Sentencia Nº TC/0533/19 de Tribunal Constitucional, 02-12-2019

Fecha de Resolución: 2 de Diciembre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoada por los señores Josué J. Pérez Encarnación, Edwin A. Montero Luciano, Leonardo Rivera, Shelby Dario NG Ruiz, Carlos Alberto Carvajal Ureña, Erik Yohairy Echavarría P. y Ramón Armora contra la Sentencia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras,... (ver resumen completo)

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2018-0096, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoada po r los señores J.J.
P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
Corte de Justicia. Página 1 de 33
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0533/19 Referencia: Expediente núm. TC-04-
2018-0096, relativo al recurso de
revisión de decisión jurisdiccional
incoada por los señores J.J.P.
E., E..A.. M.
L., L..R., S.
D..N..R., C..A.
C..U., E..Y.
E..P.. y R..A.
contra la S.cia núm. 660, de
dieciséis (16) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016), dictada por la
Tercera Sala de lo Laboral, Tierras,
C.ncioso Administrativo y
C.ncioso Tributario de la
Suprema Corte de Justicia.
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados R.
D.F., primer sustituto en funciones de presidente; L.V.S.,
segundo sustituto; H.A. de los Santos, J.A.A., A.
L.B..M., A.I..B.H., J.P..C.
K., V..J..C..P., D..G. y M..V.
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Expediente núm. TC-04-2018-0096, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoada po r los señores J.J.
P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de
la Ley núm. 137-11 O.ca del Tribunal Constitucional y de los P.edimientos
Constitucionales, dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la resolución recurrida
La S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016),
objeto del presente recurso de revisión constitucional, fue dictada por la Tercera
Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario
de la Suprema Corte de Justicia el dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016). Mediante dicho fallo fue inadmitido el recurso de casación interpuesto por
los señores J.J.P.E., E.A.M.L.o, L.
R., S.D.N.R., C.A.C.U., E.Y.
E.P. y R.A., entre otros recurrentes, contra la S.cia núm.
0035-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el
veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016).
La referida sentencia fue notificada a las partes recurrente mediante el Acto núm.
240-2017, de doce (12) de abril de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el
ministerial L.M.B.G., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la
Corte de Apelación de Santo Domingo, quien actuó a requerimiento del Instituto
Dominicano de Aviación Civil (IDAC).
2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
Los señores J.J.P.E., E.A.M.L., L.
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P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
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R., S.D.N.R., C.A.C.U., E.Y.
E.P. y R..A. interpusieron el presente recurso de revisión
constitucional contra la S.cia núm. 660 el dieciocho (18) de abril de dos mil
diecisiete (2017) ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, basado en los
fundamentos jurídicos que, en síntesis, se expondrán más adelante.
Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, Instituto Dominicano de Aviación
Civil (IDAC), mediante el Acto m. 419-2017, de veinte (20) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial E.P. de los
Santos, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia.
3. Fundamentos de la sentencia recurrida
La Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso
Tributario de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación,
declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores J.J.
P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.
N.R., C.A.C.U., E.Y.E.P. y R.
A. contra la S.cia núm. 0035-2016, dictada por la Primera Sala del
Tribunal Superior Administrativo el veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis
(2016), alegando los motivos que se expondrán más adelante y cuyo dispositivo es
el siguiente:
Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por
señores W.A.G., contra la sentencia dictada en sus
atribuciones de lo contencioso administrativo por la Primera Sala del
Tribunal Superior Administrativo, el 28 de enero de 2016, cuyo dispositivo
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que
en esta materia no hay condenación en costas.
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Los fundamentos dados por dicha sala son los siguientes:
Que en su memorial de casación los recurrentes presentan dos medios
contra la sentencia impugnada, a saber: “Primer Medio: Violación a la ley.
Errónea e incorrecta interpretación a los artículos 28, párrafo II, de la Ley
107-13; Segundo Medio: Violación de los artículos 69, 138 y 139 de la
Constitución de la República, que establecen la tutela judicial efectiva y
debido proceso. Vulneración al debido proceso administrativo y al artículo
8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
En cuanto al medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida.
Considerando, que en su memorial de defensa, el Instituto Dominicano de
Aviación Civil (IDAC) por conducto de sus abogados apoderados solicita
que el presente recurso sea declarado inadmisible y para fundamentar su
pedimento alega “que dicho recurso fue interpuesto después del vencimiento
del plazo de treinta días previsto en el artículo 5 de la ley sobre
procedimiento de casación, ya que fue interpuesto el 9 de marzo de 2016,
mientras que la sentencia impugnada le fue notificada a dichos recurrentes
en fecha 2 de febrero de 2016 mediante acto núm.14-2016 instrumentado
por la ministerial A.P.A.J., Alguacil de Estrados del
Tribunal Superior Administrativo y de hecho los propios recurrentes en su
memorial de casación reconocen que dicha sentencia les fue notificada en la
indicada fecha, por tanto el presente recurso de casación debe ser
declarado inadmisible, en cumplimiento de los artículos 44 y 47 de la Ley
núm. 834 de 1978, ante la inobservancia del plazo previsto en el artículo 5
de la ley sobre procedimiento de casación.
Considerando, que ante este pedimento de inadmisión que resulta una
cuestión perentoria y de orden público que exige que esta Tercera Sala
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proceda a examinarlo en primer término, y al examinar las piezas que
reposan en el expediente abierto en ocasión del presente recurso se ha
podido advertir lo siguiente: a) que la sentencia impugnada fue dictada por
la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 28 de enero
de 2016 para decidir el recurso de revisión administrativa interpuesto por
los hoy recurrentes en contra de la sentencia dictada por esta misma sala
con respecto al recurso contencioso administrativo interpuesto contra la
desvinculación de sus funciones públicas por parte del Instituto Dominicano
de Aviación Civil; b) que dicha sentencia fue notificada a los hoy
recurrentes mediante el acto núm. 14/20016 del 2 de febrero de 2016
instrumentado por la Ministerial A.P.A.J., Alguacil de
Estrados del Tribunal Superior Administrativo; c) que en su memorial de
casación los propios recurrentes reconocen que la sentencia les fue
notificada en dicha fecha mediante el indicado acto de alguacil, lo que
indica que esta fecha de notificación no resulta ser un punto controvertido;
d) que los recurrentes depositaron su memorial de casación en contra de
dicha sentencia en fecha 9 de marzo de 2016, según consta en el sello
recibido estampado por la Secretaria General de la Suprema Corte de
Justicia.
Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la Ley de la Ley sobre
núm. 3726 procedimiento de casación, modificado por la Ley núm. 491-08,
el plazo para recurrir en casación en materia contencioso administrativa es
de 30 días a partir de la notificación de la sentencia recurrida a la parte
sucumbiente; que por disposición contenida en el artículo 66 de la indicada
ley sobre procedimiento en casación, todos los plazos establecidos en la
misma en provecho de las partes son francos, lo que aplica en el caso de la
especie; lo que indica que los hoy recurrentes tenían que interponer su
recurso dentro del plazo de 30 días francos contados a partir de la fecha de
notificación de dicha sentencia;
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Que al resultar un punto no controvertido que la sentencia impugnada fue
notificada a los hoy recurrentes en fecha 2 de febrero de 2017 y en vista de
la exigencia del legislador de que debían interponer el presente recurso el 4
de marzo de 2016; sin embargo, y tal como ha sido indicado anteriormente,
el memorial de casación contentivo de dicho recurso fue depositado en la
secretaria general de esta Suprema Corte de Justicia en fecha 9 de marzo de
2016, de donde resulta evidente, que tal y como ha sido invocado por la
parte recurrida, dicho recurso fue interpuesto de manera tardía, fuera del
plazo de 30 días francos previsto por la ley que rige la materia;
Que el plazo para la interposición de un recurso es una formalidad taxativa
y sustancial que no puede ser obviada ni desconocida por la parte
accionante y por tanto la inobservancia de esta formalidad sustancial
conduce a que el accionante sea declarado inadmisible en sus pretensiones,
lo que aplica en la especie al quedar establecido de forma incuestionable
que los hoy recurrentes interpusieron su recurso de casación fuera del plazo
contemplado por la ley de casación y esto impide que pueda ser examinado
el fondo del presente recurso;
4. H.hos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión
Los recurrentes, señores J.J.P.E., E.A.M.L.,
L.R., S.D.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y Ramón Armora, pretenden que sea acogido el recurso de
revisión y, en consecuencia, se anule la sentencia objeto del mismo; y que este
tribunal proceda a acoger el recurso contencioso administrativo de anulación de
desvinculación interpuesto por ellos y se disponga la anulación de las resoluciones
de su desvinculación, así como la restitución inmediata a sus puesto de trabajo en
el Instituto Dominicano de Aviación Civil, además de que se disponga el pago de
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los salarios vencidos o caídos. Para justificar sus pretensiones, alegan, entre otros
motivos, los siguientes:
(…). En ese orden de ideas las acciones dirigidas a no conocer el fondo de
las violaciones señaladas al derecho de asociación y de libertad sindical,
materializadas a través de la desvinculación de que fueron objeto los
recurrentes, en represalia de sus actividades sindicales, la Tercera Sala de
la Suprema Corte de Justicia pronuncia la sentencia Núm. 2016-1216 (Sic),
objeto del presente recurso de revisión constitucional, cuyo dispositivo se
copia más adelante, basada en los argumentos siguientes: (…).
MEDIOS EN LOS QUE SE BASA EL RECURSO:
PRIMER MEDIO: VIOLACION DE LA LEY. ERRONEA E INCORRECTA
INTERPRETACION DE LOS ARTICULO 44 Y 47 DE LA LEY NUM. 834
DE 1978, Y AL ARTICULO 5 DE LA LEY 3726 SOBRE PROCEDIMIENTO
DE CASACION MODIFICADO POR LA LEY NUM.491-08.
(…). Como se puede observarse en los considerandos citados, la Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia, hace una interpretación incorrecta de
la disposición del artículo 5 de la ley Núm. 3726 sobre procedimiento de
casación, modificado por la Ley 491-08, con respecto al plazo para recurrir
en casación en materia contencioso administrativa, puede no toma en
cuenta los días realmente hábiles (donde no se cuentan los días domingo y
días feriados) para ser computados en el plazo de los 30 días establecidos.
La Ley NO. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, que modifica los artículos
5, 12 y 20 de la ley NO. 3726 del 1953, sobre procedimiento de casación,
dispone que: (…).
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Pero en este plazo, como todos los plazos computados de día a día, lo
estableció por el Tribunal Constitucional en sentencia Núm. 0282-2013
dictada en fecha 30 de diciembre del año 2013, se establece que: (…).
En ese orden, el Tribunal Constitucional ha establecido en su sentencia TC-
0071-13, de fecha 7 de mayo del 2013, que:
a. En la especie, los recurridos argumentan que se debe declarar
inadmisible el presente recurso de revisión por haber sido interpuesto luego
del vencimiento del plazo de cinco (5) días de la notificación de la sentencia
de amparo. Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que si bien es
cierto que dicho recurso se notificó el día cuatro (4) de enero de dos mil
doce (2012) y fue depositado en la Cámara Penal del referido tribunal el
doce (12) de enero del mismo año, este plazo debe considerarse franco y
solo serán computables los días hábiles, tal y como fue decidido por este
tribunal mediante sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de
diciembre de dos mil doce (2012). (Pág. 16). (…).
Tomando en cuenta, las disposiciones legales citadas, de manera especial
las interpretaciones tanto de nuestra Suprema Corte de Justicia como del
Tribunal Constitucional en el sentido de que los plazos de día a día son
francos y no se cuentan los días feriados, no hábiles o no laborables, por lo
que, al haberle notificado la sentencia el día 3 de febrero del año 2016, el
plazo para que se venciera los treinta (30) días establecidos para el recurso
de casación en materia contenciosa administrativa, vencía el día 10 de
marzo, por lo que al depositarse el recurso de casación contra la sentencia
0035-2016, en fecha 9 de marzo del año 2016, este se encontraba dentro del
plazo valido para su interposición. (…).
Que, al actuar de esa manera, la Tercera Sala de la Suprema Corte de
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Justicia ha colocado a los hoy recurrentes en un estado de indefensión,
cerrando las puertas de la justicia frente a las violaciones de que han sido
víctimas, de derechos de raigambre constitucional como los derechos de
asociación y de libertad sindical, por lo procede que este Honorable
Tribunal Constitucional revoque la sentencia 2016-1216 objeto del presente
recurso de revisión constitucional de decisión judicial.
SEGUNDO MEDIO: VIOLACION DE LOS ARTICULOS 69, 138 Y 139 DE
LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, QUE ESTABLECEN LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. VULNERACION
AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y AL ART. 8 DE LA
(…). En ese contexto, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia,
favoreció la interpretación de la Primera Sala del Tribunal Superior
Administrativo, en el sentido de que no debía analizar la situación de fondo
presentada en el caso que nos ocupa, aun cuando dicho recurso era
admisible, admisibilidad que también aplicaba al recurso de anulación de
desvinculación que le precedió; por lo que incurrió en una violación
flagrante a los artículos 138, 139 y 169 de la Constitución de la República,
al no tomar en cuenta el glosario de violaciones a derechos fundamentales
mediante las desvinculaciones ejercidas por el IDAC contra los recurrentes,
disfrazados de una supuesta legalidad de forma al momento de ejecutar las
desvinculaciones, las cuales no contenían el desglose individual de las
supuestas faltas, ni se le dio oportunidad a los recurrentes para presentar
sus medios de defensa conforme lo establece la ley 41-08; hechos y derechos
que no fueron valorados por la Primera Sala del Tribunal Superior
Administrativo al dictar su sentencia Núm. 00035-2016, ni tampoco por la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia al dictar su sentencia Núm.
2016-1216, objeto del presente recurso. (…).
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Por cuanto, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al emitir su
desafortunada sentencia Núm. 2016-1216 sin tomar en cuenta todos estos
aspectos y normas legales que lo regulan incurrió en la violación al debido
proceso y en consecuencia a la Constitución de la República y la
Por las razones expuestas, procede acoger este medio del Presente Recurso
de Revisión Constitucional de Decisión Judicial
TERCER MEDIO: VIOLACION DE LA LEY 41-08 EN SUS ARTICULOS
67, 85, 86, Y 87.9, A LOS CONVENIOS 87 Y 98 DE LA OIT Y DE LA
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EN SUS ARTICULOS 26, 62, 67, 67,
74 ORDINAL 3.
EXISTENCIA JURIDICA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE
CONTROLADORES AEREOS (ADCA), CON PLENAS FACULTADES
PARA ACTUAR EN JUSTICIA Y EN CONSECUENCIA LA PROTECCION
DEL FUERO SINDICAL DE LOS MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA ADCA
DESVINCULADOS SIN LA AUTORIZACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR
ADMINISTRATIVO. (…).
LA DESVINCULACION DE LOS SEÑORES WELLINTHON ALMONTE Y
COMPARTES SE REALIZO TAMBIEN EN VIOLACION AL FUERO
ORGANIZATIVO, POR TANTO, SON DESVINCULACION NULAS, DE
NULIDAD ABSOLUTA (…).
La acción del IDAC, al desvincular a todos los miembros directivos de la
ADCA, como si estos fueran un servidores públicos que no son de carrera,
ni están protegido por el fuero organizativo en virtud de su condición de
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directivos de la asociación de servidores públicos de carácter profesional de
carrera y protegidos por el fuero organizativo, el IDAC debió apoderar a la
jurisdicción contenciosa administrativa para que esta se pronuncie al
respecto, en virtud de lo que establece la parte in fine del Art. 71 de la ley
41-08, que citamos: (…).
Por ello, además de que como se ha probado precedentemente, las
sanciones disciplinarias fueron impuestas por el IDAC en represalia d las
actividades sindicales legitimas desarrolladas por la ADCA, sus directivos y
miembros, que culminaron con la desvinculación ilegal de estos, los señores
W.A. y Compartes; estas desvinculaciones son nulas, de
nulidad absoluta, pues se ejecutaron de espalda al procedimiento
establecido en el párrafo in fine del Art. 71 de la ley 41-08 y sobre todo de
los artículos 85, 86 y 87.9 , último párrafo, de la misma ley que señala la
destitución del procedimiento de un servidor público y por tanto, la nulidad
del mismo, si no se cumplió con darle inicio al proceso mediante
comunicación remitida a la Oficina de Recursos Humanos por el superior
inmediato del afectado, señalando las faltas que presumible cometió.
Sin embargo, el tribunal a quo, la Tercera Sala de la Suprema Corte de
Justicia, no toma en cuenta ninguno de estas disposiciones legales que se le
presentaron en el escrito de réplica frente a los argumentos esgrimidos por
el IDAC en su escrito de defensa con motivo del recurso de revisión
interpuesto por los recurrentes contra la sentencia No. 0048-2015, dictada
por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 28 de
enero del año 2016, por lo que incurrió en la violación al derecho, a la ley
41-08, a los convenios 87 y 98 de OIT y a la Constitución de la Republica.
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5. H.os y argumentos jurídicos del recurrido en revisión
El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), representado por su director
general Dr. Alejandro Herrera R., pretende de manera principal que sea
declarado inadmisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional y, de
manera subsidiaria, que el mismo sea rechazado, alegando, entre otros motivos, lo
siguiente:
(…). Tal y como advertimos precedentemente, los Recurrentes no alegan (ni
prueban) haber sufrido ninguna vulneración a un derecho fundamental
atribuible al Tribunal a quo, en franca inobservancia del requisito
contemplado en el artículo 53.3 de la Ley 137-17. (Sic) Al contrario,
prácticamente han utilizado los mismos “medios de casación” como
fundamentos de su Recurso de Revisión, conforme podemos destacar a
continuación de manera ilustrativa. Estos son los “medios en los que se
sustentó el Recurso de Casación: (…).
Vale subrayar que la letra c) del artículo 53.3 de la Ley 137-11 requiere que
“la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y
directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia
de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo,
los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar”. (…).
Sin embargo, en el Recurso de Revisión de Decisión Jurisdiccional que nos
ocupa, los Recurrentes no sólo han incumplido su obligación de invocar y
demostrar la vulneración de un derecho fundamental por parte de la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sino que además dedican la
casi totalidad de las páginas de su Recurso a elevar críticas dirigidas a
decisiones previas dictadas por el Tribunal Superior Administrativo, lo cual
escapa al objeto del presente proceso.
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P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
Corte de Justicia. Página 13 de 33
Ciertamente, la única crítica formalmente atribuida a la S.cia
Recurrida es la supuesta “violación de la ley” ante una “errónea e
incorrecta interpretación” del artículo 5 de la Ley sobre P.edimiento de
Casación. Basta ver el “primer medio” del comentado Recurso y un párrafo
adicional que entraña la síntesis de los argumentos: (…).
Honorables Magistrados, “basta ver para creer”. La creatividad no tiene
límites. Los Recurrentes incluso se atreven a citar extractos de sentencias
que no guardan relación alguna con el caso. Por ejemplo, citan la S.cia
TC/0071/13 que se refiere a un Recurso de Revisión de S.cia de
Amparo, cuyos plazos son francos y hábiles en virtud de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, con la pretensión de aplicar ese criterio -el de
los días hábiles- al plazo para recurrir en casación. (…).
Con posterioridad al insostenible argumento de que “el plazo para recurrir
en casación se computa en días hábiles”, cosa que no ha establecido
ninguna sentencia de tribunal alguno en República Dominicana y que, por
demás, sería violatorio del artículo 60 sobre la Ley de P.edimiento de
Casación, que desde mitad del siglo XX ha consagrado que: “Todos los
plazos establecidos en la presente ley, en favor de las partes, son francos. Si
el ultimo día es festivo, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente. Los
meses se contarán según el calendario gregoriano”; los Recurrentes
continúan exponiendo los mimos (Sic) medios que en su momento incluyeron
en su Recurso de Casación, a saber: (…).
H.M.istrados, el “segundo medio” que fundamenta el presente
Recurso de Revisión, se refiere en su totalidad a hechos precedentes al
Recurso de Casación que dio lugar a la S.cia Recurrida. Este “segundo
medio” se consta de una diez (10) paginas – las págs. 29-40- llenas de
República Dominicana
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Expediente núm. TC-04-2018-0096, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoada po r los señores J.J.
P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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transcripciones de los artículos, doctrina jurisprudencia y alegatos; todo
ello en relación a los hechos de la causa originaria que fuere conocida por
el Tribunal Superior Administrativo.
Algo similar ocurre con el “tercer medio”, que, aunque no fue explicitado
como “medio” en el Recurso de Casación, se contrae a argumentos
elevados ante el Tribunal Superior Administrativo, que no fueron conocidos
por la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. Es decir, nueva
vez el Recurso de Revisión se enfoca en hechos previos a la interposición del
Recurso de Casación y que, en consecuencia, escapan a la competencia del
Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 53.3.c.: (…).
Este Tribunal Constitucional ha indicado en múltiples sentencias que dentro
del marco del Recurso de Revisión de Decisión Jurisdiccional no pueden
conocerse los hechos de la causa, sino única y exclusivamente el aspecto
concerniente a la invocada vulneración de derechos fundamentales que se le
atribuye al tribunal del cual emana la sentencia atacada. Así lo ha indicado,
por ejemplo, en la S.cia TC/0023/14: (…).
La consolidación de estos precedentes del Tribunal Constitucional ha dado
lugar a un nuevo precedente que a su vez se ha vuelto constante: la
declaratoria de inadmisibilidad de los recursos de revisión de decisiones
jurisdiccionales, ante el incumplimiento de los requisitos del artículo 53 de
la Ley 137-11. Al respecto, deviene oportuno citar la reciente S.cia
TC/828/17 como ejemplo, en la cual también se destaca el criterio de que no
puede asumirse una conducta violatoria de derechos fundamentales
derivada de la aplicación de normas legales vigentes, precisamente a
propósito de la declaración de inadmisibilidad de un recurso de casación:
(…).
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Expediente núm. TC-04-2018-0096, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoada po r los señores J.J.
P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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Es por todo lo anterior que, dado el marco legal vigente y los precedentes
consolidados del Tribunal Constitucional, se impone indudablemente la
declaratoria de inadmisibilidad del presente Recurso de Revisión de
Decisión Jurisdiccional. Por iguales motivos, en el hipotético caso de que
no se opte por la inadmisibilidad, este Recurso debe ser rechazado en todas
sus partes por resultar notoriamente improcedente. (…).
6. Pruebas documentales
Los documentos depositados por las partes en el trámite del presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional son, entre otros, los siguientes:
1. Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional depositado ante
la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de abril de dos mil
diecisiete (2017).
2. S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso
Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia.
3. Acto núm. 240-2017, de doce (12) de abril de dos mil diecisiete (2017),
instrumentado por el ministerial L.M.B.G., alguacil ordinario de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
4. E.o de defensa depositado ante la Secretaria General de la Suprema Corte
de Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018).
5. Acto núm. 419/2017, de veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017), instrumentado por el ministerial E.P. de los Santos, alguacil de
la Suprema Corte de Justicia.
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Expediente núm. TC-04-2018-0096, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoada po r los señores J.J.
P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
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6. Recurso de casación interpuesto por los señores W.A. y
compartes el nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
7. Acto núm. 14/2016, de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016),
instrumentado por la ministerial Alicia P.A.J., alguacil de estrados
del Tribunal Superior Administrativo.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente, así como a los hechos
invocados por las partes, el presente caso tiene su origen en que los señores J.
J.P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.
N.R., C.A.C.U., E.Y.E.P. y R.
A., entre otros, interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el
Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), tras ser desvinculados de esta
última institución en la que laboraban como controladores aéreos, por ante la
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, con la finalidad de que ese
tribunal procediera a disponer la nulidad de la resolución que los desvinculó, al
considerarla como una medida arbitraria y que les vulneraba sus derechos
fundamentales; dicho recurso fue declarado inadmisible, mediante S.cia núm.
0048-2015, de veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015).
Inconforme con la sentencia anteriormente señalada, el señor J.J.. P.
E. y compartes interpusieron un recurso de revisión ante el mismo
tribunal que dicto dicha decisión, el cual mediante la S.cia núm. 0035-2016,
de veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016), rechazó dicho recurso,
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P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
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razones que motivaron al señor J.J.. P..E. y compartes a
interponer un recurso de casación ante la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras,
C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema Corte de
Justicia, recurso que fue declarado inadmisible mediante la S.cia núm. 660, de
dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), y que es objeto del
presente recurso de revisión jurisdiccional.
8. Competencia
El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo establecido en los
artículos 185, numeral 4, y 277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-
11, O.ca del Tribunal Constitucional y de los P.edimientos Constitucionales,
de trece (13) de junio de dos mil once (2011).
9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión
a. Este tribunal, previo a determinar la admisibilidad del presente recurso, en
virtud de lo establecido en los artículos 277 de la Constitucn y 53 y siguientes de
la Ley núm. 137-11, O.ca del Tribunal Constitucional y de los P.edimientos
Constitucionales, tiene a bien determinar si el presente recurso fue interpuesto
en tiempo hábil, en virtud de lo establecido en el artículo 54, numeral 1, de la
Ley 137-11, O.ca del Tribunal Constitucional y de los P.edimientos
Constitucionales, el cual dispone: “El recurso se interpondrá mediante escrito
motivado depositado en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida,
en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia”.
Asimismo, el cómputo de dicho plazo es franco y calendario, conforme establece
la S.cia TC/0143/15, del once (11) de julio de dos mil quince (2015) del
Tribunal Constitucional.
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b. El recurso de revisión constitucional que nos ocupa fue interpuesto ante la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de abril de
dos mil diecisiete (2017), mientras que la sentencia recurrida le fue notificada de
manera íntegra mediante el Acto núm. 240-2017, de doce (12) de abril del dos mil
diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial L..M.B.G.,
alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo,
quien actuó a requerimiento del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC),
de manera que el recurso fue presentado dentro del plazo de treinta (30) días a
partir de la notificación, que prevé el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11.
c. Una vez resuelto lo anterior, es de rigor procesal determinar si el presente
recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la ley que rige la materia,
para lo cual pasamos a exponer las siguientes consideraciones:
d. La facultad del Tribunal Constitucional de revisar las decisiones definitivas
constituye un mandato expreso establecido en los artículos 277 de la Constitucn
y 53 de la Ley núm. 137-11, O.ca del Tribunal Constitucional y de los
P.edimientos Constitucionales, al expresar que todas las sentencias que hayan
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la
proclamación de la Constitucn del veintiséis (26) de enero de dos mil diez
(2010), son susceptibles del recurso de revisn constitucional de decisn
jurisdiccional.
e. En el presente caso se satisface el indicado requisito, toda vez que la
decisión recurrida fue dictada por las Tercera Sala de lo Laboral, Tierras,
C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema Corte de
Justicia, el 16 de noviembre de 2016, por lo que la misma es una sentencia firme
con autoridad de cosa juzgada.
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f. De acuerdo con el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, O.a del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el recurso de
revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos:
1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto,
reglamento, resolucn u ordenanza; 2) cuando la decisn viole un precedente del
Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un
derecho fundamental.
g. En la especie, los recurrentes alegan, como primer medio de revisión, que
la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia les vulnera la ley al realizar
una incorrecta interpretación de los artículos 44 y 47 de la Ley núm. 834 y del
artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre P.edimiento de Casación, y como
segundo medio, establece que dicha decisión les vulnera los artículos 69, 138 y
139 de la Constitución, que establece la tutela judicial efectiva y debido proceso,
y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
h. En el presente caso, se puede apreciar que los recurrentes están invocando la
tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el mismo
artículo 53, el recurso procederá cuando se satisfacen los siguientes requisitos:
a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente
en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado
conocimiento de la misma.
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la
vía jurisdiccional correspondiente y que la violacn no haya sido
subsanada.
c. Que la violacn al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no pod
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Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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revisar.
i. En relación con los literales del artículo 53, el literal a) resulta satisfecho.
Este Tribunal estima que la presunta conculcación a los derechos fundamentales
invocados por las partes recurrentes se produce con la emisión por parte de la
Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso
Tributario de la Suprema Corte de Justicia de la S.cia núm. 660, de dieciséis
(16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), referente al recurso de casación
interpuesto por los señores J.J.. P.E., E.A.. M.
L., L..R., S.D..N.R., C.A..C.
U., E.Y.E.P. y R.A., entre otros; en ese sentido,
los recurrentes tuvieron conocimiento de las alegadas violaciones, al término de la
litis, motivo por el que, obviamente, no tuvo antes la oportunidad de invocar la
violación a sus derechos fundamentales en el marco del proceso judicial de la
especie. Por este motivo, el Tribunal Constitucional estima que, siguiendo el
criterio establecido por la S.cia TC/0123/18, el requisito establecido por el
indicado literal a) del art. 53.3 se encuentra satisfecho.
j. En lo relativo con el literal b), el Tribunal Constitucional también lo estima
satisfecho, en razón de que se ha podido comprobar que se agotaron todos los
recursos disponibles para atacar la sentencia dictada en el marco del proceso, ya
que la sentencia que se recurre fue dictada en casación por la Tercera Sala de lo
Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la
Suprema Corte de Justicia.
k. En lo referente al literal c), la argüida violación a derechos fundamentales
que hace el recurrente se la imputa directamente al tribunal que dictó la sentencia
recurrida. En la especie este requisito no se satisface, ya que las violaciones
constitucionales alegadas por el recurrente, no le pueden ser imputadas al tribunal
que dictó la sentencia recurrida en casación, en razón de los siguientes
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razonamientos.
l. Este tribunal constitucional considera que, en el presente caso, la Tercera
Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario
de la Suprema Corte de Justicia, al dictar la sentencia recurrida se limitó a
declarar la inadmisibilidad del recurso de casación, al establecer en dicha decisión
lo siguiente:
Considerando, que en su memorial de defensa, el Instituto Dominicano de
Aviación Civil (IDAC) por conducto de sus abogados apoderados solicita
que el presente recurso sea declarado inadmisible y para fundamentar su
pedimento alega “que dicho recurso fue interpuesto después del vencimiento
del plazo de treinta días previsto en el artículo 5 de la ley sobre
procedimiento de casación, ya que fue interpuesto el 9 de marzo de 2016,
mientras que la sentencia impugnada le fue notificada a dichos recurrentes
en fecha 2 de febrero de 2016 mediante acto núm.14-2016 instrumentado
por la ministerial A.P.A.J., Alguacil de Estrados del
Tribunal Superior Administrativo y de hecho los propios recurrentes en su
memorial de casación reconocen que dicha sentencia les fue notificada en la
indicada fecha, por tanto el presente recurso de casación debe ser
declarado inadmisible, en cumplimiento de los artículos 44 y 47 de la Ley
núm. 834 de 1978, ante la inobservancia del plazo previsto en el artículo 5
de la ley sobre procedimiento de casación.
Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la Ley sobre núm. 3726
procedimiento de casación, modificado por la Ley núm. 491-08, el plazo
para recurrir en casación en materia contencioso administrativa es de 30
días a partir de la notificación de la sentencia recurrida a la parte
sucumbiente; que por disposición contenida en el artículo 66 de la indicada
ley sobre procedimiento en casación, todos los plazos establecidos en la
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misma en provecho de las partes son francos, lo que aplica en el caso de la
especie; lo que indica que los hoy recurrentes tenían que interponer su
recurso dentro del plazo de 30 días francos contados a partir de la fecha de
notificación de dicha sentencia.
Que al resultar un punto no controvertido que la sentencia impugnada fue
notificada a los hoy recurrentes en fecha 2 de febrero de 2017 y en vista de
la exigencia del legislador de que debían interponer el presente recurso el 4
de marzo de 2016; sin embargo, y tal como ha sido indicado anteriormente,
el memorial de casación contentivo de dicho recurso fue depositado en la
secretaria general de esta Suprema Corte de Justicia en fecha 9 de marzo de
2016, de donde resulta evidente, que tal y como ha sido invocado por la
parte recurrida, dicho recurso fue interpuesto de manera tardía, fuera del
plazo de 30 días francos previsto por la ley que rige la materia; (…).
m. El artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre P.edimiento de Casación,
modificado por la Ley núm. 491-08, que dispone:
En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y
contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un
memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se
funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema
Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la
notificación de la sentencia. El memorial deberá ir acompañado de una
copia certificada de la sentencia que se impugna, a pena de inadmisibilidad,
y de todos los documentos en que se apoya la casación solicitada. Con
relación a las sentencias en defecto, el plazo es de treinta (30) días contados
desde el día en que la oposición no fuere admisible.
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(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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n. De la cita anterior, este tribunal ha podido comprobar en los documentos que
reposan en el expediente que, tal y como dispuso la Tercera Sala de lo Laboral,
Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
Corte de Justicia, la sentencia recurrida en casación le fue notificada a la parte
recurrente mediante el Acto núm. 14-2016, de dos (2) de febrero de dos mil
dieciséis (2016), instrumentado por la ministerial Alicia Pauloba Assad Jorge,
alguacil de estrados del Tribunal Superior Administrativo; mientras que el recurso
de casación fue interpuesto el nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016); es
decir, que el mismo fue interpuesto cuando el plazo se encontraba vencido, en
virtud de lo dispuesto en el referido artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre
P.edimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08; en consecuencia,
se advierte que el tribunal a-quo se limitó a realizar el mero computo del plazo.
o. Comprobado lo anterior, queda establecido que la Tercera Sala de lo
Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la
Suprema Corte de Justicia, pronunció la inadmisibilidad del recurso de casación
interpuesto por los señores J..J.P..E., E..A.M.
L., L.R., S.D.N.R., C.A.C.U.,
E.Y.E.P. y R.A., de conformidad con la ley, es decir,
se limitó a aplicar el contenido del artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre
P.edimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, por lo que no se
suscitó discusión del fondo del recurso relacionada con la protección de derechos
fundamentales, ni con la interpretación de la Constitución.
p. En los casos en donde el tribunal que dicta la sentencia recurrida se limita a
aplicar correctamente la ley, en principio, no se le puede imputar vulneración de
derechos fundamentales, y en consecuencia, este Tribunal ha pronunciado la
inadmisibilidad del recurso en aplicación del artículo 53, numeral 3, literal c), de la
Ley núm. 137-11, tal y como lo ha establecido en las sentencias TC/0057/12, de
dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012), TC/0363/16, de cinco (5) de agosto
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Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
Corte de Justicia. Página 24 de 33
de dos mil dieciséis (2016), TC/0407/16, de trece (13) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), TC/0663/17, de siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017) y TC/0247/18, de treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), entre
otras.
q. En atención a todo lo antes expuesto, este tribunal constitucional concluye
que el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional que nos ocupa
deviene inadmisible.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados M..R..G.,
presidente; W.S.G.R. y K.M.J.M., en
razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia
por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los
magistrados H.A. de los Santos, A.L.B.M. y M.
V.M.. Constan en acta el voto disidente del magistrado L.V.
S., segundo sustituto; y el voto salvado del magistrado V..J.
C..P., los cuales se incorporarán a la presente decisión de
conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal
Constitucional.
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional interpuesto por los señores J.J.P.E.,
E.A.M.L., Leonardo R., S.D.N.R., C.
A.C.U., E.Y.E.P. y R.A. contra la
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Expediente núm. TC-04-2018-0096, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoada po r los señores J.J.
P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016),
dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y
C.ncioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia.
SEGUNDO: ORDENAR la comunicacn de esta sentencia, por Secretaría, para
su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores J.J.P.
E., E.A.M.L., L.R., S.D.N.
R., C.A..C..U., E..Y.E..P.. y R.
A., y a la parte recurrida, Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y
su representante legal, Dr. Alejandro Herrera R.ez.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, conforme a lo
establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: R.D.F., J.P.S., en funciones de Presidente;
L.V.S., J. Segundo Sustituto; H.A. de los Santos,
J.; J.A.A., J.; A.L.B.M., Jueza; A.I.
B.H., J.za; J.P.C.K., J.; V.J.
C.P., J.; D.G., J.; M.V.M., J.; J.
J.R.B., S..
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar
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P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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las razones por las cuales no estamos de acuerdo con la decisión tomada por la
mayoría de este Tribunal Constitucional.
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, O.ca del Tribunal Constitucional
y de los P.edimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el
primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido
un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y
en el segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o
en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y
disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
1. En el presente caso, se trata de un recurso de revisión constitucional de
decisiones jurisdiccionales interpuesto por los señores J.J.P.E.,
E.A.M.L., Leonardo R., S.D.N.R., C.
A.C.U., E.Y.E.P. y Ramón Armora, contra la
S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre del dos mil dieciséis (2016),
dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y
C.ncioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia.
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se declara inadmisible el
indicado recurso. Estamos de acuerdo en que el recurso es inadmisible, pero
salvamos nuestro voto en relación a dos aspectos de la sentencia en relación a las
razones establecidas para fundamentar la inadmisión.
3. En cuanto a este aspecto, la mayoría estableció que
[E]n los casos en donde el tribunal que dicta la sentencia recurrida se limita
a aplicar correctamente la ley, en principio, no se le puede imputar
vulneración de derechos fundamentales, y en consecuencia, este Tribunal ha
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P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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pronunciado la inadmisibilidad del recurso en aplicación del artículo 53,
numeral 3, literal c), de la Ley núm. 137-11, tal y como lo ha establecido en
las siguientes S.cias: TC/0057/12 del 2 de noviembre del 2012,
TC/0363/16 del 5 de agosto de 2016, TC/0407/16 del 13 de septiembre de
2016 y la S.cia TC/0663/17 del 7 de noviembre de 2017; TC/0247/18,
del 30 de julio del 2018, entre otras.
4. Estamos de acuerdo en que el recurso es inadmisible, pero no por las razones
establecidas en la sentencia que nos ocupa, sino por las razones que explicaremos
en los párrafos que siguen.
5. En este sentido, el presente voto salvado se hace con la finalidad de
establecer que el fundamento de la inadmisibilidad del recurso de revisión no es el
artículo 53.3.c de la Ley 137-11, sino el párrafo del artículo 53 de la misma ley.
Según el primero de los textos, el recurso de revisión constitucional de decisiones
jurisdiccionales es inadmisible cuando la violación invocada no le es imputable al
tribunal que dictó la sentencia objeto del recurso. Mientras que el segundo
condiciona la admisibilidad a que el recurso tenga especial trascendencia o
relevancia constitucional.
6. En efecto, el artículo 53.3.c de la referida ley establece que el recurso de
revisión constitucional de decisiones jurisdicciones es admisible cuando “(…) la
violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una
acción u omisión jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar
al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional
no podrá revisar”. Mientras que según el párrafo del artículo 53,
la revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será
admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en
razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido
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Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
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del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto
planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
7. En el caso que nos ocupa, mediante la sentencia objeto de recurso de
revisión constitucional fue declarado inadmisible un recurso de casación por haber
sido interpuesto fuera de plazo, razón por la cual, según el criterio de la mayoría de
este tribunal, el recurso de revisión constitucional es inadmisible, ya que la
violación invocada no es imputable al órgano judicial, en la medida que este se
limitó a hacer un simple cálculo matemático.
8. Cabe destacar que mediante la S.cia TC/0663/17, del siete (7) de
noviembre, este tribunal abandonó el precedente relativo considerar que casos
como el que nos ocupa sean declarados inadmisibles por falta de trascendencia o
especial relevancia constitucional, con la finalidad de que en lo adelante la
inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se
fundamentará en que no se satisface el requisito previsto en el artículo 53.3.c, de la
Ley núm. 137-11, es decir, en la inimputabilidad al órgano judicial de la violación
alegada.
9. No compartimos el criterio anterior, ya que entendemos que el recurso debió
declararse inadmisible por falta de especial trascendencia o relevancia
constitucional, en el entendido de que no existe posibilidad de violar derechos
fundamentales, en una hipótesis en la que el tribunal se limita a verificar el plazo
de interposición del recurso.
Conclusión
Consideramos que las violaciones imputadas a la Tercera Sala de lo Laboral,
Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema Corte
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de Justicia no pudieron invocarse, en razón de que la recurrente se enteró de las
mismas en la fecha que se le notificó la sentencia recurrida.
Por otra parte, estamos de acuerdo con que se declare inadmisible el recurso de
revisión constitucional que nos ocupa, pero no porque la violación no sea
imputable al juez que dictó la sentencia, sino porque el recurso carece de especial
trascendencia o relevancia constitucional, es decir, no estamos de acuerdo con el
cambio jurisprudencial que operó en el caso que nos ocupa.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
ALBA L.B.M.
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 186 de la Constitución, y de las disposiciones del artículo 30,
de la Ley 137-11, O.ca del Tribunal Constitucional y de los P.edimientos
Constitucionales, presentamos un voto salvado fundado en las razones que
expondremos a continuación:
1. En la especie, el señor J.J.P. y compartes interpusieron un recurso
de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en contra de la sentencia No.
660 de fecha 16 de noviembre del 2016, dictada por la Tercera Sala de la Suprema
Corte De Justicia, la cual declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto
por señores W.A.G., contra la sentencia dictada por la Primera
Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 28 de enero de 2016, por haber sido
incoado fuera del plazo que establece el artículo 5 de la Ley núm. 3726 sobre
procedimiento de casación, modificado por la Ley núm. 491-08.
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2. Quien suscribe el presente voto, si bien está de acuerdo con declarar la
inadmisión del referido recurso, no está de acuerdo con la decisión adoptada por el
voto de la mayoría del pleno, pues no compartimos el principal argumento y
motivación de la misma, que fue la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de
revisión interpuesto, estableciéndose en la sentencia como causal de la
inadmisibilidad que:
p. En los casos en donde el tribunal que dicta la sentencia recurrida se
limita a aplicar correctamente la ley, en principio, no se le puede imputar
vulneración de derechos fundamentales, y en consecuencia, este Tribunal ha
pronunciado la inadmisibilidad del recurso en aplicación del artículo 53,
numeral 3, literal c), de la Ley núm. 137-11, tal y como lo ha establecido en
las siguientes S.cias: TC/0057/12 del 2 de noviembre del 2012,
TC/0363/16 del 5 de agosto de 2016, TC/0407/16 del 13 de septiembre de
2016 y la S.cia TC/0663/17 del 7 de noviembre de 2017; TC/0247/18,
del 30 de julio del 2018, entre otras.
3. Como se puede observar, el voto mayoritario de este Tribunal Constitucional
entiende que no existe vulneración a los derechos fundamentales del recurrente,
porque la Suprema Corte de Justicia se limitó a aplicar la ley.
4. En contraposición con el criterio plasmado en el párrafo anterior,
entendemos que el solo hecho de que la Suprema Corte de Justicia se haya limitado
a aplicar la ley no garantiza que, en esa práctica, no se haya vulnerado derecho
fundamental alguno, correspondiendo a este guardián de la Constitución y órgano
de cierre de la interpretación jurídica de la República Dominicana, verificar si en la
aplicación de una determinada norma se verifica o no trasgresión a algún derecho
fundamental, pues circunscribirse a sostener que cuando la Suprema Corte de
Justicia se limita aplicar la ley no vulnera derechos fundamentales, implica
entender que en la aplicación de la ley nunca habrá vulneración a ellos, es erróneo,
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pues precisamente en la incorrecta interpretación de una norma pueden vulnerarse
derechos fundamentales, y es tanto así que es la misma constitución la que
conforme el artículo 74 marca la forma de interpretar la norma cuando se trata de
derechos fundamentales.
Conclusión
Esta juzgadora considera que el Tribunal, en lugar de declarar inadmisible el
recurso constitucional de decisiones jurisdiccionales en razón de que la Suprema
Corte de Justicia se limitó a aplicar la ley, debió declarar inadmisible el recurso
porque, al interpretar la ley aplicable en el conocimiento del recurso de casación,
no se evidencia que la Suprema Corte de Justicia vulneró algún derecho
fundamental.
Firmado: Alba L.B.M., J.a
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
M.V.M.
1. Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la
presente decisión y conforme a la posición sostenida en la deliberación del caso,
hacemos constar nuestro voto salvado. Pese a estar de acuerdo con la parte
decisoria o resolutiva, no compartimos los motivos desarrollados para fundamentar
la misma. Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los
artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, O.ca del Tribunal
Constitucional y de los procedimientos constitucionales, de fecha 13 de junio de
2011. En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(...) Los jueces que
hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión
adoptada”; y en el segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo
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Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
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hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los
votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
2. En general, el presente voto salvado tiene como fin ratificar nuestra posición
respecto a la fundamentación sostenida por la mayoría en relación a que el acto
jurisdiccional atacado “se limitó a aplicar la ley”, que “al tratarse de la aplicación
de normas legales que no pueden constituir una falta imputable al tribunal” o que
la aplicación [de la norma] ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador” sin
referirse a la suficiencia de la motivación ni a cuál órgano resultaría imputable las
alegadas violaciones, como lo ha hecho en sus decisiones TC/0659/18 y
TC0621/18, lo que deviene en asumir que tal aplicación no da lugar a violación de
derechos fundamentales e implica también desconocer los yerros propios de la
función jurisdiccional de aplicar una norma y la labor de interpretación que pudiere
involucrar dicha función.
3. Si bien la sentencia que nos ocupa trata de matizar lo anteriormente descrito
al afirmar que “se limita a aplicar correctamente la ley, en principio, no se le
puede imputar vulneración de derechos fundamentales...” [véase literal p) del
acápite 9, resaltado nuestro], la misma también establece que “se limitó a aplicar el
contenido del artículo 5 de la Ley 3726 sobre P.edimiento de Casación,
modificado por la Ley 491-08, por lo que no se suscitó discusión del fondo del
recurso relacionada con la protección de derechos fundamentales, ni con la
interpretación de la Constitución” [literal o) del acápite 9], asumiendo una relación
entre la no discusión del fondo relacionada a derechos fundamentales y la
interpretación constitucional como prerrequisitos para que pueda verificarse una
vulneración a un derecho fundamental, lo cual a nuestro entender no resulta
necesario, a la vez que tampoco explica en qué consistió esa “correcta” aplicación
de la ley (por ejemplo, cálculo matemático de un plazo, ajustado a decisiones
constantes de la Corte o ajustado a un precedente de este Tribunal Constitucional,
solo por mencionar algunos).
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P.E., E.A.M.L., L.R., S.D.í.N.R., C.A.C.U., E.
Y.E.P. y R.A. contra la S.cia núm. 660, de dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), dictada po r la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, C.ncioso Administrativo y C.ncioso Tributario de la Suprema
Corte de Justicia. Página 33 de 33
4. En consecuencia, ratificamos en iguales términos y alcance nuestros votos
salvados expresados en las S.cias TC/0078/19, TC/0132/19, TC/0177/19,
TC/0239/19, TC/0283/19, TC/0285/19, TC/0288/19, y TC/0292/19.
Firmado: M.V.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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