Sentencia Nº TC/0153/18 de Tribunal Constitucional, 17-07-2018

Fecha de Resolución:17 de Julio de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión en materia de amparo incoado por Carlos Manuel Metivier Mejía en contra de la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2017-0205, relativo al recurso de revisión en materia de amparo incoado por C.M.M.
.
M. en contra d e la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017). Página 1 de 40
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0153/18
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2017-0205, relativo al recurso de
revisión en materia de amparo
incoado por C..M.M.
.
M. en contra de la Sentencia núm.
042-2017-SSEN-00093, dictada por
la Cuarta Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional el veintiséis (26) de
julio de dos mil diecisiete (2017).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R.G., presidente; L.M..P.M., primera sustituta; L.
.
V.S., segundo sustituto; H.A. de los Santos, A.I.
.
B.H., V.J.oaquín C..P., J..C.D., R.
.
D.F., W.S.G..R., K.M.J.M. e
I.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de
la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente
sentencia:
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Expediente núm. TC-05-2017-0205, relativo al recurso de revisión en materia de amparo incoado por C.M.M.
.
M. en contra d e la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017). Página 2 de 40
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida
La acción de amparo incoada por el señor C..M..M.M.ejía es en
contra de la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de
la Cámara Penal del juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el
veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), cuyo dispositivo, copiado
textualmente, es el siguiente:
Primero: en virtud de las disposiciones del inciso 1 del artículo 70 de la ley
Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos
Constitucionales, declara INADMISIBLE la presente Acción Constitucional
de A., impetrada por el ciudadano C.M..M.
.
M., mediante instancia de fecha trece (13) de julio del dos mil diecisiete
(2017), en virtud de que existen vías judiciales efectivas abiertas que
permiten al accionante tutelar los derechos fundamentales invocados.
Segundo: Declara las costas penales de oficio.
Tercero: Fija la lectura integral dela presente sentencia para el próximo
lunes treinta y uno (30) de julio, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), para
lo cual se convoca a las partes, y a partir de cuya lectura inicia el cómputo
de los plazos para fines de apelación.
La Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093 fue notificada a la parte recurrente,
señor C..M.M..M., el primero (1°) de agosto de dos mil
diecisiete (2017); y al procurador general administrativo el veintiséis de junio de
dos mil diecisiete (2017).
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2. Presentación del recurso de revisión
El recurrente, C.M.M.M., interpuso el presente recurso el
cuatro (4) de agosto de dos mil diecisiete (2017). No existe en los documentos que
conforman el expediente constancia de notificación a la parte recurrida,
Procuraduría General de la República y el Dr. J.A.R..
3. Fundamentos de la sentencia recurrida
La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, el veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), declaró
inadmisible la acción constitucional de amparo interpuesta por el señor C.
.
M..M.M., por los motivos y argumentaciones que, en síntesis, son
las siguientes:
No es un hecho controvertido por las partes que este tribunal conoció el
proceso constitucional en un juicio oral, público y contradictorio, con las
garantías constitucionales y procesales que establece el artículo 69,
numerales 2,3,4, y 10, de la Constitución, en el sentido de respetar: “ 2) el
derecho a ser oído, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción
competente, independiente e imparcial establecida con anterioridad en la
ley; 3) el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal,
mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”.
Dicho texto normativo comprende que se celebrará un juicio “en plena
igualdad y con respeto al derecho de defensa;10) las normas del debido
proceso se aplicaran a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”; preceptos que garantizan la tutela judicial efectiva y el
debido proceso desarrollados por las leyes adjetivas, como ocurre con la
Ley núm. 137-11, de fecha trece de junio del año dos mil once (2011),
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METIVIER MEJIA), ¿pero como (sic) va a ser un bloqueo honorable
magistrado? Si la Procuraduría General de la República le ha emitido la
certificación solicitada, lo que no ha sucedido es que dicha certificación no
dice lo que quiere que diga el amparista (C.M.M.
.
M.) a través de sus abogados, RESULTA (07): Que al sr. C.
.
M..M..M., no se le ha violado ningún derecho
constitucional o fundamental ni mucho menos el Procurador General de la
República, a través de la certificación ya mencionada, no ha emitido juicio
de valores, más bien se abstuvo a actuar dentro del marco de la objetividad
que caracteriza a los miembros e integrantes del Ministerio Público.
g. RESULTA (08): Que por los mismos argumentos que hoy le
exponemos a este superior tribunal (Tribunal Constitucional) son los
mismos que el juez acuo (sic) valoró para tornar la decisión mediante la
sentencia que emitió.
h. RESULTA (09): Que con su acción el amparista (C.M...
.
M..M. pretende que el Procurador General de la República,
D..J..A..R., subvierta y altere un documento de una
institución pública, pretendiendo con esto la violación al art. 73 de nuestra
Ley Constitucional.
i. RESULTA (10): Que con este hecho no existe ninguna infracción
constitucional de parte de la Procuraduría General de la República y el DR.
J.A.R..
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6. Pruebas y documentos relevantes
Las pruebas y documentos que constan en el presente recurso en revisión son los
siguientes:
1. Original de certificación emitida el once (11) de agosto de dos mil diecisiete
(2017) por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional.
2. Copia del extracto de Acta de Nacimiento inscrita en el libro núm. 00103, de
Registro de Nacimiento, Declaración Oportuna, F. núm. 0035, Acta núm.
000435, año mil novecientos setenta y dos (1972), perteneciente a C..M.
.
M.M., emitida por la Oficialía del Estado Civil de la Primera (1ra.)
Circunscripción de Samaná.
3. Copia de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0200578-2,
correspondiente al L.. C.M.M.M..
4. Copia de certificación de la Carta de Grado núm. 6605773-2-1, del veinte
(20) del mes de julio de dos mil dieciséis (2016), emitida por el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), a favor del L.. C.
.
M.M.M..
5. Copia de certificación de la Carta de Egresado núm. CE-30-25855, del
veinte (20) del mes de junio de dos mil dieciséis (2016), emitida por la
Universidad del Caribe (UNICARIBE), a favor del L.. C..M..M.
.
M..
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6. Copia de diploma registrado con el núm. 25855, F. núm. 7, Libro de
Egresado núm. 5, del quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016), emitida por
la Universidad del Caribe (UNICARIBE), a favor del L.. C.M.M.
.
M..
7. Copia de recibo de pago del impuesto para solicitud de Exequátur núm.
227266245, del cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), a nombre del L..
C.M.M..e..M., vía Procuraduría General de la República, del (4)
de abril de dos mil diecisiete (2017).
8. Copia de certificación, código CIS 003-7102-1576083, código CAS
232747728, aportada por la parte recurrente.
9. Copia de la Sentencia núm. 240-2015, del veintitrés (23) de septiembre de
dos mil quince (2015), dictada por la Octava (8va) Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, relativa al expediente núm.
046-2015-RA- 00294.
10. Copia de la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, del veintiséis (26) de
julio de dos mil diecisiete (2017), emitida por la Cuarta Sala de la Cámara Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, relativa al expediente núm.
503-2017-EPR1-00540, núm. interno 042-2017-EPEN-00159.
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
Conforme con los documentos que conforman el expediente, el presente recurso de
revisión de decisión jurisdiccional en materia de amparo se inicia a partir de una
solicitud de No Antecedentes Penales que realizó el señor C.M.M.
.
M. el cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), ante la Procuraduría
General de la República, para así, poder obtener su exequátur y ejercer su
profesión como licenciado en derecho en todo el territorio nacional. La
Procuraduría General de la República, por orden administrativa del Dr. J..A.
.
R., en respuesta a dicha solicitud, emitió la certificación, marcada con el
código CIS 003-7102-1576083, código CAS 232747728, en la que se hizo constar
lo siguiente:
Certificamos que en el sistema de información de este Ministerio Público no
existen ANTECEDENTES PENALES a nombre de C.M.
.
M. cédula de Identidad y Electoral número 001-0200578-2, por lo
que se expide la presente certificación. la presente certificación se expide,
firma y sella digitalmente a solicitud de la parte interesada. a lo (s) tres (3)
día (s) del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017).
Estatus: proceso penal abierto.
Debido a que la Certificación de No Antecedentes Penales indica que el señor
C.M..M. tiene un proceso penal abierto, este no ha podido obtener
su exequátur y dedicarse al ejercicio de su profesión, motivo por el que interpuso
una acción de amparo el trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), ante la
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Cuarta Sala de la Cámara Penal del juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional alegando violación a sus derechos fundamentales. El tribunal declaró la
acción de amparo inadmisible por considerar que existen otras vías que permiten
de manera más efectiva la protección de los derechos fundamentales, de
conformidad con el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Inconforme con la
decisión recurre ante este tribunal constitucional.
8. Competencia
El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de
revisión de amparo, en virtud de lo establecido en los artículos 185.4 de la
Constitución y 9, 94, 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
9. Admisibilidad del recurso de revisión
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta
admisible en atención a las siguientes razones:
a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, las
decisiones emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas
ante el Tribunal Constitucional en revisión y en tercería.
b. Conforme establece el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de
revisión constitucional en materia de amparo deberá ser interpuesto en un plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia. En el
caso que nos ocupa, la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093 fue notificada a la
parte recurrente, señor C.M.M.M., el primero (1°) de agosto de
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dos mil diecisiete (2017) y este interpuso su recurso el cuatro (4) de agosto de dos
mil diecisiete (2017); por lo que cumple con lo dispuesto en el citado artículo 95,
estando, por ende, en tiempo hábil.
c. Este tribunal, mediante la Sentencia TC/0080/12, dictada el quince (15) de
diciembre de dos mil doce (2012), afirmó que el plazo de cinco (5) días establecido
en el referido artículo 95 “es franco, es decir, no se le computarán los días no
laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”.
d. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece los criterios para la
admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de
que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. En
efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha
trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la
interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para
determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos
fundamentales.
e. Este tribunal, en su Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de
marzo de dos mil doce (2012), fijó su postura respecto de la figura de la especial
trascendencia o relevancia constitucional y estableció que tal condición solo se
encuentra configurada, entre otros, en los supuestos siguientes:
(…) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto de
los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que
permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o
normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,
modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan
al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones
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jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos
fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema
jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución
favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
f. Este tribunal constitucional considera que el presente recurso de revisión
tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, pues su conocimiento le
permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo jurisprudencial
sobre los conflictos que surgen en los casos donde los ciudadanos solicitan
certificaciones de No Antecedentes Penales en el marco de un proceso penal
abierto, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
10. Sobre el recurso de revisión constitucional de amparo
Sobre el recurso de revisión, el Tribunal Constitucional hace las siguientes
consideraciones:
a. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretende se revoque la decisión bajo
el argumento de que el juez de amparo tergiversó los hechos al declarar la acción
inadmisible por entender que existen otras vías idóneas para tutelar de manera
efectiva los derechos fundamentales del amparista y hoy recurrente.
b. Antes de conocer el presente caso, este tribunal debe aclarar que en el
número de la sentencia recurrida se cometió un error, pues en la parte inicial se
coloca como número de sentencia: 046-2016-SSEN-00093, y en la misma
sentencia se indica que tanto el número del expediente y el número interno
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corresponden al año dos mil diecisiete (2017); por consiguiente, daremos por
sentado este último.
c. El señor C..M.M.M.ía impugna la referida sentencia y en
su instancia arguye violación a los artículos 38, 62 y 69.3 de la Constitución, así
como falta de motivación. Antes de proceder a analizar el presente caso, este
colegiado debe aclarar que en los casos que se han referido a la existencia de otra
vía efectiva para reclamar los derechos conculcados, se refiere al proceso en sí; es
decir, la vía para reclamar dentro del ámbito de una acción, de un recurso o de una
demanda, independientemente de cual sea la materia civil, penal, laboral o
administrativa, etcétera. Esta aclaración la realizamos, porque la sentencia
recurrida declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo por existir otras vías
judiciales efectivas abiertas que permiten al accionante tutelar los derechos
fundamentales invocados por el amparista, y hoy recurrente, conforme lo dispone
el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales.
d. La sentencia objeto de revisión ante este tribunal establece, entre otras cosas,
en la página doce (12), como justificación para declarar la inadmisibilidad por la
existencia de otra vía, lo siguiente:
Que de la Instrucción del proceso, en ocasión de la audiencia constitucional
de amparo impetrada por el ciudadano C.M.M.M.,
llevada a cabo en este tribunal, se ha comprobado que la acción
constitucional de amparo impetrada por el accionante resulta inadmisible
por existir una vía judicial que le permita de manera efectiva obtener la
protección del derecho fundamental invocado, como lo es el Segundo
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual se encuentra
apoderado de un proceso penal por alegada violación a los artículos 258,
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265, 266, 379 y 386 del Código penal Dominicana, conforme la hoja de
consulta hecha contradictoria en audiencia pública de fecha veinticinco
(25) de julio del dos mil diecisiete (2017), por la parte intimada
Procuraduría General de la República, situación que no fue negada por el
accionante.
e. En el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional en materia de
amparo es un hecho a destacar que el recurrente, señor C.M.M.
.
M., tiene un proceso penal abierto, situación que no fue negada por el recurrente
en el tribunal de amparo, como lo establece la sentencia impugnada, motivo por el
que juez de amparo entendió que el tribunal competente para dirimir cualquier
gestión tendente a la situación procesal del imputado lo era el Segundo Juzgado de
Instrucción del Distrito Nacional, por ser el tribunal que tiene el conocimiento del
caso que se le sigue, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley
núm. 76-02, modificada por la Ley núm. 10-15, que dispone lo siguiente:
Jueces de la Instrucción. Corresponde a los jueces de la instrucción
resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un
juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar,
dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas
del procedimiento abreviado.
f. Sin embargo, contrario al supuesto planteado en el párrafo y el artículo
citado anteriormente, en el caso que nos ocupa, el amparista y ahora recurrente
C.M.M..M., lo que está solicitando no es un trámite de la
jurisdicción apoderada del proceso que se le sigue, sino que lo que procuraba en su
acción de amparo era que la Certificación de No Antecedentes Penales que emitió
la Procuraduría General de la República omita la información de que tiene un
proceso penal abierto; por entender con la indicación que se hace en la
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Certificación de No Antecedentes Penales se vulneran sus derechos fundamentales,
y debido a esto, no ha podido obtener su exequátur ni ejercer su profesión de
abogado.
g. Este tribunal, luego de analizar la sentencia, los documentos que conforman
el expediente y los fundamentos expresados anteriormente, aprecia que el juzgador
del tribunal de amparo no motivó su decisión al establecer que existe otra vía
efectiva, sin indicar las razones, pues debió percatarse de que la acción de amparo
no estaba relacionada con actos propios de la investigación que se le seguía al
amparista, sino más bien, de que se le otorgara una Certificación de No
A..P. sin que se haga constar en ella que tiene un proceso penal
pendiente. Por esta razón, este colegiado procede a acoger el presente recurso,
revocar la sentencia recurrida y conocer la acción de amparo para verificar si hubo
o no conculcación a los derechos de presunción de inocencia, dignidad, honor y al
trabajo. Esto debido a que toda acción u omisión por parte de un órgano estatal que
pueda limitar los derechos fundamentales debe estar regida por el principio de
razonabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2 parte in fine de
la Constitución. De ahí que para que exista tal vulneración, es necesario que el
perjuicio o acción argüidos sean producto de una arbitrariedad irrazonable,
desproporcional e innecesaria, razón que justifica la pertinencia de analizar si el
Ministerio Público y el procurador general de la República, al emitir una
Certificación de No Antecedentes Penales y hacer constar en ella que el recurrente
C.M.M. tiene un proceso penal abierto, con tal aclaración, le
vulneró al recurrente sus derechos fundamentales.
h. Es la misma tesitura del párrafo anterior, es preciso indicar que este tribunal
en su Sentencia TC/0230/14, determinó que
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el test de razonabilidad es una herramienta que le permite mayor
objetividad y profesionalidad a las decisiones judiciales, pues no deja al
criterio del juez evaluar la razonabilidad de una norma, sino que le permite
medir, de manera objetiva, si la regulación de un derecho resulta justificada
por un fin constitucionalmente legítimo. Este test comprende tres aspectos a
considerar; primero, el análisis del fin buscado por la medida; segundo, el
análisis del medio empleado y tercero, el análisis de la relación entre el
medio y el fin buscado.
i. En este aspecto, el Ministerio Público y el procurador general de la
República, D..J.A..R., durante el conocimiento de la acción de
amparo aportaron pruebas a fin de demostrar que, en efecto, existe una
certificación, del once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, que da fe de que en ese tribunal hay un expediente marcado
con el número 249-04-2017-EPEN-00138, a cargo de los imputados V..F.
.
V.C., C.M.M.M. y A.A.M., por
presunta violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 279 y 389-3 del
j. En la especie, aunque la Procuraduría demostró la veracidad de la
información a través de la referida certificación, no justificó la necesidad de
establecer dicha información; tampoco estableció el fin buscado con tal indicación;
por consiguiente, el acto administrativo de indicar que el señor C.M.
.
M.M. tiene un proceso penal abierto deviene en violatorio al principio de
presunción de inocencia y no supera el test de razonabilidad.
k. En el mismo orden, este colegiado entiende que el Ministerio Público como
órgano encargado de aplicar políticas contra la criminalidad y ejercer la acción
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Expediente núm. TC-05-2017-0205, relativo al recurso de revisión en materia de amparo incoado por C.M.M.
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M. en contra d e la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de
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pública en representación del Estado, como órgano facultado para emitir este tipo
de certificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la
Constitución, debe garantizar que las certificaciones emitidas sean conformes con
la verdad del estatus que presenta el registro interno de la procuraduría fiscal
correspondiente, en estricto apego a la Constitución dominicana. Así también
mantener vigente lo dispuesto en el artículo 69.3, o sea, el derecho que tiene toda
persona a que se presuma su inocencia, hasta tanto intervenga una sentencia con
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. El mismo artículo consagra, en su
numeral 10, que todas las actuaciones tanto judiciales como administrativas estarán
sujetas al debido proceso de ley.
Artículo 69.3 El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada
como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia
irrevocable;
Artículo 69.10 Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
l. En ese mismo sentido, la Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público,
establece en sus artículos 13 y 26. 6:
Artículo 13. Principio de legalidad. El Ministerio Público debe someter sus
actuaciones a las disposiciones de la 13 Constitución de la República, de
los tratados internacionales adoptados por el Estado, de la legislación
nacional y de los precedentes jurisdiccionales vinculantes, y, en caso de
oscuridad o insuficiencia de las normas jurídicas, tendrá en cuenta los
principios fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico dominicano
en el sentido más favorable a la persona.
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Expediente núm. TC-05-2017-0205, relativo al recurso de revisión en materia de amparo incoado por C.M.M.
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M. en contra d e la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017). Página 27 de 40
Artículo 26.6 Administrar el registro de antecedentes penales y emitir las
certificaciones correspondientes
m. Es preciso indicar que el Decreto núm. 122-07 y el Reglamento S/N para el
Registro de Datos sobre Personas con Antecedentes Delictivos, ambos del ocho (8)
de marzo de dos mil siete (2007), regulan: (i) el Registro de Control e Inteligencia
Policial, (ii) el Registro o Ficha Temporal de Investigación y (iii) el Registro o
Ficha Permanente. En el caso que nos ocupa, es de relevancia conocer los distintos
registros contenidos en el decreto, lo cual justifica la necesidad de hacer constar
que el recurrente, C.M.M.M., tiene un proceso penal abierto. El
artículo 5, párrafo II, del indicado decreto, señala:
ARTÍCULO 5.- Se dispone la creación de tres formas de registros:
1.- El Registro de Control e Inteligencia Policial;
2.- La Ficha Temporal de Investigación Delictiva;
y 3.- La Ficha Permanente.
P.I.I.- El Registro o Ficha Temporal de Investigación Delictiva es la
que se realiza, bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la
República, a propósito de la comisión de un crimen o delito, cuando a la
persona de que se trata se le ha impuesto medida de coerción y sobre este
no ha intervenido sentencia condenatoria definitiva o se haya dispuesto el
archivo definitivo del caso.
n. Además, el Estado dominicano, a través de sus instituciones, ha de velar por
su fin legítimo, de conformidad con lo consagrado en los artículos 7 y 8 de la
Constitución, que es proteger los derechos de las personas, el respeto de su
dignifad a través de medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria,
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equitativa y progresiva en pro del bienestar de la sociedad general. Razón por la
que el artículo 74.2 de la Constitución contempla la posibilidad de limitar los
derechos fundamentales y establece como exigencia que dicha limitante esté
plasmada en la ley, pero dicha actuación normativa debe ser razonable, pues la ley
solo puede ordenar lo que es justo y útil.
o. Asimismo, el Decreto núm. 122-07 consagra en sus artículos diez (10) y
once (11) lo siguiente:
Artículo 10.- El Registro o Ficha Temporal de Investigación se crea a
partir de la solicitud y obtención por parte del Ministerio Publico de una
medida de coerción impuesta por el tribunal competente, estará
determinado por el plazo establecido en los artículos 150 y 151 del Código
Procesal Penal de la Republica Dominicana, el cual cesará si interviene, en
los casos que procede, el archivo definitivo del caso, por parte del
Ministerio Público, auto irrevocable de no ha lugar, emitido por la
autoridad competente y en su caso sentencia absolutoria definitiva, que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Artículo 11.- Toda certificación del Registro o Ficha Temporal de
Investigación será expedida por el Ministerio Publico y tendrá vigencia por
el tiempo que establece el Código Procesal Penal para la realización de
estas investigaciones y el eventual juicio, y solo podrán ser utilizadas
atendiendo al objetivo expuesto para su expedición por el o los solicitantes.
En caso contrario, el solicitante podrá ser encausado a través de cualquiera
de las acciones establecidas en el Derecho Común.
p. El Ministerio Público debe actuar apegado al principio de objetividad, que
consagra la Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público, que dispone en su
artículo 15 lo siguiente:
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Artículo 15. Principio de objetividad. Los miembros del Ministerio Público
ejercen sus funciones con un criterio objetivo para garantizar la correcta
aplicación de las normas jurídicas. Les corresponde investigar tanto los
hechos y circunstancias que fundamenten o agraven la responsabilidad
penal del imputado, como los que la eximan, extingan o atenúen. Los
funcionarios del Ministerio Público están sometidos a la observancia de las
prohibiciones e incompatibilidades dispuestas por la ley.
q. Al hilo del párrafo anterior, se desprende que los registros de referencia son
de carácter institucional y no tienen por qué salir a la luz, sin causa justificada,
máxime, si no existe una sentencia condenatoria con carácter de la cosa
irrevocablemente juzgada; por lo que la Procuraduría General de la República, al
establecer que el recurrente C.M..M.J. tiene un proceso
penal abierto, contradice lo dispuesto en el artículo 69.3 de la Constitución, en lo
referente al trato de inocente que debe dispensarse a toda persona que está sujeto a
un proceso de investigación.
r. Al respecto, este tribunal en su Sentencia TC/0575/15, página 18, literal t,
determinó la obligación del Ministerio Público de emitir la Certificación de No
Antecedentes Penales en los casos en que no haya intervenido una sentencia
condenatoria con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Al respecto, cabe señalar que la existencia de un antecedente penal
presupone la existencia de una sentencia condenatoria con autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada por la comisión de un hecho punible, lo cual
justificaría la existencia de un registro o ficha permanente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto núm. 122-07, el cual señala
que el Registro o Ficha Permanente lo constituye el resumen de los datos o
informaciones de las condenaciones pronunciadas contra una o varias
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personas mediante sentencias de los tribunales del orden penal que a su vez
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada (sic).
s. En esos términos se pronuncia la Corte Constitucional de Colombia en su
Sentencia 58/15, del dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015), cuando
determinó lo siguiente:
Considerando la importancia que tienen las bases de datos relacionadas
con antecedentes judiciales en el marco del Estado Constitucional y que su
existencia obedece a legítimos fines de la misma estirpe, esta Corte ha
señalado que su registro no puede ser considerado como una sanción. En
efecto, si bien los antecedentes penales son el producto de la imposición de
un castigo, no son la pena en sí misma ni adquieren autonomía punitiva.
t. En consecuencia, el hecho de que la certificación emitida por la
Procuraduría General de la República haga constar que el señor C..M.
.
M.M. tiene un proceso penal abierto, atenta directamente contra el
principio de la presunción de inocencia dispuesto en el citado artículo 69 numeral
3 de la Constitución y los precedentes establecidos por este tribunal constitucional.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados Justo P..C.
.
K. y V.G.B., en razón de que no participaron en la deliberación
y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran
incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo
sustituto; y K.M.J.M..
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
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M. en contra d e la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de
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DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión
constitucional en materia de amparo interpuesto por C.M.M.M.
contra la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis
(26) de julio de dos mil diecisiete (2017).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso descrito en el
ordinal anterior; en consecuencia, REVOCAR la referida sentencia núm. 042-
2016-SSEN-00093 y ACOGER la acción de amparo por los motivos expuestos en
la fundamentación.
TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la República entregar a
C.M..u.M.M. la Certificación de No A..P. sin
indicar que tiene un proceso penal abierto.
CUARTO: OTORGAR un plazo de tres (3) días a la Procuraduría General de la
República, a partir de la notificación de la presente sentencia.
QUINTO: FIJAR un astreinte de mil pesos dominicanos con 00/100 ($1,000.00)
diarios a favor de Liga Dominicana contra el Cáncer, Inc., por cada día de retardo
en el cumplimiento de la presente sentencia por parte de la Procuraduría General
de la República y el Dr. J.A.R..
SEXTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a
la parte recurrente, C..M.M.M., y a la parte recurrida, la
Procuraduría General de la República y Dr. J.A.R.z.
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SEPTIMO DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, 7,
numeral 6, y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once
(2011).
OCTAVO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal.
Firmada: M..R..G., J..P.; L..M.P.M.,
J. Primera Sustituta; L..V..S., J. Segundo Sustituto;
H.A. de los Santos, J.; A..I..B.H., J.;
V.J.C..t.P., J.; J.C..D., J.; R.D.
.
F., J.; W.S. Gómez Ramírez, J.; K.M.J..m.M.,
J.; I.R., J.; J.J.R.B., Secretario.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL
En ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en el artículo 186 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha
trece (13) de junio del año dos mil once (2011; y respetando la opinión de la
mayoría del Pleno, formulo el presente voto salvado, pues mi divergencia se
sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones en relación a que aun
cuando comparto la solución provista difiero de algunos de sus fundamentos, tal
como expongo a continuación:
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VOTO SALVADO:
I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
1. C..M.M..M., interpuso un recurso de revisión de decisión
de amparo el cuatro (04) de agosto de dos mil diecisiete (2017), contra la Sentencia
núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de fecha veintiséis (26) de julio
de dos mil diecisiete (2017), cuyo fallo declaró inadmisible la acción de amparo
por existir otra vía efectiva, en virtud de lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley
núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, que establece el juez apoderado de la acción de amparo, luego
de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción,
sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: […] Cuando existan otras
vías judiciales que permitan de manera obtener la protección del derecho
fundamental invocado”
2. Los honorables jueces de este Tribunal concurrieron con el voto mayoritario
en acoger el recurso de revisión, revocar la sentencia recurrida y admitir la acción
de amparo tras comprobar que la sentencia recurrida no estaba debidamente
motivada. En ese sentido, determinó que pese a la veracidad de la información
referida en la certificación de No Antecedentes Penales, la Procuraduría General de
la República no justificó la necesidad de establecer la información relativa al
proceso penal abierto que actualmente tiene el señor C.M.M.ivier, la
cual deviene en violatorio al principio de presunción de inocencia y no supera el
test de razonabilidad.
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3. Queremos dejar constancia que si bien comparto en el análisis realizado en lo
concerniente a la presunción de inocencia establecida en el numeral 3 del artículo
69 de la Constitución; sin embargo, no me adscribo a los argumentos expuestos
con relación al test de razonabilidad.
II. ALCANCE DEL VOTO: EL TEST DE RAZONABILIDAD AL QUE SE
ALUDE EN LA PRESENTE SENTENCIA COMO ARGUMENTO DE
AUTORIDAD, NO ES APLICABLE EN LA ESPECIE.
4. En el desarrollo de las consideraciones de esta sentencia, este órgano
constitucional consideró lo siguiente:
u. Este tribunal luego de analizar la sentencia, los documentos que conforman
el expediente y los fundamentos expresados anteriormente, aprecia que el juzgador
del tribunal de amparo, no motivó su decisión, al establecer que existe otra vía
efectiva, sin indicar las razones; pues debió percatarse de que la acción de
amparo no estaba relacionada con actos propios de la investigación que se le
seguía al amparista, sino más bien, de que se le otorgara una certificación de no
antecedentes penales sin que se haga constar en ella que tiene un proceso penal
pendiente. Razón por la que este colegiado procede a acoger el presente recurso,
revocar la sentencia recurrida y, conocer la acción de amparo, para verificar, si
hubo o no, conculcación a los derechos de: presunción de inocencia; dignidad;
honor y al trabajo. Esto debido a que toda acción u omisión por parte de un
órgano estatal que pueda limitar los derechos fundamentales, debe estar regida
por el principio de razonabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
74.2 parte in fine de la Constitución. De ahí que, para que exista tal vulneración,
es necesario que el perjuicio o acción argüidos, sean producto de una
arbitrariedad irrazonable, desproporcional e innecesaria, razón que justifica la
pertinencia de analizar, si el Ministerio Público y el Procurador General de la
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República, al emitir una certificación de No Antecedentes Penales y hacer constar
en ella que el recurrente C..M.M. tiene un proceso penal abierto,
con tal aclaración, le vulneró al recurrente sus derechos fundamentales.
v. Es la misma tesitura del párrafo anterior, es preciso indicar que este
Tribunal en su Sentencia TC/0230/14, determinó que “el test de razonabilidad es
una herramienta que le permite mayor objetividad y profesionalidad a las
decisiones judiciales, pues no deja al criterio del juez evaluar la razonabilidad de
una norma, sino que le permite medir, de manera objetiva, si la regulación de un
derecho resulta justificada por un fin constitucionalmente legítimo. Este test
comprende tres aspectos a considerar; primero, el análisis del fin buscado por la
medida; segundo, el análisis del medio empleado y tercero, el análisis de la
relación entre el medio y el fin buscado”.
w. En este aspecto, si bien el Ministerio Público y el Dr. J..A.R.,
Procurador general de la República, durante el conocimiento de la acción de
amparo aportaron pruebas a fin de demostrar que, en efecto, existe una
Certificación de fecha once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), emitida
por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, que da fe de que en ese tribunal, hay un
expediente marcado con el número: 249-04-2017-EPEN-00138, a cargo de los
imputados V.F.aris V.s Cruz, C.M..M..M. y Amarilis
A..M., por presunta violación a las disposiciones de los artículos 265,
266, 279 y 389-3 del Código Penal Dominicano.
x. En la especie, aunque la Procuraduría demostró la veracidad de la
información a través de la referida certificación; no justificó la necesidad de
establecer dicha información; tampoco estableció el fin buscado con tal
indicación; por consiguiente, acto administrativo de indicar que el señor C.
.
.
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M..M..M. tiene un proceso penal abierto, deviene en violatoria al
Principio de Presunción de inocencia y no supera el test de razonabilidad.
5. Aunque las consideraciones expuesta para dar solución al punto en conflicto
se fundamentó acertadamente en lo establecido en el artículo 69.3 de la
Constitución que establece el principio de presunción de inocencia, esta decisión
también se apoya en el principio de razonabilidad previsto en el artículo 74.2 de la
Constitución, que dispone: “La interpretación y reglamentación de los derechos y
garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los
principios siguientes (…) (2) Solo por ley, en los casos permitidos por esta
Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías
fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad.”,
y el test de razonabilidad precisado en la sentencia TC/0230/14.
6. Nuestra posición se sustenta en que el principio de razonabilidad ha sido
utilizado por esta sentencia fuera de contexto en el que debe operar, puesto que
este principio sirve como límite al legislador al momento de producir las normas
que regulan la conducta de los ciudadanos; por lo cual, aunque el mismo es un eje
transversal en todo el sistema jurídico, no lo es para solucionar casos concretos
como el de la especie.
7. Este colegiado en su Sentencia TC/0150/17 del cinco (5) de abril de dos mil
diecisiete (2017), literales m) y n), página 52, se ha referido a este tema en los
términos siguientes:
El test de razonabilidad, normalmente aplicado por los tribunales y
cortes constitucionales en su labor intelectiva, opera en un nivel que
trasciende la simple concreción de las normas que llevan a cabo los
jueces ordinarios; su rol es penetrar en el aspecto subjetivo y en las
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condiciones en las que estas (las normas) se producen, sometiendo a un
riguroso examen el grado de afectación o limitación que provocan en la
esfera de actuación de los ciudadanos a los que va dirigida la actividad
normativa, es decir, el órgano jurisdiccional se ve precisado a utilizar
los parámetros de razonabilidad en su escrutinio como resolvió el
tribunal en la Sentencia TC/0044/12.
La actividad jurisdiccional, en cambio, en la medida que está llamada a
resolver casos concretos mediante la aplicación e interpretación de las
normas que integran el ordenamiento jurídico, su labor se aparta
considerablemente del control abstracto de constitucionalidad, pues en
estos casos el juez no tiene que acudir al análisis del fin buscado, el
medio empleado y a la relación medio- fin para resolver la controversia.
8. Del mismo modo entiendo que el precedente TC/0230/14 que establece lo
relativo al test de razonabilidad no es aplicable en la especie, en tanto, que el
mismo alude a una actuación en la cual se cuestiona la constitucionalidad de una
norma, mientras que en el caso que nos ocupa no se cuestiona una norma, sino la
actuación de la Procuraduría General de la República al emitir una certificación de
no antecedentes penales y constancia de un proceso penal abierto ante el órgano
jurisdiccional.
9. En definitiva, entiendo que aun cuando la exigencia de razonabilidad no está
limitada al concepto de ley entendida como norma que integra el ordenamiento
jurídico, esta sentencia ha considerado erradamente que una actuación de la
administración (certificación emitida por la PGR) debe estar sometida al principio
de razonabilidad previsto en el artículo 74.2 de la Constitución, pues resultan
distintos el test para determinar la razonabilidad de una ley y los razonamientos
extraídos por el juez como inferencia de su análisis para la solución de un caso
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concreto; y es que, en el primer caso, el tribunal examina la cuestión planteada en
forma subjetiva y al margen de toda controversia inter-parte, mientras que, en el
segundo, aplica una norma jurídica a la solución de la contienda sometida a su
consideración, es decir, que se trata de un escenario donde el test de razonabilidad
no revela utilidad para resolver una situación determinada
1
.
III. CONCLUSIÓN
10. Por las indicadas razones, entendemos que en la cuestión planteada el
Tribunal Constitucional debió pronunciarse únicamente sobre la base del principio
de presunción de inocencia establecido en el artículo 69.3 de la Constitución, en
virtud de que el principio de razonabilidad y su test, no son aplicables como
argumentos de autoridad al caso de la especie.
Firmado: Lino V.S., J.S. sustituto
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a
fin de ser coherente con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto
1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este
voto salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de
1
Sentencia TC/0150/17 del cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017), páginas 51-52.
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que la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis
(26) de julio de dos mil diecisiete (2017), sea revocada, y de que sea acogida la
acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las
motivaciones que expone el consenso de este tribunal constitucional para decretar
la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia en materia de
amparo.
II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional
2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad
del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la
dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría
desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia
dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación
que el consenso de este tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia
TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la
aplicación de la tesis sentada por la mencionada Sentencia TC/0007/12 que se
sustenta en la aseveración de que la revisión no representa una segunda instancia o
recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes.
2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin
importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la
determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y
volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es
la protección efectiva de los derechos fundamentales.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2017-0205, relativo al recurso de revisión en materia de amparo incoado por C.M.M.
.
M. en contra d e la Sentencia núm. 042-2017-SSEN-00093, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017). Página 40 de 40
2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede
aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es,
en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente
trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba
constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de
cinco (5) días, como en efecto se hizo.
Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por
el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida,
salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar
la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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