Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes
Esta ley tiene como objeto establecer los mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los Acreedores ante la dificultad financiera de sus Deudores, que puedan impedir el cumplimiento de las obligaciones asumidas, y lograr la continuidad operativa de las Empresas y personas físicas comerciantes, mediante los procedimientos de Reestructuración o liquidación judicial, conforme se definen en esta Ley.
Párrafo.- A su vez, esta ley tiene como objeto establecer el marco jurídico aplicable en cuanto a la cooperación y coordinación de los procesos de reestructuración e insolvencia transfronterizos.
Esta ley rige para las personas físicas comerciantes, nacionales o extranjeras, y las Empresas nacionales y las domiciliadas o con presencia permanente en el territorio nacional, con excepción de las siguientes:
i) Empresas y sociedades comerciales cuya participación mayoritaria o control es ejercido por el Estado;
ii) Entidades de intermediación financiera regidas por la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002, Ley Monetaria y Financiera, y sus modificaciones o por aquella que la modifique o sustituya; y,
iii) Los intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, depósitos centralizados de valores, bolsas de valores, sociedades titularizadoras y cualquiera considerada participante del mercado, con excepción de las sociedades de suscripción pública, y regidas por la Ley de Mercado de Valores No. 19-00, de fecha 8 de mayo de 2000, y sus modificaciones o por aquella que la modifique o sustituya.
Párrafo.- Esta ley tiene un carácter supletorio para aquellos casos donde la legislación especial establece regímenes de reestructuración, disolución y liquidación especiales.
El cumplimiento e interpretación de esta ley se rige por los siguientes principios rectores:
i) Celeridad: la aplicación de los mecanismos, trámites y procedimientos previstos en esta ley deben realizarse de la forma más célere posible, obviando actuaciones o requerimientos procesales que dificulten o retrasen sus objetivos o que constituyan simples formalismos;
ii) Conducta ética: la participación directa o indirecta en los procesos previstos en esta ley exige la actuación en un marco de conducta ética, basada en los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. La temeridad, mala fe y cualquier conducta dolosa, podrán ser sancionados conforme a la legislación aplicable y deben ser tomadas en consideración por las instituciones y funcionarios actuantes en los procedimientos previstos en esta ley a fines de la toma de decisiones;
iii) Eficiencia: Logro de los fines y objetivos a través de la mejor utilización de los mecanismos y medios existentes;
iv) Gobernabilidad económica y corporativa: Administración del negocio con criterios de protección equitativa de los diferentes grupos de intereses que confluyen y del mantenimiento de la empresa o negocio como unidad de trabajo eficiente y bajo una correcta organización administrativa;
v) Igualdad: trato igualitario a todas las partes que participan en el proceso, sin perjuicio de la aplicación de reglas sobre privilegios, prelación de créditos y preferencias;
vi) Maximización de activos: Los procedimientos previstos en la ley, incluyendo la liquidación judicial, deben tender a otorgar a los activos el tratamiento más eficiente o efectivo para la maximización de su valor;
vii) Negociabilidad: el fundamento principal de los procesos es lograr una negociación amigable, no litigiosa, de buena fe y fundamentada en información cierta y comprobable;
viii) Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua entre las autoridades nacionales y de las autoridades extranjeras competentes en los casos de reestructuración e insolvencia transfronteriza;
ix) Transparencia e información: Todos los participantes deben tener acceso constante a toda la información del proceso y los sujetos obligados a suministrarla deben realizarlo de manera oportuna, equitativa y comprobable; y,
x) Universalidad: Afectación de la totalidad de los bienes del Deudor y vinculación a todos los Acreedores y partes involucradas en el proceso.
Párrafo.- A los fines de la aplicación de esta Ley, todos los principios tienen igual grado de importancia. En el supuesto de que se produzca un conflicto en la aplicabilidad de dos o más principios, estos se deberán interpretar prevaleciendo aquellos postulados que permitan aplicar la Ley de forma más eficiente y se obtenga el mejor resultado en relación al objetivo de la misma.
Esta ley tiene carácter de orden público, por lo que, salvo los casos previstos en ella, sus disposiciones no pueden ser derogadas o modificadas por convenciones particulares.
Para efectos de esta ley, se entiende, en singular o plural, por:
i) Acreedor: Toda persona física o jurídica que ostenta una acreencia a su favor;
ii) Acreedor Reconocido: Todo Acreedor cuya acreencia haya sido reconocida en virtud del procedimiento de verificación y reconocimiento de créditos establecidos en esta ley;
iii) Acreedor Registrado: Todo Acreedor cuya acreencia ha sido registrada como parte del proceso por parte del Verificador, e indicado expresamente en el informe previsto en los artículos 41 y 42 de esta ley.
iv) Acreedor Vinculado: Todo Acreedor que respecto del Deudor Empresa controle o posea directa o indirectamente el diez por ciento (10%) o más del capital accionario, de las cuotas sociales o de sus beneficios, según aplique, o de instrumentos de deuda convertibles en acciones o instrumentos de deuda que permitan el control de hecho de la Empresa, o tenga una o algunas de las vinculaciones de consanguinidad o afinidad que se describen en este mismo literal en relación con cualquier miembro del Consejo de Administración, de la gerencia general o de la Alta Gerencia o de cualquier administrador de hecho. En el caso del Deudor persona física, su cónyuge, exista o no separación de bienes, concubino en los casos de...
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