Resolución No. 169-04 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), 2004

• Número de radicado: 169-04
• Año: 2004
• Fecha de publicación: 28 Octubre 2004
• Emisor: Consejo Directivo

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

(INDOTEL)

RESOLUCION No. 169-04

QUE ORDENA EL INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA PARA DICTAR EL

REGLAMENTO DE LIBRE Y LEAL COMPETENCIA PARA EL SECTOR DE LAS

TELECOMUNICACIONES

El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en

ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 78, 84 y 93 de la Ley General de

Telecomunicaciones, número 153-98, del 27 de mayo de 1998, reunido válidamente previa

convocatoria, dicta la siguiente RESOLUCIÓN:

CONSIDERANDO: Que el numeral 12 del artículo 8 de la Constitución de la República

garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, como uno de los derechos individuales

y sociales que deben ser protegidos por el Estado Dominicano;

CONSIDERANDO: Que al suscribir el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

(GATS) del Acta Final de Negociaciones Multilaterales, ratificado por Resolución No. 02-95

del 20 de enero de 1995, Gaceta Oficial No. 99026, el Estado Dominicano, junto a los demás

Estados Miembros, manifestó su voluntad de “…establecer un marco multilateral de principios

y normas para el comercio de servicio con miras a la expansión de dicho comercio en

condiciones de transparencia y liberalización progresiva y como medio de promover el

crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en

desarrollo”;

CONSIDERANDO: Que en el mes abril del año 2000, la Oficina de Desarrollo de las

Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión

Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de Estados Americanos

(OEA) publicaron el Libro de Políticas de Telecomunicaciones para las Américas (Libro Azul),

dentro del cual se incluyen las siguientes recomendaciones: “93. Los objetivos y las razones

que llevan a un país a abrir el mercado de los servicios de telecomunicaciones a la

competencia deben ser muy claros y transparentes desde el comienzo. […] 95. Entre los

beneficios que ofrece la competencia se destacan: Mayor eficacia; mejor respuesta a las

necesidades del usuario (incluyendo una mayor cantidad de opciones de servicio y precios y

tarifas más atractivos); innovación. […]118. Para satisfacer el interés público, hay que regular

convenientemente, por un lado, las condiciones de prestación de servicios básicos de

telecomunicación por parte de los proveedores dominantes, y por otro lado, las condiciones

de interconexión para los nuevos actores. La función de la legislación y del órgano regulador

consiste en no dejar al público sin derecho de recurso ni a merced del proveedor dominante

de un servicio fundamental. […] 120. En muchos países deben coexistir actualmente

proveedores de servicios dominantes y en competencia. Por consiguiente, el mercado tiene

que contener al mismo tiempo áreas intervenidas y no intervenidas. En este entorno, la

autoridad reguladora debería estar facultada para evitar abusos por parte del proveedor

dominante, pero también debe evitar escrupulosamente utilizar la reglamentación para

controlar el funcionamiento del mercado en el régimen de competencia. Por ejemplo, la

autoridad reglamentadota debería procurar que los costos se atribuyan de forma razonable

entre los servicios monopolistas y en competencia, pero por lo demás debería ser remisa a la

hora de intervenir en la fijación de precios de los servicios en competencia. […]”;

CONSIDERANDO: Que en atención a lo anterior, el Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL), en su calidad de órgano regulador de las

telecomunicaciones de la República Dominicana, Estado miembro de la Organización Mundial

de Comercio (OMC), al expedir por medio de la presente decisión una regulación para

prevenir, corregir y sancionar las prácticas restrictivas a la competencia para los servicios

públicos de las telecomunicaciones, debe hacer cumplir y respetar los siguientes

compromisos que sobre la materia contiene dicho Tratado:

“Artículo VIII: Monopolio y proveedores exclusivos de servicio.

1. Cada Miembro se asegurará de que ningún proveedor monopolista

de un servicio en su territorio actúe, al suministrar el servicio objeto de

monopolio en el mercado pertinente, de manera incompatible con las

obligaciones del Miembro en virtud del artículo II y sus compromisos

específicos.

2. Cuando un proveedor monopolista de un Miembro compita,

directamente o por medio de una sociedad afiliada, en el suministro de

un servicio que no esté comprendido en el ámbito de sus derechos de

monopolio y que esté sujeto a los compromisos específicos contraídos

por dicho Miembro, éste se asegurará de que ese proveedor no abuse

de posición monopolista para actuar en su territorio de manera

incompatible con esos compromisos.

3. A solicitud de un Miembro que tenga motivos para creer que un

proveedor monopolista de un servicio de otro Miembro está actuando

de manera incompatible con los párrafos 1 ó 2, el Consejo de

Comercio de Servicios podrá pedir al Miembro que haya establecido o

que mantenga o autorice a tal proveedor que facilite información

específica en relación a las operaciones de que se trate.

4. Si, tras la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, un

Miembro otorgará derechos monopolistas en relación con el

suministro de un servicio abarcado por los compromisos específicos

por él contraídos, dicho Miembro lo notificará al Consejo de Comercio

de Servicios con una antelación mínima de tres meses con relación a

la fecha prevista para hacer efectiva la concesión de los derechos de

monopolio, y serán aplicables las disposiciones de los párrafos 2, 3, y

4 del Artículo XXI. 5. Las disposiciones del presente artículo serán

también aplicables a los casos de proveedores exclusivos de servicios

en que un Miembro, de hecho o de derecho: a) autorice o establezca

un pequeño número de proveedores de servicios, y b) impida en lo

sustancial la competencia entre esos proveedores en su territorio.

Artículo IX: Prácticas comerciales.

Los Miembros reconocen que ciertas prácticas restrictivas comerciales

de los proveedores de servicios, aparte de los comprendidos en el

artículo VIII, pueden limitar la competencia y, por ende, restringir el

comercio de servicios.

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