Sentencia nº 154 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Marzo de 2015.

Fecha de Resolución11 de Marzo de 2015
EmisorPrimera Sala

Sentencia Núm. 154

Grimilda A. De Subero, secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de marzo de 2015, que dice:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 11 de marzo de 2015. Inadmisible Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por C.D.B., dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0203795-9, domiciliado y residente en la casa marcada con el núm. 50, de la calle N. de O., sector C.R., de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 00242/2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 12 de agosto de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

O. en la lectura de sus conclusiones a la Licda. B.A.L.C., abogada de la parte recurrida R.E.C.V.;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: "Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, "Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación";

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de octubre de 2009, suscrito por la Licda. B.A.L.C., abogada de la parte recurrente C.D.B., en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de noviembre de 2009, suscrito por los Licdos. F.J. y L.R., abogados de la parte recurrida, R.E.C.V.; Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 20 de julio de 2014, estando presentes los magistrados R.L.P., P.; E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos del Secretario;

Visto el auto dictado el 9 de marzo de 2015, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados M.O.G.S., V.J.C.E., J.A.C.A. y F.A.J.M., jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de una demanda en rescisión de contrato de promesa de venta, nulidad de hipoteca y daños y perjuicios incoada por la señora R.E.C.V., contra los señores A.A.P.O. y C.D.B., la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó el 4 de febrero de 2008, la sentencia civil núm. 00162-2008, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ORDENA la RESCISIÓN del contrato de promesa de venta de fecha 25 de Agosto del 2004 legalizado por el Notario Publico, L.. J.S.Á., contentivo de contrato de promesa sinalagmática de venta intervenido entre los señores R.E. CHECO VERAS, C.D.B. y AUGUSTO ANTONIO PARRA OLIVO, por violación de los términos de éste por ambas partes y en consecuencia, se ORDENA la DEVOLUCIÓN del 75% de los valores entregados por la señora R.E. CHECO VERAS, las cuales ascienden a la suma de UN MILLON VEINTISIETE MIL PESOS CON 00/100 (RD$1,027,000.00), en manos del señor A.A.P.O.; SEGUNDO: DECLARA la NULIDAD de la hipoteca de fecha 4 de Marzo del 2005, legalizado por el Notario Publico, L.. J.S.Á., por no existir causa justificada para mantenerla; TERCERO: RECHAZA la solicitud de daños y perjuicios por improcedente, mal fundada y carente de fundamento jurídico; CUARTO: COMPENSA las costas del proceso por haber sucumbido ambas partes en algunos puntos de sus respectivas conclusiones"; b) que no conforme con dicha decisión la señora R.E.C.V. interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 319-2008, de fecha 16 de abril de 2008, instrumentado por el ministerial R.R.C.S., alguacil de estrados del Primer Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santiago, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 00242/2009, de fecha 12 de agosto de 2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA, en cuanto a la forma, regulares y válidos los recursos de apelación principal interpuesto (sic) por los señores A.A.P.O.Y.C.D.B. e incidental interpuesto por la señora R.E. CHECO VERAS, contra la sentencia civil No. 00162-2008, dictada en fecha Cuatro (4) del mes de Febrero del Dos Mil Ocho (2008), por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en provecho de la señora R.E. CHECO VERAS, sobre demanda en Rescisión de contrato de promesa de venta, nulidad de hipoteca y daños y perjuicios y astreinte, por circunscribirse a las normas procesales vigentes; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, parcialmente ambos recursos de apelación y esta Corte actuando por su propia autoridad y contrario imperio, REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA y ordena la rescisión del contrato de promesa de venta, de fecha 25 de Agosto del año 2004, suscrito por los señores C.D.B. y R.E. CHECO VERAS, instrumentado por el LICDO. J.S.A., la nulidad de la hipoteca de fecha 4 de Marzo del año 2005, suscrito por los señores A.A.P.O. y R.E. CHECO VERAS, instrumentado por el LICDO. J.S.Á. y rechaza los daños y perjuicios y el astreinte solicitados, por las razones expuestas la presente sentencia; TERCERO: ORDENA, a la parte recurrente principal devolver a la señora R.E.C.V., la suma de NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$905,000.00), que es la suma del valor entregado por dicha señora a la parte recurrente principal; CUARTO: COMPENSA las costas del procedimiento" (sic);

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación: "Único Medio: Violación al derecho de defensa artículo 8, inciso 2, letra J de la Constitución de la República Dominicana”;

Considerando, que se impone determinar con antelación al examen del medio de casación propuesto por la parte recurrente, por ser una cuestión prioritaria, si la sentencia impugnada reúne los presupuestos necesarios para ser impugnada mediante el recurso extraordinario de casación, en ese sentido, hemos podido verificar que el presente recurso se interpuso el 5 de octubre de 2009, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008, y puesta en vigencia en fecha 11 de febrero de 2009 (que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal que estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), P.I., del Art. 5, de la Ley sobre Procedimiento de Casación lo siguiente:

No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de
otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: las sentencias
que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…).

;

Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado imperante al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios mínimos excede la condenación establecida en la sentencia impugnada;

Considerando, que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, que como señalamos precedentemente fue el 5 de octubre de 2009, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$8,465.00, mensuales, conforme a la Resolución núm. 1/2009, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 7 de julio de 2009 y entrada en vigencia el 1ro. de junio de 2009, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de un millón seiscientos noventa y tres mil pesos dominicanos (RD$1,693,000.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación, contra la sentencia dictada por la corte a-qua, es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad;

Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación, resultó que mediante el acto jurisdiccional impugnado la corte a-qua modificó la decisión de primer grado, condenando a los señores C.D.B., hoy parte recurrente, a pagar a favor de la parte recurrida, R.E.C.V., la suma de novecientos cinco mil pesos oro dominicanos (RD$905,000.00), monto que es evidente, no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley núm. 491-08, ya referida;

Considerando, que, en atención a las circunstancias mencionadas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones contenidas en la sentencia impugnada para ser susceptibles del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare, de oficio, su inadmisibilidad, lo que hace innecesario examinar el medio de casación propuesto por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades por su propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación de que ha sido apoderada esta S..

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2, del Art. 65, de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dispone que las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por C.D.B., contra la sentencia civil núm. 00242/2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 12 de agosto de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 11 de marzo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.

(Firmados).- Julio C.C.G..-V.J.C. Estrella.-José A.C.A..-F.A.J.M..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los
señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y
año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria
General, que certifico.