Sentencia Nº TC/0004/23 de Tribunal Constitucional, 13-01-2023

• Número de sentencia: TC/0004/23
• Fecha: 13 Enero 2023
• Número de expediente: TC-05-2022-0076
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-05-2022-0076, relativo al recurso d e revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el

señor C.M.G.S. contra la Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN-00204, dictada por la Segunda Sala

del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021). Página 1 de 39

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0004/23 Referencia: Expediente núm. TC-05-

2022-0076, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia de

amparo incoado por el señor C.

.

M.G..S. contra la

Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN-

00204, dictada por la Segunda Sala del

Tribunal Superior Administrativo el

diecisiete (17) del mes de mayo del

año dos mil veintiuno (2021).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintitrés

(2023).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados

M.R..G., presidente; R.D..F., primer sustituto; L.

.

V.S., segundo sustituto; J.A..A., A.L..B.

.

M., M..U.B..V., J..P..C.K., V.

.

J.C..P., D..G., J..A.V.G. y

E..V.A., en ejercicio de sus competencias constitucionales y

legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución;

y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011),

dicta la siguiente sentencia:

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Expediente núm. TC-05-2022-0076, relativo al recurso d e revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el

señor C.M.G.S. contra la Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN-00204, dictada por la Segunda Sala

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I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de

sentencia de amparo

La Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN-00204, dictada por la Segunda Sala del

Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) del mes de mayo del año

dos mil veintiuno (2021). En su fallo se rechaza la acción de amparo interpuesta

por el señor C..M..G..á..S.. Su parte dispositiva

textualmente expresa lo siguiente:

PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la

presente Acción de A., de fecha 02 de marzo del año 2021,

interpuesta por el señor C..M.G.S.,

por intermedio de sus abogados, LICDOS. J.L..V.

PEÑA y ANNELY CAMPUSANO BRITO, en contra del CONSEJO

SUPERIOR POLICIAL, de la POLICÍA NACIONAL y del

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, por intermedio de sus

abogados, LICDOS. F..M. y JHONATAN

MERCEDES, por haber sido incoada de acuerdo con la ley y el

Derecho; y, en cuanto al fondo, RECHAZA la misma; por las razones

expuestas en el cuerpo de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARA el proceso libre del pago de las costas, de

conformidad con los artículos 72 de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley

núm. 137-11, de fecha 15 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

TERCERO: ORDENA a la Secretaria General que proceda a la

notificación de la sentencia a la parte accionante, señor C.

.

M.G..S.; a la parte accionada, MINISTERIO

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DE INTERIOR Y POLICÍA, CONSEJO SUPERIOR POLICIAL y la

POLICÍA NACIONAL, así como a la PROCURADURÍA GENERAL

ADMINISTRATIVA, de acuerdo con los artículos 42 y 46 de la Ley

núm. 1494, de fecha 09 de agosto de 1947, que instituye la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa y 92 de la Ley núm. 137-11, de fecha 15 de

junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: DISPONE que la presente sentencia sea publicada en el

Boletín del Tribunal Superior Administrativo, según el artículo 38 de

la Ley núm. 1494, de fecha 09 de agosto de 1947, que instituye la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (sic)

La sentencia previamente descrita fue notificada el veintiuno (21) de septiembre

del dos mil veintiuno (2021) a la parte recurrente, mediante el Acto núm.

1337/2021, instrumentado por el ministerial R..E..G..n.

.

A., alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de

amparo

La parte recurrente apoderó a este tribunal constitucional el veintiocho (28) de

septiembre de dos mil veintiuno (2021), del recurso de revisión contra la

sentencia anteriormente descrita, tras considerar que la misma incurre en

violación a al derecho al trabajo, la presunción de inocencia y al debido proceso

de ley, consagrados en los artículos 69 numerales 3, 5 y 10 de la Constitución,

así como a los artículos 168 y 153 numeral 27 de la Ley núm. 590-16, Ley

Orgánica de la Policía Nacional, del quince (15) de julio de dos mil dieciséis

(2016). Por consiguiente, solicita que se revoque la sentencia recurrida y la

cancelación de que fue objeto el ex cabo C.M..G..S., que

sea ordenando su reintegro al servicio de la Policía Nacional, así como la

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G..S., contra la Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN-00204,

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete

(17) de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito

en el ordinal anterior y; en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes

sentencia impugnada.

TERCERO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para

conocimiento y fines de lugar, al recurrente, el señor C.M.G.

.

S., y a las partes recurridas, Dirección General de la Policía Nacional de

la República Dominicana, Ministerio de Interior y Policía y a la Procuraduría

General Administrativa.

CUARTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín

del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales,

del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

Firmada: M.R.G., juez presidente; R.D.F., juez primer

sustituto; L..V.S., juez segundo sustituto; J..A.A.uso,

juez; A..L.B.M., jueza; M..U..B.V., juez;

J.P.C.llanos K., juez; V.J..C.P., juez;

D..G., juez; J.A.V.G., juez; E.V.

.

A., jueza; G.A.V.R., secretaria.

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VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

DOMINGO GIL

Con el debido respeto que me merece el criterio mayoritario del Pleno del

Tribunal, tengo a bien exponer, mediante estas consideraciones, el fundamento

de mi voto disidente respecto de la presente decisión.

El debido proceso –conforme a lo prescrito por el artículo 69 de la Constitución

de la República y los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de rango

constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, según lo prescrito por los

artículos 26.1, 74.1 y 74.3 de la Constitución de la República– está conformado,

al menos, por tres grandes bloques de garantías, a saber:

A) Las garantías relativas al accedo a la justicia, las cuales comprenden: 1) el

derecho a ser oído o derecho de audiencia; 2) el derecho a un juez ordinario o

derecho al juez natural preconstituido; y 3) el derecho a la asistencia letrada.

B) Las garantías concernientes al enjuiciamiento, que incluyen: 1) el derecho

de defensa y sus componentes: el derecho de contradicción, el derecho a la

asistencia letrada, el derecho a ser informado y el derecho al cumplimiento de

las formalidades procesales; 2) el derecho a un juicio público, oral y

contradictorio; y 3) el respeto del principio de legalidad, el cual conlleva el

reconocimiento del principio de irretroactividad de la ley y el sometimiento del

juzgador al derecho preexistente y a su no alteración y sustitución por reglas no

nacidas del sistema de fuentes del derecho; y 4) el respeto del principio non bis

in ídem.

C) Las garantías referidas a la sentencia, las cuales comprenden: a) el derecho

a la motivación de la sentencia; b) el derecho al recurso o derecho a la

contestación de la sentencia; y c) el derecho a la ejecución de la sentencia.

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En el presente caso esas garantías no fueron tomadas en consideración con

ocasión del proceso administrativo de destitución de la especie. En efecto, el

estudio de la sentencia impugnada y los documentos que obran en el expediente

revela con facilidad, de manera clara y palmaria, que –pese a las afirmaciones

alegres y carentes de sustento jurídico del juez a quo, avaladas por este órgano

constitucional– en el “proceso” administrativo de destitución de referencia no

se observaron las reglas del debido proceso, ya que la persona destituida no

fue oída por un juez u órgano de naturaleza jurisdiccional y, por tanto, no se le

respetó su derecho de audiencia, lo que significa que en este caso nunca se llevó

a cabo un juicio oral, público y contradictorio, contraviniendo así, de manera

flagrante, los textos fundamentales que obligan a la celebración de un juicio con

tales características. De ello se concluye que, en realidad, en este caso ni

siquiera hubo proceso y, por tanto, fueron incumplidas todas las garantías

del debido proceso consagradas por los textos citados.

A lo precedentemente indicado se suma la violación flagrante del principio de

legalidad, así como el derecho al cumplimiento de las formas procesales,

previstos por el artículo 69.7 de la Constitución de la República, ya que durante

el “proceso” administrativo de destitución en cuestión se desconoció las

particularidades que en este tipo de situación prevén las leyes adjetivas

aplicables en la materia.

Es preciso hacer notar, asimismo, que ni en la decisión del juez de amparo ni en

la decisión del Tribunal Constitucional se hace mención de la obligación que

tenía el ente administrativo sancionador de dictar una decisión debidamente

motivada. Con ello se incumple de manera flagrante el derecho a la debida

motivación, con lo que se desconoce el precedente establecido al respecto por

este órgano constitucional mediante su sentencia TC/0009/13, lo que lleva

aparejada, igualmente, la violación del artículo 184 de la Constitución de la

República, pues el Tribunal Constitucional ha incumplido la sagrada misión de

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proteger dos garantías fundamentales de nuestra esencia procesal, el derecho al

debido proceso, prerrogativa consustancial al derecho a la tutela judicial

efectiva.

Es necesario resaltar que la realización de una mera investigación seguida,

de una decisión de destitución (no motivada, por demás) no satisface, ni por

asomo, el catálogo de garantías procesales fundamentales que, respecto del

debido proceso, consigna el artículo 69 de la Constitución de la República.

Parecería que al avalar una sentencia de tal catadura, el Tribunal

Constitucional estaría juzgando el caso por la gravedad de los hechos

imputados a la parte accionante, obviando, de esta manera, la obligación de

fiscalizar la actuación procesal del juez a quo con relación a la tutela de las

garantías del debido proceso invocadas en el caso. Me resulta incuestionable

que el Tribunal Constitucional ha soslayado, sin confesarlo, los criterios que

sirvieron de fundamento al precedente sentado con la emblemática sentencia

TC/0048/12, mediante la cual este órgano constitucional sí tuteló el derecho al

debido proceso, cumpliendo así una misión que le confiere el mencionado

artículo 184 de nuestra Ley Fundamental.

Firmado: D.G., juez

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretaria del Tribunal

Constitucional, que certifico.

G.A.V.R.ón

Secretaria