La legislación dominicana sobre protección de datos personales: principios, consentimiento y el proceso de habeas data

• Autor: Emely García Aybar
• Cargo: Abogada, magíster en Big Data and Business Intelligence (Inteligencia de Negocios), mención Protección de Datos Personales, por la Escuela Next International Business School (NEXT IBS) y de la Universidad de Zaragoza, España
• Páginas: 71-83

La legislación dominicana sobre protección de datos personales: principios,

consentimiento y el proceso de habeas data

Emely García Aybar

Abogada, magíster en Big Data and Business Intelligence (Inteligencia de Negocios),

mención Protección de Datos Personales, por la Escuela Next International Business

School (NEXT IBS) y de la Universidad de Zaragoza, España.

emelyga12@hotmail.com

Resumen: Se plantea la necesidad de la actualización de la legislación dominicana de

protección de datos personales, así como la creación de un órgano rector en la materia.

Palabras claves: Ley 172-13, datos personales, titulares, principios, consentimiento,

sociedades de información crediticia (SIC), habeas data, derecho de acceso, derecho de

cancelación, derecho de oposición, derecho de cancelación, Red Iberoamericana de

Protección de Datos (RIPD), República Dominicana.

En la Constitución dominicana no existe textualmente un derecho individualizado

titulado “derecho a la protección de datos personales”, sino más bien el “derecho a la

intimidad y el honor personal”, de donde se desprende el reconocimiento de que las

personas tienen prerrogativas sobre las informaciones que les competen.

Es en el artículo 44 de la Carta Magna donde se delinea que toda persona puede gozar

de la no injerencia en su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia, así

como disfrutar del derecho al honor, el buen nombre y la propia imagen; en el inciso 2

del mencionado artículo encontramos el reconocimiento del derecho que poseen todas

las personas de acceder a las informaciones que sobre ellas o sus bienes reposen en

registros públicos o privados, y asimismo de conocer el destino y uso que a estas se le

asignen.

En el mismo inciso se plasman los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y

finalidad que deben regir en los tratamientos de datos, al mismo tiempo que configura la

vía judicial para que los titulares puedan exigir la actualización, oposición, rectificación

o destrucción de las informaciones que tratadas afecten ilegítimamente sus derechos.

Esta acción judicial, en nuestro país se conoce como habeas data, la cual se define

igualmente en el artículo 70 de nuestra norma suprema como el único medio para

obtener los fines antes expuestos.

Así las bases asentadas en la Constitución, se crea en el año 2013 la Ley 172-13 que

tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos,

registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos

destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.