La privatizacion en la Republica Dominicana

 
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"La privatización en la República Dominicana"

Ana Isabel Messina

Hace más de una década que en el mundo industrial desarrollado florece una nueva concepción del rol del Estado para las economías modernas. Lentamente se evoluciona de un enfoque estatista, en el cual el Estado es dueño de diferentes empresas de producción de bienes y servicios, hacia una filosofía en la que el Estado asume un papel de estimulador, orientador y regulador de la iniciativa privada.

Dentro de este movimiento están las distintas modalidades de privatización, inversiones conjuntas (joint ventures), arrendamientos o asociaciones conjuntas entre empresas privadas y empresas del Gobierno.

En América Latina, países como México, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica y Colombia vendieron muchas de sus empresas estatales deficitarias, que representaban una dura carga fiscal para sus respectivos presupuestos.

Esos países promulgaron leyes con reglas claras, procedimientos de tasación y evaluación de las empresas y mecanismos públicos de concursos internacionales y toma de decisión para que los procesos fueran tan honestos y transparentes como fuese posible.

La República Dominicana, lamentablemente, avanza muy poco en este campo. Los gobiernos recientes no definieron políticamente la necesidad y conveniencia de vender las empresas estatales deficitarias.

De hecho, el país no cuenta con una ley que regule o permita la privatización de las empresas públicas o entidades autónomas, cuyo mantenimiento cuesta más de RD$4,000 millones al año en subsidios del Gobierno Central. Algunos sectores políticos con concepciones centralistas del gobierno no aceptan estas corrientes modernas.

Esto tiene un fuerte costo económico para el país y crea un vacío jurídico en los planes de reformar el Estado dominicano.

Las privatizaciones realizadas son muy sui gétietis, pues permiten la incursión de la empresa privada en áreas monopolizadas por el Estado, pero, en verdad, todavía no se ha traspasado ninguna industria o activo público al sector privado.

Tal es el caso de las nuevas plantas de generación de energía instaladas en base a la Ley Orgánica de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).

Con sus nuevas inversiones, estos generadores independientes de energía producen el 55% de la producción global, pero sin comprar las plantas a la CDE. En el proyecto para crear una nueva Ley de Energía, se contempla crear el marco para la reestructuración y privatización real de la CDE.

Mientras...

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