Sentencia Nº TC/0076/23 de Tribunal Constitucional, 25-01-2023

• Número de sentencia: TC/0076/23
• Fecha: 25 Enero 2023
• Número de expediente: TC-02-2020-0005
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-02-2020-0005, relativo al control preventivo de constitucionalidad del A.o regional sobre el

acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el

Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de do s mil dieciocho (2018), firmado por Republica

Dominicana el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Página 1 de 58

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0076/23

Referencia: Expediente núm. TC-02-

2020-0005, relativo al control

preventivo de constitucionalidad del

A.o regional sobre el acceso a la

información, la participación pública y

el acceso a la justicia en asuntos

ambientales en América Latina y el

Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica,

el cuatro (4) de marzo de dos mil

dieciocho (2018), firmado por

República Dominicana el veintisiete

(27) de septiembre de dos mil

dieciocho (2018).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil

veintitrés (2023).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados

M.R..G., presidente; R..D.F., primer sustituto; L.

.

V.S., segundo sustituto; A.L..B.M., M.U.

.

B..V., J..P..C..K., V..J..C.

.

P., D..G., M..V.M., J.A..V.G.

y E.V.A., en ejercicio de sus competencias constitucionales y

legales, específicamente las previstas en los artículos 185.2 de la Constitución

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-02-2020-0005, relativo al control preventivo de constitucionalidad del A.o regional sobre el

acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el

Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de do s mil dieciocho (2018), firmado por Republica

Dominicana el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Página 2 de 58

dominicana; 9 y 55 de la Ley núm. 137-11, Orgánica de Tribunal Constitucional

y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil

once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

El presidente de la República, en cumplimiento de los artículos 128.1 (literal

d)

1

y 185.2 de la Constitución,

2

de acuerdo con la instancia depositada al efecto

en la Secretaría del Tribunal Constitucional el primero (1ero) de octubre de dos

mil veinte (2020), sometió a control preventivo de constitucionalidad ante este

colegiado el A.o regional sobre el acceso a la información, la participación

pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el

Caribe, suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de dos mil

dieciocho (2018). Dicho instrumento fue firmado por República Dominicana el

veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

1. Objeto del acuerdo

1.1. El A.o regional sobre el acceso a la información, la participación

pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el

Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en

América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información

ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones

ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales; también la creación

1

El artículo 128.1 (literal d) de nuestra Constitución reza como sigue: Atribuciones del Presidente de la República. La o el

Presidente de la República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema

de las Fuerzas Armadas, la Policía nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. 1) En su condición de Jefe de

Estado le corresponde: […] d) Celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la aprobación del

Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República; […].

2

El art. 185.2 de la Constitución establece lo siguiente: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para

conocer en única instancia: […] 2) El control preventivo de los tratados in ternacionales antes de su ratificación por el

órgano legislativo; […].

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-02-2020-0005, relativo al control preventivo de constitucionalidad del A.o regional sobre el

acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el

Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de do s mil dieciocho (2018), firmado por Republica

Dominicana el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Página 3 de 58

y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la

protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras,

a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

1.2. En este sentido, los veintiséis (26) artículos del acuerdo se organizan en

una primera parte, que incluye: preámbulo, objetivo, definiciones y principios.

Cuenta, asimismo, con una parte operativa, que comprende: disposiciones

generales (artículo 4); una regulación de cuatro pilares; a saber: a) primer pilar:

acceso a la información ambiental (artículos 5 y 6); b) segundo pilar:

participación en procesos de toma de decisiones ambientales (artículo 7); c)

tercer pilar: acceso a la justicia (artículo 8); d) cuarto pilar: fortalecimiento de

capacidades regionales (artículo 10); de cooperación (artículo 11); centro de

intercambio de información (artículo 12); finalmente, una serie de

disposiciones relativas a la implementación, seguimiento y evaluación,

recursos, reglas de procedimientos, marco institucional, y disposiciones finales.

1.3. De igual forma, el citado acuerdo pone en práctica el principio 10 de la

Declaración de Río de mil novecientos noventa y dos (1992), ofreciendo una

plataforma única a los Estados para fortalecer la capacidad de protección del

derecho a vivir en un medio ambiente sano; también para que la información

sea proporcionada con total transparencia, abarcando la información escrita,

visual, audio, electrónica o cualquier otro formato, lo cual incluye aquella

relacionada con riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados

que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la

relacionada con la protección y la gestión ambiental y la protección de sus

defensores.