Sentencia Nº TC/0463/19 de Tribunal Constitucional, 24-10-2019

Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Julián Antonio de Jesús Torres contra la Sentencia núm. 501-2018-SSEN- 00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2018-0159, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor
J.A. de J.T. co ntra la Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0463/19
Referencia: Expediente núm. TC-04-
2018-0159, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por el señor
J.A. de J.T. contra
la Sentencia núm. 501-2018-SSEN-
00076, dictada por la Primera Sala de
la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional el
veintidós (22) de mayo de dos mil
dieciocho (2018).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil
diecinueve (2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados R.
.
D.F., primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel,
segundo sustituto; H.A. de los Santos, J.A.A., A.
.
L.B..M., A.I..B.H., J.P..C.
.
K., V.J.C.P., D.A.G. y M.V.
.
M., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y, 9, 53 y 54
de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
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Expediente núm. TC-04-2018-0159, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor
J.A. de J.T. co ntra la Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
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Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011),
dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076 fue dictada por la Primera Sala de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de
mayo del año dos mil dieciocho (2018) y declara con lugar los recursos de apelación
interpuestos, revoca en cuanto al fondo la sentencia recurrida y ordena la continuidad
del proceso seguido en contra del actual recurrente. En su parte dispositiva, esta
sentencia dispone textualmente lo siguiente:
PRIMERO: Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos por: a)
En fecha dos (02) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por la
señora S.A..B.A., (querellante), a través de su
representante legal, Licda. Y..V.F.; y b) En fecha diez (10)
del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por la representante del
ministerio público, en la persona de la Lcda. W.G., Procuradora
Fiscal del Distrito Nacional, A. al Departamento de la Litigación II,
ambos en contra de la Sentencia núm. 249-05-2017-SSEN-00278, de fecha
veintitrés (23) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada
por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por los motivos
expuestos en el cuerpo de la presente decisión.
SEGUNDO: En cuanto al fondo, REVOCA en todas sus partes la sentencia
núm. 249-05-2017-SSEN-00278, de fecha veintitrés (23) del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tercer Tribunal
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TORRES, ya que la decisión jurisdiccional atacada no ha adquirido la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
SEGUNDO: C.ar al recurrente al pago de las costas, a favor y en
provecho de la Licda. Y..V..F., quien afirma haberla
avanzado en su totalidad.
7. Pruebas documentales
Las pruebas documentales más relevantes del presente recurso de revisión son las
siguientes:
1. Oficio núm. 974-2018, de veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho
(2018), mediante el cual a través del ministerial R.A..D.C.,
alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,
se notifica el presente recurso a la señora S..A.B.A. el siete
(7) de julio de dos mil dieciocho (2018).
2. Oficio núm. 976-2018, de veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho
(2018), mediante el cual se notifica a la Procuraduría General de la Corte de
Apelación el veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018) el presente
recurso.
3. Constancia de entrega a la parte recurrente de copia certificada de la sentencia
recurrida realizada por la Secretaría de la Primera Sala de la Cámara Penal de la
Corte de Apelacion del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil
dieciocho (2018).
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4. Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076, dictada por la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil
dieciocho (2018).
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos que constan en el expediente y a los hechos y
argumentos invocados por las partes, el conflicto se origina a raíz de las supuestas
actuaciones en que incurriera el señor J..A. de J..T. en contra de
una de sus hijas menores de edad, presumiblemente constitutivas de las infracciones
de incesto y abuso psicológico y sexual configuradas en los artículos 332-1 y 332-2
del Código Penal y 396, literales b) y c), de la Ley núm. 136-03, que establece el
Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños,
Niñas y Adolescentes, de veintidós (22) de julio de dos mil tres (2003) (en adelante,
“Ley núm. 136-03”).
El dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011), fue dictada medida de
coerción en contra del imputado J.A. de Jesús Torres, consistente en
prisión preventiva por espacio de dos (2) meses, y el veintitrés (23) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017), el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó la Sentencia núm. 249-05-
2017-SSEN-000278, que acog un incidente planteado y se dictó la extinción de la
acción penal, en virtud de las disposiciones del artículo 148 del Código Procesal
Penal dominicano, así como el cese de cualquier medida de coerción.
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de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
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Frente a dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación que fue decidido por la
Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el
veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018), mediante la Sentencia núm.
501-2018-EPEN-00091, que declaró con lugar los recursos de apelación
interpuestos, revocó en todas sus partes la sentencia recurrida y ordenó la remisión
del presente proceso ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a los
fines de darle continuidad; sentencia actualmente recurrida por presunta vulneración
de los derechos fundamentales a la igualdad (artículo 39 de la Constitución), la
garantía de los derechos fundamentales (artículo 68 de la Constitución) y a la tutela
judicial y efectiva (artículo 69 de la Constitución), y 11 y 12, 44.11 y 148 del Código
Procesal Penal y el artículo 24 de la Convención Americana de los Derechos
Humanos.
9. Competencia
Este tribunal es competente para conocer del recurso de revisión, en virtud de lo que
establecen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de la Ley núm.
137-11.
10. Sobre la inadmisibilidad de este recurso
10.1. Los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11 disponen que
las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada
después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos
mil diez (2010) pueden ser recurridas en revisión constitucional de decisión
jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional.
10.2. El artículo 277 de la Constitución establece:
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J.A. de J.T. co ntra la Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal
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Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en el ejercicio del
control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de J.ia,
hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán
ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán
sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.
10.3. Del mismo modo, el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 confiere la facultad a
este tribunal para conocer de las revisiones constitucionales de las decisiones
jurisdiccionales “[q]ue hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada
en vigencia de la Constitución (…)”.
10.4. De lo anterior se puede inferir que, en un esfuerzo de impedir que el recurso
de decisión jurisdiccional se torne en una cuarta instancia judicial, el legislador ha
establecido en cuáles casos procede el recurso de revisión; y resulta que es solo en
casos especiales, revestidos de sendas especificaciones, que se manifiesta esa
concurrencia de factores.
10.5. La sentencia recurrida fue notificada al recurrente mediante la entrega de
copia certificada realizada por la Secretaría de la Primera Sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil
dieciocho (2018), y el recurso fue interpuesto el veintidós (22) de junio de dos mil
dieciocho (2018), por lo que se comprueba que fue realizado dentro del plazo
establecido en el artículo 54 de la Ley núm. 137-11.
10.6. En el presente caso nos encontramos ante la revisión de la Sentencia núm.
501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte
de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo del año dos mil
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Expediente núm. TC-04-2018-0159, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor
J.A. de J.T. co ntra la Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
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dieciocho (2018), que declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos y en
cuanto al fondo, revocó en todos sus partes la sentencia impugnada y ordenó la
remisión del proceso ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a los
fines de darle continuidad al proceso seguido en contra del imputado J.A.
de J.T..
10.7. El Tribunal Constitucional ha establecido, en decisiones como la que nos
ocupa, que no son susceptibles del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, en razón de que el proceso no ha agotado todas las vías recursivas que
tiene abiertas en la jurisdicción ordinaria. En la especie, al haber sido remitido el
presente proceso ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, es allí
donde debió dirigirse el señor J.A. de J..T. para exigir la
protección de los derechos fundamentales invocados, de conformidad con lo previsto
por el artículo 103 de la Ley núm. 10-15, de seis (6) de febrero de dos mil quince
(2015), que modifica el artículo 422 de la Ley 76-02, de diecinueve (19) de julio de
dos ml dos (2002), que establece el Código Procesal Penal de la República
Dominicana.
10.8. Sobre este aspecto, el Tribunal determinó en su Sentencia TC/0187/14, de
veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), que:
[...] el presupuesto del agotamiento de todos los recursos disponibles dentro
de la vía jurisdiccional correspondiente (sin que la violación alegada haya
sido subsanada) pretende salvaguardar el carácter extraordinario de la
revisión constitucional, pues el sistema de recursos establecido en las leyes
de procedimiento ordinario cumple una función de garantía que impide al
Tribunal Constitucional considerar la presunta violación de derechos
fundamentales sin que el justiciable haya agotado antes todos los recursos
pertinentes en la vía judicial. Esta regla se fundamenta en que, dentro del
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ámbito de revisión de sentencias firmes, el Tribunal Constitucional no ha sido
instituido como una instancia ordinaria de protección de los derechos
fundamentales, motivo por el cual no procede acudir directamente a él sin
que previamente los órganos jurisdiccionales hayan tenido la oportunidad de
subsanar o reparar la lesión por vía del sistema de recursos. El indicado
presupuesto de agotamiento de todos los recursos disponibles impide, en
consecuencia, que el justiciable pueda acceder per saltum (de un salto) a la
revisión constitucional [este precedente fue reiterado por la Sentencia
TC/0756/18, de diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)].
10.9. Tal como establece el precedente citado, para que pueda ser declarado
admisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional se exige el agotamiento
previo de todos los recursos disponibles en la jurisdiccion ordinaria. En este orden,
al tratarse en el presente caso de una decisión emitida por la corte de apelacion que
remite el proceso a otro tribunal de primera instancia para su conocimiento, es
evidente que la sentencia recurrida no cumple con los requisitos previstos en los
artículos 277 de la Constitución y la parte general del 53 de la Ley núm. 137-11, por
lo que procede declarar inadmisible el presente recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, tal como fuera solicitado por la parte recurrida.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados M.R..G., presidente;
W.S.G..R. y K.M.ina J.M., en razón de que no
participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas
previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados
H.A. de los Santos y A..L..B.M.. Consta en acta el
voto salvado del magistrado V.J.C..P., el cual será
incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento
Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión de decisión
jurisdiccional incoado por el señor J..A. de J..T. contra la
Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho
(2018).
SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor J.A. de Jesús Torres, y
a la recurrida, señora S.A. de J.T., y al Ministerio Público.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Firmada: R.D.F.o, J.P.S., en funciones de Presidente; L.
.
V.S., J. Segundo Sustituto; H.A. de los Santos, J.;
J.A..A., J.; A..L.B..M., J.; A..I.B.
.
H., J.; J..P..C.K., J.; V..J.C.s
P., J.; Domingo G., J.; M..V..M., J.; J..J..R.
.
B., S..
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VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las
razones por las cuales haremos constar un voto salvado en el presente caso.
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero
de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto
disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el
segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en
contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y
disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
1. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por el señor J..A. de J..T. contra la
Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en fecha veintidós (22) de mayo
del año dos mil dieciocho (2018).
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría de este tribunal se declara
inadmisible el recurso de revisión anteriormente descrito, porque no se han agotado
todos los recursos disponibles dentro del Poder Judicial.
3. Estamos de acuerdo con la inadmisibilidad del recurso, porque, efectivamente,
la parte recurrente no agotó todos los recursos disponibles dentro del Poder Judicial.
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Sin embargo, salvamos nuestro voto en relación a la motivación desarrollada en el
párrafo 10.10 de la sentencia que nos ocupa.
4. En el referido párrafo se sostiene lo siguiente:
10.10. Tal como establece el precedente citado, para que pueda ser declarado
admisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional se exige el
agotamiento previo de todos los recursos disponibles en la jurisdicción
ordinaria. En este orden, al tratarse en el presente caso de una decisión
emitida por la Corte de Apelación que remite el proceso a otro Tribunal de
Primera Instancia para su conocimiento, es evidente que la sentencia
recurrida no cumple con los requisitos previstos en los artículos 277 de la
Constitución y la parte general del 53 de la Ley núm. 137-11, por lo que
procede declarar inadmisible el presente recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, tal como fuera solicitado por la parte recurrida.
5. De la lectura del párrafo transcrito queda claramente establecido que el
recurso se declara inadmisible porque no se agotaron los recursos previstos en el
derecho común, con lo cual estamos de acuerdo; sin embargo, salvamos el voto
porque entendemos que la inadmisión también debió fundamentarse en que el Poder
Judicial no se ha desapoderado.
6. Ciertamente, el Poder Judicial no se ha desapoderado del litigio, porque
mediante la sentencia dictada por una Corte de Apelación se remite el expediente
ante un tribunal de primera instancia para que este vuelva a instruir el proceso.
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Conclusiones
Entendemos que en el presente caso la inadmisión no solo debió fundamentarse en
que no se agotaron todos los recursos disponibles en la jurisdicción ordinaria, sino
también en el hecho de que el Poder Judicial no se ha desapoderado.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
ALBA L.B.M.
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución, y de las disposiciones del artículo 30,
de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, presentamos un voto salvado fundado en las razones que
expondremos a continuación:
1. En la especie, el señor J..A. De Jesús Torres, interpuso un recurso
de apelación contra la sentencia Núm. 501-2018-Ssen-00076, dictada por la Primera
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en fecha 22
de mayo del año 2018, la cual entre otras cosas revoca la sentencia núm. 249-05-
2017-SSEN-00278, de fecha 23 de noviembre del 2017, dictada por el Tercer
Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y ordena la remisión del proceso por ante
el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a los fines de darle continuidad
al proceso seguido en contra del imputado J.A. de Jesús Torres.
2. En ese orden de ideas, respecto de la decisión adoptada en ésta sentencia con
relación al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado
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contra la referida sentencia Núm. 501-2018-SSEN-00076, presentamos nuestro voto
salvado, por estar en desacuerdo en los motivos que dieron al traste para asumir
dicha decisión.
3. En efecto, este Tribunal, mediante la sentencia sobre la cual efectuamos el
presente voto, declaró inadmisible el recurso constitucional de decisión
jurisdiccional, dada que esta no pone fin al proceso, lo cual lo desarrolla bajo los
siguientes fundamentos:
b) En el presente caso nos encontramos ante la revisión de la Sentencia núm.
501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación del Distrito Nacional en fecha veintidós (22) de mayo
del año dos mil dieciocho (2018), que declara con lugar los recursos de
apelación interpuestos y en cuanto al fondo, revoca en todos sus partes la
sentencia impugnada y ordena la remisión del proceso por ante el Tercer
Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a los fines de darle continuidad al
proceso seguido en contra del imputado J.A. de Jesús Torres.
El Tribunal Constitucional ha establecido, en decisiones como la que nos
ocupa, que no son susceptibles del recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional, en razón de que el proceso no ha agotado todas las
vías recursivas que tiene abiertas en la jurisdicción ordinaria; en la especie,
al haber sido remitido el presente proceso por ante el Tercer Tribunal
Colegiado del Distrito Nacional, es allí donde debió dirigirse el señor J.
.
A. de J..T. para exigir la protección de los derechos
fundamentales invocados, de conformidad a lo previsto por el artículo 103 de
la Ley núm. 10-15 del fecha 6 de febrero de 2015, que modifica el artículo
422 de la Ley 76-02 de fecha 19 de julio de 2002, que establece el Código
Procesal Penal de la República Dominicana.
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J.A. de J.T. co ntra la Sentencia núm. 501-2018-SSEN-00076, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
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Sobre este aspecto, el tribunal determinó en su TC/0187/14 de 20 de agosto
de 2014, que:
[...] el presupuesto del agotamiento de todos los recursos disponibles dentro
de la vía jurisdiccional correspondiente (sin que la violación alegada haya
sido subsanada) pretende salvaguardar el carácter extraordinario de la
revisión constitucional, pues el sistema de recursos establecido en las leyes
de procedimiento ordinario cumple una función de garantía que impide al
Tribunal Constitucional considerar la presunta violación de derechos
fundamentales sin que el justiciable haya agotado antes todos los recursos
pertinentes en la vía judicial. Esta regla se fundamenta en que, dentro del
ámbito de revisión de sentencias firmes, el Tribunal Constitucional no ha sido
instituido como una instancia ordinaria de protección de los derechos
fundamentales, motivo por el cual no procede acudir directamente a él sin
que previamente los órganos jurisdiccionales hayan tenido la oportunidad de
subsanar o reparar la lesión por vía del sistema de recursos. El indicado
presupuesto de agotamiento de todos los recursos disponibles impide, en
consecuencia, que el justiciable pueda acceder per saltum (de un salto) a la
revisión constitucional.
Este precedente es reiterado por la Sentencia TC/0756/18 del 10 de diciembre
de 2018.
Tal como establece el precedente citado, para que pueda ser declarado
admisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional se exige el
agotamiento previo de todos los recursos disponibles en la jurisdicción
ordinaria. En este orden, al tratarse en el presente caso de una decisión
emitida por la Corte de Apelación que remite el proceso a otro Tribunal de
Primera Instancia para su conocimiento, es evidente que la sentencia
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de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
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recurrida no cumple con los requisitos previstos en los artículos 277 de la
Constitución y la parte general del 53 de la Ley núm. 137-11, por lo que
procede declarar inadmisible el presente recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, tal como fuera solicitado por la parte recurrida.
4. Como puede apreciarse, este Tribunal Constitucional, decidió inadmitir el
recurso de revisión de que se trata aplicando los precedentes anteriormente citados,
bajo el argumento de que la sentencia impugnada no pone fin al proceso y no ha
agotado todas las vías recursivas que tiene abiertas en la jurisdicción ordinaria, sino
que decide un asunto sin que prejuzgue el fondo. De igual modo se sostiene, que al
haber sido remitido el proceso por ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional, es allí donde debió dirigirse el recurrente para exigir la protección de los
derechos fundamentales invocados.
5. A propósito del fundamento dado por la mayoría de este plenario, de que el
recurrente debe exigir la protección de los derechos fundamentales ante el tribunal
de primera instancia a donde fue dirigido el proceso, a raíz de la decisión adoptada
por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, es menester señalar que no es
posible pretender que el recurrente vaya a exigir ante el juez de primer grado la
violación a derechos fundamentales en los cuales pudiera haber incurrido la Corte,
es decir que un tribunal de menor jerarquía vaya a examinar la decisión adoptada
por un juez de mayor rango, lo cual es un adefesio jurídico que discrepa con la
organización judicial establecida en el capítulo III de la Constitución sección I, así
como en la ley 821 y el debido proceso.
6. Además de lo antes señalado, es importante acotar que la sentencia dada por
la Corte de Apelación no es susceptible del recurso de casación, conforme el artículo
425 de la ley 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, que establece
el Código Procesal Penal, que textualmente reza así: la casación es admisible contra
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las decisiones emanadas de las Cortes de Apelación en los casos siguientes: Cuando
pronuncien condenas o absolución, cuando pongan fin al procedimiento, o cuando
deniegan la extinción o suspensión de la pena.”
7. Que, del artículo antes descrito, se aprecia que la decisión impugnada ante
este plenario, no entra en la esfera de decisiones que pueden ser recurridas en
casación ante la Suprema Corte de J.cia, por lo cual la misma ha adquirido
autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, y por ende conforme el artículo 277
sólo le queda habilitado la revisión ante este Tribunal Constitucional.
8. Además, es necesario analizar las disposiciones de los artículos 277 de la
Constitución y 53 de la Ley 137-11, texto que según la interpretación de la mayoría
calificada de este pleno, es el fundamento para la declaratoria de inadmisibilidad de
los recursos de revisión interpuestos contra decisiones con autoridad de cosa
irrevocablemente juzgada, lo cual puede recaer no sólo sobre una sentencia que
decide el fondo del asunto, sino también, respecto de sentencias que deciden asuntos
incidentales o prejuzguen el fondo.
El artículo 277 de la Constitución dispone lo siguiente:
Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control
directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de J.cia, hasta el
momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser
examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas
al procedimiento que determine la ley que rija la materia. (Los subrayados
son nuestros)
9. Por su lado, el artículo 53, de la Ley 137-11, establece:
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El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos: 1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza. 2) Cuando la decisión viole un
precedente del Tribunal Constitucional. 3) Cuando se haya producido una
violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan
todos y cada uno de los siguientes requisitos…
10. Como se puede apreciar, los indicados textos al referirse a las decisiones con
autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, no condicionan que ello se refiera al
fondo del asunto, o a un incidente que haya sido planteado en el curso del mismo,
sino que de manera clara y precisa explica que el recurso de revisión de decisión
jurisdiccional podrá interponerse a “…todas las decisiones judiciales que hayan
adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada…” de manera que la única
condición que mandan dichos artículos es que la decisión sea firme e irrevocable en
función de los recursos ordinarios dentro del orden jurisdiccional que contra ella se
puedan ejercer, sin limitarlo como se ha dicho a que ella haya sido proferida sobre
el asunto principal o a consecuencia de un incidente planteado en el curso del asunto
principal o como consecuencia de este.
11. Es por ello entonces, que conforme la norma constitucional que vamos
analizando, la cosa juzgada debe ser interpretada en el marco del derecho procesal
constitucional dominicano, como que se adquiere al momento de que un
procedimiento seguido por ante cualquier tribunal obtiene una sentencia o
resolución, que no tiene forma de ser atacada, es decir tiene cerrados todos los
recursos existentes dentro del poder judicial, ya sea que no estén habilitados para tal
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proceso o que hayan sido agotados por las partes envueltas, sin distinción de ninguna
otra naturaleza.
12. Y es que el carácter abierto y garantista de la constitución dominicana, nos
lleva a deducir que toda interpretación de ella, debe ser también abierta, lo cual
significa que, muy contrariamente, aquellas cuestiones que pudieran parecer
cerradas, se deben interpretar a favor del titular del derecho reclamado en función
del principio indubio pro homine, y del principio de favorabilidad, que se desprenden
del artículo 74 de la Constitución, y consagrado entre los principios rectores de
nuestra normativa procesal constitucional, específicamente en el numeral 5 del
artículo 7 de la ley 137-11.
13. Respecto al principio indubio pro homine, este plenario, en su Sentencia
TC/0247/18, estableció que:
el principio pro actione o favor actionis ─concreción procesal del principio
indubio pro homine estatuido en el artículo 74.4 de la Constitución─ supone
que, ante dudas fundadas sobre la observancia por parte del recurrente de un
requisito objetivo de admisibilidad en particular, el Tribunal Constitucional
debe presumir la sujeción del recurrente a dicho requisito para garantizar la
efectividad de sus derechos fundamentales.
14. En este mismo sentido, el principio de favorabilidad ha sido igualmente
tratado por este Tribunal en la Sentencia TC/0323/17, sosteniendo esta corporación
que este principio
…se expresa en el sentido de que la Constitución y los derechos
fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice
su máxima efectividad, para favorecer al titular del derecho; es decir,
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ninguna ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce
y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.
15. Visto todo lo anterior, es indudable que cerrar el camino a un accionante, que
ante este órgano constitucional denuncia - a través de un recurso de revisión de
decisión jurisdiccional contra una sentencia definitiva y con autoridad de cosa
irrevocablemente juzgada - la violación de un derecho fundamental, bajo el
argumento de que el asunto principal no ha sido decidido, constituye un acto de
denegación del artículo 184 de la Constitución que de manera clara establece que
habrá un Tribunal Constitucional “…para garantizar la supremacía de la
Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos
fundamentales”.
16. Y es que, en materia de resguardo de derechos fundamentales, no puede
existir límites ni condiciones que impidan al juzgador garantizar su reposición y en
su caso, prevenir su violación, máxime cuando este juzgador pertenece al órgano de
cierre de los asuntos constitucionales dentro del Estado y sobre todo cuando es
justamente este órgano el llamado constitucionalmente a garantizar los derechos
fundamentales.
17. De igual manera, entendemos que mediante esta decisión se violenta el
principio de unidad de la Constitución, el cual presupone una correlación recíproca
y de cooperación en todo el contenido constitucional incluyendo las normas del
debido proceso y de competencia, llama a este órgano a hacer una interpretación
armónica de la Constitución y sus fines, y dentro de los fines de la Constitución en
todo su contenido se encuentran valores y principios que fundan sus preceptos en la
dignidad humana como factor esencial para la cohesión social.
18. Por tanto, ante una queja de violación a un derecho fundamental, invocada en
un recurso de revisión ya sea sobre incidente o sobre el fondo, este Tribunal
Constitucional no debe detenerse a poner condiciones para su conocimiento no
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previstas por el constituyente ni por el legislador orgánico, sin que con ello violente
el debido proceso y los principios y valores que fundan la Constitución consagrados
en el preámbulo de la misma.
19. Esta juzgadora estima, que en casos de la naturaleza que nos ocupa, entra en
juego también el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual correlativamente, es una
obligación del juzgador, pues en la medida que para el individuo la tutela judicial
efectiva es un derecho, es una obligación para el juez garantizarla.
20. Esta garantía, no tiene límites y menos permite que el juzgador cree
restricciones que el legislador no instauró, por el contrario, esta viene a garantizar
que el Estado estructure y mantenga la disponibilidad para el ciudadano de
mecanismos legales y garantistas de protección jurídica de sus derechos e intereses
legítimos, que impliquen no solo medios procesales para la invocación de estos
derechos, sino, que una vez rendida una determinada decisión, y que la misma tenga
autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, esta pueda ser examinada ante el
Tribunal Constitucional, sin limitarse a que se haya conocido el fondo de un
determinado asunto.
Conclusión:
En el caso de la especie, nuestra opinión es que este Tribunal debió ponderar y
conocer el fondo del recurso interpuesto y no decretar la inadmisibilidad bajo el
argumento de que el recurrente puede exigir la protección de los derechos
fundamentales invocados ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional;
toda vez que no es posible pretender que un juez de primer grado examine una
sentencia dada por la Corte, es decir que ante un juez a-quo se objete una decisión
dada en grado de apelación, y pretender que le subsane posibles violación a derechos
fundamentales, lo cual es inaudito ante el orden jerárquico introducido por las leyes
adjetivas; y que además conforme el artículo 425 de la ley 10-15 que introduce
modificaciones a la Ley No. 76-02, descrito en otra parte de este voto, la decisión
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emitida por la Corte de Apelación impugnada, no es susceptible del recurso de
casación, por tanto solo le queda abierta al recurrente invocar sus pretensiones ante
este plenario.
Que pretender que una sentencia definitiva que no pone fin al proceso, no es
recurrible ante este plenario, atenta contra el principio de favorabilidad, la dignidad
humana, la tutela judicial efectiva y debido proceso, y en tanto se podría estar
cerrándole la única posibilidad al recurrente de que sea subsanada cualquier
violación a un determinado derecho fundamental que se haya suscitado en una
determinada etapa procesal.
En otras palabras, entendemos que la autoridad de cosa juzgada que prevé la
normativa procesal constitucional recae tanto sobre una decisión respecto al fondo
de un asunto como respecto a un asunto incidental, toda vez que ni el artículo 277
de la Constitución, ni el artículo 53, de la Ley 137-11, hacen distinción alguna, y por
vía de consecuencia, la distinción que hace el voto calificado de este sentencia, atenta
contra los artículos 184 y 74 de la Constitución, pues es una interpretación que en
vez de favorecer, perjudica al accionante en sus derechos fundamentales.
Firmado: Alba L.B.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
.
S.

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