Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Diciembre de 2018.
| Fecha | 26 Diciembre 2018 |
| Número de resolución | . |
| Emisor | Segunda Sala Suprema Corte de Justicia |
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 26 de diciembre de 2018, que dice:
D., Patria y Libertad República Dominicana
En nombre de la República, la Segunda S. de la Suprema Corte de
Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción
Germán Brito, P.; E.E.A.C. y Alejandro
Adolfo Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrados, en la S.
donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de
G., Distrito Nacional, hoy 26 de diciembre de 2018, años 175° de
la Independencia y 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública,
como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Carolin Soraya García
Tapia, dominicana, mayor de edad, estudiante, portadora de la cédula de
identidad y electoral núm. 047-0192423-7, domiciliada y residente en la
C.T., V.R., La Vega, República Dominicana,
imputada y civilmente demandada; A.I.M.L.,
dominicana, mayor de edad, casada, abogada, portadora de la cédula de
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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do calle núm. 8, edificio 9, apartamento 202, Los Multis Nuevo, La Vega,
República Dominicana, tercera civilmente demandada; y La
Monumental de Seguros, C. por A., domicilio procesal ubicado en la
avenida P.A.G. núm. 1, Santiago, República
Dominicana, entidad aseguradora; contra la sentencia núm. 203-2016-SSENT-00210, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de La Vega el 2 de junio de 2016, cuyo dispositivo
se copia más adelante;
Oído a la Jueza P. dejar abierta la audiencia para el debate
del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído a los L.s. F.A.R.P. e Yris Altagracia
Marmolejos Mota, en la formulación de sus conclusiones en
representación de F.A.M.N. y M. Altagracia
Marmolejos Mota, recurridos;
Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Procurador
General de la República, L.. A.M.B.;
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depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 10 de agosto de 2016, en
el cual fundamentan su recurso;
Visto el escrito de contestación suscrito por los L.s. Félix A.
Ramos Peralta e Y.A.M.M., en representación de
F.A.M.N. y M.A.M.M.,
recurridos, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 26 de
septiembre de 2016;
Visto la resolución núm. 2397-2017, dictada por la Segunda S. de
la Suprema Corte de Justicia el 15 de mayo de 2017, mediante la cual
declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso, fijando
audiencia para el día 30 de agosto de 2017, fecha en la cual las partes
presentes concluyeron, decidiendo la S. diferir el pronunciamiento del
fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código
Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables;
produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta
sentencia;
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La Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia después de haber
deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados
Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios;
la normativa cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393,
394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427del Código Procesal Penal,
modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015; y las resoluciones
núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia
el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009,
respectivamente;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos
que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:
-
que el 11 de junio de 2015, el Fiscalizador Adscrito al Juzgado de
Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega, L.. Fernán Josué
Ramos, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio contra la
ciudadana C.S.G.T., por presunta violación a las
disposiciones de los artículos 49 literal c, 50 literales a y c, 54 literales a y
c, 65 y 222 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor y
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La Vega, actuando como Juzgado de la Instrucción, y emitió auto de
apertura a juicio contra la encartada;
-
que apoderada para la celebración del juicio la Segunda S. del
Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega, dictó la
sentencia marcada con el núm. 00019/2015 el 4 de noviembre de 2015,
cuyo dispositivo se describe a continuación:
“ PRIMERO: Excluye de la calificación jurídica admitida por el auto de apertura a juicio, la supuesta violación de los artículos 50 literal a numeral 1 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, de conformidad con las previsiones del artículo 336 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Modifica de la calificación jurídica admitida por el auto de apertura a juicio, la supuesta violación del literal c del artículo 49 de la Ley 241, por la del literal b del mismo artículo, de conformidad con las previsiones del artículo 336 del Código Procesal Penal; TERCERO: Declara a la imputada C.S.G.T., dominicana, mayor de edad, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0192423-7, domiciliada y residente en la calle C.T., cerca de la banca O&M, V.R., La Vega, culpable de haber violado la disposición contenida en los artículos 49 literal b, 50 literal a numeral 1, 54 literales a y c y 222 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de
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-
que por efecto de los recursos de apelación interpuestos por la
parte imputada y los querellantes, contra la referida decisión, intervino
la sentencia núm. 203-2016-SSENT-00210, ahora impugnada en casación,
dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de La Vega el 2 de junio de 2016, cuyo dispositivo se describe a
continuación:
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Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia
impugnada, el siguiente medio:
“ Único Motivo: Violación por falta de motivos e inobservancia a los artículos 24 y 333 del Código Procesal Penal. Falta de motivos e insuficiencia de motivos. Violación a los numerales 2 y 3 del artículo 426 del
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Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte a-qua dio por
establecido, en síntesis, lo siguiente:
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Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por los recurrentes:
Considerando, que una vez examinado el contenido del medio
presentado, esta Segunda S. ha podido advertir que los recurrentes
alegan la existencia de una sentencia carente de motivación en cuanto a
los medios probatorios, indicando que, a su juicio, la Corte a-qua no
realizó una motivación adecuada con respecto a la valoración de las
pruebas ofertadas en sede de juicio, en tal sentido, entienden no se
analizaron las causas, motivos y circunstancias generadoras del hecho;
Considerando, que contrario a lo desarrollado y argumentado por
los recurrentes en su único medio presentado, la alzada, oportunamente
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motivada y ajustada al derecho, los mismos;
Considerando, que esta Corte Casacional puede observar que la
Corte a-qua, luego de analizar y examinar la decisión dictada en primer
grado, pudo constatar que esa jurisdicción realizó una correcta
valoración de los medios de prueba que le fueron sometidos, pudiendo
determinar esa alzada, que el juez de juicio hizo una valoración conjunta
y armónica de las pruebas, que lo llevó a la conclusión de que la
ciudadana C.S.G.T., más allá de toda duda,
comprometió su responsabilidad penal con su accionar descuidado e
imprudente al momento encontrarse en el vehículo de motor que generó
el evento, transgrediendo así las disposiciones de la Ley núm. 241, sobre
Tránsito de Vehículos de Motor; por consiguiente, la alegada falta de
motivación no se corresponde con la realidad;
Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua
se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y
satisface las exigencias de motivación, toda vez que, en la especie, el
tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión, expone de
forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada y las
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procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de
tal manera que, esta S. no avista vulneración alguna en perjuicio de la
recurrente, por lo que procede rechazar el recurso que se trata;
Considerando, que al no encontrarse presentes los vicios invocados
por los recurrentes, procede rechazar el recurso de casación interpuesto,
quedando en consecuencia, confirmada la decisión atacada;
Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal
dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al
decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto
rechazar como declarar con lugar dichos recursos;
Considerando, que en ese sentido, procede el rechazo del recurso de
casación que se trata y la confirmación en todas sus partes de la decisión
recurrida, de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del
aludido artículo 427 del Código Procesal Penal;
Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código
Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la
archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las
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que en la especie, se condena a los recurrentes al pago las costas
generadas del proceso.
Por tales motivos, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia,
FALLA:
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por C.S.G.T., A.I.M.L. y La Monumental de Seguros, C. por A., contra la sentencia núm. 203-2016-SSENT-00210, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de junio de 2016, cuyo dispositivo se copia en la parte anterior de la presente decisión;
Segundo: Condena a C.S.G.T. al pago de las costas penales, y juntamente con A.I.M.L., al pago de las civiles, con distracción de las mismas en provecho de los L.s. F.A.R.P. e Y.A.M.M., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad, y las declara oponibles a La Monumental de Seguros, C. por A., hasta el límite de la póliza;
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(Firmados).-M.C.G.B.E.A.C..- A.A.M.S..-
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que
figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año
en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria
General, que certifico.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy
20 de febrero del año 2019, para los fines correspondientes. Exonerada de
pagos de impuestos y sellos de impuesto internos.
C.A.R.V.S. General
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