Ley Nº 2-23. Sobre recurso de casación. modifica los artículos 640 y 641 de la ley núm. 16-92 del 1992, que aprueba el código de trabajo y deroga la ley núm. 3726 del año 1953, sobre procedimiento de casación, así como la ley núm. 491-08 del año 2008, que modificó los artículos 5,12 y 20 de la citada ley núm. 3726 del 1953, modificada por la ley núm. 846 del año 1978.

• Fecha de disposición: 17 Enero 2023
• Número de Ley: 2-23
• Fecha de publicación: 17 Enero 2023
• Número de Gaceta: 11095

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Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación. Modifica los artículos 640 y 641 de la Ley

núm. 16-92 del 1992, que aprueba el Código de Trabajo y deroga la Ley núm. 3726 del

año 1953, sobre Procedimiento de Casación, así como la Ley núm. 491-08 del año 2008,

que modificó los artículos 5,12 y 20 de la citada Ley núm. 3726 del 1953, modificada

por la Ley núm. 846 del año 1978. G. O. No. 11095 del 17 de enero de 2023.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 2-23

Considerando primero: Que el recurso de casación previsto en el numeral 2 del artículo

154 de la Constitución, instituido como la atribución jurisdiccional a la Suprema Corte de

Justicia, constituyéndola en Corte de Casación, tiene por objeto hacer anular las decisiones

judiciales contentivas de violaciones al ordenamiento jurídico, que hayan sido dictadas en

única o en última instancia.

Considerando segundo: Que el párrafo III del artículo 149 de la Constitución refiere a que,

de manera general, toda sentencia emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal

superior sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.

Considerando tercero: Que el numeral 2, del artículo 154 de la Constitución establece,

como una atribución de la Suprema Corte de Justicia: “Conocer de los recursos de casación,

de conformidad con la ley”, por lo que corresponde al legislador la configuración legislativa

del recurso de casación y todo lo relativo al ejercicio de esa vía recursiva.

Considerando cuarto: Que la institución de la casación no solo cumple la misión

nomofiláctica referida a la garantía de la correcta aplicación de las normas jurídicas en todo

el territorio de la República, sino que, además, crea las condiciones que permiten establecer

y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional, en salvaguarda de un interés de orden

público y de la seguridad jurídica, necesaria para la estabilidad social y económica del país.

Considerando quinto: Que el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia TC/0489/15,

de fecha 6 de noviembre de 2015, declaró no conforme con la Constitución la cuantía de 200

salarios mínimos para la admisión del recurso, fijada por la Ley núm.491-08, del 19 de

diciembre de 2008, que modifica los artículos 5, 12 y 20, de la Ley núm.3726 del 1953, sobre

Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm.846, del 1978, en el entendido de

que dicho monto resultaba irracional y, por tanto, contrario al numeral 15 del artículo 40 de

la Constitución y exhortó al Congreso Nacional, no solo a establecer un monto racional, sino

que, además, refirió la necesidad de establecer como presupuesto de admisibilidad del

recurso la determinación del interés casacional o especial relevancia.

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Considerando sexto: Que la noción de interés casacional está llamada a trascender los

intereses particulares de los actores privados involucrados en la litis y a erigirse en un ente

de equilibrio, de riguroso orden público procesal y de canalización de objetivos

impostergables del estado de derecho, como ocurre, por ejemplo, con la salvaguarda del

debido proceso, la uniformidad coherente de la administración de justicia o la necesidad de

uniformar posiciones encontradas entre los diferentes tribunales del sistema.

Considerando séptimo: Que las tendencias actuales conducen a innovar la técnica de

casación confiriendo a la Corte de Casación la posibilidad excepcional de estatuir sobre el

fondo en interés de una buena y pronta administración de justicia, en aquellos casos donde

pronuncie la casación de la sentencia impugnada, evitando así la dilación del proceso con un

envío a otro tribunal de fondo.

Considerando octavo: Que el recurso de casación debe conservar de manera reforzada sus

características de ser de interés público, extraordinario y limitado, pero menos formalista, de

efectos no suspensivos y con posibilidades de juzgar directamente el fondo del litigio.

Considerando noveno: Que el procedimiento de casación instituido por la antigua Ley

núm.3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación y sus

modificaciones, establece formalismos que ameritan ser actualizados, conforme al derecho

y a una justicia oportuna y accesible.

Vista: La Constitución de la República.

Vista: La sentencia del Tribunal Constitucional TC/0489/15, del 6 de noviembre de 2015.

Visto: El Decreto núm.2214, del 17 de abril de 1884, del C. N. sancionando el Código de

Procedimiento Civil de la República.

Vista: La Ley núm.834, del 15 de julio de 1978, que abroga y modifica ciertas disposiciones

en materia de Procedimiento Civil y hace suyas las recientes y avanzadas reformas del

Código de Procedimiento Civil Francés.

Vista: La Ley núm.845, del 15 de julio de 1978, que modifica varios artículos del Código de

Procedimiento Civil, encaminados a acortar los plazos para interponer los recursos de

Apelación y de Oposición.

Vista: La Ley núm.25-91, del 15 de octubre de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema

Corte de Justicia.

Vista: La Ley núm.11-92, del 16 de mayo de 1992, que aprueba el Código Tributario de la

República Dominicana.

Vista: La Ley núm.16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo.

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Vista: La Ley núm.156-97, del 10 de julio de 1997, que modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10 y 13 de la Ley núm.25-91. Dispone que la Suprema Corte de Justicia estará

integrada por dieciséis (16) jueces.

Vista: La Ley núm.126-02, del 4 de septiembre de 2002, sobre el Comercio Electrónico,

Documentos y Firmas Digitales.

Vista: La Ley núm.136-03, del 7 de agosto de 2003, que crea el Código para el Sistema de

Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Vista: La Ley núm.108-05, del 23 de marzo de 2005, de Registro Inmobiliario.

Vista: La Ley núm.491-08, del 19 de diciembre de 2008, que modifica los artículos 5, 12 y

20, de la Ley núm.3726 del 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley

núm.845, del 1978.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACÓN Y EXCLUSIONES

Artículo 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer un procedimiento para conocer de

los recursos de casación interpuestos en el ámbito de las materias civil, comercial, laboral,

inmobiliaria, contencioso administrativo y contencioso tributario.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Esta ley es de aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 3.- Aplicación material mixta. En materia laboral aplicarán las disposiciones del

Código de Trabajo que no sean contrarias a esta ley.

CAPÍTULO II

DE LA CORTE DE CASACIÓN

Artículo 4.- Competencia exclusiva. Según dispone el numeral 2 del artículo 154 de la

Constitución de la República, corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia

conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley.

Párrafo.- Solo la Suprema Corte de Justicia puede actuar como Corte de Casación, en cuya

función solo tendrá competencia para decidir los recursos de casación de los cuales es

apoderada.