El procurador general anticorrupción

 
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El procurador general anticorrupción

José Luis Taveras

Editorial.

Aminorar la impunidad en materia de corrupción pública ha sido una demanda social tan añeja como desatendida.

La corrupción ha sido estudiada, medida y diagnosticada. Las propuestas abundan; los esfuerzos escasean. La poca atención que ha recibido este vicio social ha sido: a) reactiva: como respuesta remedial a algunos escándalos; b) casuística: es decir, basada selectivamente en casos expiatorios; c) periférica: en tanto no constituye una política central del Estado; d) cosmética: usada para dar golpes de efecto político; e) retórica: porque se diluye en las promesas; f) demagógica: usada para inspirar un compromiso inexistente; y g) retorcida: porque las estructuras para combatirla se usan para filtrarla.

Todavía la República Dominicana aparece en el cuadro de naciones donde la corrupción pública tiene las tasas más altas de percepción, y no es para menos: la impunidad ha sido desde siempre el criterio de actuación (¿u omisión?) de la autoridad pública.

Uno de los condicionamientos más severos que ha tenido el Ministerio Público para poder merecer mejores calificaciones en este desempeño ha sido su dependencia política del Poder Ejecutivo. No es secreto para nadie que, a pesar de las reformas de independencia, el Ministerio Público sigue siendo un despacho político. Esa subordinación en la gestión anticorrupción ha sido disimulada a través de entidades eufemísticas como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Este departamento tiene limitaciones sensibles de diseño: debe obediencia jerárquica al procurador general y no tiene autonomía presupuestaria. Tales ataduras constituyen rémoras a su libertad jurisdiccional y diluyen cualquier iniciativa de...

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