Ley Nº 32-23. De facturación electrónica de la república dominicana.

• Fecha de disposición: 16 Mayo 2023
• Fecha de publicación: 17 Mayo 2023
• Número de Ley: 32-23
• Número de Gaceta: 11107

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Ley núm. 32-23 de Facturación Electrónica de la República Dominicana. G. O. No.

11107 del 17 de mayo de 2023.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 32-23

Considerando primero: Que la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en

Materia Fiscal, suscrita el 28 de junio de 2016, constituye parte de los procesos de

cooperación internacional para la transparencia tributaria y la lucha contra la evasión,

promovidos por el Grupo de los Veinte (G20) y liderados por la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en ese sentido, se considera prioridad el

esfuerzo global contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y

el combate de la evasión y la elusión, producto de la planificación fiscal agresiva de grandes

empresas multinacionales donde se exige a los Estados implementar medidas de

transparencia tributaria que clarifiquen el clima de sus mercados y permitan el conocimiento

“externo” de los flujos financieros;

Considerando segundo: Que el “Consenso de Washington” es un conjunto de

recomendaciones destinadas al desarrollo de políticas económicas que surgió en la década

de los noventa y son fomentadas por instituciones financieras como el Banco Mundial y el

Fondo Monetario Internacional; en ese sentido, basado en estas políticas económicas, es que

las administraciones tributarias han iniciado la modernización de sus procesos con énfasis

macro fiscal, fusionado con aspectos sustanciales de reinvención del Gobierno (“reinventing

government”), que impregna paradigmas de eficiencia en el servicio de la administración

pública, haciendo compatibles la actividad administrativa de recaudación con sistemas que

no reduzcan el control fiscal y la percepción de riesgo;

Considerando tercero: Que en la Ley núm.126-02, del 4 de septiembre de 2002, sobre el

Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, fueron sentadas las bases para el uso

de los documentos digitales en la República Dominicana, dándose igual valor jurídico a las

modalidades electrónicas que a aquellos que tienen los documentos físicos, lo que ha

permitido que grandes comercios dominicanos utilicen esta modalidad como prueba de sus

operaciones y transacciones;

Considerando cuarto: Que la Ley núm.11-92, del 16 de mayo de 1992, que aprueba el

Código Tributario de la República Dominicana, establece la facultad de la Administración

Tributaria de disponer la forma en que serán recibidas las informaciones y los sustentos para

facilitar la verificación de las obligaciones tributarias, así como el modo y forma de las

declaraciones juradas y su presentación, estableciéndose a partir de dichas disposiciones las

bases del inicio de un Sistema Fiscal de Facturación Electrónica que es cónsono con el

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principio de celeridad establecido en la Ley núm.107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los

Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento

Administrativo, que establece: “Las autoridades impulsarán oficiosamente los

procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin

dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos”;

Considerando quinto: Que el uso obligatorio de la facturación electrónica, supone

importantes ventajas para los contribuyentes debido a la disminución del costo de

cumplimiento de las obligaciones tributarias como consecuencia de la digitalización y

reducción de los gastos operativos de los negocios;

Considerando sexto: Que con la vigencia de la Norma General núm.01-2020, del 9 de enero

de 2020, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se reguló por

primera vez la emisión y el uso de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (E-CF) en el

proceso de facturación electrónica, lo que dio paso a la implementación de un sistema que

permite la interconexión con los contribuyentes para la emisión y recepción de los

comprobantes fiscales electrónicos, sirviendo como soporte de los ingresos, de costos y de

gastos para fines de crédito fiscal;

Considerando séptimo: Que la implementación del sistema de Comprobantes Fiscales

Electrónicos (E-CF) en el proceso de facturación electrónica, permitió que la Administración

Tributaria dominicana fortaleciera su capacidad tecnológica para hacer frente a los

potenciales desafíos de almacenamiento, procesamiento y cómputo de datos que se ameritan

mantener en el tiempo como modo de control fiscal, con un sistema fiscal nacional de

facturación electrónica masificado y generalizado para todos los contribuyentes del país;

Considerando octavo: Que uno de los aspectos más relevantes de innovación en los sistemas

jurídicos de la región, ha sido el de instaurar la masificación del uso de la factura electrónica

como modalidad comercial obligatoria, modalidad que se traduce en un instrumento de

tercera revolución industrial y de control documental, por su capacidad de generación y

difusión de datos comerciales en tiempo real, transparencia de precios y transacciones, bajo

impacto medioambiental, regulación de mercados y efectividad fiscal;

Considerando noveno: Que en el marco de la fiscalidad internacional, la facturación

electrónica facilita el intercambio de información tributaria y de su desarrollo, por ser una

herramienta que proporciona un mejor conocimiento del sujeto tributario en sus operaciones

domésticas, disponiéndose de información casi completa del universo de los contribuyentes

y de las transacciones realizadas;

Considerando décimo: Que la República Dominicana cuenta con una infraestructura sólida

en telecomunicaciones que está disponible en todo el país; sin embargo, es importante crear

las condiciones de contingencias y excepcionales que permitan la operatividad habitual de

los mercados y negocios que efectúan transacciones comerciales y financieras;