Ley Nº 4-23. Ley orgánica de los actos del estado civil, núm. 4-23. deroga la ley núm. 659 del año 1944

• Fecha de disposición: 18 Enero 2023
• Número de Ley: 4-23
• Fecha de publicación: 20 Enero 2023
• Número de Gaceta: 11096

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Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil, núm. 4-23. Deroga la Ley núm. 659 del año

1944. G. O. No. 11096 del 20 de enero de 2023.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 4-23

Considerando primero: Que la Ley No.659, del 17 de julio de 1944, sobre Actos del Estado

Civil, por su antigüedad, no se corresponde con los nuevos paradigmas del registro civil, por

lo que su aplicación y funcionalidad resulta ineficaz.

Considerando segundo: Que se hace necesaria una reforma integral a la precitada Ley

No.659, que responda a las necesidades del presente, que haga uso de las nuevas tecnologías

y que recoja los avances legislativos alcanzados en materia de registro civil emanados del

Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central

Electoral y el Tribunal Superior Electoral.

Considerando tercero: Que de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la

Constitución de la República “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático

de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad

humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e

independencia de los poderes públicos”.

Considerando cuarto: Que el Estado tiene una función esencial que se orienta hacia la

protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de

los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva,

dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden

público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, tal y como establece el artículo

8 de la Constitución de la República.

Considerando quinto: Que el artículo 212, párrafo II, de la Constitución dominicana

establece: “Serán dependientes de la Junta Central Electoral el Registro Civil y la Cédula de

Identidad y Electoral”, constituyéndose ambas áreas en elementos de vital importancia para

la vida y el ejercicio de los derechos civiles de los dominicanos.

Considerando sexto: Que la Constitución de la República en el artículo 55, relativo a los

derechos de la familia, dispone sobre el Registro Civil importantes responsabilidades para el

Estado, destacándose algunos aspectos como el derecho a la inscripción del nacimiento,

promover la paternidad y maternidad responsable y la ley que establezca los requisitos para

contraer matrimonio civil y religioso, las formalidades de su celebración, sus efectos

personales y patrimoniales, las causas de separación o de disolución, el régimen de bienes y

los derechos y deberes de los esposos, entre otros.

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Considerando séptimo: Que la Constitución de la República en el artículo 18 establece los

criterios sobre la forma en que se adquieren la nacionalidad dominicana y la ciudadanía, así

como el régimen de extranjería establecido en el artículo 25 de la Ley No.285-04, del 15 de

agosto de 2004, Ley General de Migración, en cuyos ámbitos, la Junta Central Electoral,

como órgano encargado del Registro Civil en la República Dominicana, debe adoptar todas

las medidas que hagan efectivos estos derechos.

Considerando octavo: Que la identidad es un derecho fundamental consagrado en la

Constitución de la República Dominicana, y es facultad de la Junta Central Electoral velar

por el acceso, ejercicio y protección de dicho derecho.

Considerando noveno: Que la República Dominicana ha suscrito y ratificado los principales

instrumentos que en materia de derechos humanos se han adoptado a nivel internacional, los

cuales establecen un conjunto de cláusulas vinculadas con el estado civil de las personas y

en cuyos instrumentos el Estado dominicano ha asumido numerosos compromisos en interés

de desarrollar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas.

Considerando décimo: Que el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos establece que: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento

de su personalidad jurídica”, este postulado también ha sido expresado en el artículo 16 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Considerando decimoprimero: Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

aprobado por la Resolución No.684, del 27 de octubre de 1977, establece en sus artículos 23

y 24, importantes aspectos vinculados con la familia y la niñez, indicando en el numeral 2

del artículo 24: “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá

tener un nombre”.

Considerando decimosegundo: Que el Código Civil de la República Dominicana, de igual

forma, contiene disposiciones sobre el registro civil de las personas, muchas de las cuales

son inaplicables en la realidad de la sociedad de hoy en día.

Considerando decimotercero: Que la Ley No.107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los

Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento

Administrativo, establece que las actuaciones administrativas del Siglo XXI: “No se pueden

sustentar en las antiguas formas de actuación administrativa, ya que en el contexto del Estado

Social y Democrático de Derecho se ha ensanchado el papel que le corresponde a la

Administración Pública, que ha venido asumiendo nuevos roles en la relación Estado-

Sociedad, lo que genera la necesidad de prever nuevos mecanismos procedimentales que

permitan satisfacer eficazmente esos nuevos cometidos; y en consecuencia, el ordenamiento

jurídico debe contemplar distintas clases de procedimientos, que cubran los diversos campos

de la actuación administrativa”.

Considerando decimocuarto: Que la Ley Orgánica de Régimen Electoral No.15-19, del 18

de febrero de 2019, consagra diferentes aspectos vinculados al Registro Civil y la Cédula de

Identidad y Electoral.

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Considerando decimoquinto: Que la Ley No.29-11, del 20 de enero de 2011, Ley Orgánica

del Tribunal Superior Electoral, faculta a éste para conocer y decidir sobre las rectificaciones

de las actas del Estado Civil y cuyas decisiones tienen una vinculación directa en el Registro

Civil.

Considerando decimosexto: Que la Ley No.1-12, del 25 de enero de 2012, que establece la

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en su artículo 11 expresa: “Derechos Humanos.-

Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberían incorporar el enfoque

de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones

de vulneración de derechos, de discriminación o exclusión de grupos vulnerables de la

población y adoptar acciones que contribuyan a la equidad y cohesión social”.

Considerando decimoséptimo: Que la referida Ley No.1-12, para lograr el desarrollo

integral e inclusión social establece como línea de acción: “Utilizar el registro oportuno y

mejorar la cobertura de registro tardío de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de

aquellos que pertenecen a grupos sociales excluidos”.

Vista: La Constitución de la República.

Vista: La Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948.

Vista: La Resolución No.8-91, del 23 de junio de 1991, que aprueba la Convención sobre los

Derechos del Niño.

Vista: La Resolución No.684, del 27 de octubre de 1977, que aprueba el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos, auspiciado por las Naciones Unidas.

Vista: La Ley No.486, del 6 de abril de 1933, sobre la creación de la Oficina Central de los

Oficiales Civiles y Notarios.

Vista: La Ley No.659, del 17 de julio de 1944, sobre actos del Estado Civil, y sus

modificaciones.

Vista: La Ley No.716, del 9 de octubre de 1944, sobre las Funciones Públicas de los Cónsules

Dominicanos, y sus modificaciones.

Vista: La Ley No.163-01, del 16 de octubre de 2001, que crea la provincia de Santo

Domingo, y modifica los artículos 1 y 2 de la Ley No.5220, sobre División Territorial de la

República Dominicana, y sus modificaciones.

Vista: La Ley No.126-02, del 4 de septiembre de 2002, sobre el Comercio Electrónico,

Documentos y Firmas Digitales.

Vista: La Ley No.136-03, del 7 de agosto de 2003, que crea el Código para el Sistema de

Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.