A propósito de la reforma constitucional, del ambiente qué

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A propósito de la reforma constitucional: ¿y del ambiente qué?

Gustavo J. Mena G.

“La recepción en las normas constitucionales de unas cláusulas con marcado acento ‘ecológico’, supone desde luego la repuesta normativa a una necesidad social.” Gerardo Ruiz – Rico Ruiz.

Nos tienen acostumbrados a que: faltando dos años para las elecciones presidenciales, existiendo predominio congresional de algún partido, cuando parece que nuestros problemas nacionales (energéticos, pobreza, salud, ambientales, seguridad, etcétera) ya fueron resueltos, nos hablen de “reforma constitucional”.

Representantes de todos los sectores vierten a los medios de comunicación sus puntos de vistas sobre esto, y como ejemplo vemos como el Cardenal Nicolás de Js. López Rodríguez favorece para una próxima reforma sustantiva la “introducción del castigo de la cadena perpetua para las personas que resulten culpables de cometer delitos graves, como serían asesinatos con premeditación y alevosía, violación y asesinatos de niños y mujeres…” (ver Listín Diario, La República página 5, 1º de junio de 2006).

Otros a través de un editorial resaltan la imperiosa necesidad “de otras herramientas constitucionales, como referéndum o el plesbicitopara que la voluntad del ciudadano en demanda de cambios o giros en nuestras políticas socialesy económicas y en el fortalecimiento del Estado de Derecho pueda plasmarse sin temor a maniqueísmos politiqueros (ver Listín Diario, Opinión, Pág. 10, 1º de junio de 2006).

El partido oficialista, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presenta, ante la actual situación de mayoría congresional, un conjunto de propuestas que forman parte del programa de Gobierno de ese partido para el periodo 2004-08. Entre las que caben mencionar “unificación de las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales, limitación de la reelección presidencial, nuevosprocedimientos para elegir a losmiembros de la Junta CentralElectoral y Cámara de Cuentas, ampliación de las atribuciones del Consejo de la Magistratura e introducción de figuras como el plesbicito, referéndum, defensor del pueblo, incorporar el Recurso de Amparo, crear el Tribunal de las Garantías Constitucionales, fortalecer el Poder Municipal…”, entre otras. (ver Diario Libre, Noticias, Pág. 16, 29 de mayo del 2006).

Y así la cronología donde se habla de “no apresurarnos a modificaciones o reformas”, otros de “consenso”, otros de “representación y participación en el proceso”, otros de “la forma y metodología” y otros de “quién o quiénes”.

De esto sacamos conclusiones tales como:

  1. Existen voces de la necesidad de reformar nuevamente la Constitución dominicana;

  2. Esta necesidad se produce recurrente por situaciones políticas;

  3. Se ha ampliado los aspectos a introducir, no solamente temas electorales (já), significaría esto último que ya dejamos la historia Santana–Báez de una vez por todas, o es sólo una ilusión de que nuestro Estado, nuestros gobernantes y representantes han madurado. Aquí cito a mi amigo Jorge Prats “Nunca ha sido más cierta la aseveración de Loewenstein de que reformas constitucionales emprendidas por razones oportunistas para facilitar la gestión política, desvalorizan el sentimiento constitucional” (ver Jorge Prats, Eduardo “Derecho Constitucional”, Vol. II, Sto. Dgo., Edit. Gaceta Judicial, 2005, Pág. 885);

  4. Se nos olvidan los trabajos y resultados de éstos, realizados anteriormente por el propio Estado dominicano (CONARE), con ayuda y cooperación nacional e internacional, y así no tener que comenzar desde la nada y demostrar una vez más la ausencia de institucionalidad;

  5. Pero para mí, humildemente, la conclusión más relevante es que nuestra Constitución refleja la indiferencia prevaleciente por los poderes estimuladores de reformas al tema ambiental como realidad y determinante de nuestra sociedad y estado, desde la óptica patrimonial, fundamental e institucional, como el no propiciar el desarrollo a través de una norma constitucional más verde o sostenible. Este tema parece que no es importante, parece que sólo nos importa a un grupo de locos.

¿Por qué una Constitución más verde o sostenible? A los fines de motivarnos a este tipo de propuesta y reforma las tendremos nacionales, internacionales y jurídicas.

Nacionales. Donde ejercemos la soberanía nacional (ver artículos 3 y 5 de la Constitución de la República Dominicana del 25 de julio 2002) no es sólo 48,670.82 Kms2 de territorio, no, es más que eso, comprendemos dos tercios del suelo insular sea Hispaniola o Española (como denominaba Colón) o Haití (como denominaban los taínos, especie ya extinta), compartiendo con otra nación suelo, agua y atmósfera, biosfera o ecosistemas, recursos y problemas ambientales, sociales, económicos y hasta a veces políticos.

Además de esa particularidad geopolítica, tenemos otros aspectos que no debemos olvidar y estos son que de esos kilómetros cuadrados (Kms2) tenemos 1,575 de costas de las que contamos con 1,470 de litoral pues el resto son de islas adyacentes, con una zona total marina bajo jurisdicción dominicana de 138,000 Kms2.

Esto se complica ante problemas como erosión de playas, dunas y ambientes sumergidos; deterioros de arrecifes coralinos y pérdida de la biodiversidad marina; sedimentación y contaminación de residuos sólidos y aguas servidas directamente; tala de manglares; manejo y uso irracional de la franja de los 60 metros de nuestro litoral o costa; concentración del 95% de la actividad turística; concentración de 9 zonas portuarias donde se concentra el intercambio comercial y sobre todo concentración poblacional pues de 31 provincias, 17 son costeras; degradación de los ecosistemas costeros que forma parte de nuestra soberanía.

En nuestro soberano territorio ejercemos esta de manera implícita de humedales naturales (lagunas y estuarios), unos 1,673 Kms2 y 4,391 artificiales; contamos con 17 zonas productoras de aguas (4,000 corrientes), concentrándose la mayor cantidad en uno de nuestros ejes montañosos (Cordillera Central – Madre de las Aguas) y las otras repartidas en las otras tres (Septentrional, Oriental y Occidental).

De las zonas productoras de aguas tres son compartidas con Haití, es decir son aguas transnacionales (ríos Nagribié y Barrero en Sierra de Neiba, Río Solietté en Sierra de Bahoruco y Artibonito en Nalga de Maco). Ocupando nuestras cuencas hidrográficas la importancia de la producción, distribución y mal uso del recurso más importante para la vida de nuestro país, el recurso agua, recorriendo y teniendo una superficie de unos 26,990 Kms2 en su conjunto de nuestro territorio (más del 50%), pero con el impacto de una población superior de los 5 millones de habitantes que impactan ese curso, 14 presas (6 hidroeléctricas y 88 acueductos), existiendo 19 áreas protegidas en ese espacio.

Aquí nos complicamos cuando el 86% de nuestras cuencas altas tienen grandes problemas de degradación; nuestros principales cuatro ríos (Yaque del Norte, del Sur, Ozama y Yuna) tienen niveles críticos de contaminación y disminución de sus caudales, salinización de acuíferos por introducción de agua marina en la costa, mal manejo de las aguas negras afectando y produciendo mala calidad del agua (superficial, costera e hídricos subterráneos) hasta un 29% de muestras de coleiformes; escasez de agua (producto de la demanda para riego – 70%); manejo irracional de nuestras cuencas (produciendo erosión del suelo); sin mencionar 269 mil hectáreas destinadas a riegos y 94 mil toneladas de fertilizantes-

La agricultura contribuye con el 35% de la contaminaciónde las cuencas del Ozamay del Yuna y la ganadería con el 20% de la cuenca del Yaque del Norte y Yuna; la demanda actual ronda por 10 mil millones de milímetros cúbicos, que representa el 44% del total de los recursos de agua dulce disponibles (ojo más del 10% representa problema del manejo del recurso).

El 45% de los sistemas de agua potable provenientes de aguas subterráneas está contaminado con compuestos químicos; 2/3 de los pozos rurales de aguas subterráneas violan normas ambientales de calidad conteniendo altos niveles plaguicidas o nitratos provenientes de los fertilizantes y el 25% de las aguas subterráneas utilizables en nuestro país están contaminadas.

Nuestros suelos encuentran los accidentes que producen los macizos montañosos (ya indicados), convirtiendo en una geografía peculiar que basta indicar que tenemos un 12.20% de nuestro suelo árido (5,481.37 Kms2); el 58.04% (28,000 Kms2) de nuestro territorio tiene un uso apropiado forestalmente hablando, no apto para el cultivo; nuestra cobertura boscosa...

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