Sentencia Nº TC/0112/18 de Tribunal Constitucional, 21-05-2018

Fecha de Resolución:21 de Mayo de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor Cayetano Mosquea Ventura; y relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017SSEN-00052, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril... (ver resumen completo)

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0112/18
Referencia: 1) Expediente núm. TC-
05-2017-0160, relativo al recurso de
revisión de sentencia de amparo
incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente
núm. TC-05-2017-0165, relativo al
recurso de revisión de sentencia de
amparo incoado por la Procuraduría
F. del Distrito Nacional, ambos en
contra de la Sentencia núm. 046-2017-
SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado
de P.era Instancia del Distrito
Nacional el veinte (20) de abril de dos
mil diecisiete (2017).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; L.M.P.M., primera sustituta; L.
V.S., segundo sustituto; H.A. de los Santos, A.I.
B.H., V.J.C.P., J.C.D., W.
S.G.R., K.M.J.M. e I.R.es, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del
trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, objeto de los recursos de revisión que
nos ocupan, fue dictada el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017), por la
Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito
Nacional. Dicha sentencia acogió la acción de amparo interpuesta por el señor
C.M..V. en contra de la Procuraduría F. del Distrito
Nacional.
La sentencia anteriormente descrita fue notificada mediante el Acto núm. 214/2017,
del ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial
N..M., alguacil de estrados del Juzgado de Paz de la Segunda
Circunscripción, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
2. Presentación del recurso en revisión
En el presente caso, la recurrente, Procuraduría F. del Distrito Nacional, apoderó
a este tribunal constitucional del recurso de revisión contra la sentencia
anteriormente descrita, mediante escrito depositado el quince (15) de mayo de dos
mil diecisiete (2017) ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial del Distrito Nacional, el cual fue
enviado a la Secretaría de la Octava Sala de la Càmara Penal del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Nacional el dieciséis (16) de mayo y, posteriormente, remitido
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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a este Tribunal Constitucional el veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete
(2017). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más
adelante.
El recurso anteriormente descrito fue notificado al señor C.M.
V., mediante comunicación de la Secretaría de la Octava Sala de la Cámara
Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el diecisiete (17) de
mayo de dos mil diecisiete (2017).
Por su parte, el recurrente, señor C.M.V., apoderó a este tribunal
constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita,
mediante escrito depositado el quince (15) de mayo de dos mil quince (2015) ante
la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito
Nacional y remitido a este tribunal constitucional el veintidós (22) de junio de dos
mil diecisiete (2017). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se
exponen más adelante.
El recurso anteriormente descrito fue notificado al L.. D.S., procurador
fiscal adjunto del Distrito Nacional en representación de la Procuraduría F. del
Distrito Nacional, y al señor C.M.V., mediante comunicación
de la Secretaría de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era
Instancia del Distrito Nacional, el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete
(2017).
3. Fundamentos de la sentencia recurrida
El tribunal que dictó la sentencia decidió lo siguiente:
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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Mercedes, alguacil de estrado del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción,
municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, y los recursos que nos
ocupan fueron incoados por la Procuraduría F. del Distrito Nacional y el señor
C.M.V. el quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), es
decir, dentro del plazo de cinco (5) días.
d. La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que el mismo tenga
especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo que dispone
el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En efecto, según el indicado texto:
La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o
relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general
eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y
la concreta protección de los derechos fundamentales.
e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción
abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la Sentencia
TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido
de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:
1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los
cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan
su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que
incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de
principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal
Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la
ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que
introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
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social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de
la supremacía constitucional.
f. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del
expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe
especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible
y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o
relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al
Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo relativo a la obligación de
apoderamiento de un tribunal para el conocimiento de las retenciones de bienes.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
A. En relación con el recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría F.
del Distrito Nacional
a. En la especie, el litigio se origina con la retención del vehículo de carga marca
Toyota, modelo Tacoma, doble cabina, año dos mil diez (2010), color negro, cuatro
puertas, tablilla núm. 846479, chasis 5TELU42NX8Z528271, registro núm.
L35370. No conforme con la indicada retención, el señor C.M.
V. solicitó la devolución del vehículo y, ante la negativa de entrega, interpuso
una acción de amparo en contra de la Procuraduría F. del Distrito Nacional el
nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
b. El juez apoderado de la acción constitucional de amparo la acogió y, en
consecuencia, ordenó la devolución del vehículo anteriormente descrito. No
conforme con la indicada decisión, fue interpuesto por la Procuraduría F. del
Distrito Nacional el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que
nos ocupa.
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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c. La recurrente alega que
[e]l tribunal a-quo, en el numeral Once (11), literal "c", inciso Uno (I),
pagina Ocho (8), de la sentencia ahora impugnada, incurre en una incorrecta
valoración de la prueba aportada, pues entiende que obedece "a un error
material lo relativo al año del vehículo en mención cuyos documentos hacen
referencia de los años 2008 y 2010, pues lo cierto es que es un punto no
controvertido el hecho de que se trata del mismo vehículo Y', nada más
absurdo que dicha interpretación, pues toda la documentación procedente
del Gobierno de Puerto Rico, aportada por el propio accionante y hoy
recurrido corresponde a un vehículo del año 2008, y la documentación
obtenida de forma irregular del gobierno Dominicano, hace referencia a un
vehículo del año 2010, hecho este que constituye una contradicción entre la
prueba aportada por el accionante hoy recurrido y que tal contradicción es
suficiente para no merecer credibilidad.
d. De la evaluación de la documentación depositada en el expediente, este
tribunal observa que ciertamente existe contradicción entre los documentos
depositados del vehículo provenientes del gobierno de Puerto Rico y los nacionales;
sin embargo, compartimos la postura del juez de amparo de que se trata de un error
material, en razón de que consta en el expediente que nos ocupa el certificado de
propiedad de vehículo de motor emitido por la D.ión General de Impuestos
Internos -como organismo encargado de la emisión y verificación de todo lo relativo
a traspasos- en la cual se da cuenta de que el vehículo de referencia pertenece al
señor D.P.R.R., y, además, también constan una certificación de
la indicada institución en la cual se certifica el registro del vehículo que nos ocupa
y el Acta de inspección de vehículo de motor núm. 0473-17, en la cual se indica que
“el vehículo posee la placa de seguridad del tablero y todos los sellos de seguridad
con el número 5TELU42NX8Z528271 original”.
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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e. En este sentido, los documentos emitidos por las autoridades dominicanas
competentes son los que debemos tomar en cuenta al momento de determinar quién
es el titular de un vehículo de motor y, según dichos documentos, el vehículo de
referencia pertenece al señor D.P.R.R..
f. Cabe destacar que en relación con estos documentos, el procurador fiscal del
Distrito Nacional alega que los mismos se obtuvieron de forma irregular; sin
embargo, no hay ninguna constancia de denuncia o investigacion al respecto, lo cual
conlleva a considerar como arbitraria la retención del vehículo bajo estos supuestos.
En tal sentido, compartimos los motivos dados por el juez de amparo para acoger la
acción de amparo y, en particular, los que copiamos a continuación:
I) Puede considerarse como un error material lo relativo al año del vehículo
en mención cuyos documentos hacen referencia de los años 2008 y 2010, pues
lo cierto es que es un punto no controvertido el hecho de que se trata del
mismo vehículo el reclamado por el impetrante y el retenido por el
Procurador F. del Departamento de Vehículos Robados.
II) No hay constancia de que exista querella alguna de que ese vehículo haya
sido robado ni mucho menos constancia de una supuesta investigación por
alegada evasión de impuestos, ya que la carta depositada por el impetrado lo
que sugiere es que ese vehículo fue incautado por sospechas, pues la
comunicación aportada por dicha parte tiene fecha 16 de febrero del 2017
"solicitando historial" de ese vehículo, pero ya lo habían incautado el 25 de
enero del 2017, por lo que hizo el F. de Investigación de Vehículos
Robados una investigación "por si acaso" previo a tener pruebas concretas
que justifiquen la expropiación de dicho vehículo, lo que deviene en un
accionar arbitrario e irregular.
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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g. Igualmente, la recurrente plantea que
[e]l tribunal a-quo, en el numeral Once (11), literal "a", pagina Siete (7), de
la sentencia ahora impugnada, incurre en una muy mala valoración de las
pruebas aportadas por el accionante, al atribuirle valor suficiente para
fundamentar si decisión, pues le atribuye credibilidad a una documentación
del Estado de Puerto Rico, en desconocimiento de la documentación aportada
por el accionado hoy recurrente, y en desconocimiento de que nos
encontramos ante una delito de evasión de impuesto, toda vez que el vehículo
reclamado entro al país si el correspondiente pago de impuestos, hecho este
que fue manifestado en el plenario por el propio accionante y hoy recurrido,
quien declaro que referido vehículo por el F.s y que la DGA, no le recibió
el pago de los impuestos, cuando pretendió regularizar el mismo.
h. Consideramos, contrario a lo planteado por la parte recurrente, que no hubo
una mala valoración de las pruebas, ya que no fueron consideradas únicamente las
pruebas emanadas del gobierno de Puerto Rico, como alega la Procuraduría, sino
que se tomaron en cuentas documentaciones nacionales. En efecto, el juez de amparo
estableció, en relación con lo alegado, lo siguiente:
III) Hay depositada copia del cheque del Banco Popular marcado con el No.
4641, girado a favor de Impuestos Internos, por un monto ascendente a ciento
diez mil ciento noventa y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos
110,19884), y en su concepto establece "pago emisión 1ra placa", de manera
que se entiende injustificada la retención de ese vehículo una vez ya pagodo
el impuesto correspondiente.
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i. Cabe destacar, igualemente, la existencia del certificado de propiedad de
vehículos de motor emitida por la D.ión General de Impuestos Internos,
documento este que no es otorgado hasta que sean liquidados los impuestos
correspondientes; por tanto, no existe errónea valoración de la prueba por parte del
juez de amparo.
k. Por otra parte, la recurrente plantea, ademas, que
[c]ontrario a lo interpretado por el tribunal a-quo, en el numeral Once (11),
literal c, inciso Dos (TI), pagina Ocho (8), de la sentencia ahora impugnada,
si existe constancia de la investigación penal que realiza el MP., pues fue
aportado a dicho tribunal un oficio mediante el cual se solicita a la D.ión
General de A.anas, que expida una certificación en la que se haga constar
si el indicado vehículo pagó o no los impuestos correspondientes, y las
declaraciones realizadas en audiencia por el propio accionante, y ante
pregunta hecha por la parte accionada hoy recurrente, este reconoció que la
D.ión General de A.anas, no recibió el pago de los impuestos que alega
haber intentado pagar, en razón de que dicho vehículo supera el plazo legal
para poder importar vehículos al territorio dominicano; y al presente recurso
de revisión le estamos anexando copia de las actas de incautación, el acta de
Inspección de vehículo y una pieza de interrogatorio practicado al accionante
hoy recurrido en el curso de la investigación que se realiza y que demuestran
que si existe una investigación en curso.
l. Este tribunal constitucional considera que, contrario a lo alegado por el
recurrente, no existe en el expediente pruebas de la supuesta investigacion penal, tal
y como fue establecido por el juez de amparo, en la medida que de los documentos
que se afirma fueron depositados lo consta el acta de inspección de vehículo, es
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decir, que no constan ni las actas de incautación ni la comunicación a la D.ión
General de A.anas ni tampoco la pieza de interrogatorio alegadamente practicado.
m. En relación con la invocada falta de pago de impuestos, cabe destacar que en
el expediente está depositado el certificado de propiedad de vehículo de motor
emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, documento que sólo se
emite, previo pago de los impuestos correspondientes. Cabe destacar que, además,
consta la certificación de la indicada D.ión, en la cual se certifica el registro del
vehículo que nos ocupa.
j. Por otra parte, el recurrente entiende que
[e]l tribunal a-quo, en el numeral Once (11), literal "c", Inciso Tres (III),
pagina (8), de la sentencia ahora impugnada, reitera la mala e incorrecta
valoración de la prueba aportada por el accionante hoy recurrido, toda vez
que, otorga valor probatoria a una fotocopia del cheque de Administración
para pago de impuestos No. 42641, girado a favor del Colector de Impuestos
Internos, en el que no se refiere a que vehículo se le aplicara dicho pago de
impuesto, y mucho más grave aún es que quien figura que realiza el pago es
una persona diferente al accionante, por lo que el mismo no puede tomado
en cuenta para fundamentar una decisión judicial, sino que por el con amplia
las contradicciones que nos hemos mantenido denunciando existen
documentación aportada y que resulto el sustento de la sentencia ahora
impugnada.
k. Ciertamente, el procurador fiscal del Distrito Nacional tiene razón, en lo que
concierne a que el cheque de administración emitido a favor del colector de
impuestos internos no indica en relación con que vehículo se realiza el pago; sin
embargo, no cabe dudas de que los impuestos fueron pagados, ya que, como
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establecimos anteriormente, fue emitido un certificado de propiedad de vehículo de
motor por parte de la D.ión de Impuestos Internos, documento que sólo se
expide luego de la realización de dicho pago.
l. Igualmente, la parte recurrente tiene razón en que el cheque figura a nombre
de una tercera persona, particularmente, a nombre del señor D.P.R.
R.; sin embarrgo, el certificado de propiedad de vehículo de motor también se
encuentra a nombre del indicado señor R.R.. Cabe destacar que el derecho
de propiedad del hoy accionante, señor C.M.V., se fundamenta
en el acto de venta bajo firma privada entre los indicados señores, D.P.R.
R. (vendedor) y Cayetano M.V. (comprador), el cual se encuentra
depositado en el presente expediente.
m. Finalmente, el recurrente alega que
[e]l tribunal a-quo, en el numeral Once (ll), literal "c", Inciso Cuatro (IV),
pagina Ocho (8), de la sentencia ahora impugnada, incurre en una mala
interpretación de los Artículos 73 y 190 del CPP., al entender que al no
haberse judicializado la investigación que realiza el MP no existe tribunal
apoderado del asunto, desconociendo con su interpretación que la existencia
de investigación de carácter penal, no supone que haya habido intervención
jurisdiccional, sino que la ocurrencia del ilícito de índole penal origina la
investigación y el proceso, y en curso de la investigación y hasta la emisión
de un Auto de Apertura a Juicio a propósito de un requerimiento conclusivo
de acusación, corresponde al J. de la Instrucción conocer y decidir todas
las cuestiones que surjan en el curso de una investigación penal y que
requiera de intervención judicial.
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Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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n. Respecto de la cuestión planteada en el párrafo anterior, consta en la sentencia
recurrida lo siguiente:
II) No hay constancia de que exista querella alguna de que ese vehículo haya
sido robado ni mucho menos constancia de una supuesta investigación por
alegada evasión de impuestos, ya que la carta depositada por el impetrado lo
que sugiere es que ese vehículo fue incautado por sospechas, pues la
comunicación aportada por dicha parte tiene fecha 16 de febrero del 2017
"solicitando historial" de ese vehículo, pero ya lo habían incautado el 25
de enero del 2017, por lo que hizo el F. de Investigación de Vehículos
Robados una investigación "por si acaso" previo a tener pruebas concretas
que justifiquen la expropiación de dicho vehículo, lo que deviene en un
accionar arbitrario e irregular.
1
III) Hay depositada copia del cheque del Banco Popular marcado con el No.
4641, girado a favor de Impuestos Internos, por un monto ascendente a ciento
diez mil ciento noventa y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos
110,19884), y en su concepto establece "pago emisión 1ra placa", de mán que
se entiende injustificada la retención de ese vehículo una vez ya pago« el
impuesto correspondiente.
IV) Siendo éste el cuadro fáctico y probatorio de la presente acción no hay
tribunal apoderado en la actualidad de investigacion alguna y el único
recurso abierto es la vía del amparo.
V) Para colmo al día de hoy, desde febrero a abril de este año 2017, dos
meses después, no se ha aportado prueba alguna de la supuesta evasión de
1
Negritas nuestras.
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
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impuestos por parte del impetrante que justifique la expropiación del vehículo
de motor en cuestión.
o. Este tribunal constitucional comparte la motivación del juez de amparo, ya
que, ciertamente, le corresponde al juez de instrucción resolver todas las cuestiones
relativas a la investigación penal; sin embargo, en el presente caso no ha sido
demostrado que se estén realizando investigaciones, al no existir en el expediente
ninguna documentación que fundamente la misma (denuncia o querella de robo, acta
de retención o cualquier otro documento que sustente la alegada investigación),
casos en los cuales este tribunal ha establecido que el conflicto puede ser decidido
por el juez de amparo y, en consecuencia, no aplican los precedentes desarrollados
en la materia.
p. Sobre este particular, este tribunal constitucional mediante la Sentencia
TC/0438/17, del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), estableció lo
siguiente:
b. Entre las piezas depositadas en el expediente por el accionante consta el
certificado de matrícula núm. 6946413, que corresponde al siguiente vehículo
de motor: marca Nissan, modelo Q., color rojo, registro y placa núm.
G340843, año de fabricación 2015, chasis SJNJBAJ10Z7204904, el cual fue
emitido en favor de la señora M.A.A.F..
c. Esta sede constitucional, en su Sentencia TC/0084/12 del quince (15) de
diciembre de dos mil doce (2012), determinó que le corresponde al juez de la
instrucción determinar la procedencia de la devolución de bienes incautados,
por ser un juez de garantías que dispone de los medios pertinentes sobre la
investigación penal de que se trate. Sin embargo, en la Sentencia TC/0290/14
de fecha diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil catorce
(2014) ─párrafo 10.8, pág. 16─, estableció lo siguiente: Si bien resulta
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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razonable que el juez de la instrucción, como juez que administra y ejerce la
autoridad en relación con los derechos fundamentales y con las garantías del
debido proceso que deben darse en ocasión de los procesos penales, es la
instancia más afín con la naturaleza del referido reclamo, este criterio debe
quedar circunscrito a situaciones en las cuales las personas que reclaman la
devolución de bienes y objetos secuestrados sean parte de un proceso penal,
o estén siendo objeto de una investigación penal por parte de las autoridades
competentes, cuestión que en el presente caso la parte recurrente no ha
podido demostrar ni en la acción de amparo ni en su recurso de revisión
constitucional ante este tribunal constitucional.
d. Este criterio fue reiterado por las sentencias TC/0058/15, de treinta (30)
de marzo de dos mil quince (2015), y TC/0136/15, de diez (10) de junio del
mismo año, entre otras.
e. En igual sentido, en la Sentencia TC/0186/14, de diecinueve (19) de agosto
de dos mil catorce (2014) ─página 23, párrafo 4.4─, con ocasión del
conocimiento de un caso similar al de la especie, y respecto al criterio
establecido por la Sentencia TC/0084/12 ─previamente citado─, este
colegiado dictaminó lo que sigue: Como se puede observar, el precedente de
la decisión de marras no aplica en la especie, en virtud de que no hay un
proceso penal abierto contra los señores L.V..M. y
E.A.R.A., del cual pueda ser apoderado el juez de la
instrucción, en este proceso, ni siquiera figura una denuncia en contra de
los hoy recurrentes.
2
f. A la luz de los precedentes expuestos, este tribunal constitucional concluye
que la negativa de entrega del señalado vehículo y su retención por parte de
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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la Procuraduría F. de la Provincia Santo Domingo ─no obstante la
solicitud previa de devolución y el aporte de los documentos justificativos de
la propiedad─ constituyen una arbitrariedad violatoria del derecho
fundamental de propiedad; criterio que se basa en la orientación adoptada
en los precedentes jurisprudenciales citados, y luego de haber comprobado
que en la especie no figura evidencia alguna de que exista un proceso penal
abierto contra la accionante, o denuncia alguna en contra del vehículo de
motor envuelto en la disputa.
q. En virtud de las motivaciones anteriores, procede rechazar el recurso de
revisión interpuesto por la Procuraduría F. del Distrito Nacional.
B. En relación con el recurso de revisión interpuesto por el señor C.
M.V.
a. En torno a este recurso, lo primero que debemos destacar es que el recurrente,
señor C.M.V., no establece claramente en qué consiste su
desacuerdo con la sentencia recurrida, en razón de que plantea que la misma le dio
ganancia de causa. En este sentido, únicamente pudimos apreciar en el referido
recurso una crítica a la falta de ejecución de la misma. En efecto, en su escrito
plantea lo siguiente:
No obstante obtener una sentencia garantista de los derechos
fundamentales y apegada a la constitución le fue notificada al Magistrado
F. del Distrito Nacional la Presente Sentencia y al Magistrado
procurador F. Adjunto del plan Piloto, R.B. en fecha Ocho
(08) del Mes de Mayo, ante esta situación cuando nos apersonamos por
ante el magistrado B. nos dijo que ¿qué hacíamos nosotros allí? que
primero tenían que estudiar la presente sentencia y que luego someterían
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
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el recurso de apelación y que esto se tomaba tiempo que nos avisarían al
respecto.
El F.D.S. nos encontramos con este fiscal, quien represento
a la fiscalía en este proceso nos informo que no iban a entregar dicho
vehículo y que fuéramos donde nosotros quisiéramos que no iban a cumplir
dicha sentencia todo esto no solamente violatorio a lo que ordena dicha
sentencia sino que para estas personas la constitución es peor que un
pedazo de papel, porque dice dicho fiscal que no importa quién ordene no
cumplirán dicha sentencia ni a nadie es por esto que hemos procedido a
someter el presente recurso de Revisión por ante ustedes, ya que le
habíamos hecho la observación a la magistrada S.J.B.
H. quien evacuo la presente sentencia que en virtud del
Articulo 93.- El J. que estatuya en materia A. podrá pronunciar
astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo
cumplimiento de lo ordenado.- de la ley 137-11 Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, G.N.
del 15 de Junio del 2011. Y la magistrada dijo que ella entendía que no
era necesario y ya ustedes ven la situación.
3
b. Como se observa, según se desprende de la lectura de los párrafos
anteriormente transcritos, el recurrente lo que pretende es la modificación de la
sentencia en lo relativo a la imposición de la astreinte, cuestión que también se
evidencia en el pedimento número cuarto del recurso, en el cual este solicita lo
siguiente:
(…) Que se ordene un astreinte EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA
F. del Distrito Nacional valorado en la suma de UN MILLON DE PESOS
3
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
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(RD$1,000,000.00) diarios, En beneficio de las instituciones siguientes:
CONANI, ALCOHOLICOS ANONIMOS, HOGARES DE ANCIANOS,
HOGARES CREA Y A TODAS LAS INSTITUCIONES QUE AYUDEN DE
UNA U OTRA MANERA A LOS DESVALIDOS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA, por cada día de retardo en la ejecución de la presente
decisión, a partir de la Fecha Veinte y Dos (22) del Mes de Marzo del Año
Dos Mil Diez y Siete (2017) para que no continúe con todos los atropellos
que está realizando en contra de todos los ciudadanos que han sido afectados
en este respecto, que tenemos conocimiento que son más de Veinte (20)
Casos.
c. Este tribunal constitucional considera que procede la fijación de una astreinte,
con la finalidad de constreñir a la parte accionada a cumplir con la entrega del
vehículo objeto de retención; sin embargo, no por el monto de un millón de pesos
dominicanos con 00/100 ($1,000,000.00), como solicita la recurrente, por
considerarlo una suma exorbitante, sino por el monto de mil pesos dominicanos con
00/100 ($1,000.00) diarios por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente
sentencia.
d. Luego de haber fijado la astreinte, resulta procedente determinar a favor de
quién se asignará la misma. En tal sentido, resulta pertinente analizar la Sentencia
TC/0438/17, del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual
este tribunal constitucional estableció las pautas a seguir en materia de astreintes.
En efecto, en la indicada sentencia se estableció lo siguiente:
2. Al dictaminar sobre el fondo, de acuerdo con el artículo 93 de la referida
Ley núm. 137-11, al imponer la astreinte en perjuicio del agraviante, como
medida de constreñimiento para el cumplimiento de lo decidido, en los
siguientes términos: «Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
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podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al
efectivo cumplimiento de lo ordenado».
b. De los términos de la disposición previamente transcrita se infiere, que ella
no prevé la persona que resultará beneficiaria de la astreinte fijada, por lo
cual queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la imponga
decida ─dentro del marco de sus facultades discrecionales─ que su
liquidación sea efectuada a favor del agraviado o de una entidad sin fines
de lucro. De este razonamiento se induce que la facultad discrecional del juez
de amparo en este ámbito comprende no solo la imposición de una astreinte
como medio coercitivo, sino también la determinación de su beneficiario. c.
Conviene por otra parte indicar que, en materia de astreintes, el Tribunal
Constitucional, mediante su Sentencia TC/0048/12, de ocho (8) de octubre de
dos mil doce (2012), dispuso que:
4
a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de
una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación
no debería favorecer al agraviado [subrayado nuestro].
c) Aunque en nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal podría,
en efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de la
sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y del
sistema judicial;
d) En esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada
reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas
en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones
específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
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de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es
objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte;
d. La ponderación de este último fallo revela que hasta la intervención del
caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional se había decantado por la
imposición de astreintes en favor de una institución estatal dedicada a la
solución de problemas sociales relacionadas con el objeto de la sentencia que
sería pronunciada, y no del agraviado. Sin embargo, ello no representa
impedimento alguno para que el juez de amparo fije la astreinte en provecho
del agraviado.
e. Esta inferencia radica en la circunstancia de que la frase «no debería
favorecer al agraviado» empleada en referida Sentencia TC/0048/12, en
modo alguno puede ser interpretada como equivalente que «no debe
favorecer al agraviado», puesto que ello implicaría una prohibición
categórica que contravendría la facultad discrecional del juez en la materia;
y tomando en consideración que en nuestro ordenamiento jurídico ninguna
disposición legal establece quién debe beneficiarse del astreinte.
f. El criterio anteriormente expuesto encuentra su fundamento en la Sentencia
TC-0344-14, de veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), que
dictaminó lo siguiente: ee) En efecto, la posibilidad de condenación a una
astreinte es una facultad discrecional otorgada a los jueces de amparo, que
encuentra sus límites en los principios de razonabilidad y proporcionalidad,
pero sobre la cual el legislador no ha impuesto la obligación de fijarlo a favor
del agraviado, del fisco o de instituciones sociales públicas o privadas
dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan alguna vinculación
con el tema objeto del amparo; sino que, de igual manera, la determinación
del beneficiario de la astreinte liquidada queda dentro de las facultades
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Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
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discrecionales de los jueces de amparo. En este sentido, se rechaza el
argumento de la parte recurrente. [Subrayado nuestro].
g. De la lectura del texto de la decisión precitada se infiere que, en el ejercicio
de su función jurisdiccional incumbe a los jueces de amparo no solo la
facultad de imponer o descartar la imposición de un astreinte, sino también
la de disponer su beneficiario.
h. En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la astreinte beneficie
al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en
daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito
específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada.
Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido
beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado por el
incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia
que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la
naturaleza inter-partes de sus efectos. Fundado en estos razonamientos y
aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar
el astreinte de que se trata en contra de la parte accionada y a favor de la
parte accionante.
i. En cuanto a los astreintes fijados en beneficio de instituciones de sin fines
de lucro, este colegiado estima que podrían aplicarse cuando se alberge el
propósito de restaurar un daño social ─como en el caso de los amparos
incoados para demandar respeto a los derechos colectivos y difusos─; o en
aquellas decisiones con efectos inter communis, o sea, en las cuales la
afectación detectada no solo incumbe a los accionantes, sino a todo un
conjunto de personas que se encuentran en circunstancias análogas a estos
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últimos y a las que, en consecuencia, también afecta o concierne el objeto de
lo decidido.
j. Conviene precisar, sin embargo, que en estos casos será necesario que la
decisión mediante la cual se fije el astreinte se notifique a la institución
beneficiaria, de forma que esta última tome conocimiento de la medida
dispuesta y adopte las acciones tendentes a liquidación del astreinte en su
favor.
e. Como se observa, corresponde al tribunal que impone la astreinte decidir a
quién beneficia la misma (accionante o institución beneficiaria). En el presente caso,
la astreinte será otorgada en favor del accionante, a pesar de que este solicitó que se
beneficiara a una institución sin fines de lucro, ya que, como regla general, la misma
debe fijarse en su beneficio. En efecto, las instituciones que no persiguen lucro
pueden ser las destinatarias del astreinte en el caso de los amparos que tienen como
objeto la protección de derechos colectivos y difusos, o en aquellas decisiones con
efectos inter communis, como vimos en la sentencia anteriormente citada.
f. En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger el recurso de revisión
que nos ocupa y, en consecuencia, modificar la sentencia recurrida, otorgando una
astreinte de mil pesos dominicanos con 00/100 ($1,000.00) en favor del accionante,
señor C.M.V..
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados Justo P.C.K.,
R.D.F. y V.G.B., en razón de que no participaron en la
deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.
Figuran incorporados el voto disidente del magistrado H.A. de los
Santos y el voto salvado de la magistrada K.M.J.M..
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisibles, en cuanto a la forma, los recursos de
revisión constitucional de sentencia de amparo interpuestos por la Procuraduría
F. del Distrito Nacional y el señor C.M.V., ambos en contra
de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava Sala de la
Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20)
de abril de dos mil diecisiete (2017).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso interpuesto por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional en contra de la sentencia anterioremente
descrita, por los motivos expuestos.
TERCERO: ACOGER el recurso de revisión constitucional interpuesto por el
señor C.M.V. y, en consecuencia, MODIFICAR la Sentencia
núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil
diecisiete (2017), imponiendo un astreinte de mil pesos ($1,000.00) en favor del
accionante, señor C.M..V., por cada día de retardo en el
cumplimiento de la presente sentencia.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a las partes recurrentes, Procuraduría F. del
Distrito Nacional y el señor C.M.V..
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QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66 de la Ley núm.
137-11.
SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Firmada: M.R.G., J.P.; L.M.P.M.,
J. P.era Sustituta; L..V..S., J. Segundo Sustituto;
H.A. de los Santos, J.; A.I.B.H., J.;
V.J.C.P.ano, J.; J.C.D., J.; W.S.G.
R., J.; K.M.J.M., J.; I.R., J.;
J.J.R.B., S..
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las
razones por las cuales no estamos de acuerdo con esta decisión.
Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once
(2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que
hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión
adoptada”; y en el segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo
hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los
votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
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1. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional de sentencia de
amparo interpuesto por el señor C.M.V. contra la Sentencia
núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil
diecisiete (2017).
2. Mediante la sentencia que nos ocupa, se decide otorgar un astreinte en favor
del accionante, señor C.M.V.. En efecto, en el dispositivo
tercero, se ordena lo siguiente:
MODIFICAR la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la
Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del
Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017),
imponiendo un astreinte de mil pesos dominicanos con 00/100 ($1,000.00) en
favor del accionante, señor C.M.V.entura, por cada día de
retardo en el cumplimiento de la presente sentencia.
No estamos de acuerdo con esta decisión, por las razones que se exponen a
continuación.
3. Este tribunal constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0048/12, del
ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), que el astreinte no es una indemnización
por daños y perjuicios a favor de la parte agraviada, sino una forma de constreñir al
agraviante para el cumplimiento de la sentencia y, en tal sentido, decidió otorgar el
mismo a favor de una institución. En efecto, en la indicada decisión se estableció lo
siguiente:
AA) Finalmente, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 93 de
la referida Ley No. 137-11, de “pronunciar astreintes, con el objeto de
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constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”, y en virtud
de que:
a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de
una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación
no debería favorecer al agraviado;
b) Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como
toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño
social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir;
c) Aunque en nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal podría,
en efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de la
sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y del
sistema judicial;
d) En esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada
reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas
en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones
específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución
de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es
objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte;
e) El Estado dominicano cuenta con un Sistema Nacional de Protección de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, instituido por la Ley No. 136- 03
y definido por ésta como el conjunto de instituciones, organismos y entidades,
tanto gubernamentales como no gubernamentales que formulan, coordinan,
integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, programas y
acciones en los niveles nacional, regional y municipal para la protección
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integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como para
su promoción integral. Según esta ley, el Consejo Nacional para la Niñez y
la Adolescencia (CONANI), institución estatal descentralizada, es el órgano
administrativo de dicho sistema;
f) La protección a los derechos de los niños y adolescentes, así como la
promoción de su desarrollo integral constituyen una contribución sustancial
a la prevención de la criminalidad y al desarrollo progresivo de la paz social,
temas estos que, por demás, son compatibles y afines con los trabajos de
carácter preventivo propios de la institución que tendría que pagar la
astreinte en la eventualidad de que incumpliera con lo dispuesto por esta
sentencia, la Policía Nacional.
4. Por otra parte, mediante la Sentencia TC/0438/17, del quince (15) de agosto
de dos mil diecisiete (2017), este tribunal constitucional modificó el precedente
anteriormente indicado, en el entendido de que:
h. En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la astreinte beneficie
al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en
daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito
específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada.
Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido
beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado por el
incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia
que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la
naturaleza inter-partes de sus efectos. Fundado en estos razonamientos y
aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar
el astreinte de que se trata en contra de la parte accionada y a favor de la
parte accionante.
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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i. En cuanto a los astreintes fijados en beneficio de instituciones de sin fines
de lucro, este colegiado estima que podrían aplicarse cuando se alberge el
propósito de restaurar un daño social ─como en el caso de los amparos
incoados para demandar respeto a los derechos colectivos y difusos─; o en
aquellas decisiones con efectos inter communis, o sea, en las cuales la
afectación detectada no solo incumbe a los accionantes, sino a todo un
conjunto de personas que se encuentran en circunstancias análogas a estos
últimos y a las que, en consecuencia, también afecta o concierne el objeto de
lo decidido.
j. Conviene precisar, sin embargo, que en estos casos será necesario que la
decisión mediante la cual se fije el astreinte se notifique a la institución
beneficiaria, de forma que esta última tome conocimiento de la medida
dispuesta y adopte las acciones tendentes a liquidación del astreinte en su
favor.
k. F. en los precedentes razonamientos, y con el designio de
fortalecer los criterios jurídicos expresados en las precitadas decisiones
TC/0048/12 y TC- 0344-14, el Tribunal Constitucional reitera la prerrogativa
discrecional que incumbe al juez de amparo, según su propio criterio, de
imponer astreintes en los casos sometidos a su arbitrio, ya sea en favor del
accionante o de una institución sin fines de lucro; facultad que deberá ser
ejercida de acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
l. Finalmente, con el propósito de resolver aspectos concernientes a la
liquidación de los astreintes, esta sede constitucional dispone que:
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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1. Cuando se trate de astreintes fijados por el Tribunal Constitucional con
ocasión del conocimiento de una decisión en revisión constitucional de
amparo, su liquidación será responsabilidad de este colegiado.
2. cuando se trate de sentencias que contengan astreintes fijadas por el juez
de amparo, las cuales sean objeto de confirmación por el Tribunal
Constitucional ─con ocasión del conocimiento de un recurso de revisión de
sentencia de amparo─, su liquidación corresponderá al tribunal de amparo
originario.
5. Mediante esta sentencia se establecen varias reglas, de las cuales derivan
varios precedentes, las cuales indicamos a continuación.
a. La astreinte se fijará en beneficio de la parte que ha obtenido ganancia de
causa.
b. La astreinte se puede fijar en beneficio de una institución sin fines de lucro,
cuando el amparo tenga por objeto la protección de derechos colectivos o difuso, o
cuando la violación no solo afecte al accionante o accionantes, sino a un conjunto
de personas.
c. El Tribunal Constitucional decide, en todo caso, de manera discrecional en
favor de quien fija la astreinte: la parte que obtuvo ganancia de causa o una
institución sin fines de lucro.
d. Corresponde al Tribunal Constitucional liquidar la astreinte que fije y al juez
de amparo las que sean fijadas por él.
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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6. En el caso que nos ocupa, la astreinte se otorga a favor de la accionante en
amparo, señor C.M..V., en reiteración del nuevo criterio
establecido en la materia que nos ocupa en la Sentencia TC/0438/17.
7. No estamos de acuerdo con la decisión tomada en el presente caso, en razón
de que consideramos que la astreinte no debe beneficiar al accionante, tal y como
establecía la línea jurisprudencial que durante cinco años mantuvo este tribunal,
iniciando con la Sentencia TC/0048/12 y mantenida hasta la Sentencia TC/0438/17.
En otras palabras, lo que estamos planteando es que el cambio de precedente no
debió operar.
8. La astreinte no tiene como finalidad reparar el perjuicio que sufre el
beneficiado de la sentencia a causa del retardo en la ejecución, sino sancionar
económicamente a la parte que ha perdido la causa y ha irrespetado la autoridad
judicial.
9. Para reparar el perjuicio que sufre la parte gananciosa a consecuencia de la
inejecución de la sentencia existe un mecanismo distinto: el interés judicial que fija
el juez que conoce la demanda y que se calcula desde el momento que se acciona
hasta la fecha en que se ejecuta, de manera definitiva, la sentencia.
10. De lo anterior resulta, que al cambiarse el precedente para beneficiar a la parte
que obtiene ganancia de causa, la astreinte ha sido desnaturalizada, convirtiéndola
en una indemnización por daños y perjuicios.
11. Cabe destacar que, en el presente caso, el accionante y actual recurrente, señor
C.M.V., solicitó que la astreinte se otorgara a favor de una
institución, tal y como se evidencia en el pedimento número cuarto del recurso, cuyo
contenido es el siguiente:
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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(…) Que se ordene un astreinte EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA
F. del Distrito Nacional valorado en la suma de UN MILLON DE PESOS
(RD$1,000,000.00) diarios, En beneficio de las instituciones siguientes:
CONANI, ALCOHOLICOS ANONIMOS, HOGARES DE ANCIANOS,
HOGARES CREA Y A TODAS LAS INSTITUCIONES QUE AYUDEN DE
UNA U OTRA MANERA A LOS DESVALIDOS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA, por cada día de retardo en la ejecución de la presente
decisión, a partir de la Fecha Veinte y Dos (22) del Mes de Marzo del Año
Dos Mil Diez y Siete (2017) para que no continúe con todos los atropellos
que está realizando en contra de todos los ciudadanos que han sido afectados
en este respecto, que tenemos conocimiento que son más de Veinte (20)
Casos.
12. Como se advierte, la especie acusa una particularidad, que consiste, como
hemos indicado, en que la misma parte que ha obtenido ganancia de causa le solicita
al tribunal que fije la astreinte en beneficio de una institución sin fines de lucro. Ante
tal eventualidad, no es procedente aplicar el nuevo precedente, es decir, que
fundamentado en la particularidad indicada la astreinte debió fijarse en beneficio de
una institución sin fines de lucro, a pesar de que no estamos en presencia de un
amparo, cuyo objeto es la protección de un derecho colectivo o de un derecho difuso.
13. De manera que en el presente caso la astreinte puede fijarse en beneficio de la
institución sin fines de lucro, aplicando la técnica del distinguishing y sin necesidad
de cambiar el nuevo precedente, como lo hizo este tribunal en un caso anterior.
5
14. En efecto, en la Sentencia TC/0127/13, dictada por este tribunal el dos (2) de
agosto de dos mil trece (2013), se establece lo siguiente:
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Véase nuestro voto disidente en la Sentencia TC/0127/13, del dos (2) de agosto de dos mil trece (2013).
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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8.1. En diferentes decisiones, este Tribunal Constitucional, ha establecido el
criterio de que la acción directa de inconstitucionalidad, como proceso
constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos
señalados en los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-
11 (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas); es decir,
aquellos actos estatales de carácter normativo y de alcance general. En ese
orden de ideas, podría concluirse que la presente acción directa en
inconstitucionalidad debe ser declarada inadmisible, puesto que el acto
impugnado, esto es, el Decreto núm. 391-12, dictado el veintiocho (28) de
julio de dos mil doce (2012), por el Poder Ejecutivo, mediante el cual declara
de utilidad pública e interés social la adquisición, por parte del el Estado
dominicano, de varios inmuebles, entre los cuales se hallan las Parcelas núm.
1583 y 1584, del Distrito Catastral núm. 5, del municipio L., provincia
Puerto Plata, no tiene el carácter general exigido por dicha jurisprudencia
constitucional.
8.2. Sin embargo, este tribunal constitucional no cumpliría con su finalidad
de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden
constitucional y la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo
consagra dicha Constitución y su propia Ley Orgánica núm. 137-11, si no
toma en cuenta en el presente caso la presencia de cierta condición específica
en la producción del decreto impugnado, aunque se aparte de la
jurisprudencia constitucional referida. La indicada jurisprudencia solamente
reserva la acción directa en inconstitucionalidad para los actos estatales de
carácter normativo y de alcance general, y se constituye la presente decisión
en una excepción a dicha jurisprudencia, la cual deberá ser observada cada
vez que concurra en la producción de cualquier acto no general la misma
condición específica que presenta el decreto impugnado y que motiva que el
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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presente recurso directo en inconstitucionalidad en contra del mismo sea
considerado admisible.
8.3. Como se demostrará más adelante, cuando se desarrolle el examen
correspondiente, el decreto impugnado es inconstitucional; pero todo apunta
a que esa inconstitucionalidad no es resultado de un error de interpretación
que pueda conducir a exceder el marco de razonabilidad trazado por la
Constitución o a transgredir mandatos expresos de esta última, sino que
existe una presunción grave de que fue dictado, en lo que se refiere a las
parcelas Nos. 1583 y 1584, del Distrito Catastral No. 05, del municipio
L., provincia Puerto Plata, con el propósito de eludir el cumplimiento
de una sentencia definitiva e irrevocable que anuló, por inconstitucional, un
previo decreto del Poder Ejecutivo, que por idénticas causas al decreto ahora
impugnado, había también declarado de utilidad pública e interés social la
adquisición por parte del Estado dominicano de dichas parcelas.
14. En esta sentencia se aplica, sin lugar a dudas, la técnica del
distinguishing, porque no se declara inadmisible una acción de
inconstitucionalidad incoada contra un acto de alcance particular, a pesar
de que se había establecido, de manera reiterada, que dicha acción solo
procedía contra actos de carácter normativos y de efectos generales. En el
presente caso, procede aplicar la referida técnica y fijar la astreinte en
beneficio de una institución sin fines de lucro, aunque no estamos en
presencia de la violación de un derecho colectivo o de un derecho difuso, en
la medida que se evidencia una particularidad, la cual consiste en que la
propia parte que obtuvo ganancia ha manifestado interés en que se beneficie
a una institución de la naturaleza señalada.
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1) Expediente núm. TC-05-2017-0160, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor C.
M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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Conclusión
Consideramos, contrario a lo decidido por la mayoría de este tribunal y sustentado en
los argumentos expuestos, que la astreinte no debe beneficiar a la parte agraviada,
sino a una institución sin fines de lucro.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin
de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto
salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la
Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava Sala de la Cámara
Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril
de dos mil diecisiete (2017), sea modificada, y de que sea acogida la acción de
amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que
expone el consenso de este tribunal constitucional para decretar la admisibilidad del
presente recurso de revisión de sentencia en materia de amparo.
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto
al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra
Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el conceso de este
tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de
mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la
mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la
revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir
conflictos inter partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin
importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la
determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y
volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en
principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
cinco (5) días, como en efecto se hizo.
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M.V.; y 2) Expediente TC-05-2017-0165, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la
Procuraduría F. del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017-SSEN-00052, dictada por la Octava
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de P.era Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida,
salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar
la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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