Sentencia Nº TC/0234/21 de Tribunal Constitucional, 30-07-2021

• Número de sentencia: TC/0234/21
• Fecha: 30 Julio 2021
• Número de expediente: TC-06-2020-0003
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-06-2020-0003, relativo a la acción de amparo directo incoada por el señor R.A.S.

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A. contra la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de

Pensiones.

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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0234/21 Referencia: Expediente núm. TC-06-

2020-0003, relativo a la acción de

amparo directo incoada por el señor

R..A..S..A.

contra la Superintendencia de

Pensiones (SIPEN) y la Asociación

Dominicana de Administradoras de

Fondos de Pensiones.

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veintiuno

(2021).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados

M.R..G., presidente; R.D..F., primer sustituto; L...

.

V.S., segundo sustituto; J..A.A., M.U.

.

B..V., J.P.C..K., V.J.C.nos

P., D..G., M.d..C.S. de Cabrera, Miguel V.

.

M., J.A.V..G. y E.V..A., en

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las

previstas en el artículo 185 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la

siguiente sentencia:

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-06-2020-0003, relativo a la acción de amparo directo incoada por el señor R.A.S.

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A. contra la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de

Pensiones.

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I.ANTECEDENTES

1.Presentación de la acción de amparo

El accionante, R.A..S.A., interpuso ante la Secretaría del

Tribunal Constitucional, la presente acción de amparo el veintiséis (26) de mayo

de dos mil veinte (2020), contra las actuaciones de la Superintendencia del

Fondo de Pensiones (SIPEN) y la Asociación Dominicana de Administradoras

de Fondos de Pensiones, con base en los hechos y pretensiones que se resumen

más adelante.

2.Hechos y argumentos jurídicos del accionante

2.1. En apoyo a sus pretensiones, el señor R.A.S.A.

expone, entre otros, los argumentos que se destacan a continuación:

a.El recurso de amparo tiene como objetivo cautelar los derechos

fundamentales de los ciudadanos, consagrados en la Constitución de la

República Dominicana. Mediante el cual se busca neutralizar los actos

u omisiones arbitrarias e ilegales que priven, perturben o amenacen el

ejercicio legítimo de los derechos establecidos en el texto constitucional.

Para ello, la Constitución impone a los tribunales de justicia la

obligación de adoptar las medidas necesarias para restablecer el

imperio del derecho y asegurar la debida protección del titular de

derecho, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante

la autoridad o los tribunales correspondientes.

b.Es arbitrario y anticonstitucional el no poder desafiliarse de las

Administradoras de Fondos de Pensiones y que a su vez los afiliados

República Dominicana

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Expediente núm. TC-06-2020-0003, relativo a la acción de amparo directo incoada por el señor R.A.S.

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A. contra la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de

Pensiones.

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puedan obtener sus fondos acumulados. En efecto, la arbitrariedad de

una acción, se define como: “la falta de razonabilidad, por obedecer el

mero capricho de ser contraria a la justicia y carente de fundamento”.

c.En un estado constitucional como es la República Dominicana, el

respeto de los derechos constitucionales ha de ser el estándar básico de

razonabilidad, de justicia y fundamentación. Por consiguiente, para

acreditar la arbitrariedad de la acción de las Administradoras de Fondos

de Pensiones es necesario mostrar que ellas niegan en términos

constitucionalmente lícitos el derecho del afiliado a la propiedad de los

fondos acumulados por sus afiliados y lo hacen no en el sentido de

explícitamente negar que los afiliados somos los dueños de nuestros

fondos, sino negándose a reconocer sus facultades esenciales, que están

explícitamente protegidas por el texto constitucional, como se mostrará

a continuación.

Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el

derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica

obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición

de sus bienes.

1.Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por

causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de

su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de

tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso

de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización

podrá no ser previa.