Sentencia Nº TC/0092/20 de Tribunal Constitucional, 17-03-2020

Fecha de Resolución:17 de Marzo de 2020
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo a la acción directa de institucionalidad interpuesta el nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018) contra los artículos 45.III, 46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor Miguel Antonio Peguero Pulinario y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277... (ver resumen completo)

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-01-2018-0049, relativo a la acción directa de institucionalidad interpuesta el nueve (9) de octubre de
dos mil dieciocho (2018) contra los artículos 45.III, 46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y
Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor M.A.P.P.
y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 1 de 51
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0092/20 Referencia: Expediente núm.
TC-01-2018-0049, relativo a la
acción directa de institucionalidad
interpuesta el nueve (9) de octubre
de dos mil dieciocho (2018)
contra los artículos 45.III, 46.II y
47 de la Ley núm. 33-18, de
Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Políticos, de trece
(13) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), por el señor
M..A..P.
.
P. y compartes, por violar
los artículos 47, 74.2, 209, 216,
236, 237 y 277 de la Constitución.
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veinte
(2020).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados
M.R.G., presidente; L..V.S., segundo sustituto, A.
.
I.B.H., A.L..B., J.P.C..K.,
V.J..o.C..P., D..A..G., W.S.G...
.
R., K..M.J..M. y M..V.M., en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las
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dos mil dieciocho (2018) contra los artículos 45.III, 46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y
Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor M.A.P.P.
y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 2 de 51
previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, 9 y 53 de la Ley núm.
137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la
siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la ley impugnada
1.1. La presente acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta por los
señores M.A.P.P. y compartes mediante instancia del
nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Esta tiene por objeto la
declaración de inconformidad con la Carta Sustantiva de los artículos 45.III,
46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
1.2. Los artículos impugnados de la Ley núm. 33-18 disponen textualmente
lo siguiente:
Artículo 45.- Procesos para selección de candidatos. El proceso para la
selección de candidatos y candidatas a ser postulados a cargos de
elección popular en las elecciones nacionales, provinciales, municipales
y de distritos municipales se efectúa de acuerdo con la Constitución y la
presente ley. P.I..- El organismo competente en cada partido,
agrupación y movimiento político de conformidad con la presente ley
para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el
proceso de selección de candidatos o candidatas son los siguientes:
Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité
Nacional o el equivalente a uno de estos, de igual manera tiene facultad
para decidir la modalidad y método a utilizar.
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Artículo 46.- Carácter simultáneo de las primarias. Los partidos
políticos que decidan hacer primarias la celebrarán de forma
simultánea. La Junta Central Electoral es responsable de reglamentar,
organizar, administrar, supervisar y arbitrar el proceso de primarias
para la escogencia de los candidatos y candidatas a cargos de elección
popular. P.I..- Si los partidos políticos deciden escoger sus
candidatos y candidatas a cargo de elección popular mediante la
modalidad de primarias lo harán a más tardar el primer domingo del
mes de octubre del año preelectoral y para las demás modalidades lo
harán a más tardar el último domingo del mismo mes del año
preelectoral.
Artículo 47.- Apropiación de fondos para las primarias. Los recursos
para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos,
agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los
distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán
deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte
económico que proporciona el Estado a los partidos,
independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en
naturaleza y logística.
2. Pretensiones de los accionantes
2.1. Tal como se ha indicado, los señores M.A.P.P.
y compartes sometieron la presente acción directa de inconstitucionalidad
contra los artículos 45.III, 46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil
dieciocho (2018). En su instancia, los accionantes solicitan la declaratoria de
inconstitucionalidad de los indicados artículos, por entender que resultan
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Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor M.A.P.P.
y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 39 de 51
G.S.M. y A.S.M. contra los artículos 45.III, 46.II
y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos,
del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
SEGUNDO: DECLARAR inadmisible por cosa juzgada la acción, en lo que
respecta al párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil
diecicocho (2018).
TERCERO: DECLARAR conformes con la Constitución, por las razones
expuestas en el cuerpo de esta sentencia, los artículos 46.II y 47 de Ley núm.
33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de
agosto de dos mil dieciocho (2018).
CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por
Secretaría, a la parte accionante, M..A.P.P., D.
.
R..R., M.M.P., P.D.O..H.,
A.R., L.M.S.R., B.D.,
M.H.A.racia L.G., W.C., R. de
J.D..í.S., H.R..Z.P., J.G..S.
.
M. y A.S.M., al Poder Ejecutivo, al procurador general de la
República, así como a la Cámara de D.dos y al Senado de la República.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal
Constitucional.
Firmada: M..R..G., J.P.idente; L.V..s..S., J.
Segundo Sustituto; A..L.B.M., J.; A..I.B.
.
H., J.; J..P.C..K., J.; V.J.
.
C.P., J.; Domingo G., J.; W..S.G.R., J.;
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K.M.J.M., J.; M.V.M., J.; J.
.
J.R.B., S..
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
WILSON S. GÓMEZ RAMÍREZ
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186
de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio
de 2011. En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces
que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la
decisión adoptada”; y en el segundo consigna que: “Los jueces no pueden dejar
de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los
fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la
sentencia sobre el caso decidido”.
La expresión del presente voto se orienta en la misma línea y por idénticas
razones de la posición hecha valer por el suscrito en los votos salvados
presentados en las sentencias TC/0421/19, de fecha 9 de octubre del 2019;
TC/0440/19, de fecha 10 de octubre del año 2019; TC/0441/19, de fecha 10 de
octubre del 2019; TC/0445/19, de fecha 11 de octubre de 2019; TC/0499/19, de
fecha 21 de noviembre del año 2019; TC/0520/19, de fecha 2 de diciembre del
año 2019; TC/0561/19, de fecha 11 de diciembre del año 2019; TC/0567/19, de
fecha 11 de diciembre del año 2019 y TC/0570/19, de fecha 11 de diciembre
del año 2019, a cuyos contenidos nos remitimos.
Firmado: W.S.G.R., J.
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VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA
K.M.J.M.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y
de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en
la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la
Constitución, a fin de ser coherentes con la posición mantenida.
I..B. preámbulo del caso
1.1. Este Tribunal Constitucional fue apoderado de la acción directa de
inconstitucionalidad incoada por los señores M..A..P.
.
P., D..R.R. y compartes, contra los artículos 45.III, 46.II
y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos,
por presuntamente violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la
Constitución.
1.2. Los accionantes sostienen que los artículos 45. III, 46.II y 47 de la Ley
núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos vulneran los
derechos de autor determinación, libre asociación de los afiliados políticos, el
principio de razonabilidad, y proceden a concederle la potestad a la Junta
Central Electoral para organizar elecciones primarias.
1.3. En ese sentido, esta sede constitucional ha dictaminado la inadmisibilidad
de la presente acción directa en lo referente al párrafo III del artículo 45; y el
rechazo del control concentrado en lo concerniente a los artículos 46.II y 47 de
la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos. La jueza
que suscribe comparte el criterio adoptado por el consenso del Tribunal, pero
salva el voto con relación a los motivos adoptados para decretar la legitimación
activa de los accionantes, señores M.A.P..P., D.
.
.
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Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor M.A.P.P.
y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 42 de 51
Regalado Rojas y otros, quienes, si bien es cierto que tienen interés legítimo y
jurídicamente protegido, no menos cierto es que deben probar tal situación y no
presumirse, como recientemente ha dispuesto este órgano de justicia
constitucional.
II. Precisión sobre el alcance de este voto
A continuación, invocaremos los motivos que nos llevan a apartarnos del
criterio de la mayoría. Para ello, y en procura de una mejor comprensión de esta
disidencia, hemos optado por dividir nuestros motivos en los siguientes títulos:
2.1. El modelo de control de constitucionalidad en la República Dominicana: el
interés legítimo y jurídicamente protegido. 2.2 Límites de la facultad de
interpretación del Tribunal Constitucional.
2.1. El modelo de control de constitucionalidad en la República
Dominicana. Calidad para accionar: interés legítimo y jurídicamente
protegido
2.1.1. En el caso que nos ocupa se ha verificado que, bajo el título sobre la
legitimación activa o calidad del accionante, el consenso les ha conferido a los
señores M.A.P.P., D.R.R. y otros, la
calidad para accionar en inconstitucionalidad contra los artículos 45.III, 46.II y
47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos,
bajo los motivos, entre otros, que citamos textualmente a continuación:
(…) o. En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal
activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa
de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente
protegido, se presumirán
16
en consonancia a lo previsto en los artículos
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2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana. Esta presunción
17
, para el
caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique
que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando
se trate de personas jurídicas, dicha presunción
18
será válida siempre y
cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y
registradas de conformidad con la ley y en consecuencia, se trate de una
entidad que cuente con personería jurídica y capacidad procesal para
actuar en justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado
con la prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho
subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada,
justificando, en la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal,
legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por
apoderamiento directo.
9.5. Conforme al criterio previamente señalado, este Tribunal considera
que los accionantes, señores M.A.P.P., D.
.
R.R., M..M.P., P.D..O.
.
H., A..R., L..M..S..R.,
B.D., Mayra Hirania Altagracia L.G..W.
.
C., R. de J.D.S., H.ry R.Z.
.
P., J..G.S..M., A..S.M., en razón de
su condición de ciudadanos dominicanos, gozan de legitimación activa.
2.1.2. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se le conceda
legitimación al accionante para promover la acción directa de
inconstitucionalidad descrita en la referencia, la suscrita ofrece motivos propios
y se aparta del criterio precedentemente transcrito, pues el mismo no se
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corresponde con el modelo de control de constitucionalidad instaurado en
nuestro país con la promulgación de la Constitución de 2010.
2.1.3. En efecto, en la República Dominicana hemos adoptado un control
abstracto de legitimación intermedio (semi abierto), destinado a velar por la
defensa objetiva de la Constitución y el interés general o bien común, para lo
cual se predetermina un conjunto de autoridades u órganos del Estado que, por
su posición institucional, tienen por tarea la defensa del bien común o del interés
general, legitimándolos para demandar sin que haya un caso concreto o un
interés subjetivo, por vía de acción directa, sin condicionamiento alguno, al
Tribunal Constitucional, para que este último depure el ordenamiento jurídico
de normas inconstitucionales o impida el ingreso de tales normas a dicho
ordenamiento.
2.1.4. No obstante, el constituyente dominicano también habilitó la posibilidad
de que cualquier persona física, moral o jurídica, con interés legítimo y
jurídicamente protegido, pueda accionar en inconstitucionalidad contra las
leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Este mandato también
se reitera en el artículo 37 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
2.1.5. Así, el texto de las referidas disposiciones legales establece lo siguiente:
Artículo 185 de la Constitución. Atribuciones. El Tribunal Constitucional
será competente para conocer en única instancia:
1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes,
decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del
presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del
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Senado o de la Cámara de D.dos y de cualquier persona con interés
legítimo y jurídicamente protegido…
Artículo 37 de la Ley No. 137-11. Calidad para Accionar. La acción
directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del
presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del
Senado o de la Cámara de D.dos y de cualquier persona con un
interés legítimo y jurídicamente protegido.
2.1.6. En tal sentido, podemos colegir que el constituyente al establecer esta
posibilidad a los particulares, condicionó la calidad para accionar en
inconstitucionalidad a la determinación de un interés cualificado: legítimo y
jurídicamente protegido. Al respecto, la doctrina más socorrida en la materia, al
definir este concepto ha señalado lo siguiente:
El interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como
tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la
norma objetiva del derecho. De manera que requiere ser tutelado por
una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la
afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo es aquel
que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se
encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las
destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto
del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen
de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
19
2.1.7. Por tanto, el interés jurídico se considera como la facultad que tiene un
particular de exigir una determinada conducta positiva o negativa la cual ha de
19
Nogueira Alcalá, H.. “La Legitimación Activa en los Procedimientos ante los Tribunales Constitucionales de
América del Sur”. Revista Ius et Praxis, Año 10, No. 2, 2004, p.202.
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encontrarse en una norma objetiva, pero resulta que con la exigencia conjunta
de un interés legítimo, el particular no solo debe demostrar que existe una norma
que ampara para exigir la ejecución o exigencia de una conducta, sino que ha
de demostrar que la norma objeto de impugnación tenga la intención de
satisfacer un interés personal y demostrar así, que existe un vínculo entre el
derecho lesionado y la persona (física o jurídica) que interpone la acción.
2.1.8. En definitiva, el acceso a la justicia constitucional está supeditado a que
el accionante justifique un interés legítimo y jurídicamente protegido, es decir,
se precisa demostrar que la norma atacada en inconstitucionalidad lesiona algún
derecho o situación jurídica, susceptible de ser tutelado por una acción judicial
legalmente establecida.
2.1.9. Así también lo ha expuesto el jurista A.B..r.C., quien al
comentar la referida Ley No. 137-11 señaló que:
En consecuencia, sea cual fuere la naturaleza del acto estatal objeto de
la impugnación, es decir, trátese o no de un acto estatal de carácter
normativo, la condición legal para intentar la acción de
inconstitucionalidad es que sólo las personas afectadas por los mismos,
y que, por tanto, sean titulares de un “interés legítimo”, es decir,
derivado de un título jurídico y que se encuentre jurídicamente protegido,
pueden interponerla.
En esta forma, se eliminó de la Ley Orgánica toda posibilidad de que la
acción de inconstitucionalidad se pudiera configurar como una acción
popular, que corresponde a todos los ciudadanos por el simple interés en
la constitucionalidad, como existe en Colombia y Venezuela
20
.
20
B.C., A.. “El sistema de Justicia Constitucional en la República Dominicana y la Ley No. 137-11, Organica
del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. Revistas Estudios Constitucionales, año 9, No. 1, 201,
p.324.
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y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 47 de 51
2.1.10. En similar orientación se expresa el actual presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, magistrado E.F.M.G.regor:
Una particularidad de la acción directa de inconstitucionalidad
dominicana, consiste en la legitimación de ‘cualquier ciudadano con
interés legítimo y jurídicamente protegido’, lo que implica una variante
de las fórmulas adoptadas en algunos países latinoamericanos que
prevén especies de ‘acciones populares de inconstitucionalidad’
(Colombia y Venezuela) y que se han venido extendiendo a otros países
de nuestra región (El Salvador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Panamá
y Perú. En este último país con un requerimiento de un determinado
número de firmas). Pareciera que la fórmula dominicana se acerca más
a las previstas en Uruguay, Honduras o Paraguay que restringen la
legitimación, a través de derecho legítimo, personal y directo que
requiere cualquier persona para ejercitar la acción
21
.
2.1.11. Finalmente, sobre la pertinencia de la actio popularis, H.K.
llegó a decir que no se puede recomendar esta solución porque entrañaría un
peligro muy grande de acciones temerarias y el riesgo de un insoportable
congestionamiento de procesos.
2.1.12. Además, el diseño constitucional de legitimación adoptado por el
constituyente predetermina un conjunto de autoridades u órganos del Estado
que por su posición institucional tienen por tarea la defensa del bien común o
del interés general, y a pesar de reservar la acción a determinados órganos
públicos se concede la posibilidad de hacerlo a cualquier persona que demuestre
tener un interés legítimo y jurídicamente protegido, sin que ello implique que
21
Revista Reforma Judicial. P.. 44. CARMJ.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-01-2018-0049, relativo a la acción directa de institucionalidad interpuesta el nueve (9) de octubre de
dos mil dieciocho (2018) contra los artículos 45.III, 46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y
Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor M.A.P.P.
y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 48 de 51
no exista la acción popular, dado que se contempla en materia de intereses
difusos (Arts. 66 y 67 de la Constitución).
2.2. Límites de la facultad de interpretación del Tribunal Constitucional
2.2.1. En la especie el Tribunal Constitucional, al justificar la legitimación
activa de las personas físicas ha incurrido, como diría G.E...C.
22
, en
una desvirtuarían del texto constitucional. En efecto, ha afirmado:
En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o
calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de
inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido,
se presumirán
23
en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y
185.1 de la Constitución dominicana. Esta presunción
24
, para el caso de
las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la
persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate
de personas jurídicas, dicha presunción
25
será válida siempre y cuando
el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas
de conformidad con la ley y en consecuencia, se trate de una entidad que
cuente con personería jurídica y capacidad procesal para actuar en
justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la
prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo
del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en
la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal, legitimación
activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo.
22
Derecho Procesal Constitucional, Vol. 1, pàg. 221
23
Subrayado nuestro
24
Subrayado nuestro
25
Subrayado nuestro
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Expediente núm. TC-01-2018-0049, relativo a la acción directa de institucionalidad interpuesta el nueve (9) de octubre de
dos mil dieciocho (2018) contra los artículos 45.III, 46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y
Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor M.A.P.P.
y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 49 de 51
2.2.2. En tal sentido, la suscrita sostiene que esta actuación desborda el ámbito
de las competencias que la propia Constitución le otorga en su artículo 185,
pues un Tribunal Constitucional no debe producir jurisprudencia configuradora,
ya que al hacerlo ejerce competencias de otro Poder Público, excediendo los
limites funcionales constitucionalmente establecidos.
2.2.3. En efecto, muchos autores concuerdan en afirmar que, si bien la función
de la jurisdicción constitucional reside en la interpretación vinculante de una
Constitución dotada de fuerza normativa y de primacía, y que su influencia
reside en su competencia de interpretación, los límites de su jurisprudencia se
encuentran precisamente en la Constitución
26
. En este orden, es menester
señalar:
Al respecto, debe precisarse cuál es la relación entre el Tribunal
Constitucional y el Poder Constituyente originario. Cuando resuelve un
proceso, y al haberse reconocido en el artículo 1 de la Ley Orgánica del
Tribunal constitucional, que ‘(…) es el órgano supremo de interpretación
y control de la constitucionalidad´, en el fondo se está admitiendo que
este Colegiado, actuando con lealtad constitucional y jurídica, es el
intérprete de la voluntad del poder originario, atendiendo a que su fin es
darle un sentido vivo, dúctil y omnicomprensivo a la Constitución. Pero
debe quedar claro (…) que esto no quiere decir que el Tribunal
Constitucional sea Poder Constituyente; simplemente se convierte, por
así decirlo, en su ´vocero´.
27
2.2.4. Finalmente, manifestamos nuestro desacuerdo respecto del giro que ha
obrado en el desarrollo de la cuestión relativa a la noción de legitimación activa
26
B., M.. Manual de Derecho Constitucional. Segunda edición. Marcial P.. Ediciones juridicas y sociales, S.A.
Madrid, 2001. P. 849.
27
E.C., G.. Derecho Procesal Constitucional. Sexta edición. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. Lima.
P.218.
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dos mil dieciocho (2018) contra los artículos 45.III, 46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y
Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor M.A.P.P.
y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 50 de 51
o calidad del accionante debido a que, no solamente resulta absolutamente
incompatible cualquier interpretación tendente a desconocer la limitación que
consagra el párrafo 1) del art. 185 de la Constitución de 2010 que señala que se
precisa de “un interés legítimo y jurídicamente protegido”, sino que a la postre
se podrá generar un nuevo déficit en lo que respecta al consenso del plenario
cuando haya que reunir votos para aprobar acciones directas de inconstitucional,
pues antes de este cambio de precedente se había logrado una tesis que nos
unificaba, de manera que este cambio abismal, pudiera repercutir negativamente
en la aprobación de casos concernientes a este tipo de procedimiento creándose
en consecuencia un estancamiento en el Tribunal Constitucional.
Conclusión: En vista de lo antes expuesto, la jueza que suscribe sostiene, que,
aunque lo deseable hubiese sido que el Constituyente instituyera una acción
popular, no podría el juez constitucional decidir lo que le gustaría que existiese
en el texto analizado, pues esa no es su labor, por cuanto tiene límites en materia
de interpretación y tales límites están en la propia Constitución. Además, este
tribunal no está facultado para retomar la discusión de este asunto que ya fue
sancionado por el Poder Constituyente y modificarlo, dado que ya es letra viva
en nuestra Carta Magna.
Tal y como hemos desarrollado en los fundamentos del presente voto y al tenor
del criterio que hemos esbozado de forma reiterada desde la creación de esta
jurisdicción constitucional en el año 2012, afirmamos que es absolutamente
incompatible cualquier interpretación tendente a desconocer la limitación que
consagra el párrafo 1) del artículo 185 de la Constitución de 2010, que señala
de manera expresa que se precisa de “un interés legítimo y jurídicamente
protegido” para que un particular pueda accionar en inconstitucional, y no
presumirlo en lo relativo a los particulares.
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dos mil dieciocho (2018) contra los artículos 45.III, 46.II y 47 de la Ley núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y
Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por el señor M.A.P.P.
y compartes, por violar los artículos 47, 74.2, 209, 216, 236, 237 y 277 de la Constitución. P.ina 51 de 51
La sentencia del consenso ha debido declarar admisible la acción directa de
inconstitucionalidad, dado que los señores M..A..P.
.
P., D.R.R. y otros, sí demostraron, el interés legítimo
y jurídicamente protegido, previsto por los artículos 185.1 de la Constitución y
37 de la Ley No. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, toda vez que las normas legales impugnadas le conciernen
como miembros de organizaciones políticas, por cuanto las mismas regulan lo
referente al órgano competente para decidir el tipo de registro de electores o
padrón a utilizar en los procesos para selección de candidatos; el carácter
simultaneo de la primarias; así como lo relativo a la aprobación de fondos para
las primarios de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir
los candidatos a los distintos cargos de elección popular, lo cual trae consigo
una afectación a sus esfera jurídica, por lo que están legitimados para actuar en
la especie.
En cuanto al fondo, la jueza que suscribe apoya la declaratoria de
inadmisibilidad del control concentrado incoado contra el artículo 45.III; y la
conformidad con la Constitución de los artículos 46.II y 47 de la Ley núm. 33-
18, de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos, del 15 de agosto de
2018.
Firmado: K.M.J.M., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B..
.
S.

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