Uso de medios digitales en la administración de justicia en República Dominicana: avances y retos

• Autor: César José García Lucas
• Cargo: Abogado, maestría en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España; secretario general de la Suprema Corte de Justicia en el Poder Judicial dominicano
• Páginas: 1-25

INTRODUCCIÓN

Desde los tiempos de Ulpiano —siglo III—, quien definió a la iustitia como el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno (aequum et bonum), el modelo de impartición de justicia, que sugiere de forma imperativa la presencia física y el estudio de documentos originales, ha mantenido similares dinámicas hasta la actualidad.

En 1840 se inventó el telégrafo, un aparato que emitía señales eléctricas que viajaban por cables conectados entre un origen y un destino, y era la única forma de comunicarse digitalmente, por vía del código morse que permitía interpretar la información transmitida. En 1958, Estados Unidos de América fundó la Advanced Researchs Project Agency (ARPA) a través del Ministerio de Defensa, producto del cual se creó un programa de investigación computacional que dio origen al internet en 1983. Hoy en día es impensable contemplar nuestro obrar cotidiano sin el internet.

En 2008 Satoshi Nakamoto publicó un artículo titulado “Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system”, en el que explicaba el algoritmo capaz de crear una moneda digital totalmente peer-to-peer (igual a igual o persona a persona), la cual no requiere de un intermediario para realizar transacciones. Según la revista Forbes, hoy en día los bancos centrales que ya se encuentran en planes concretos para la emisión de criptomonedas, a través de blockchain, son China, Rusia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Australia, Brasil, India y Lituania, sin dejar de mencionar la aceptación de uso legal del bitcóin por El Salvador.

Relacionado a ello, los días 27 al 29 de noviembre de 2022 fue celebrado el Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación Financiera (CLAB), un evento organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Brett King, consultor estratégico del sector de servicios financieros globales y autor de las obras Bank 3.0, Why banking is no longer somewhere you go, but something you do y Bank 2.0, How customer behaviour and technology will change the future of financial services, en su intervención titulada “¿Por qué es necesaria la transformación digital?”, señaló que “los mercados, a la hora de proyectar a la banca, ya no se basan en el valor de sus activos sino en la capacidad de crecimiento a nivel digital”, y precisó que en las tendencias de pagos actuales las billeteras móviles son el presente de la banca digital, no el futuro. En dicho congreso, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en su conferencia magistral expuso sobre las “Tendencias regulatorias en la banca digital, seguridad de la información, ciberseguridad e innovación financiera”, destacando que en la República Dominicana alcanza una comunidad de 5.9 millones de usuarios de internet banking. Hoy en día evitamos desplazarnos a los bancos, porque ya no es necesario; y dentro de muy poco es posible que las monedas digitales sean la tendencia.

Estos hitos, en marcados sectores de la sociedad, como lo son las telecomunicaciones y las finanzas, cambiaron al mundo y lo continúan haciendo día tras día. Son el resultado de una serie de revoluciones que van desde la revolución industrial (1.0), caracterizada por el carbón y la máquina de vapor; la revolución de la producción industrial (2.0), que se caracterizó por la producción de medios de transporte terrestre y las nuevas fuentes de energía; la revolución del internet (3.0), que trajo consigo la informática y la digitalización; y en la que nos encontramos, la revolución de la inteligencia artificial (4.0), que se caracteriza por el desarrollo de algoritmos, aplicaciones y máquinas de inteligencia artificial, big data, en fin, la marcada tendencia a que todo sea digital.

El sector justicia no ha sido la excepción, por lo que resulta de interés explorar los ejemplos de la experiencia comparada para luego aterrizar en lo que se está haciendo en la República Dominicana.

Una de las preocupaciones de las sociedades en el siglo XXI es el retraso tecnológico del sector justicia a nivel mundial, en comparación con sectores como salud, financiero, energía y comercio. Nicolas Vermeys, director adjunto del Laboratorio de Ciberjusticia de la Universidad de Montreal, explicaba con precisión la comparación entre el sector justicia y los demás sectores, al preguntarse ¿cuál sería la reacción de un cirujano y un abogado del siglo XIX si pudieran visitar un quirófano y un juzgado del siglo XXI, respectivamente? A lo cual contestó –con ironía y cruda verdad– que el cirujano estaría muy sorprendido e impresionado, mientras que el abogado prácticamente no notaría el cambio.

Países como Finlandia, Austria, Reino Unido, Estonia, Eslovaquia y Hungría han sido pioneros en el cambio del modelo de impartición de justicia, incorporando para ello el uso de las tecnologías de la información en sus tribunales de justicia; así lo ha reconocido la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), en el reporte titulado European Judicial Systems: CEPEJ Evaluation Report: 2022 Evaluation cycle (2020 data), del mes de septiembre de 2022. La CEPEJ tiene como misión mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la Justicia en los Estados miembros del Consejo de Europa, así como también desarrollar la puesta en práctica de los instrumentos normativos adoptados por estos.

En la República Dominicana, aunque existen notables ejemplos del uso de las TIC en materia de formación judicial a partir de la instauración de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), no fue hasta el 2020, con la llegada del COVID, que la justicia fue impactada positivamente. El 19 de mayo de 2020, en respuesta al cierre inminente de todos los locales por la propagación del COVID y la declaratoria de estado de emergencia, el Poder Judicial dominicano implementó lo que se había concebido en su Visión Justicia 20-24: soluciones tecnológicas que permitieran mantener la continuidad del servicio de impartición de justicia, en cumplimiento de su mandato constitucional consagrado en el artículo 149 y su párrafo I, el de administrar justicia de forma gratuita y hacer ejecutar lo juzgado, sin interrupciones. A partir de este momento cambia de forma notable el viejo modelo de impartición de justicia y continúa su avance por el sendero de la actualización al siglo XXI. Lo mismo sucedió en otros sectores como el comercio, en el que, en palabras de Eugene Rault Grullón, gerente general de Servicios Digitales Popular, el COVID representó una oportunidad para el comercio electrónico porque “se convirtió en una necesidad, en una obligación, en una forma de sobrevivir en el mercado”.

Producto del salto dado por el Poder Judicial en 2020, podemos destacar los siguientes datos estadísticos: i) entre junio de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron a tramitación 8,304 nuevos recursos de casación. En el mismo período la Suprema Corte falló 11,637 casos; ii) la incorporación de la firma electrónica hizo posible la realización de 47,863 trámites y certificaciones entre los meses de abril y noviembre de 2020; iii) alrededor de 16,000 documentos fueron firmados electrónicamente cada semana en todos los tribunales a nivel nacional, sin los cuales los procesos asociados se habrían visto detenidos o atrasados en espera de la recuperación de la plena normalidad ante el COVID; iv) la publicación en formato digital permitió la actualización de los Boletines Judiciales correspondientes al período 2017-2020; v) actualización de la memoria histórica de jurisprudencias con la publicación en la Biblioteca Virtual de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) de 110 boletines que recopilan sentencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia entre 1910 y 2020, además de otros aportes.

Es inevitable evolucionar con el paso del tiempo y sus acontecimientos, y permitirse adaptar la normativa y sus ejecutorias a esa nueva realidad; así lo recogen Wenceslao Vega y Américo Moreta Castillo, citando a Ricardo Miura, ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Santana, en su Memoria anual al Congreso del año 1848:

La administración de Justicia se encuentra entorpecida y casi paralizada por una razón bien clara y persuasiva, porque el carácter, educación y costumbre de este pueblo, que nos son bien conocidos, no pueden acomodarse en la primavera de su independencia con la legislación adoptada, sin la concurrencia, a lo menos, de aquellas modificaciones que guarden perfecta armonía con las circunstancias¹.

Muestra de ese compromiso de actualizar la normativa y sus ejecutorias a las necesidades actuales de las personas es el nacimiento de la iniciativa presentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ante el Congreso de la República, que dio paso a la promulgación de...