Compras públicas y participación social

• Autor: Miriam M. Ivanega
• Cargo: Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de las Asociaciones Internacionales de Derecho Administrativo y de Derecho Municipal, profesora universitaria
• Páginas: 63-73

COMPRAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Miriam M. Ivanega

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, miembro del

Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de las Asociaciones Internacionales de

Derecho Administrativo y de Derecho Municipal, profesora universitaria.

mimaiv@hotmail.com

miriam.ivanega@gmail.com

RESUMEN

Pilares del sistema republicano de gobierno son la transparencia pública, el acceso a la

información pública, la participación ciudadana y el control social. Estos principios tienen

una incidencia especial en los contratos públicos, cuya importancia social, económica,

presupuestaria y política obliga al Estado a articular mecanismos efectivos para que el

ciudadano pueda conocer y controlar la gestión.

PALABRAS CLAVES

Contratación pública, acceso a la información, participación ciudadana, control social,

I. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1- La gobernanza

Aunque existen diferentes definiciones de gobernanza, la incluida en el Diccionario de la

lengua española es lo suficientemente ilustrativa para avanzar sobre su alcance. Allí se la

define como el “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre

el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”1.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un sentido

prescriptivo, promueve dentro de esta noción un nuevo paradigma de gestión pública

caracterizada por:

mayor cercanía a los resultados en términos de eficiencia, eficacia y calidad del

servicio;

reemplazo de estructuras altamente centralizadas y jerarquizadas por ambientes

administrativos descentralizados;

flexibilidad para explorar alternativas a la provisión pública directa y regulación que

pueda generar mejores resultados en términos de costos y efectividad;

mayor enfoque en la eficiencia en los servicios provistos directamente por el sector

público, con metas de productividad y la creación de ambientes competitivos en y

entre las organizaciones del sector público;

1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. [versión 23.4 en línea].

<https://dle.rae.es> [2020].