Sentencia Nº TC/0030/20 de Tribunal Constitucional, 06-02-2020

Fecha de Resolución: 6 de Febrero de 2020
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Pedro Figueroa Hernández contra la Sentencia núm. 1272, de doce (12) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2019-0166, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el
señor P.F.H. contra la Sentencia núm. 1272, de doce (12) d e diciembre de dos mil dieciséis (2016),
dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia. Página 1 de 40
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0030/20
Referencia: Expediente núm.
TC-04-2019-0166, relativo al
recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional
incoado por el señor P.
.
F..H. contra la
Sentencia núm. 1272, de doce
(12) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), dictada por la
Segunda S. de la Suprema
Corte de Justicia.
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los seis (6) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados
R.D..F., primer sustituto en funciones de presidente; L..V.
.
S., segundo sustituto; H.A. de los Santos, J..A...
.
A., A.L.B.M., A.I.B.H., V.
.
J..C..P., D..G. y W..S..G..R., en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 9, 53 y siguientes de la Ley
núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la
siguiente sentencia:
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Expediente núm. TC-04-2019-0166, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 1272, objeto del presente recurso de revisión constitucional,
fue dictada por la Segunda S. de lo Penal de la Suprema Corte de Justicia el
doce (12) de diciembre de dos mil dieciseis (2016). Dicha decisión rechaza el
recurso de casación interpuesto por el señor P..F.H. y, en
consecuencia, confirma la sentencia recurrida. La parte dispositiva de dicha
decisión dispone textualmente lo siguiente:
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por P..
.
F.H., contra la sentencia núm. 00062/2015, dictada por
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de
San Francisco de Macorís el 20 de abril de 2015, cuyo dispositivo se
copia en parte anterior de la presente decisión;
Segundo: Confirma la referida sentencia;
Tercero: E. al recurrente del pago de costas;
C.to: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de
Justicia notificar a las partes la presente decisión.
Quinto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de
Justicia notificar la presente decisión al J. de la Ejecución de San
Francisco de Macorís.
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En el expediente correspondiente a este proceso no consta acto de notificación
íntegra de la presente sentencia.
2. Presentación del recurso de revisión
El señor P.F..i.H. interpuso el presente recurso de revisión de
decisión jurisdiccional el diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017)
ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, recibido por este
tribunal el seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019), con la finalidad de
que se declare nula la sentencia recurrida tras considerar que vulnera el
principio de legalidad de la pena y juzgamiento conforme a las leyes
preexistentes contenidas en los artículos 40, numerales 13 y 15, y 69.7 de la
Constitución.
Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, señora W.T.
.
P., mediante Acto núm. 151/2017, de dieciocho (18) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial J..A.G.F.,
alguacil de estrados del Juzgado de Paz del Factor, a requerimiento de la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, dicho recurso
fue notificado a la Procuraduría General de la República, mediante Oficio núm.
5459, de nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete, de la Suprema Corte de
Justicia.
3. Fundamentos de la sentencia recurrida
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C.P., el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad
con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR, en cuanto a la forma, admisible el recurso de
revisión de decisión jurisdiccional incoado por el señor P.F.
.
H. contra la Sentencia núm. 1272, de doce (12) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el
dispositivo anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia recurrida.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para
su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor P..F.
.
H., a la parte recurrida, señora W.T.P., y a la
Procuraduría General de la República.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.
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Firmada: R.D.F., J.P.S., en funciones de Presidente;
L.V..S., J. Segundo Sustituto; H..A. de los
Santos, J.; J.A.o A., J.; A.L..B.M., J.;
A.I.B.H., J.; V..J.C.P., J.;
D.G., J.; W.S..G.R., J.; J..J.R.B.z,
S..
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL
En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente
las previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de
junio de dos mil once (2011) (en adelante, “Ley núm. 137-11”), formulo el
presente voto, pues mi discrepancia se sustenta en la posición que he venido
defendiendo en las deliberaciones del Pleno en relación al manejo de los
requisitos de admisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional,
tal como expongo a continuación:
VOTO SALVADO:
I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
1. En fecha diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017), el señor
P.F.H.nández recurrió en revisión constitucional la sentencia núm.
1272, de fecha 12 de diciembre de 2016, dictada por la Segunda S. de la
Suprema Corte de Justicia. Esta decisión rechaza el recurso de casación
interpuesto por el recurrente contra la sentencia dictada por la la Segunda S.
de lo Penal de la Suprema Corte de Justicia.
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2. La mayoría de los honorables jueces que componen este tribunal hemos
concurrido con el voto mayoritario en la dirección de rechazar el recurso de
revisión de decisión jurisdiccional y confirmar la sentencia recurrida, tras
considerar que la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia en su decisión
dejó expresado con claridad los motivos por los que la sentencia de Corte realizó
una buena administración de justicia en los distintos aspectos planteados por el
señor P.F.H. en su recurso.
3. Sin embargo, entiendo necesario dejar constancia de que, si bien me
identifico con el razonamiento mayoritario del fallo dictado, no comparto el
abordaje que la decisión realizó al examinar los diferentes criterios expuestos
en relación a los requisitos de admisibilidad previstos en los literales a), b) y c)
del artículo 53.3 de la citada Ley núm. 137-11, en los casos en que se ha
invocado violación de un derecho fundamental.
II. ALCANCE DEL VOTO: NO ES PROCESALMENTE
ADECUADADO CONSIDERAR “SATISFECHOS” LOS REQUISITOS
DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN
ESTABLECIDOS EN LOS LITERALES A), B) Y C) DEL ARTÍCULO
53.3 DE LA LEY NÚM. 137-11, CUANDO EN REALIDAD ESTOS SE
CUMPLEN
4. En la especie, este Tribunal ha entendido necesario revisar las diversas
hipótesis que se han planteado sobre la admisibilidad del recurso de revisión de
decisión jurisdiccional, para evitar que en uno u otros casos pudiera apartarse
del precedente contenido en la Sentencia TC/0057/12 de fecha dos (02) de
noviembre de dos mil doce (2012), que dispuso lo siguiente:
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El recurso de revisión constitucional se fundamenta en las disposiciones
del artículo 53.3, es decir, el caso en el que “se haya producido una
violación de un derecho fundamental”-, por lo que su admisibilidad,
según lo establece el referido texto, está subordinada al cumplimiento de
“todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente
en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado
conocimiento de la misma;
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido
subsanada; y
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de
modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano
jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al
proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal
Constitucional no podrá revisar.”
Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que
el reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido invocado
formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya
reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que,
como la que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo
que la recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad
para presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho
requisito deviene en inexigible.
Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si
se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse
que no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una
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violación que ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la
que también aplica la inexigibilidad referida en el párrafo anterior.
Asimismo, el requisito consignado en el literal c) del referido artículo,
no se cumple en la especie, pues el daño reclamado no puede ser
“imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión
del órgano jurisdiccional” -es decir, a la sentencia recurrida-, “con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá
revisar.”
5. La situación antes señalada condujo a este colegiado a determinar si era
necesario realizar alguna corrección de tipo semántica o de fondo, y en esa
medida velar porque sus decisiones sean lo suficientemente claras y precisas
para sus destinatarios.
6. En concreto, este Tribunal en su Sentencia TC/0123/18 de fecha cuatro
(4) de julio de dos mil dieciocho (2018), abordó el tema en los términos
siguientes:
Respecto de los criterios para realizar el examen de admisibilidad del
Artículo 53.3 de la Ley 137-11, este tribunal ha dictado un importante
número de decisiones que se refieren por igual a un notable grupo de
hipótesis, con lo cual podrían existir aplicaciones divergentes del
precedente. Cuando existen muchas decisiones del Tribunal
Constitucional en aplicación de un precedente, que pudieran tornarse
divergente, es necesario analizar dichos criterios y determinar si este
tribunal debe aclarar, modificar o abandonar el mismo. Bien se trate de
una cuestión de lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar porque sus
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precedentes sean lo suficientemente claros y precisos para que los
destinatarios puedan aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la
igualdad y la racionalidad. Esto no solo se exige a la hora de sentar un
precedente, también al momento de aplicarlo cuando el Tribunal, como
órgano del Estado, se encuentra vinculado a dicho precedente
(TC/0195/13; TC/0606/15).
7. Para solucionar la problemática este Tribunal se fundamentó en los
principios de oficiosidad y supletoriedad previstos en el artículo 7, numerales
11 y 12 de la referida Ley núm. 137-11, y en atención a que la misma ley permite
acudir a las modalidades de decisiones dictadas en otras jurisdicciones
comparadas
2
conforme dispone el principio de vinculatoriedad
3
, se auxilió de la
modalidad de sentencias utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional
de Colombia, con el fin de unificar criterios para resolver posibles
contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la
vigencia o protección de los derechos fundamentales.
8. Conforme establece la decisión, esta tipología de sentencias “tienen como
finalidad unificar criterios en la jurisprudencia para resolver posibles
contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la
vigencia o relación de derechos fundamentales… o cuando un asunto de
transcendencia lo amerite.
9. En ese sentido, como hemos apuntado en los antecedentes, la citada
decisión determinó que las sentencias de unificación del Tribunal
2
Esa decisión explica que, aunque las modalidades de sentencias constitucionales comparadas se encuentran ubicadas bajo
el título de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley 137-11, este tribunal ha utilizado dicha tipología de sentencias
en otros procesos y procedimientos constitucionales distintos al primero (TC/0221/16).
3
Artículo 7.13 de la Ley 137-11. Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que
adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen p recedentes vinculantes para
los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
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Constitucional proceden en los casos siguientes:
Cuando por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de
precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan
divergencias o posibles contradicciones que hacen necesaria la
unificación por razones de contenido o lenguaje; b) Cuando por la
existencia de una cantidad considerable de precedentes posiblemente
contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina; y, c) Por la
cantidad de casos en que, por casuística se aplican a criterios concretos
para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace necesario que el
Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la naturaleza de la
cuestión.
10. En la especie este colegiado justificó la unificación de criterios de los
supuestos de admisibilidad previstos en el artículo 53.3 de la referida Ley núm.
137-11, sobre la base de la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones
que integran nuestra doctrina al aplicar el precedente contenido en la sentencia
TC/0057/12; razón por la que en lo adelante el Tribunal Constitucional optará
por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional, dispuestos en el artículo 53.3 de la Ley
núm. 137-11, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo al examen
particular de cada caso, a partir de los razonamientos siguientes:
En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la
invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única
o última instancia, evaluación que se hará, como hemos dicho, tomando
en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio
de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude
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a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien
porque el requisito se invocó en la última o única instancia o bien no
existen recursos disponibles para subsanar la violación.
11. En ese sentido, esta sentencia resuelve el abordaje del cumplimiento de
los citados requisitos señalando, en el párrafo 10.8, lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el Tribunal Constitucional, al analizar el
cumplimiento de los requisitos citados a la luz del criterio establecido
por la sentencia TC/0123/18 comprueba que con relación a los literales
a), b) y c) estos son satisfechos, pues la presunta vulneración de los
derechos fundamentales ha sido invocada a lo largo de todo el proceso
judicial; no existen más recursos ordinarios que permitan subsanar las
presuntas violaciones; y las mismas se le imputan a la Suprema Corte de
Justicia, la cual examinó y decidió la sentencia cuya revisión ahora se
solicita a este Tribunal.
12. Como se observa, para determinar el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad del recurso de revisión constitucional previstos en los literales a),
b) y c) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, esta sentencia considera que los
mismos se “encuentran satisfechos”, en lugar de establecer que “se cumplen”,
no obstante establecer en la misma que ello no implica un cambio de precedente,
en la medida en que se mantiene la esencia del criterio que alude a la
imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso por las razones
expuestas.
13. Efectivamente, el precedente sentado en la citada Sentencia TC/0057/12
ha sido variado, y esto queda comprobado cuando se establece que en las
condiciones anteriormente prescritas los referidos requisitos resultan
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“satisfechos” o “no satisfechos”, lo que obligaba a que este colegiado diera
cuenta que se apartaba del mismo, conforme dispone el artículo 31 párrafo I de
la referida Ley núm. 137-11.
14. Desde esta perspectiva, la semántica de la palabra satisfacción refiere a
la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse; razón, acción o modo con que se
sosiega y responde enteramente una queja
4
, mientras que el cumplimiento alude
a la acción de cumplir o cumplirse o cumplido o bien la perfección en el modo
de obrar o hacer algo, abasto o provisión de algo, supuesto este último que se
produce cuando el recurrente ha cumplido cabalmente el mandato previsto en
la normativa procesal que reputa admisible el recurso de revisión que ha sido
impetrado.
15. En ese sentido, a mi juicio, en el caso planteado la “satisfacción” no
puede ser un supuesto válido, pues más bien, dichos requisitos se cumplen. Es
por ello que resultaba necesario que el Tribunal Constitucional valorara este
supuesto desde una aproximación a la verdad procesal y con ello abrir la
posibilidad del recurso partiendo de los principios y valores de la Ley núm. 137-
11 cuando las condiciones previstas han sido cumplidas, es decir, cuando el
derecho fundamental vulnerado ha sido invocado formalmente en el proceso,
tan pronto se haya tenido conocimiento de la violación y agotado todos los
recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la
violación no haya sido subsanada.
16. En el supuesto planteado, el reclamo fundamental que se realiza se ha
producido tanto en el desarrollo del proceso como contra la decisión que pone
fin a la controversia, razón por la cual pudo ser “invocado previamente”, por lo
que el recurrente ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar
4
Diccionario de la Real Academia Española.
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el referido reclamo y en efecto lo hizo; situación en la que el requisito contenido
en literal a) en vez de satisfecho, ha sido cumplido. Igualmente, si se acepta que
su invocación ha sido posible, a fortiori ha de aceptarse que los recursos previos
fueron agotados sin haberse subsanado la violación que ha sido invocada,
situación en la que también aplica el razonamiento anterior de que se cumple el
requisito establecido en el literal b) del artículo 53.3. De igual modo se cumple
el requisito estipulado en el literal c) en la medida en que los derechos
fundamentales invocados son imputables directamente al órgano jurisdiccional,
quien no protegió los derechos invocados por los recurrentes.
17. Ahora bien, una de las funciones genuinas del Tribunal Constitucional,
derivada del principio de autonomía procesal
5
, es la corrección de los defectos
normativos de la ley orgánica cuando estos se manifiestan en forma de laguna
o cuando ésta deba ser adaptada o adecuada a los fines constitucionales, sin
embargo transformar los conceptos que determinan los requisitos de
admisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, como ha
ocurrido en la especie, trasciende dicha facultad, aunque ésta se haya
desarrollada bajo la institución de unificación criterios y su fin último sea
resolver posibles contradicciones originadas en sus decisiones jurisdiccionales.
18. Es así que, la citada facultad de este colegiado tiene límites en los
principios y valores constitucionales que deslindan las actuaciones de todos los
órganos constituidos, y no lo es menos el Tribunal Constitucional como último
intérprete de la Constitución, pues sustituir o transformar la estructura y
enunciados de una norma (art. 53.3 de la Ley núm. 137-11) equivale a modificar
los procedimientos constitucionales fuera de los canales legislativos previstos
en el ordenamiento constitucional.
5
Sentencia TC/0039/12 del 13 de septiembre de 2012, literal “i”, página 6.
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19. De acuerdo al artículo 184 de la Constitución, las decisiones del Tribunal
Constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes
vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Esto implica
que el propio tribunal debe acogerse a sus decisiones previas y respetarlas, a no
ser que existan motivos de importancia que le obliguen a desligarse, en cuyo
caso, como hemos apuntado, debe exponer los fundamentos de hecho y de
derecho que le conducen a modificar su criterio, tal como lo indica el párrafo I
del artículo 31 de la Ley núm. 137-11.
20. El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar
estabilidad en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en
primer orden, para que las decisiones del Tribunal sean respetadas por el propio
tribunal (autoprecedente) y por los demás poderes públicos, y en segundo orden,
para proveer a los ciudadanos la certeza de que ante hechos similares se
aplicarán las mismas consecuencias jurídicas.
21. La importancia del precedente ha llevado al sistema jurídico de Colombia
a reconocerlo como un nuevo derecho de los ciudadanos frente a la
Administración, y consiste en la expectativa legítima en la cual las autoridades
den un trato igual al que ha beneficiado a otros, mediante la aplicación de
precedentes judiciales que hubieren resuelto casos similares al suyo
6
. Así que,
la incorporación de esta institución en su legislación positiva constituye una
manifestación inequívoca de la relevancia normativa que ésta supone para
ajustar a niveles óptimos el principio de igualdad en las decisiones de los
tribunales.
22. Por estas razones reitero el criterio planteado en los votos que he venido
6
Artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. El nuevo código de procedimiento y de lo contencioso administrativo propuso a través
de los artículos 10, 102, 269, 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, un sistema qu e convierte a la jurisprudencia del Consejo
de Estado en una guía para que el Estado dé a los ciudadanos un trato más igualitario y justo.
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desarrollando sobre este tema, destacando la importancia de los precedentes y
su aplicación en casos con características similares, con el fin de salvaguardar
el derecho a la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos.
III. CONCLUSIÓN
23. La cuestión planteada conducía a que, en la especie, atendiendo al
mandato contenido en el artículo 53.3) de la Ley núm. 137-11, el tribunal se
limitara a verificar la concurrencia y “cumplimiento” de los requisitos
establecidos en los literales a) y b) y c). Frente a supuestos en los que los
requisitos previstos en el artículo 53.3) de la Ley núm. 137-11 “se cumplen” no
es necesario acudir a la fórmula interpretativa establecida mediante la sentencia
de unificación de criterios TC/0123/18, sino que, a nuestro juicio, es más
adecuado aplicar lo previsto por la ley.
Firmado: Lino V.S., J. Segundo Sustituto
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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