Responsabilidad patrimonial del Estado en materia de contrataciones públicas

• Autor: Argenis García del Rosario
• Cargo: Juez del Tribunal Superior de Tierras, dpto. Este, docente de Derecho Administrativo y Tributario, magíster en Derecho de la Administración del Estado y en Derecho Tributario y Procesal Tributario
• Páginas: 20-26

20 |GACETA JUDICIAL AÑO 25, NÚM. 399, JUNIO 2021

Argenis García Del Rosario

Juez del Tribunal Superior de Tierras, dpto. Este, docente de Derecho Administrativo y Tributario, magíster

en Derecho de la Administración del Estado y en Derecho Tributario y Procesal Tributario.

derechouce@gmail.com

CONTRATACIÓN PÚBLICA

ESPECIAL

INTRODUCCIÓN

Este concepto hace alusión a la obligación de origen legal de la

Administración pública de reparar los daños y perjuicios causa-

dos a otros sujetos de derecho, que sean la consecuencia de sus

actividades. Aunque hoy en día es un concepto ampliamente

aceptado y reglado, no siempre fue así. Era la época de la irres-

ponsabilidad absoluta de la Administración; en el Estado absolu-

tista el monarca estaba por encima de sus propias leyes y podía

ejercer su gobierno sin límites ni restricción alguna más que con-

sigo mismo. No por menos se llegó a acuñar el viejo apotegma

atribuido a Luis XIV: L’état, c’est moi, o “Yo soy el Estado”, a par-

tir del cual se revela el nivel de superioridad de un imperio total-

mente irresponsable.

En el sistema francés, y a partir de una amplia evolución del

derecho administrativo luego de la Revolución francesa del 1789,

el Consejo de Estado francés reconoció el principio general de

responsabilidad patrimonial de la Administración pública, de

acuerdo con normas propias y no con normas de derecho civil

usualmente reconocidas a partir de los artículos 1382 y siguien-

1 GARCÍA DEL ROSARIO, Argenis. Fundamentos de la responsabilidad patrimonial del Estado, 2.ª ed.: Santo Domingo, Editora Soto Castillo, Consejo del Poder Judicial, 2017, p. 75.

tes del mismo código francés que tenemos en nuestro ordena-

miento jurídico local. El reconocimiento no fue legislativo sino

jurisprudencial, cuando el Tribunal de Conflictos francés, el 8 de

febrero del 1873, evacuó la sentencia del conocido Arr̂t Blan-

co, en ocasión del caso de la menor Agnes Blanco, quien sufrió

un accidente por colisión vehicular mientras transitaba por la

vía pública, resultando con lesiones de gravedad provocadas por

una vagoneta propiedad de la empresa Tabacos Bordeaux perte-

neciente al Estado1. A partir de esta decisión se sentó el criterio

de que la responsabilidad que puede incumbir al Estado por los

daños causados a los particulares por el hecho de las personas

que emplea el servicio público ti ene sus reglas propias que varían

según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los

derechos del Estado con los derechos privados.

En el caso dominicano, el reconocimiento de esta responsa-

bilidad también fue el fruto de una evolución paulatina que no

estuvo presente desde los arbores de nuestra primera República.

En el marco constitucional se registra —aunque con un epígra-

fe incorrecto— a partir del artículo 148 de la Constitución, pero

RESUMEN:

La responsabilidad patrimonial del Estado en materia de contrataciones públicas, en nuestro derecho, pocas veces hace alusión a la

obligación de la Administración de indemnizar a aquellas personas con las que mantiene una relación contractual, por incumplimien-

to del contrato o en virtud de una resolución de este. Aunque la legislación que establece el régimen de la responsabilidad de las

administraciones públicas no excluye expresamente la de origen contractual, lo que plantea algunos problemas prácticos, bajo este

concepto se alude generalmente a la responsabilidad extracontractual. En el presente artículo veremos sobre líneas generales algu-

nas implicaciones jurídicas enfocadas desde estos ámbitos.

PALABRAS CLAVES:

Responsabilidad patrimonial, contractual, daño, perjuicio, lucro cesante, emergente, antijurídico, solidaridad, funcionario, adjudicación,

actos separables, procedimiento irregular, actuación Lícita, derecho administrativo, República Dominicana.

Responsabilidad patrimonial

del Estado en materia de

contrataciones públicas