Suprema Corte de Justicia Comienza la hora cero

 
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Suprema Corte de Justicia ¿Comienza la hora cero?

Ruth Ruiz

Periodista, asistente editorial de Gaceta Judicial.

Es tiempo de cambios en el Poder Judicial. Además de la juramentación de un nuevo órgano administrativo, el Consejo del Poder Judicial, y de la creación de un Tribunal Constitucional, se avecina la primera conformación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) después de la reforma constitucional del 2010.

Al margen de la polémica jurídica que se plantea con la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se espera la convocatoria del Consejo con el propósito de designar a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que mantiene en vilo a una gran parte de la sociedad dominicana.

Como ocurrió en ocasiones anteriores, y aunque este proceso tiene sus propias particularidades por los cambios que introdujo la Constitución del 2010, existen temores de que la presión que ejercen sectores fácticos pueda viciar el proceso y, en consecuencia, sus resultados.

No es para menos. Como órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales del país, la Suprema Corte de Justicia despierta las apetencias de grupos de poder de acceder a ella como vehículo para alcanzar o preservar sus particulares intereses. Por esa razón, sectores del empresariado, la banca, la iglesia, la prensa y otros ponen de manifiesto su autoridad para intervenir en el tema invadiendo los espacios de opinión pública con críticas, consejos, teorías y cabildeos mal disimulados, lo cual crea un ruido mediático que dirige el debate hacia los temas que más bocinas pregonan y deja fuera otros cuya importancia es vital para la credibilidad de los resultados del proceso.

ANTECEDENTES:

La presente coyuntura refleja un escenario sin precedentes: el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la misión de sustituir a todos los jueces que hayan alcanzado la edad de retiro obligatorio y someter a los demás a un proceso individual de evaluación de desempeño, de cuyo resultado dependerá que se les ratifique, según lo establecen los artículos 180 y 181 de la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010.

Finaliza así una era que podría llamarse “de transición” en el proceso de reforma del Poder Judicial dominicano que comenzó en el año 1994 cuando, tras la crisis política en que desembocó el proceso electoral que se celebró ese año, se consagra mediante reforma constitucional el Consejo Nacional de la Magistratura como órgano tridimensional (reúne al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial) para la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, luego regulado por su ley orgánica, la número 169-97 del 5 de agosto de 1997.

La primera Suprema Corte de Justicia producto de la reforma tomó posesión en el mes de agosto del año 1997. Esta quedó conformada por 16 jueces –antes eran 11- producto de la modificación a la Ley 25-91 mediante la Ley 156-97 del 15 de julio de 1997.

El proceso para las convocatorias al Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a estos jueces fue seguido de cerca por los medios de comunicación y por la sociedad civil, que reclamaban transparencia en los criterios de evaluación y que se eligiera a personas extraordinarias por sus méritos y no por sus “padrinos”.

“Ni los miembros del Consejo, ni los medios de comunicación que mayor interés han demostrado en el tema, ni siquiera la sociedad civil, han dado a conocer qué criterios han operado para que de las 252 personas sometidas originalmente solo quedaran 28 hasta el momento de la reunión del jueves 24 de julio”, se expresaba en esta misma revista para criticar el secreto con que se manejó el tema de los criterios que se tomaron en cuenta para evaluar los méritos personales y profesionales de los candidatos que se presentaron.

Organizaciones representativas de la sociedad civil llamaron a la participación activa de los ciudadanos en la presentación de candidaturas a través de grupos comunitarios, juntas de vecinos, sindicatos, etc. Sin embargo, el fantasma de los acuerdos políticos estuvo presente en cada etapa del proceso y para muchos a la postre fue esta la fórmula empleada para lograr el equilibrio mediante un trueque entre partidos, y entre estos y la sociedad civil, que fue posible en ese momento porque incluía el reparto de las posiciones directivas en las cámaras legislativas y en la Junta Central Electoral.

No obstante, ninguna de estas circunstancias impidió que se lograra lo anhelado: que la República Dominicana dejara atrás su larga historia de un sistema legal controlado y sujeto a los vaivenes de la política y de intereses particulares, para contar con un Poder Judicial fortalecido por la designación de una Suprema Corte de Justicia acorde con la época y con la autonomía y los recursos para modernizarse y cumplir la misión que de ella se espera.

BALANCE A LA PRIMERA “OLA” DE LA REFORMA:

A la Suprema Corte de Justicia encabezada por el...

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