitucional y del Principio de

División de Poderes, es que las resoluciones de los tribunales

deban ser cumplidas, pues de no ser así el orden jurídico de-

caería en un espacio de buenas voluntades donde el ejercicio

de la función jurisdiccional se reduciría a la mera declaración

de opiniones y recomendaciones.

El valor normativo de la Constitución solo adquiere im-

perio a través de resoluciones jurisdiccionales ejecutadas.

A fines de ejecución de las sentencias constitucionales el

Reglamento Jurisdiccional del TC, artículo 26, creo la Uni-

dad de Seguimiento de la Ejecución de las Sentencias (en lo

adelante, la «USES») persigue la ejecución efectiva de las sen-

tencias del Tribunal mediante la estructuración de los meca-

nismos de recepción, investigación y trámite de las solicitudes

tendentes a resolver las dificultades o el incumplimiento de

sus decisiones. La USES se encuentra adscrita al Pleno y se

rige por un manual de funcionamiento aprobado por este úl-

timo. Estará integrada por el secretario, quien la coordinará, y

el encargado jurídico del Tribunal Constitucional.

681

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Se crearon también mecanismos de ejecución de las sen-

tencias del Tribunal Constitucional: de acuerdo con lo es-

tablecido en los artículos 9 y 50 de la Ley núm. 137-11, el

Tribunal Constitucional dispondrá en la sentencia: (a) quién

debe ejecutarla y (b) la forma de ejecución.

Si en de todas formas se presentan dificultades de ejecu-

ción deberán ser resueltas por el Pleno del TC, previo informe

de la USES. En este sentido, el Pleno instruirá a la USES para

realizar todas las gestiones necesarias a los fines de garantizar

el cumplimiento de sus decisiones cuando la parte interesada

le haya informado las dificultades de ejecución.

A propósito de la ejecución de las sentencias constitucio-

nales se expidió en fecha cinco (5) días del mes de marzo del

año dos mil dieciocho (2018), el Manual de Procedimiento

de la Unidad de Seguimiento de la Ejecución de Sentencias

(USES), que se encuentra adscrita al Pleno y está formada por:

Un secretario (a), en calidad de coordinador (a); y por el (la)

encargado (a) jurídico (a) del tribunal, quien proporcionará

apoyo legal y logístico al (la) secretario (a) en el desempeño de

estas funciones. Además, contará con personal capacitado que

estará bajo la supervisión del (de la) secretario (a) del Tribunal,

asistiendo en el efectivo desenvolvimiento de la Unidad.

USES inicia el proceso de seguimiento de ejecución a

las decisiones emitidas por el Tribunal, a solicitud de parte

interesada (la persona beneficiaria de la sentencia que actúe

por sí o por apoderado), realizada por instancia motiva-

da presentada a la Secretaría del Tribunal, cuyo contenido

identificará los datos relacionados con la sentencia cuya di-

ficultad o incumplimiento se informa al tribunal (número

y la fecha de la sentencia, indicación de las partes involu-

cradas en el proceso y una descripción de las circunstancias

682 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

y/o dificultades suscitadas en la ejecución de la sentencia

correspondiente).

La Secretaría del tribunal, luego de recibir la solicitud

de seguimiento de la ejecución de sentencia, la tramitará a la

USES, la cual se encargará de comunicar a la persona física,

institución pública o privada sobre la cual recae la obligación

del cumplimiento, para que en el plazo previsto en el manual,

que son plazos hábiles, emita su opinión al respecto.

La Secretaría del TC notifica a la parte que debe ejecutar

la sentencia comunicándole (sea persona física, institución pú-

blica o privada) una solicitud de seguimiento de la ejecución

de sentencia, para que en el plazo de diez (10) días o menor si

hay urgencia, a partir de su recepción, manifieste su opinión.

Surgen entonces varias posibilidades:

(a) Que la parte «condenada» persista en no ejecutar la

sentencia, caso en el cual la USES procederá a redac-

tar un informe que será remitido al Pleno para que

determine las providencias de lugar;

(b) Que la persona física, institución pública o privada

sobre la cual recae la obligación del cumplimiento

de la decisión, argumente que la misma fue debida-

mente ejecutada. Si ocurre, esta deberá proporcionar

al Tribunal constancia de su cumplimiento. La USES

procederá a remitir dicha información a la parte soli-

citante y beneficiaria del cumplimiento de la decisión.

En este caso puede ocurrir que la parte beneficiaria

del cumplimiento de la decisión constate o no cons-

tate la autenticidad de las pruebas aportadas por la

parte requerida. En el primer caso, el expediente

683

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

quedaría archivado, previa confirmación del Pleno

del tribunal. En el segundo caso, la parte que consi-

dera no ejecutada la decisión emitirá un escrito den-

tro del plazo de cinco (5) días luego de notificadas

las pruebas depositadas por la parte responsable de

cumplir con lo ordenado en la sentencia, explicando

el motivo del desacuerdo con las pruebas aportadas

y haciendo constar cualquier prueba en la cual fun-

damente sus pretensiones. Una vez depositado este

escrito ante la Secretaría del Tribunal Constitucional

y tramitado ante la USES, esta procederá a emitir un

informe al Pleno explicando las circunstancias del

caso y formulando las recomendaciones que sirvan de

sustento a la decisión que habría de adoptar el Pleno.

En caso del incumplimiento con lo ordenado en la

sentencia y sin perjuicio de las responsabilidades ci-

viles, penales y/o administrativas que procedan, si la

persona física, institución pública o privada sobre la

cual recae la obligación del cumplimiento de la deci-

sión no ha obtemperado a lo indicado en la senten-

cia, deberá indicar las razones del incumplimiento y,

además, indicar un plazo razonable dentro del cual

procederá a cumplir con lo ordenado en la misma.

(c) Que exista o se alegue imposibilidad material de eje-

cución. La parte sobre quien recae la obligación de-

berá hacer indicación de dicha imposibilidad, apor-

tando las pruebas que avalen la misma. Sin embargo,

dicha imposibilidad no le exime de responsabilidad,

por lo que, además, deberá informar al Tribunal sobre

684 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

posibles alternativas que logren de manera efectiva la

ejecución de la sentencia.

12.5.1 Incumplimiento de sentencias constitucionales según

la doctrina y la ley

Se han identificado varios supuestos de incumplimiento

de una sentencia constitucional, que pasamos a comentar a

seguidas.

- Incumplimiento total o expreso de la sentencia. Sin duda

es el supuesto más evidente y simple, al tratarse de omisión

absoluta de lo ordenado por la parte que debe cumplir el man-

dato. Ocurre cuando no se cumple o no se realiza o deja de

realizarse el acto ordenado por la sentencia; no se adoptan

las medidas decididas por el juez constitucional. En este caso,

los mecanismos de ejecución previstos en el Código están

orientados a doblegar la voluntad del demandado, forzándolo

a desplegar la actividad (o en su caso, a mantener una con-

ducta de abstención) que se deriva del fallo de la sentencia

constitucional, como forma de reparación del derecho o de-

rechos fundamentales conculcados. Una segunda forma es la

del incumplimiento total por alegación de imposibilidad de

ejecución. Ocurre, por ejemplo, cuando se ordenan pagos y

quien debe pagar alega que no puede hacerlo porque le fal-

ta presupuesto institucional, u otras razones. Este particular

supuesto se encuentra descrito en el Manual de ejecución de

sentencias del TC.

- Incumplimiento parcial de la sentencia: Se entiende que

el cumplimiento de lo decidido ocurre cuando se produce el

cambio de la situación jurídica sobre la que versa la sentencia.

Esta hipótesis de incumplimiento o inejecución se configura

685

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

cuando la sentencia constitucional es acatada en algunos de

sus aspectos, pero no en otros, como ocurre cuando en una

misma sentencia se ordena, por ejemplo, reintegrar un traba-

jador público y pagarle sumas de dinero, pero solo se concreta

una de las dos condenaciones.

- Cumplimiento tardío de la sentencia. En la medida en

que el LOTCPC dispone expresamente que las sentencias

constitucionales deban ejecutarse de inmediato, resulta evi-

dente que su cumplimiento extemporáneo — fuera del plazo

establecido— no podría ser asimilado sin más a un cumpli-

miento real y efectivo, en los términos en que esto viene exigi-

do por dicho cuerpo normativo. Salvo que la propia sentencia,

de modo claro y expreso, difiera su cumplimiento para un

momento posterior, o disponga que el mismo sea de carácter

progresivo. Desde luego, forzoso será reconocer que, las más

de las veces, el cumplimiento de las sentencias se produce con

un cierto nivel de retraso, pese a lo cual se sobreentiende que

el demandante se da por satisfecho una vez que la sentencia

es finalmente acatada. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿puede

este retraso, en algunos casos, significar un perjuicio para la

parte vencedora? Nuestra respuesta es afirmativa.

- Reiteración del acto calificado en una sentencia como lesivo

de un derecho fundamental. Plantea un desafío a los operadores

jurídicos, pues si bien partimos de la premisa de que la parte

vencida ha dado cabal cumplimiento a la sentencia constitu-

cional — con lo cual, ya no habría nada que ejecutar— tras

ello nos encontramos ante un supuesto de repetición de la

conducta (por acción u omisión) que la sentencia había de-

clarado como lesiva de un derecho fundamental. No se tra-

ta de un supuesto de inejecución, excepto si se considerare

que el cumplimiento voluntario de la parte vencida podría ser

686 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

entendido, a la luz del caso concreto, como un simple ardid

para sustraerse posteriormente de los efectos de la decisión

que favorecía al demandante.

A fines de reforzar el cumplimiento de las sentencias

constitucionales y ordinarias en el anteproyecto de código

penal, a la fecha de terminación de esta obra, pendiente de

aprobación definitiva por el Congreso Nacional, se ha previs-

to como abuso de autoridad la interposición de obstáculos a

la ejecución o cumplimiento de leyes o sentencias por parte

de servidores públicos, sancionables con quince (15) días a

un año de prisión menor y multa de nueve a quince veces el

salario que perciba el imputado al momento de la comisión

de la infracción (artículo 311 del proyecto de Código Penal

aprobado por última vez en fecha treinta de junio de 2021).

12.5.2 Procedimiento de ejecución ante la USES

El Pleno conocerá los informes presentados por la USES.

Una vez conocidos, podrá ordenar las medidas necesarias para

el cumplimiento de la sentencia. La resolución será aprobada

por el Pleno y ordenará a la Secretaría del Tribunal su comu-

nicación y publicación en un plazo no mayor de cinco (5) días

hábiles.

En caso de que la parte responsable de ejecutar lo or-

denado en la resolución emitida por el Pleno no obtempere

con lo ordenado en el plazo otorgado , la parte beneficiaria

del cumplimiento de la resolución podrá depositar ante la

Secretaría del Tribunal una instancia donde explique nuevas

circunstancias que acompañan el incumplimiento de la reso-

lución, de conformidad con el procedimiento previsto en el

presente manual.

687

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La Secretaría del Tribunal, luego de recibir la nueva soli-

citud de seguimiento de la ejecución de la resolución emiti-

da por el Pleno, la tramitará a la Unidad de Seguimiento de

Ejecución de las Sentencias, la cual se encargará de elaborar

un informe al Pleno, de conformidad con los procedimientos

establecidos en el presente manual, para que decida.

12.5.3 Rectificación de las resoluciones sobre ejecución de

sentencias constitucionales

El Tribunal podrá, a iniciativa propia o a solicitud de una

de las partes, presentada dentro de los treinta (30) días si-

guientes a la notificación de la resolución, rectificar los errores

materiales que pudiera contener la resolución. De llevarse a

cabo la rectificación, esta deberá ser notificada a las partes.

* * *

SUMARIO

El juez constitucional, sujetado firmemente por los princi-

pios y valores constitucionales y obligado a la protección de

los derechos y la dignidad humana, asume nuevos retos y ta-

reas en el ejercicio de su función jurisdiccional, debido a que

su punto de apoyo, de validez, de justificación si se quiere,

ahora se encuentra en la defensa de los derechos fundamen-

tales, para lo que cuenta con procedimientos que le permiten

responder a esa finalidad.

Es oportuno resaltar que, para autores como García Belaún-

de, «todas las sentencias son constitucionales o deben serlo,

en la medida que deben basarse en la Constitución y deben

688 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

respetarla, y cuando esto no sucede, pues simplemente esta-

mos ante sentencias inconstitucionales, contra las cuales en

numerosos ordenamientos existen remedios para atacarlas y

frenar sus efectos».

Las sentencias constitucionales se componen de al menos tres

partes principales: la ratio decidendi (integrada por la ra-

zón declarativa—axiológica y la razón suficiente, elemento

fundamental de la sentencia que establece el precedente), el

obit dicta (o razón subsidiaria) y el decisum (que contiene la

invocación normativa y la decisión o fallo).

En sentido amplio, la estructura de las sentencias consta de

una sucinta exposición de los hechos, contiene y especifica

la decisión tomada en el caso y los motivos por los que el

juzgador se ha decidido en tal sentido. Esa razón de la deci-

sión se denominará ratio decidendi411. A partir de ello se le

considera como el conjunto de principios, doctrina o reglas

jurídicas en las que el juez ha basado su decisión, junto con

el razonamiento que él ha seguido para llegar a la citada

decisión o resolución judicial.

En el derecho del common law, el decisum, una vez que la

providencia está en firme, hace tránsito a cosa juzgada. Sin

embargo, y contrariamente a lo que a veces se piensa, esta

parte resolutiva no constituye en sí misma el precedente, ni

vincula a los otros jueces, por la sencilla razón de que a estos,

no corresponde decidir ese problema específico sino otros ca-

sos, que pueden ser similares, pero jamás idénticos. Por ello,

en este sistema es claro que el precedente vinculante es la ra-

tio decidendi del caso, ya que ese principio abstracto, que fue

la base necesaria de la decisión, es el que debe ser aplicado

por los jueces en otras situaciones similares.

411 LOSANO (M.), Los grandes sistemas jurídicos, Madrid, Colección Universitaria, Edi-

torial Debate, 1982, p. 177.

689

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

En cuanto al stare decisis o precedente. El precedente es la

jurisprudencia en un caso particular y concreto, de la que

se pueden derivar criterios para resolver futuros procesos de

naturaleza similar.

Vincula a todos los jueces del Poder Judicial, a todos los

poderes públicos (siguiendo la norma de los Arts. 7.13 y

31-LOTCPC) como a los mismos jueces del Tribunal Cons-

titucional para que en los casos semejantes que en el futu-

ro tengan deban resolver, lo hagan en atención a esa regla

excepto si se trata de una cuestión en la que el propio TC

decide apartarse del criterio, lo que puede hacer a condición

de motivación según el párrafo del Art. 31-LOTCPC. Es

precisamente ése el carácter del precedente considerado por

el artículo 184 de la Carta Sustantiva al disponer que las

decisiones del TC constituyen precedentes vinculantes para

todos los poderes públicos.

Por lo menos en los Estados Unidos de América el sistema del

precedente puede ser horizontal o vertical. Es horizontal en

el sentido de que todos los tribunales y jueces están vincula-

dos a sus propias decisiones, por el principio de congruencia;

y es vertical cuando los tribunales y jueces inferiores cumplen

la interpretación del tribunal superior.

Existen variados tipos de sentencias constitucionales,

lo que afecta decisivamente su estructura. Algunas for-

mas o tipos de sentencias se prevén textualmente en la

LOTCPC, otras no. Se tienen: sentencias interpretativas,

interpretativas-aditivas, exhortativas, sustitutivas, ape-

lativas o de exhortación, o exhortativas, de incons-

titucionalidad retroactiva o ex tunc, con efecto pro

futuro o ex nunc, de constitucionalidad temporal (o

de inconstitucionalidad diferida, declarativas de

inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad por

omisión.

690 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Una regla del Estado Constitucional y del Principio de Di-

visión de Poderes, es que las resoluciones de los tribunales de-

ban ser cumplidas, pues de no ser así el orden jurídico decae-

ría en un espacio de buenas voluntades donde el ejercicio de

la función jurisdiccional se reduciría a la mera declaración

de opiniones y recomendaciones.

El valor normativo de la Constitución solo adquiere imperio

a través de resoluciones jurisdiccionales ejecutadas.

A fines de ejecución de las sentencias constitucionales el Re-

glamento Jurisdiccional del TC, artículo 26, creo la Unidad

de Seguimiento de la Ejecución de las Sentencias (en lo ade-

lante, la «USES») persigue la ejecución efectiva de las sen-

tencias del Tribunal mediante la estructuración de los meca-

nismos de recepción, investigación y trámite de las solicitudes

tendentes a resolver las dificultades o el incumplimiento de

sus decisiones. La USES se encuentra adscrita al Pleno y se

rige por un manual de funcionamiento aprobado por este úl-

timo. Estará integrada por el secretario, quien la coordinará,

y el encargado jurídico del Tribunal Constitucional.

Se crearon también mecanismos de ejecución de las senten-

cias del Tribunal Constitucional: de acuerdo con lo estableci-

do en los artículos 9 y 50 de la Ley núm. 137-11, el Tribu-

nal Constitucional dispondrá en la sentencia: (a) quién debe

ejecutarla y (b) la forma de ejecución.

Si en de todas formas se presentan dificultades de ejecución

deberán ser resueltas por el Pleno del TC, previo informe de

la USES. En este sentido, el Pleno instruirá a la USES para

realizar todas las gestiones necesarias a los fines de garantizar

el cumplimiento de sus decisiones cuando la parte interesada

le haya informado las dificultades de ejecución.

A fines de reforzar el cumplimiento de las sentencias cons-

titucionales y ordinarias en el anteproyecto de código penal,

691

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

a la fecha de terminación de esta obra pendiente de apro-

bación definitiva por el Congreso Nacional, se ha previsto

como abuso de autoridad la interposición de obstáculos a

la ejecución o cumplimiento de leyes o sentencias por parte

de servidores públicos, sancionables con quince (15) días a

un año de prisión menor y multa de nueve a quince veces el

salario que perciba el imputado al momento de la comisión

de la infracción (artículo 311 del proyecto de Código Penal

aprobado por última vez en fecha treinta de junio de 2021).