Sentencia nº 001 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2020.
| Fecha | 31 Enero 2020 |
| Número de sentencia | 001 |
| Número de resolución | 001 |
| Emisor | Segunda Sala Suprema Corte de Justicia |
Fecha: 31 de enero de 2020
Sentencia núm. 001-022-2020-SSEN-00023
C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de enero del 2020, que dice así:
D., Patria y Libertad República Dominicana
En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los jueces F.A.J.M., presidente; F.E.S.S., M.G.G.R. y V.E.A.P., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 31 de enero de 2020, años 176° de la Independencia y 157° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por B.Z.A.S., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0443284-8, domiciliado y residente en el callejón Los Viejitos, casa s/n, A., Canabacoa, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, imputado, contra la Fecha: 31 de enero de 2020
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 1 de marzo de 2019, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al juez presidente dejar abierta la audiencia para la exposición de las conclusiones del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído al L.. F.A., por sí y por la Lcda. M.d.C.R., defensores públicos, actuando en nombre y representación de B.Z.A.S., en la lectura de sus conclusiones;
Oído al Procurador General Adjunto al Procurador General de la República, L.. C.C., en su dictamen;
Visto el escrito del recurso de casación suscrito por la Lcda. M.d.C.R., defensora pública, quien actúa en nombre y representación de B.Z.A.S., depositado en la secretaría de la Corte a qua el 16 de abril de 2019, mediante el cual interpone dicho recurso; Fecha: 31 de enero de 2020
de la Suprema Corte de Justicia el 2 de agosto de 2019, que declaró admisible en cuanto a la forma el recurso de casación interpuesto y se fijó audiencia para conocerlo el 9 de octubre de 2019, en la cual se debatió oralmente y las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el artículo 427 del Código Procesal Penal;
Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos la República Dominicana es signataria; las decisiones dictadas en materia constitucional; la norma cuya violación se invoca, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15;
La presente sentencia fue votada en primer término por la magistrada V.E.A.P., a cuyo voto se adhirieron los Fecha: 31 de enero de 2020
magistrados F.A.J.M., F.E.S.S. y M.G.G.R.;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:
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que fue presentada por el Ministerio Público, en contra de B.Z.A.S., la acusación por supuesto tráfico de drogas en violación a los artículos 4 letra D, 5 letra A, 8 categoría II, acápite II, código (9041), 9 letra D, 58 letra A, 75 párrafo II de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado dominicano;
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que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó la sentencia núm. 371-04-2018-SSEN-00134 del 3 de julio de 2018, cuyo dispositivo establece lo siguiente:
"PRIMERO: Declara al ciudadano B.Z.A.S., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0443284-8, domiciliado y residente en el callejón Los Viejitos, casa s/n, A., Canabacoa, de la provincia de Santiago, culpable de comer el ilícito penal de tráfico de droga, previsto y sancionado por los artículos 4 letra D, 5 letra A, 8 categoría II, acápite II, código Fecha: 31 de enero de 2020
sobre Drogas y Sustancias Contraladas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano, a la pena de 5 años de prisión, a ser cumplido en la cárcel departamental de San Francisco de Macorís-Kosovo, y al pago de una multa de cincuenta mil pesos (RD$50,000,00); SEGUNDO: Declara las costas de oficio por el imputado estar asistido de un defensor público; TERCERO: Ordena la incineración de la sustancia descrita en el Certificado de Análisis Químico Forense núm. SC2-2017-01-25-000671, de fecha veinte (20) del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitido por la Sub-Dirección General de Química Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif); CUARTO: Ordena la confiscación de la prueba material consistente en: Un (01) recorte plástico color azul con blanco; QUINTO: Ordena la notificación de la presente decisión a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Consejo Nacional de Drogas y al Juez de Ejecución de la Pena, para los fines de ley correspondientes”;
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que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 359-2019-SSEN-00025, ahora impugnada en casación, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 1 de marzo de 2019, y su dispositivo es el siguiente:
“ PRIMERO: En cuanto al fondo desestima el recurso de apelación incoado por la licenciada M.d.C.R., defensora pública, en representación de B.Z.A.S., en contra de la sentencia número Fecha: 31 de enero de 2020
134 de fecha tres (3) del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: Confirma la sentencia apelada en todas sus partes; rechaza la petición de suspensión condicional de la pena; TERCERO: E. de costas el recurso por haber sido interpuesto por la defensoría pública; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las partes del proceso”;
Considerando, que el recurrente B.Z.A.S., plantea en su memorial de casación, como agravios, el siguiente medio de casación:
“Único: Sentencia manifiestamente infundada por inobservancia de las disposiciones de los artículos 338, 172 y 333 del Código Procesal Penal, en consecuente lesión a los principios de la sana crítica racional, la tutela judicial efectiva y el debido proceso”;
Considerando, que el recurrente propone en el desarrollo de su medio de casación, en síntesis, lo siguiente:
“Que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la ciudad de Santiago inobservó y violentó las disposiciones de los artículos 338, 172 y 333 de nuestra normativa procesal penal, en virtud de que confirmó la sentencia del tribunal de primer grado, sentencia esta que no dio valor al estado de certeza que deben tener las pruebas en el proceso para poder emitir sentencia condenatoria, en virtud Fecha: 31 de enero de 2020
de que las únicas pruebas vinculantes presentadas en audiencia fue el acta de registro de personas y el testimonio del agente actuante, no siendo acreditada ni corroborada el acta de registro de personas por el agente que realizó el registro, en virtud de que en el debate dicho testigo; declaro que en el operativo se encontró con el imputado y que el mismo mostró una actitud sospechosa, pero no dio detalles algunos al tribunal para esclarecer en qué consistió esta actitud sospechosa, simplemente habla de actitud sospechosa sin explicar en qué consistió la misma, quedando también esta duda en el tribunal de primer grado; A pesar de todos estos vacíos dejados en el conocimiento del juicio, los jueces de dicha instancia dictaron sentencia condenatoria en contra del recurrente B.Z.A.S., confirmando la honorable Corte de Apelación dicha decisión violatoria del debido proceso de ley. Que al confirmar la Corte de Apelación de Santiago una decisión violatoria de principios, garantías y derechos en contra del ciudadano B.Z.A.S., violenta la honorable Corte también las disposiciones de los artículos 338, 172 y 333 de nuestra normativa procesal penal, en consecuencia, violenta también la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, puesto que violenta específicamente los principios de presunción de inocencia, derechos a la libertad personal y el principio de la sana crítica racional. Entiende la defensa técnica que con esta decisión la Corte de Apelación inadvirtió las reglas del debido proceso de ley en relación a la tutela judicial efectiva que deben tener los jueces en cada proceso en particular”; Fecha: 31 de enero de 2020
Considerando, que la queja externada por el imputado recurrente en su recurso de casación está dirigida a criticar una supuesta inobservancia de las disposiciones de los artículos 338, 172 y 333 del Código Procesal Penal, en violación a los principios de la sana crítica racional, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, puesto que las pruebas presentadas, no son suficientes para destruir la presunción de inocencia;
Considerando, que al contestar el recurso de apelación interpuesto por el imputado, la Corte a qua, analizó a la luz de las quejas argumentadas por este, en contra la sentencia dictada por el tribunal de primer grado, estableciendo en su fundamento 3, lo siguiente:
“3.-Por tanto, estima esta Primera Sala de la Corte que de la valoración conjunta y armónica de las pruebas determinó el a quo que el delito probado en contra de B.Z.A.S., consistió básicamente en la violación a los artículos 4 letra D, 5 letra A, 8 categoría II, acápite II, código (9041), 9 letra D, 58 letra A, 75 párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; por lo que el motivo alegado debe ser desestimado. Tampoco lleva razón el recurrente, en lo referente a que se realizó el operativo en el sector La Cambronal de Santiago, específicamente frente a la casa núm. 43, dejando un vacío en el tribunal en relación a la calle en dónde fue realizado el operativo; toda vez que los jueces del a quo, valoraron dicha prueba y establecieron al respecto: "Este Fecha: 31 de enero de 2020
cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 180 y siguientes del Código Procesal Penal, en tal virtud, pudiendo extraerse de la misma, que el agente actuante practicó un registro de personas al nombrado B.Z.A.S., a quien le ocupó dentro de sus prendas de vestir, específicamente en el bolsillo delantero izquierdo de su pantalón, un (1) recorte plástico color azul con blanco, que contenía en su interior la cantidad de veintitrés (23) porciones de polvo, envueltas en plástico, de Cocaína Clorhidratada, con un peso especifico de quince punto sesenta y dos (15.62), con lo cual el tribunal da por contestadas las interrogantes, del cómo, cuándo, dónde y bajo que circunstancia se produce la detención del encartado, lo qué posteriormente dio lugar a su arresto, razones por las que se le otorga total valor probatorio a la presente prueba", por lo que entiende esta Corte que el a quo le dio su valor y alcance conforme a la regla de la sana crítica o del entendimiento humano en virtud de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal. De lo antes expuesto, queda más que claro que no hay nada que reprocharles a los jueces del a quo, por lo que las queja planteada y el recurso en su totalidad debe ser desestimado”;
Considerando, que al proceder esta Segunda Sala, a la lectura y análisis de la decisión impugnada, ha constatado que los jueces de la Corte a qua dieron respuesta de manera motivada y detallada a cada uno de los vicios invocados por el recurrente, estableciendo la Corte de Apelación, que la credibilidad otorgada a la prueba testimonial, encontró su sustento en la coherencia, verosimilitud y consonancia del relato Fecha: 31 de enero de 2020
ofrecido por el testigo, el agente actuante, y la corroboración de lo narrado con el conjunto de pruebas documentales sometidas al escrutinio de los jueces de fondo, que dieron como resultado la comprobación de los hechos endilgados al imputado;
Considerando, que en cuanto al reclamo del recurrente, es preciso apuntar, que del análisis de la sentencia recurrida, se evidencia que los jueces de la Corte a qua aportaron motivos suficientes y coherentes que justifican el fallo impugnado, tal y como se hizo constar ut supra, ya que la alzada hizo un recuento de los hechos y circunstancias de la causa, y mediante el análisis de estos, tuvo a bien constatar que hubo un uso correcto de las reglas que conforman la sana crítica al momento de valorar de forma integral y en conjunto los medios de prueba incorporados, conforme a los parámetros del debido proceso en el tribunal de primera instancia; en tal sentido, se observa que la sentencia recurrida da respuesta a las inquietudes y agravios denunciados;
Considerando, que en ese orden de ideas, resulta pertinente destacar que de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal penal, la motivación de las decisiones judiciales constituye una garantía a fin de constatar si en un determinado caso se han respetado las reglas del debido Fecha: 31 de enero de 2020
que ha sido observada por los jueces de la alzada, al emitir una decisión provista de las justificaciones en las cuales fundamentó el rechazo de los medios invocados por el recurrente;
Considerando, que en relación con los alegatos expuestos por el recurrente, el Tribunal Constitucional Dominicano, ha adoptado el criterio con respecto al proceso de valoración de las pruebas, precisando que: “la naturaleza del recurso de casación no admite que la Suprema Corte de Justicia se involucre en apreciación de los hechos propios del proceso, sobre cuya legalidad y constitucionalidad reclaman su intervención. Si el órgano jurisdiccional superior del Poder Judicial se involucrara en la apreciación y valoración de las pruebas presentadas por las partes durante el juicio de fondo, incurriría en una violación de las normas, en las cuales fundamenta sus decisiones y desnaturalizaría la función de control que está llamado a ejercer sobre las decisiones de los tribunales inferiores respeto a la correcta aplicación de las disposiciones legales y constitucionales que le son sometidas”1;
Considerando, que de lo anteriormente argumentado, se colige que los elementos probatorios fueron valorados de conformidad con los
1 Fecha: 31 de enero de 2020
lineamientos de los artículos 172, 333 y 338 del Código Procesal Penal; resultando de lugar señalar que la valoración probatoria es una cuestión que el legislador ha dejado bajo la soberanía de los jueces al momento de ser apreciadas en el juicio de fondo, donde se practica la inmediación, bajo la sana crítica racional, lo que escapa a la casación, salvo el caso de desnaturalización de los hechos, lo cual no se verifica en el caso de la especie, en razón de que las pruebas documentales y testimoniales fueron interpretadas en su verdadero sentido y alcance, y tal y como expuso la Corte a qua en los fundamentos de su decisión, que condujeron a la desestimación del recurso de apelación del cual estaba apoderada;
Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casación analizado de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;
Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 246 del Código Procesal Penal: “Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o Fecha: 31 de enero de 2020
277-2004 sobre el Servicio Nacional de la Defensa Pública, la Oficina Nacional de Defensa Pública se encuentra exenta del pago de valores judiciales, administrativos, policiales, sellos, papel timbrado, derechos, tasas por copias legalizadas, certificaciones y de cualquier otra imposición, cuando actúa en el cumplimiento de sus funciones, tal como ocurre en la especie; por lo que, procede eximir el pago de las costas generadas en esta instancia;
Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley.
Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
FALLA:
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por B.Z.A.S., contra la sentencia núm. 359-2019-SSEN-00025, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 1 de marzo de 2019, cuyo dispositivo aparece copiado Fecha: 31 de enero de 2020
Segundo: E. al recurrente del pago de las costas, por estar asistido por la Oficina Nacional de la Defensa Publica;
Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago.
(Firmado) F.A.J.M..- F.E.S.S..- M.G.G.R..- V.E.A.P..
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretario general, que certifico.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 02 de marzo del 2020, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
C.J.G.L.S. General
