Sentencia Nº TC/0443/18 de Tribunal Constitucional, 13-11-2018

Fecha de Resolución:13 de Noviembre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesta por Ramón Aníbal Gómez Navarro contra la Resolución núm. 502-2018-SRES00001, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil dieciocho (2018) y el expediente núm. TC-07-2018-0012, relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia... (ver resumen completo)

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2018-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesta por
R.A.G.N. contra la Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada p or la Cámara P enal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil dieciocho (2018) y el expediente núm. TC-07-2018-0012,
relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el primero
(1°) de enero de dos mis dieciocho (2018). Página 1 de 36
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0443/18
Referencia Expediente núm. TC-04-
2018-0078, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesta por R.
.
A..G..N. contra la
Resolución núm. 502-2018-SRES-
00001, dictada por la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional el primero (1°) de enero de
dos mil dieciocho (2018) y el
expediente núm. TC-07-2018-0012,
relativo a la demanda en suspensión
de ejecución de sentencia interpuesta
por R..A.G..N.
contra la Resolución núm. 502-2018-
SRES-00001, dictada por la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional el primero (1°) de
enero de dos mis dieciocho (2018).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018).
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Expediente núm. TC-04-2018-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesta por
R.A.G.N. contra la Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada p or la Cámara P enal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil dieciocho (2018) y el expediente núm. TC-07-2018-0012,
relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el primero
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El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R..G., presidente; Lino V..S., segundo sustituto; H.
.
A. de los Santos, A.I.B.H., J.P.C.
.
K., V.J.C.P., R.D.F., V.G.
.
B., W..S.G..R. e I..R., en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de
dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. D.ción de la sentencia recurrida en revisión y objeto de la demanda
en suspensión de ejecución
La Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada por la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil
dieciocho (2018), tiene el dispositivo siguiente:
PRIMERO: rechaza el recurso de Oposición fuera de audiencia interpuesto
en fecha seis (6) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), por
el señor R..A..G..N., en calidad de imputado,
debidamente representado por el Licdo. G..C..R.,
abogado de la Republica, en contra la Resolución Núm. 502-2017-SRES-
00511, de fecha catorce (14) del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017), dictada por esta Segunda Sala de la Corte de Penal del
Distrito Nacional, la cual declaro admisible los recursos de apelación
interpuestos en fecha a) veintinueve (29) del mes de agosto del año dos mil
diecisiete (2017), por la Licda. W..A..G..C.,
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R.A.G.N. contra la Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada p or la Cámara P enal de la Corte de
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relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
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procuradora Fiscal del Distrito Nacional y B) Veintinueve (29) del mes de
agosto del año dos mil diecisiete (2017), por el señor J..D.A.a
C., debidamente representado por el Dr. J.R.A.M. y la
Licda. I.A..C., ambos en contra de la Sentencia de penal Núm.
249-05-2017-SSEN-00172, de fecha trece (13) del mes de julio del año dos
mil diecisiete (2017), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente
decisión.(sic)
SEGUNDO: confirma la Resolución Núm. 502-2017-SRES-00511, de fecha
catorce (14) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) dictada
por esta Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, por la razón
expuesta en el cuerpo de la decisión.
TERCERO: Ordena que la secretaria interina de esta Sala de la corte
notifique la presente resolución a las partes involucradas en el presente
proceso y una copia de la misma sea anexada a la glosa procesal.
No consta en el expediente notificación de la resolución descrita anteriormente.
2. P.ación del recurso de revisión de sentencia de amparo y de la
demanda en suspensión de ejecución de sentencia
En el presente caso la parte recurrente y demandante, señor Ramón A.G.
.
N., depositó un recurso de revisión constitucional el siete (7) de marzo de dos
mil diecisiete (2017) contra la Resolución núm. 502-2018-SRES-00001 y una
demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta contra la citada la
resolución. El referido recurso fue depositado en la Secretaría de la Suprema Corte
de Justicia el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
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relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
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C.P.o, J.; R.D..F., J.; V..G.B., J.;
W..S.G..e..R., J.; I.R., J.; J.J..o..R.B.,
S..
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar
las razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once
(2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que
hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión
adoptada”; y en el segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo
hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los
votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesta por el señor R. Aníbal G..N. contra la
Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada por la Cámara Penal de la Corte
de Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil dieciocho
(2018).
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se declara inadmisible el
recurso anteriormente descrito. Estamos de acuerdo con la decisión, sin embargo,
salvamos nuestro voto en relación con la motivación que se desarrolla en los
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Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil dieciocho (2018) y el expediente núm. TC-07-2018-0012,
relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
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párrafos d), e), f) del numeral 10 de la sentencia, relativo a la admisibilidad del
recurso, y cuyo contenido es el siguiente:
d. En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus variantes de
la Ley núm. 137-11, este tribunal unificó criterio en lo que concierne a este
artículo con ocasión de emitir la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de
julio de dos mil dieciocho (2018), estableciendo al respecto lo siguiente:
Dentro de las modalidades de sentencias constitucionales en el derecho
procesal constitucional comparado existen las llamadas “sentencias de
unificación” utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de
Colombia. Este tipo de sentencias tienen como finalidad unificar criterios en
la jurisprudencia para resolver posibles contradicciones originadas por
decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o relación de derechos
fundamentales, para unificar criterios jurisprudenciales o cuando un asunto
de transcendencia lo amerite.
e. Sigue consignando la Sentencia TC/0123/18:
El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de
doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este tribunal se
observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario
unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o
variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios
contradictorios. Como ya lo ha indicado este tribunal, aplicaciones
contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de precedentes
contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la
aplicación del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría
en un estado de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores
políticos y jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los
criterios de este tribunal: “En consecuencia, las sentencias de unificación
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Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil dieciocho (2018) y el expediente núm. TC-07-2018-0012,
relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
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de este tribunal constitucional proceden cuando: Por la cantidad de casos
aplicando un precedente o serie de precedentes sobre un punto similar de
derechos, se presentan divergencias o posibles contradicciones que hacen
necesaria la unificación por razones de contenido o lenguaje; por la
existencia de una cantidad considerable de precedentes posiblemente
contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina y por la cantidad
de casos en que, por casuística se aplican criterios concretos para aquellos
casos, pero que por la cantidad se hace necesario que el Tribunal unifique
criterios en una sola decisión por la naturaleza de la cuestión”.
f. Apunta, además, la citada decisión de este colegiado:
En la especie, la unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje
utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el
precedente sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por lo
que el Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de
admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, dispuesto en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran
satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con las particularidades del caso.
En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la
invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o
última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en
concreto. Lo anterior no implica en un cambio de precedente debido a
que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de
declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito se invocó
en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para
subsanar la violación.
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Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil dieciocho (2018) y el expediente núm. TC-07-2018-0012,
relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el primero
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3. Como se advierte en dichos párrafos se afirma que la sentencia que sirve de
precedente era de unificación, tipología de decisión que solo puede ser dictada por
los tribunales constitucionales que están divididos en salas, condición que no
cumple nuestro tribunal, en la medida que todos los asuntos que les son sometidos
lo conoce y decide el pleno.
4. Igualmente, tampoco compartimos la motivación desarrollada en el párrafo
g) del numeral 10 de la sentencia, cuyo contenido es el siguiente:
g. En el caso que nos ocupa, al analizar el cumplimiento de los requisitos
citados, se comprueba que en relación con el requisito (a) este se encuentra
satisfecho, toda vez que la parte recurrente ha invocado la violación tan
pronto tomó conocimiento de la decisión a la cual le atribuye las
violaciones de derechos fundamentales.
5. Nuestro desacuerdo radica en que el presente caso no debe establecerse que
el literal a) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 se satisface, toda vez que dicho
requisito no es exigible, en la medida que el recurrente imputa las violaciones a la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y, en consecuencia,
se entera de las mismas cuando le notificaron la sentencia recurrida, circunstancia
que le impidió invocar las violaciones durante el proceso.
Conclusión
Consideramos que las violaciones imputadas a la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional no pudieron invocarse, en razón de que el
recurrente se enteró de las mismas en la fecha que se le notificó la sentencia
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relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
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recurrida y, por otra parte, que las sentencias de unificación la dictan los tribunales
constitucionales divididos en salas, requisito que no reúne nuestro tribunal.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la
facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido,
presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos a
continuación:
I. ANTECEDENTES
1. En la especie, la parte recurrente, R..A..G.N., interpuso
un recurso de revisión y una demanda en suspensión de ejecución contra la
resolución número 502-2018-SRES-00001 dictada el primero (1º) de enero de dos
mil dieciocho (2018), por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional. El Tribunal Constitucional declaró la inadmisibilidad del recurso en
razón de que no es una decisión que tiene por objeto poner fin al proceso.
2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, el recurso de
revisión de decisión jurisdiccional es inadmisible; sin embargo, no estamos de
acuerdo con los motivos, o la fundamentación presentada por la mayoría para
determinar la inadmisión.
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relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
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3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestra posición ampliamente
desarrollada a raíz de los casos resueltos por este Tribunal Constitucional,
mediante las sentencias TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14,
TC/0102/14, TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/14
2
, entre otras tantas
publicadas posteriormente, exponemos lo siguiente:
II. SOBRE EL ARTÍCULO 53
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
2
De fechas 27 de septiembre de 2013; 31 de octubre de 2013; 13 de noviembre de 2013; 23 de
abril de 2014; 10 de junio de 2014; 27 de agosto de 2014; 8 de septiembre de 2014 y 8 de
septiembre de 2014, respectivamente.
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3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente
en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado
conocimiento de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá
revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este
artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste
considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia
constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y
una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá
motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa
que, podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional, aquellas
decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010.
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7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la autoridad
de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado
3
.
8. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido
incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se
dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha
“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser
impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se
dice que la sentencia es “irrevocable
4
.
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente
que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una
sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque
no haya sido emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia
dictada en primera instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos
por la ley, adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si
se interpone uno de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la
misma y el recurso es desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no
3
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
4
Ibíd.
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implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En
realidad, se trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el
Tribunal Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales.
Estos son independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la
posibilidad de que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es: "Cuando la decisión declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza";
La segunda (53.2) es: "Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional"; y,
La tercera (53.3) es: “Cuando se haya producido una violación de un
derecho fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la
existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
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R.A.G.N. contra la Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada p or la Cámara P enal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional el primero (1°) de enero de dos mil dieciocho (2018) y el expediente núm. TC-07-2018-0012,
relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
Resolución núm. 502-2018-SRES-00001, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el primero
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a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente
en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado
conocimiento de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá
revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este
artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste
considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia
constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y
una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá
motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del
artículo 53 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el
recurso cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos
fundamentales. En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un
derecho fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de
los requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada.
No se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─
la violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya
producido una violación de un derecho fundamental.”
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relativo a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por R.A.G.N. co ntra la
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15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y
la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene,
siempre conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del
recurso, la obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia
que apunte a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha
vulneración sea discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para
superar el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a
“alegar, indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el
recurso fuera admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la
justicia constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal
se pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de violación
a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo este a la
especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar
la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de
una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que
se haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le
presentó, o porque haya producido la vulneración directamente; y, 4. finalmente,
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reunidos estos requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia
constitucional de la cuestión.
19. Es importante señalar que, en determinadas circunstancias, la imposibilidad
del cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales “a” y “b” del
referido artículo 53.3 de la ley número 137-11, hace que los mismos sean
inexigibles a los fines de valorar la admisibilidad del recurso. Así lo ha
establecido este Tribunal Constitucional a partir de la sentencia TC/0057/12. Tal
serían los casos en que la lesión cuya reparación se reclama la ha producido una
decisión judicial que pone fin al proceso, por lo que el recurrente no ha tenido
oportunidad para presentar el referido reclamo; lo mismo que si -en similar
circunstancia- no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una
violación que ni siquiera ha sido invocada previamente.
20. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un
recurso excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser
admitido. Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible
para el buen funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
21. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos
del artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale
subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo,
en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
22. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el
fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia
de la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
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un recurso excepcional que "no ha sido instituido para asegurar la adecuación de
las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de
estos tengan las partes"
5
23. No obstante lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra,
sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional
puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean
pertinentes -entre ellas, con carácter esencial, que se haya producido una violación
de un derecho fundamental-.
III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
24. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
6
del recurso.
25. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada
con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha establecido el
legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción recursiva limitada,
por el rigor necesario para su procedencia.
26. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal
Constitucional no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales
ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los
fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo,
formal o material. Queda entendido que corresponde al Tribunal Constitucional
obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los preceptos
5
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
6
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
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constitucionales y, en tal virtud, revisar la aplicación o interpretación que los
tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.
7
27. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo,
a los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales
que sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos
visto, esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto,
una posibilidad que no puede estar -y no está- abierta para todos los casos, sino
sólo para aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan
acceder a este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y,
consecuentemente, ser conocidos y decididos por éste.
28. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
29. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión
de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal
tiene que evaluar y respecto de ellos decidir.
30. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
7
M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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31. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya
estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el
fondo del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de septiembre de (2012)
dos mil doce.
32. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de
dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la
fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal
pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para
admitir dicho recurso.
IV. SOBRE EL CASO CONCRETO
33. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales.
34. Planteamos nuestro acuerdo con que el recurso interpuesto debió ser
inadmitido, sin embargo, discrepamos en las razones que llevaron a su
inadmisibilidad.
35. En el análisis de la admisibilidad del recurso, el Pleno decidió inadmitir el
recurso por cuanto no quedaban satisfechos los requisitos del artículo 53.3 de la
referida ley número 137-11, y en razón de que la decisión recurrida no pone fin al
proceso.
36. Si bien consideramos que, en efecto, el recurso es inadmisible, discrepamos
en las motivaciones
37. En primer lugar, consideramos que, al tratarse de una decisión que no pone
fin el proceso, no era necesario pronunciarse sobre las causales de inadmisibilidad
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previstos en el artículo 53 de la referida ley número 137-11, ni sobre los requisitos
previstos en el inciso 3 y párrafo del referido texto legal.
38. En segundo lugar, con relación a la concurrencia de esos requisitos, la
mayoría aplicó el criterio consignado mediante la sentencia TC/0123/18, y acordó
indicar que dichos requisitos no han sido “satisfechos”. R.eramos que, no era
necesario pronunciarse sobre las causales de admisibilidad; sin embargo, ya que se
hace mención del asunto, debemos reiterar que no se puede alegar la satisfacción o
la insatisfacción de requisitos como los establecidos en los literales “a” y “b” del
referido artículo 53.3 de la ley número 137-11, en aquellos casos en que el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o cuando la
vulneración del derecho fundamental de que se trate, se haya producido en única o
última instancia.
39. Discrepamos de tal razonamiento en tales supuestos, pues lo que sucede más
bien es que dichos requisitos devienen en inexigibles, en razón de la imposibilidad
del cumplimiento de mismos, tal y como lo dispone el precedente de sentencia
TC/0057/12, antes advertido. Y no se puede considerar satisfecho o insatisfecho-
aquello que no existe o que no se puede exigir.
40. Por todo lo anterior, y aunque estamos de acuerdo con la decisión en cuanto a
la inadmisibilidad, discurrimos en las motivaciones que han sido emitidas.
Firmado: Justo P.C.K., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico. Julio J.R.B..
.
S.

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