Interceptación injustificada termina con un gimoteo, pero continúa serio cuestionamiento

• Páginas: 31806343

Interceptación injustificada termina con un gimoteo, pero continúa serio cuestionamiento

María Jesús Velázquez.

A continuación una traducción libre de la edición No. 439 del Boletín Informativo sobre “Legislación Semanal en Comercio Electrónico”, correspondiente a la semana que concluyó el día 20 de enero de 2007, publicado en la Internet por el equipo especialista en comercio electrónico de la firma Steptoe & Johnson LLP, en Washington, D. C.

El 17 de enero de 2007, el Procurador General de los EE.UU., Alberto González, anunció que el presidente Bush no volvería a autorizar el Programa de Vigilancia Terrorista (PVT), que incluye la interceptación sin autorización judicial, por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), de ciertas comunicaciones telefónicas internacionales y a través de la Internet hacia o desde los Estados Unidos. En una carta dirigida al presidente de la Comisión Judicial del Senado Patrick Leahy (D-VT) y al Miembro Principal de Minoría, Arlen Specter (R-PA), el Procurador General señaló que “cualquier vigilancia electrónica que estuviese llevándose a cabo como parte del PVT, sería a partir de ahora conducida sujeto a la aprobación de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (CVIE)”. La CVIE es la corte especial encargada de fiscalizar las solicitudes para las autorizaciones de vigilancia que involucran a extranjeros sospechosos de ser terroristas y espías. La carta llegó un día antes de que González testificase por ante el Comité Judicial del Senado, y puede ser vista como un esfuerzo por evitar tanto las demandas judiciales al PVT, como la probabilidad de una seria vigilancia congresual. Sin embargo, González señaló que, notablemente, la decisión de terminar el PVT, era como consecuencia de que la CVIE había dictado lo que aparentaban ser amplias órdenes autorizando el mismo tipo de programa de interceptación de envergadura, aparentemente sin especificar objetivos individuales. Si ese es el caso, continuarán serios cuestionamientos respecto a si la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera autoriza, actualmente, tales órdenes generalizadas. Aún más, si la acción de la Administración fracasa en persuadir a las cortes de desestimar las demandas judiciales al PVT, las compañías de telecomunicaciones y otras entidades que cooperaron con la ASN podrían confrontar todavía serias dificultades.

Arrestos de Neteller sugieren procesadores de pagos en línea llevan una mano perdida

El 16 de enero de 2007, el...