Decreto Nº 486-22. Establece el reglamento de aplicación de la ley núm. 167-21, de mejora regulatoria y simplificación de trámites. deroga los artículos 45 al 59 del dec. núm. 130-05, que aprobó el reglamento de la ley general de libre acceso de la información pública, núm. 200-04, los artículos 6 y 7 del dec. núm. 229-18, que establece el programa de simplificación de trámites, así como dec. núm. 258-18, que dispone la cuantificación y análisis de los costos de las regulaciones vigentes y pone en marcha el plan nacional de mejora regulatoria.

• Fecha de disposición: 24 Agosto 2022
• Número de Decreto: 486-22
• Fecha de publicación: 30 Agosto 2022
• Número de Gaceta: 11080

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ARTÍCULO 2. En caso de que el beneficiario se encuentre disfrutando de una pensión del

Estado, este podrá optar por la pensión que más le favorezca.

ARTÍCULO 3. Se dispone que el pago de toda pensión otorgada por el Poder Ejecutivo con

cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Presupuesto General del Estado,

tenga efectividad a partir de la fecha en que el beneficiario formalice su solicitud de inclusión

en la nómina de los Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante la Dirección General de

Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado del Ministerio de Hacienda.

PÁRRAFO. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado tendrá un

plazo de tres (3) meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, contados a partir de que

el interesado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados. El pago

de la pensión se considerará efectivo y con derecho a pago retroactivo luego de cumplido

dicho plazo.

ARTÍCULO 4. Envíese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones

y Pensiones del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022);

año 179 de la Independencia y 160 de la Restauración.

LUIS ABINADER

Dec. núm. 486-22 establece el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 167-21, de

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. Deroga los artículos 45 al 59 del Dec.

núm. 130-05, que aprobó el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso de la

Información Pública, núm. 200-04, los artículos 6 y 7 del Dec. núm. 229-18, que

establece el Programa de Simplificación de Trámites, así como Dec. núm. 258-18, que

dispone la cuantificación y análisis de los costos de las regulaciones vigentes y pone en

marcha el Plan Nacional de Mejora Regulatoria. G. O. No. 11080 del 30 de agosto de

2022.

LUIS ABINADER

Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 486-22

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 138,

establece los principios de actuación de la Administración Pública, fundamentados en la

eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y

coordinación, y mandata la creación de los procedimientos a través de los cuales deben

producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizando la audiencia de las personas

interesadas.

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CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de

Desarrollo 2030, en su artículo 25 dispone como una de sus líneas de acción “Impulsar un

Estado pro-competitivo que reduzca los costos, trámites y tiempos de transacciones y

autorizaciones, y elimine la duplicidad de instituciones y funciones, mediante el

establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para la coordinación de los

procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales, en un

entorno de seguridad jurídica, certidumbre legal y responsabilidad social empresarial, en

concordancia con los estándares internacionales”.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, en

su artículo 11 establece que “A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta

ley, los entes y órganos de la Administración Pública procurarán utilizar las nuevas

tecnologías, tales como los medios electrónicos, informativos y telemáticos, que pueden ser

destinadas a mejorar la eficiencia, productividad y la transparencia de los procesos

administrativos y de prestación de servicios públicos”.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de

Trámites, establece y agrupa las políticas públicas dirigidas a la mejora regulatoria y la

simplificación de trámites que tienen como propósito proveer herramientas que contribuyan

a la creación y mantenimiento de regulaciones y trámites eficientes que respondan a sus

objetivos y estén alineados con el interés general.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de

Trámites, ordena el dictado de su Reglamento de Aplicación, con el objetivo de normar el

alcance e implementación de las distintas herramientas de mejora regulatoria establecidas en

esta, y proveer dirección sobre las acciones a ser llevadas a cabo por los entes y órganos de

la Administración Pública durante los procesos de creación, diseño, análisis, consulta,

evaluación y supervisión de las regulaciones.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus

Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, establece previamente

los principios y criterios a los que debe sujetarse la elaboración de reglamentos

administrativos, e incluye la obtención de estudios, evaluaciones e informes de naturaleza

legal, económica, medioambiental, técnica o científica que sean pertinentes.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información

Pública establece el derecho de las personas a participar en los procedimientos, medios e

instancias establecidos para el diseño, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y el control

de las políticas públicas a cargo de la Administración Pública. Asimismo, la Ley núm. 107-

13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de

Procedimiento Administrativo, explica que la finalidad de las consultas es que la

Administración Pública obtenga la información necesaria para la aprobación, canalizando

el diálogo con otros entes y órganos públicos, con los interesados y el público en general,

con ponderación de las políticas sectoriales y derechos implicados, promoviendo el derecho

fundamental a la participación ciudadana como sustento de la buena gobernanza

democrática.

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CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto núm. 258-18, se puso en ejecución una

primera etapa de evaluación de los costos de las regulaciones vigentes, llevado a cabo por la

Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad.

CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto núm. 229-18, se creó el Programa de

Simplificación de Trámites en virtud del cual el Ministerio de Administración Pública lleva

a cabo los procesos de simplificación de los trámites administrativos de los entes y órganos

de la Administración Pública. Asimismo, se creó el Programa Burocracia Cero que busca

reducir cargas administrativas innecesarias.

CONSIDERANDO: Que, conforme a lo anterior, el ordenamiento jurídico dominicano ya

ha ido adoptando algunas herramientas de mejora regulatoria, que deben ser continuadas,

mejoradas, organizadas y coordinadas mediante un marco cohesivo, junto con las nuevas

herramientas de mejora regulatoria introducidas por la Ley núm. 167-21, de Mejora

Regulatoria y Simplificación de Trámites.

CONSIDERANDO: Que las disposiciones de los decretos núm. 258-18 y núm. 229-18

asignan la responsabilidad de los análisis de costos de regulaciones vigentes a la Dirección

Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, y la responsabilidad de la simplificación

de trámites al Ministerio de Administración Pública, en coordinación con los entes y órganos

de la Administración Pública, respectivamente. Sin embargo, la Ley núm. 167-21, de Mejora

Regulatoria y Simplificación de Trámites, transfiere la responsabilidad de la ejecución de

estos procesos directamente a los entes y órganos de la Administración Pública. Por tanto, se

hace necesario el establecimiento de pautas que permitan una adopción e implementación

paulatina y certera, que contribuya con la creación de una cultura de diseño, creación y

mantenimiento de regulaciones en base a evidencias.

CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto núm. 640-20, se puso en ejecución el

Programa Burocracia Cero, que busca elevar la eficiencia de la Administración Pública, a

través de la mejora de las regulaciones y la agilización de los procesos, la automatización y

digitalización de los trámites y de los servicios, reduciendo tiempos y costos para la sociedad.

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con la Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria

y Simplificación de Trámites, se designa al Ministerio de Administración Pública como

órgano coordinador y supervisor de la mejora regulatoria con las atribuciones de

coordinación y supervisión del uso y desarrollo de las herramientas de mejora regulatoria.

Por tanto, se hace necesario el desarrollo de las especificidades y alcance de dichas

atribuciones para garantizar que las mismas estén alineadas con el objetivo primordial de

promover y establecer el uso de herramientas de mejora regulatoria que contribuyan al

desarrollo de mejores regulaciones.

CONSIDERANDO: Que constituye un eje central de la Administración Pública la creación

y diseño de regulaciones eficientes, efectivas, proporcionales y necesarias que estén

orientadas al interés general, faciliten la innovación, competencia y crecimiento económico,

siguiendo procedimientos transparentes, ágiles, proporcionales, basados en evidencia y que

promuevan la participación ciudadana y la rendición de cuentas.