Contratación pública de productos energéticos eficientes en los Estados Unidos: una propuesta de modelo para la República Dominicana

• Autor: Luis Ernesto Peña Jiménez
• Cargo: Abogado especializado en derecho público, con práctica concentrada en compras públicas, derecho político/electoral y constitucional, socio gerente de la firma Martínez, Peña & Fernández, Abogados Consultores, miembro de la American Bar Association (ABA), autor colaborador del Observatorio de Contratación Pública de España, profesor de Derecho ...
• Páginas: 104-114

Contratación pública de productos energéticos eficientes en los Estados Unidos: una

propuesta de modelo para la República Dominicana

Luis Ernesto Peña Jiménez

Abogado especializado en derecho público, con práctica concentrada en compras públicas,

derecho político/electoral y constitucional, socio gerente de la firma Martínez, Peña &

Fernández, Abogados Consultores, miembro de la American Bar Association (ABA), autor

colaborador del Observatorio de Contratación Pública de España, profesor de Derecho

Constitucional y de Compras Públicas.

lpena@mpfrd.com

Resumen: El Estado puede, a través de su fuerza adquisitiva, lograr objetivos socioeconómicos

colaterales. Uno de estos puede ser cubrir la demanda energética mediante su disminución con

eficiencia energética. Esto se puede lograr mediante un programa de adquisición estatal de

productos energéticamente eficientes, lo que, además de disminuir el consumo de energía por

parte del Estado, puede servir de ejemplo para el sector privado y a su vez crear un mercado de

los productos para consumo general de la población a precios asequibles. Estados Unidos ha sido

pionero en este tipo de proyectos y su experiencia y regulación pueden ser claves para emular un

proyecto parecido que sea factible en la República Dominicana.

Palabras claves: Eficiencia energética, contratación pública, ahorro energía, sostenibilidad,

República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

Es muy eficaz utilizar el poder adquisitivo del Gobierno para llevar a cabo políticas colaterales

que ayuden a las personas desfavorecidas, reduzcan el desempleo, reduzcan la contaminación,

conserven la energía y logren otros propósitos beneficiosos. De hecho, el último año fiscal, el

Gobierno de los EE. UU. gastó alrededor de 500 mil millones de dólares en adquisiciones

gubernamentales, mientras que en la República Dominicana el GGobierno gastó el aproximado

en pesos dominicanos por encima de 500 millones de dólares. Teniendo en cuenta la cantidad de

dinero que gasta el Gobierno, es evidente que el uso de la adquisición federal de bienes y

servicios para promover políticas gubernamentales puede marcar la diferencia.

Uno de los objetivos socioeconómicos que se persiguen a través de la contratación pública es la

eficiencia energética, que puede lograrse mediante la compra por parte del Gobierno de lo que se

conoce como “productos energéticamente eficientes”.

Las políticas de adquisiciones que exigen la compra de productos energéticamente eficientes

tienen tres propósitos principales: conservar energía, ahorrar dinero a los contribuyentes y

reducir los impactos ambientales. Además, la compra de ese tipo de productos también

fomentará el desarrollo de un mercado de productos energéticamente eficientes. En otras

palabras, tal acción institucionalizará el cambio. Pero ¿cómo puede un Gobierno como el de la

República Dominicana implementar este tipo de mecanismos desde una perspectiva política y

regulatoria? ¿Se adecuaría el marco legal a tal política? ¿Se necesita una fuente extra de energía?

¿Es factible implementar una política de este tipo?

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