Gobierno electrónico herramienta para la modernización y transparencia de administración pública en República Dominicana

 
EXTRACTO GRATUITO

Gobierno electrónico: herramienta para la modernización y transparencia de administración pública en República Dominicana

Priscila Bautista.

El DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ERA DIGITAL.

Jurídicamente se define la Administración Pública como el conjunto de organismos o la organización social generada por voluntad del Estado para actuar a su servicio en la satisfacción de los intereses colectivos, asegurando los servicios públicos básicos y el bienestar general en el contexto de la realidad nacional.1

“La Administración Pública es el órgano instrumental de los fines de bien común del Estado y la que en buen Derecho debe promover un fortalecimiento institucional y democrático al ejecutar sus actos con irrestricto apego al principio de legalidad”.2 Esto implica por un lado la conformidad con las normas y principios que rigen de manera amplia el engranaje estatal y por otro lado la sumisión de igual modo inmediata y obligatoria, a las normas y reglas que ella misma ha elaborado.3

La función administrativa se manifiesta a través de todos los actos de los funcionarios e instituciones públicas, para la realización de los fines del Estado, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esta función es la que caracteriza a la Administración Pública.

Así lo confirma Troncoso de la Concha cuando dice: “La actividad del Estado se manifiesta por medio de los servicios públicos. Estos constituyen la piedra angular del Derecho Administrativo”; y los servicios públicos, a su vez, los define como “Los procedimientos empleados por la administración para satisfacer las necesidades de interés general”.4

En consecuencia, entendemos que su función se concretiza al satisfacer de manera continua las necesidades colectivas, sea en materia de salud, educación, defensa del territorio, de la ciudadanía, de orden público, o de protección social, dentro del ámbito del ordenamientojurídico. De ahí se desprende que los intereses públicos están asociados a la protección y promoción de los derechos fundamentales.

La Administración Pública es uncomplejo en el que participan todos los poderes del Estado5, es decir que aunque en la República Dominicana está encomendada de un modo especial al Poder Ejecutivo6 (Art. 55 Const.), a quien se confía la responsabilidad de la actividad administrativa, también es realizada en alguna medida por los demás organismos que conforman los poderes legislativo y judicial. De este contexto se desprende la organización de la administración pública dominicana.

La evolución de la Administración Pública latinoamericana durante los años 70´s y 80´s, teniendo en cuenta el crecimiento y diversificación de las actividades del Estado, se caracterizó por la presencia de una debilidad estructural en la capacidad administrativa del aparato público para afrontar sus nuevas responsabilidades7.

Esto trajo como consecuencia, más adelante, la necesidad de dar origen a una nueva forma de administración caracterizada por la descentralización, modernización y transparencia en la administración del Estado, según las necesidades de la sociedad, dentro del nuevo contexto de la globalización y laapertura comercial del nuevo milenio.

La problemática consiste en que la acumulación de responsabilidades sobre la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y las causas provenientes del ejercicio de estas funciones en respuesta a una masa creciente de necesidades y demandas provenientes de clases y grupos de instituciones en competencia y conflicto, van limitando las capacidades y recursos del Estado, de su administración y por ende de sus empresas, lo que obstaculiza su eficaz desempeño y el logro de sus fines.

Los problemas generales de la economía y la sociedad, que se proyectan y se descargan hacia el Estado y su administración, son presentados como resultado de las limitaciones e incapacidad del poder público, de sus funcionarios, de sus aparatos políticos, administrativos y finalmente de todo lo que es intervencionismo, vencionismo, dirigismo y planificación gubernamental.8

Como consecuencia de esto, los Estados, para asumir su responsabilidad, se vuelven garantes y sostén de la rentabilidad de las grandes empresas y en particular, gestores del financiamiento de la producción a través de sus entes paraestatales. Todo esto, sin el cese de la ocupación por parte del Estado de la satisfacción de las necesidades básicas y de las demandas socioeconómicas, políticamente expresadas por los grupos mayoritarios de la población, a decir: bienes de consumo, salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otros.

A todo esto le coinciden la insuficiencia e inexistencia de rentabilidad de muchas empresas públicas, compensado parcialmente con el recurso de financiamiento a través del presupuesto público (subsidios, préstamos) y de la banca privada.

Este fue uno de los factores fundamentalesde la tendencia a la crisis fiscal y administrativa permanente del Estado y de los bajos desempeños que tienen muchos de sus entes o empresas. La crisis de esta dimensión del Estado benefactor no se reduce a lo permanentemente financiero, se extiende a lo social y lo político, en lo referente a relaciones y conflictos entre individuos, grupos, clases e instituciones y el papel del Estado como único agente de soporte social. Las políticas a tomar al respecto, implicaron modificaciones y reforma en todos los sentidos: estructura del Estado, descentralización, modernización, privatización.El modelo impugnado abarca el fuerte papel del Estado centralizado, burocrático en la regulación económica y en la protección social.

Todas estas demandas surgen en las décadas de 1970 y 1980, y se entrelazan con las demandas internas de reducción de las injerencias y los costos del Estado intervencionista, así como también la necesidad de privatización de sus empresas.

Luego de la crisis administrativa,como producto del Estado burocrático, intervencionista y dirigista, que poseía una gran expansión del gasto público y de las responsabilidades sociales, políticas y económicas frente a los ciudadanos; se comenzó a visualizar una nueva figura económica, para finales de los años ochenta, denominada neoliberalismo, caracterizada por la aceptación de la globalización de los mercados y el objetivo principal de los gobiernos viene a ser la mejora de la competitividad de sus economías; pasando de la administración pública centralizada a la descentralizada y con la capitalización de las empresas del Estado.

A los Estados les va a corresponder cada vez más un papel de gestor entre desafíos, actores y estrategias situados a los largo del eje local-global. Esto exige grandes capacidades de seguimiento, jurisdicción y coordinación internacional. Los Estados dejan de ser los proveedores universales para convertirse en catalizadores, habilitadores, protectores, orientadores, negociadores, mediadores y constructores de consenso; produciendo un nuevo orden de rolesentre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos.

“La globalización precede pero se apoya y se acelera con la revolución tecnológica representada por las TICs. Estas transforman la estructura de oportunidades para el conjunto de los actores políticos, administrativos, empresariales, sociales, culturales. No sólo multiplican las posibilidades de interacción. También amplían la base territorial de las redes y sus interacciones. Abaratan el coste del acceso al conocimiento…”.9

Este proceso de globalización, incide directamente en la base de las transformaciones de los roles y estructuras del Estado, la política y la gestión pública. Estas transformaciones las podemos ver primeramente en el interior del Estado, con la descentralización, demostrando que los gobiernos ya no pueden pretender asumir toda la responsabilidad para el desarrollo nacional, en vista de los desafíos que acarrea para la administración pública el desarrollo y la competitividad económica. Por un lado, este fenómeno influye en la internacionalización de las regulaciones económicas, es decir las normas, principios y reglas que gobiernan la producción y el comercio global, así como los mecanismos de coerción previstos para garantizar su cumplimiento. Por otro lado, la incidencia de la revolución tecnológica representada por las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), las cuales transforman la estructura de oportunidades e interacción de los pueblos, y en el ámbito de la gestión pública permiten avanzar en la eficiencia y transparencia de la nueva gestión de gobierno.10

Todo esto trae consigo una nueva forma de administración, determinada por la limitación de las regulaciones del Estado sobre el mercado, liberalizándolo para así trasladar la mayor cantidad posible de actividades estatales al mercado, como por ejemplo la de las telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas y otros. Este pensamiento también promovió la adopción por parte del Estado de las técnicas gerenciales privadas, utilizando estándares de calidad y productividad.11

“Para 1997 Manuel Castells defiende la existencia de una nueva sociedad que se cimenta en el informacionalismo inducido por la revolución de la tecnología de la información. En esta Era Informacional, la generación de riqueza, el ejercicio del poder y la creación de códigos culturales han pasado a depender de la capacidad tecnológica de las sociedades y las personas, siendo la tecnología de la información el núcleo de esta capacidad”12.

De este modo surgió la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro de los sistemas de administración y de gobierno. Dando origen a lo que hoy se conoce como e-administración, administración electrónica, gobierno en línea o e-gobierno, que es la esencia de la nueva gestión pública. La cual pretende mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. La disminución del tiempo para los trámites de los ciudadanos y las empresas generando ahorros cuantiosos, en la medida en que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA