Ley Nº 47-20. Ley de Alianzas PÚBLICO-PRIVADAS.

 
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Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas. G. O. No. 10972 del 21 de febrero de 2020.
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
Ley No. 47-20
Considerando primero: Que el cumplimiento de la función esencial del Estado, establecida
en la Constitución de la República y el logro de la visión de la nación para el largo plazo,
prevista en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, requiere del Estado la provisión de
infraestructuras y servicios públicos de calidad, ya sea por cuenta propia o por delegación,
incluyendo la asociación en participación, en un marco de universalidad, accesibilidad,
eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad
tarifaria.
Considerando segundo: Que, de conformidad con la Constitución de la República, el
régimen económico del país se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano, en un marco
de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y
solidaridad, para lo cual resulta indispensable que el Estado, en asociación con el sector
privado, promueva el crecimiento equilibrado y sostenido de la economía y el incremento del
bienestar social, a la vez que asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos.
Considerando tercero: Que los proyectos e inversiones necesarias para una adecuada
provisión, gestión y operación de bienes, infraestructuras y servicios públicos, requiere del
establecimiento de mecanismos institucionales o contractuales que permitan conciliar la
búsqueda de utilidades de la actividad privada con contrapartidas y contraprestaciones
adecuadas al interés público y la satisfacción del interés general.
Considerando cuarto: Que la República Dominicana ha experimentado un crecimiento
económico sostenido que ha mejorado el clima para la inversión, tanto nacional como
extranjera, lo cual genera condiciones propicias para la participación del sector privado en el
desarrollo de infraestructuras y provisión de servicios, en un esquema de confianza y
cooperación con los sectores públicos.
Considerando quinto: Que a través de alianzas estratégicas basadas en l a corresponsabilidad
y el esfuerzo conjunto de distintos sectores se impulsa el continuo crecimiento económico de
la República Dominicana en el marco de la sostenibilidad.
Considerando sexto: Que la formación y el desarrollo de las alianzas público-privadas
requiere de un marco regulatorio e institucional consistente y previsible, que establezca roles,
responsabilidades y procesos claros para los actores públicos y privados involucrados, así
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como de una adecuada regulación para la definición, clasificación y distribución de los
riesgos, en un entorno de transparencia, licitud, igualdad y libre competencia que proteja
eficazmente el interés nacional.
Considerando séptimo: Que la experiencia internacional en alianzas público-privadas
revela que su desarrollo e implementación permite enfrentar de manera más oportuna las
limitaciones presupuestarias tradicionales al promover la ejecución y la operación de las
obras y servicios por parte del sector privado, así como diversificar la gama de servicios e
infraestructuras públicas, al permitir la incorporación de innovaciones y nuevas iniciativas.
Considerando octavo: Que forma parte integral de los objetivos del Gobierno fortalecer la
coordinación del conjunto de políticas sociales, articuladas con las políticas económicas, y
avanzar hacia una nueva institucionalidad con base en alianzas entre el Estado y la sociedad
civil.
Considerando noveno: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y otras leyes
sectoriales identifican diversos sectores foco de inversión para el desarrollo de
infraestructuras y provisión de servicios públicos, como son el aprovisionamiento de agua,
electricidad, combustibles, agropecuaria, turismo, tecnologías de la información y
comunicaciones, red vial y otros, necesarios para el desarrollo progresivo y sostenible del
país.
Considerando décimo: Que forma parte del interés nacional el desarrollo de políticas
públicas sustentadas en el fortalecimiento de alianzas público-privadas que permitan
garantizar los flujos de inversión necesarios para modernizar y dar mantenimiento oportuno
a las diferentes redes de servicio y bienes públicos.
Vista: La Constitución de la República.
Vista: La Ley No.340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Vista: La Ley No.176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios.
Vista: La Ley No.41-08, del 16 de enero de 2008, sobre Función Pública y crea la Secretaría
de Estado de Administración Pública.
Vista: La Ley No.189-11, del 16 de julio de 2011, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario
y el Fideicomiso en la República Dominicana.
Vista: La Ley No.1-12, del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030.
Vista: La Ley Orgánica de la Administración Pública, No.247-12, del 9 de agosto de 2012.
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Vista: La Ley No. 107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en
sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Vista: La Ley No.141-15, del 7 de agosto de 2015, de Reestructuración y Liquidación de
Empresas y Personas Físicas Comerciantes. Deroga los artículos del 437 al 614 del Código
de Comercio y la Ley No.4582 del año 1956, sobre Declaración de Estado de Quiebra.
Vista: La Ley No.155-17, del 1 de junio de 2017, que deroga la Ley No.72-02, del 26 de
abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con
excepción de los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados por la Ley No.196-11.
Vista: La Ley No.249-17, del 19 de diciembre de 2017, sobre el Mercado de Valores de la
República Dominicana.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
CAPÍTULO I
DEL OBJETO, ÁMBITO, SUJETOS DE REGULACIÓN, DEFINICIONES
Y PRINCIPIOS DE LA LEY
Artículo 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer un marco normativo que regule el
inicio, la selección, la adjudicación, la contratación, la ejecución, el seguimiento y la
extinción de alianzas público-privadas.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Esta ley es aplicable en todo el territorio nacional y se
aplica o regula a los órganos y entes siguientes:
1) Los que conforman la Administración Pública bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.
2) Las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras.
3) Las instituciones de la seguridad social.
4) Las empresas o agentes del sector público no financieros que encargan a los agentes
privados, bajo la modalidad de alianzas público-privadas, el diseño, la construcción, la
operación, la reparación, la expansión o el mantenimiento de un bien de interés social o
la prestación de un servicio de igual naturaleza.
5) Los ayuntamientos.
Párrafo I.- Quedan fuera del alcance de la presente ley los permisos, licencias,
autorizaciones y las denominadas concesiones establecidas en leyes sectoriales, cuando no
se ajusten a la definición de alianza público-privada establecida en el artículo 4 de esta ley.

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