Sentencia Nº TC/0176/22 de Tribunal Constitucional, 29-06-2022

• Número de sentencia: TC/0176/22
• Fecha: 29 Junio 2022
• Número de expediente: TC-04-2020-0058
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-04-2020-0058, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el

señor F.G.H. y los sucesores de M. de J.A. y J.C. contra la Sentencia núm.

85 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0176/22

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2020-0058, relativo al recurso de

revisión constitucional de decisión

jurisdiccional incoado por el señor

F..G..H. y los

sucesores de M. de J.

.

A. y J.C. contra la

Sentencia núm. 85 dictada por la

Tercera Sala de la Suprema Corte de

Justicia del catorce (14) de marzo del

año dos mil dieciocho (2018).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil

veintidós (2022).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados

M.R..G., presidente; R.D.F., primer sustituto; L.

.

V.S., segundo sustituto; A.L..B.M., M.U.

.

B.V., J..P.C.K., D..G., M.d.

.

C.S. de Cabrera, J.A..V.G. y E.

.

V.A., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,

específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 53

de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011),

dicta la siguiente sentencia:

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-04-2020-0058, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el

señor F.G.H. y los sucesores de M. de J.A. y J.C. contra la Sentencia núm.

85 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

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I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión

La Sentencia núm. 85, del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018),

dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, casó la Sentencia

núm. 20140221, del treinta y uno (31) de octubre de dos mil catorce (2014),

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, en

relación con la Parcela núm. 208, del Distrito Catastral núm. 5, del municipio

Cotuí, provincia S.R., en lo relativo a la exclusión y suplantación

de los herederos de la sucesión de M. de J..A., y envió el

asunto delimitado por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento

Central, y rechazó el presente recurso de casación en los demás aspectos,

estableciendo, en su dispositivo, lo siguiente:

Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras

del Departamento Nordeste el 31 de octubre de 2014, en relación a la

Parcela núm. 208, del Distrito Catastral núm. 5, del municipio de Cotuí,

provincia S..R., cuyo dispositivo se ha copiado en parte

anterior de la presente sentencia, en lo relativo a la exclusión o

suplantación de los herederos de la sucesión de M. de J.

.

A. y envía el asunto delimitado, por ante el Tribunal Superior

de Tierras del Departamento Central, para su conocimiento ;

Segundo: R.a el presente recurso de casación en los demás

aspectos, en cuanto a la razón social Pueblo Viejo Dominicano

Corporation y el Estado Dominicano, por haber sido considerados

terceros adquirientes de buena fe;

Tercero: Compensa las costas de procedimiento;

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señor F.G.H. y los sucesores de M. de J.A. y J.C. contra la Sentencia núm.

85 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

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La referida sentencia le fue notificada al señor F.G.H.,

mediante el Memorándum de la Suprema Corte de Justicia, el veintitrés (23) de

abril de dos mil dieciocho (2018), suscrito por C.A.R., secretaria

general de la Suprema Corte de Justicia.

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales

Los recurrentes, señores F.G.H. y los sucesores de M. de

J.A. y J.C., interpusieron el presente recurso de

revisión mediante instancia depositada en la secretaría de la Suprema Corte de

Justicia el veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), y recibida

en la Secretaría del Tribunal Constitucional el doce (12) de marzo de dos mil

veinte (2020), con la finalidad de que sea revisada y, en consecuencia, sea

anulada la Sentencia núm. 85, del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho

(2018), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

El referido recurso de revisión fue notificado a los Dres. S..V.

.

L. y E.A.C., abogados representantes de la parte recurrida,

sucesores del señor M. de J..A., a través de su hijo, J.P.o

A.P. y compartes, del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho

(2018), mediante el Acto núm. 1048-2018, instrumentado por el ministerial

Á.P.B., alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia.

3. Fundamentos de la sentencia recurrida

La Sentencia núm. 85, del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018),

dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, objeto del presente

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, la cual acoge

parcialmente el recurso de casación interpuesto por los sucesores de M. de

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A.P. y R.H..A., Pueblo Viejo Dominicana

Corporation (Barrick Gold), M.isterio de Energía y M.as.

TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de

conformidad con lo establecido en la parte capital del artículo 7.6 de la Ley

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales.

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín

del Tribunal Constitucional.

Firmada: M.R.G., J. Presidente; R.D.F., J. Primer

Sustituto; L..V..S., J. Segundo Sustituto; A..L.B...

.

M., J.; M.U.lises B.V., J.; J..P..C.

.

K., J.; D.G., Juez; M..d.C.S. de Cabrera,

J.; J..A.V.G., J.; E.V.A., J.;

G.A.V.R., Secretaria.

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

R.D.F.

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, y

específicamente las previstas en los artículos 186 de la Constitución de la

República y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos

mil once (2011), emitimos el siguiente:

VOTO DISIDENTE:

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señor F.G.H. y los sucesores de M. de J.A. y J.C. contra la Sentencia núm.

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1. Consideraciones previas:

1.1. El conflicto tiene su origen en una demanda en nulidad de contrato de

venta y de la Resolución No.2009-0127, del Tribunal de Tierras de Jurisdicción

Original de Cotuí, en relación a la Parcela No.208, del D.C. 5 de Cotuí, incoada

por los sucesores de M. de J.A.onte, a través de su hijo J..P.

.

A.P., y como hijos de este los señores R.H.A.

.

P., A.C..A.P., A..C.A.

.

P., B..A..P., R..A.A..P.,

M..V..A.P., J.L..A..P.,

nieta B..V..A. fallecida madre, B..A.

.

A.P., en contra de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, S.A.,

Estado Dominicano, M.isterio de Industria y C.o y el Dr. F.G.

.

H..

Dicha acción fue rechazada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original

de la provincia S.R., mediante la Sentencia núm. 2012-0497, de

fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil doce (2012), en virtud de la cual se

declaró al Estado Dominicano como tercer adquiriente a título oneroso y de

buena fe de citado inmueble y se excluyó a Pueblo Viejo Dominicana

Corporation del proceso.

1.2. La indicada decisión fue objeto de un recurso de apelación interpuesto

por los señores R.H., A.C., A..B., R.

.

A., M..V., J..L.A..P. y B.

.

V.A., en fecha 14 de diciembre de 2012, incoaron un recurso de

apelación que fue rechazado por el Tribunal de Tierras del Departamento

Noreste, mediante la Sentencia núm. 2014-0221, dictada en fecha treinta y uno

(31) de octubre de dos mil catorce (2014), que confirmó en todas sus partes la

referida decisión de primer grado.

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1.3. No conforme con la citada Sentencia núm. 2014-0221, los sucesores de

M. de J.A., señores J.P.A.P. y R.

.

H.A., interpusieron un recurso de casación que fue acogido

parcialmente por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la

Sentencia núm. 85, de fecha catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018),

casando la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del

Departamento Norte, específicamente, en cuanto respecta a la exclusión o

suplantación de los herederos de la sucesión de M. de J.A.,

conforme se constata en su dispositivo que se transcribe textualmente a

continuación:

Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de

Tierras del Departamento Nordeste el 31 de octubre de 2014, en

relación a la Parcela núm. 208, del Distrito Catastral núm. 5, del

municipio de Cotuí, provincia S.R., cuyo dispositivo se

ha copiado en parte anterior de la presente sentencia, en lo relativo

a la exclusión o suplantación de los herederos de la sucesión de

M. de J..A. y envía el asunto delimitado, por ante

el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, para su

conocimiento ;

Segundo: R.a el presente recurso de casación en los demás

aspectos, en cuanto a la razón social Pueblo Viejo Dominicano

Corporation y el Estado Dominicano, por haber sido considerados

terceros adquirientes de buena fe;

Tercero: Compensa las costas de procedimiento;

1.4. Esta última decisión es objeto del presente recurso de revisión interpuesto

por señores F..G.H. y los sucesores de Manuel de J.s

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Agramonte y J.C., sobre la base de que le fueron vulnerados los

derechos fundamentales a la defensa, tutela judicial efectiva y el debido proceso

consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.

2. Fundamento del Voto:

2.1. La mayoría de los Honorables Jueces que componen este Tribunal

Constitucional, han concurrido en la dirección de declarar inadmisible el

presente recurso, bajo el argumento de que fue incoado contra una sentencia

que casó con envío una sentencia impugnada en casación, por lo que no se trata

de una sentencia firme que ha adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, y no cumple con los requisitos del artículo 53 de la

Ley Núm. 137-11, ni del artículo 277 de la Constitución Dominicana.

2.2. Precisado lo anterior, procede exponer los motivos que sustentan nuestra

disidencia, conforme a los señalamientos que se destacan a continuación:

a) Como ha sido indicado, el presente caso tiene su origen en una demanda

en Nulidad de Contrato de Venta, en relación a la Parcela núm. 208, del Distrito

Catastral núm. 5, del municipio de Cotuí, provincia S.R., en la que

la parte hoy recurrente alegaba la suplantación de sus calidades de herederos

del finado M. de J..A., en la venta del indicado inmueble a

favor del Estado Dominicano. Este proceso recorrió los dos grados de

jurisdicción sin ganancia de causa a dichos demandantes, por lo que la venta

cuya nulidad se pretendía y el correspondiente certificado de título mantuvieron

todo su valor y efecto jurídico a favor de los demandados (Estado Dominicano

y Pueblo Viejo Dominican Corporation), quienes fueron considerados como

terceros adquirientes de buena fe.

b) En ese orden, los hoy recurrentes interpusieron un recurso de casación que

fue acogido parcialmente por la Tercera Sala de la Suprema Corte de

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señor F.G.H. y los sucesores de M. de J.A. y J.C. contra la Sentencia núm.

85 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

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Justicia, solo en lo relativo a la exclusión o suplantación de los herederos

de la sucesión de M. de J.A.amonte, por considerar dicha Alta

Corte que:

“… Tribunal a-quo debió examinar el aspecto inherente a que los

recurrentes en su condición de causahabientes fueron suplantados; que

aunque este hecho se compruebe, si bien no tendría efecto contra el

tercer adquiriente, sin embargo, frente a los supuestos autores de la

suplantación, la comprobación de este hecho resultaba ser

determinante para las consecuencias jurídicas que se desprenden de

toda actuación fraudulenta, es decir, el Tribunal a-quo no ponderó las

pruebas que les fueron sometidas por los hoy recurrentes, dirigidas a

demostrar que quienes vendieron no eran los verdaderos sucesores de

M. de J..A., en especial, la de F..G.

.

H., quien sustentaba que M.A. y M. de

J.A.S. eran la misma persona, lo que constituía el

elemento esencial de la demanda original y de cuya decisión podía

incidir en otras instancias para derivar consecuencias;..”

c) En ese tenor, el dispositivo de la sentencia objeto del presente recurso se

casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento

Norte, específicamente, en cuanto respecta a la exclusión o suplantación de los

herederos de la sucesión de Manuel de J..A., y en su ordinal

segundo se dispone claramente lo siguiente:

“Segundo: R.a el presente recurso de casación en los demás

aspectos, en cuanto la razón social Pueblo Viejo Dominicano

Corporation y el Estado Dominicano, por haber sido considerados

terceros adquirientes de buena fe

4

;

4

El resaltado y subrayado es nuestro.

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85 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

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d) De lo anterior se evidencia que, contrario a lo expuesto en la sentencia

que da lugar al presente voto, la Sentencia Núm. 85, dictada por la Tercera

Sala de la Suprema Corte de Justicia, de fecha catorce (14) de marzo de dos

mil dieciocho (2018), satisface el requisito de la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada requerido en el artículo 277 de la Constitución,

en lo que respecta al otorgamiento de validez de la venta cuya nulidad es

perseguida por los hoy recurrentes; por lo que al tener un carácter firme con

relación a esa parte, el presente recurso debe ser admitido y conocido en cuanto

al fondo a fin de determinar la existencia o no de las violaciones invocadas por

la parte recurrente.

2.3. Es producto de lo anteriormente expuesto, que tiene lugar nuestro voto

disidente relativo a la inobservancia precedentemente advertida, en miras de

cumplir con la misión inherente a nuestras funciones, en lo que respecta a la

protección de la tutela judicial efectiva.

3. Posible solución procesal.

En consonancia con lo antes expresado, somos de opinión que el presente

recurso de revisión de decisión jurisdiccional debió ser admitido en cuanto a la

forma y conocido en cuanto al fondo, a fin de determinar la validez o no de las

pretensiones contenidas en la instancia introductiva.

Firmado: R.D.F., Juez Primer sustituto

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

JUSTO P.C.K.

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y

coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la

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facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido,

presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos

a continuación:

1. En la especie, la parte recurrente: F.G.H. y los sucesores

de M. de J.A. y J.C., interpuso un recurso de

revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la sentencia número 85

dictada, del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018), por la Tercera

Sala de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional declaró la

inadmisibilidad del recurso en razón de que en el presente caso no se satisfizo

el requisito de admisibilidad previsto en el artículo 277 constitucional y en el

artículo 53 de la Ley núm. 137-11, concerniente a la adquisición de la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada.

2. Para llegar al razonamiento anterior el consenso mayoritario reitera el

contenido de los precedentes TC/0053/13 y TC/0130/13, ya que tal decisión

jurisdiccional casa con envío la sentencia recurrida en casación; asimismo, la

sentencia recurrida también rechaza los demás aspectos del recurso de casación

en lo concerniente al tercero adquiriente de buena fe.

3. Sobre esto último, el rechazo de las pretensiones de la parte recurrente

contra el tercero adquiriente de buena fe, la decisión consensuada por la mayoría

no contempla pronunciamiento alguno.

4. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, el recurso de

revisión de decisión jurisdiccional es inadmisible; sin embargo, estimamos que

la mayoría debió precisar que en relación a los aspectos del recurso de casación

que fueron rechazados por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no

se produjo violación a la tutela judicial efectiva ni al debido proceso, por lo que

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el recurso de revisión de que se trata deviene en inadmisible al no cumplir con

la parte capital del artículo 53.3 de la LOTCPC.

5. A fines de exponer los motivos que justifican nuestro salvamento,

exponemos lo siguiente:

I. SOBRE EL ARTÍCULO 53

6. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su

admisión.

7. Dicho texto hace referencia a situaciones cumplidas, concretadas. No se

trata, pues, de que, por ejemplo, en la causal segunda (53.2), el recurrente alegue

que la decisión recurrida viola un precedente del Tribunal Constitucional, sino

de que, efectivamente la decisión viole un precedente del Tribunal

Constitucional. Ni de que, para poner otro ejemplo relativo a la causal tercera

(53.3), el recurrente alegue la violación de un derecho fundamental, sino de que,

efectivamente, se haya producido una violación de un derecho fundamental.

8. Según el texto, el punto de partida es que se haya producido una violación

de un derecho fundamental" (53.3) y, a continuación, en términos similares:

[q]ue el derecho fundamental vulnerado se haya invocado (...) (53.3.a); [q]ue

se hayan agotado todos los recursos disponibles (...) y que la violación no haya

sido subsanada (53.3.b); y [q]ue la violación al derecho fundamental sea

imputable (...) con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en

que dicha violación se produjo (...)

5

(53.3.c).

5

En este documento, todas las negritas y los subrayados son nuestros.

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A. Sobre la naturaleza del recurso de revisión de decisión jurisdiccional,

consagrado en el artículo 53

9. Como hemos visto, de la lectura del artículo 53 se deriva una primera

cuestión: la facultad del Tribunal Constitucional para revisar decisiones es, de

entrada, limitada, pues opera solamente en relación con aquellas que cumplan

con tres requisitos, dos de carácter cualitativo ─(i) que sea una decisión

jurisdiccional; y (ii) que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada─, y otro de carácter temporal ─(iii) que la decisión

recurrida haya adquirido esta última calidad con posterioridad al veintiséis (26)

de enero de dos mil diez (2010)─.

B. Un paréntesis necesario sobre la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, requerida para la admisión de los recursos de revisión de decisión

jurisdiccional

10. En cuanto al segundo requisito ─referente a que la decisión haya adquirido

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada─, F.T. explica de

manera extensa cuándo una decisión adquiere la autoridad de la cosa juzgada y,

asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que mientras la sentencia sea

susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de recurso, oposición o

apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente provisional, y que es

suspendida si uno de esos recursos es ejercitado

6

.

11. Posteriormente precisa que [c]uando estos recursos ordinarios han sido

incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado,

se dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha

“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser

6

T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.

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impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación,

se dice que la sentencia es “irrevocable”

7

.

12. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir en que la calidad

de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia,

no implica necesariamente que esta haya sido dada por la Suprema Corte de

Justicia. O bien, implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la Suprema

Corte de Justicia. De hecho, como se ha dicho, una sentencia dictada en primera

instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno

de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso

es desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada.

13. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una

decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no

implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles.

En realidad, se trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.

B. De vuelta con la naturaleza del recurso de revisión de decisión

jurisdiccional

14. Continuando con el análisis de la parte capital del artículo 53, la parte

inicial del texto plantea que el recurso será posible en los siguientes casos,

expresión que es obviamente excluyente en el sentido de que tal posibilidad

recursiva sólo será posible en los casos que ella señala.

7

I..

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15. Este recurso es extraordinario, en razón de que no procede para plantear

cualquier cuestión, sino única y exclusivamente aquellas dispuestas de manera

expresa por dicho texto.

16. Este recurso es, además, subsidiario, en el caso particular de la causal

tercera establecida en el artículo 53.3, la cual analizaremos posteriormente, en

vista de que, como exige el artículo 53.3. a), el derecho fundamental vulnerado

debe haberse incoado previamente en el proceso y, como plantea el 53.3.b),

deben haberse agotado todos los recursos disponibles sin que la violación haya

sido subsanada.

17. Y, sobre todo, este recurso es claramente un recurso excepcional

8

, porque

en él no interesa ni debe interesar la disputa o conflicto que subyace al mismo,

sino únicamente si en la resolución de dicho conflicto se han vulnerado o no

derechos fundamentales. No es la administración de justicia lo que interesa,

sino que no haya fallos en el procedimiento de administración de justicia en lo

que a derechos fundamentales y libertades públicas se refiere

9

.

18. Se trata de un recurso que, al tiempo de satisfacer determinadas

necesidades del sistema de justicia, garantiza su integridad y funcionalidad.

D. Sobre el sentido del artículo 53 y la naturaleza de su contenido

19. Así, el artículo 53 establece, aparte de los requisitos de admisibilidad

enunciados previamente, las causales por las que el recurso de revisión de

decisión jurisdiccional puede ser admitido. Estas son independientes entre sí;

constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de que una decisión sea

revisada.

8

J.P., E.O.. Cit., p. 125.

9

P.R., J.. Curso de Derecho Constitucional. En: J.P., E.. Op. cit., pp. 126- 127.

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señor F.G.H. y los sucesores de M. de J.A. y J.C. contra la Sentencia núm.

85 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

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20. Si se verifica que no se ha producido, no es necesario continuar analizando

los requisitos siguientes y el Tribunal debe inadmitir el recurso. Como

explicamos antes, no se trata de verificar que el recurrente haya alegado la

vulneración de un derecho fundamental, sino de comprobar que, en efecto, se

produjo la vulneración a un derecho fundamental.

21. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar

la vulneración del derecho. En este sentido, pensamos que, en todo caso, y

especialmente cuando se requiera el estudio y la ponderación de multiplicidad

de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre conforme los términos del

artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la obligación de, por lo

menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte a que hubo una

vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea discutible.

22. Si, por el contrario, el Tribunal comprueba que se produjo la violación a

un derecho fundamental, tendrá, entonces, que proceder a verificar que

concurran y se cumplan todos y cada uno -son los términos del 53.3- de los

requisitos exigidos para esta causal, el los literales a, b, c y párrafo, del referido

texto.

23. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar si el recurrente

alegó la violación que hoy pretende subsanar en el momento en que tuvo

conocimiento de la misma.

24. Además, si se verifica que el recurrente no agotó los recursos disponibles,

no se cumple el requisito previsto en el literal “b” y el recurso debe ser

inadmitido y, como en el caso anterior, no es necesario continuar el análisis de

los demás requisitos. En relación con este articulo 53.3.b), es preciso verificar

dos situaciones: (i) si los recursos que existen dentro del sistema legal han sido

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agotados por el recurrente; y (ii) si, aun agotados dichos recursos, la violación

no ha sido subsanada.

25. El tercer requisito se refiere a que el órgano que dictó la decisión recurrida

sea el responsable de que se haya producido la violación, bien sea porque no la

subsanó cuando se le presentó, o porque haya producido la vulneración

directamente. Si el Tribunal comprueba que la violación no es imputable en los

términos de la ley, el requisito no se cumple, el recurso debe ser inadmitido.

26. Y respecto del párrafo, se trata de un requisito que confiere una gran

discrecionalidad al Tribunal Constitucional a la hora de admitir la revisión

10

,

pues el recurso sólo será admisible si se reúne, también, este último, el de la

especial trascendencia o relevancia constitucional.

27. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la

violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos

del artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale

subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el

fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo. Si el recurso es acogido, el

Tribunal revocará la sentencia recurrida; identificará los derechos vulnerados,

su violación y establecerá su criterio al respecto; y, conforme los artículos 54.9

y 54.10 de la Ley núm. 137-11, remitirá el asunto al tribunal que dictó la

sentencia anulada para que conozca nuevamente del caso, con estricto apego al

criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho

fundamental violado. Si el recurso es rechazado, el Tribunal confirmará la

sentencia recurrida.

10

J.P., E.. Op. Cit., p. 129.

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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN

DE DECISIÓN JURISDICCIONAL

28. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra los presupuestos de

admisibilidad

11

del recurso.

29. El recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el principio de la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite al

Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a los

fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales

que sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Pero, eso

sólo puede ocurrir, como hemos visto, en los muy específicos y excepcionales

casos señalados.

A. Sobre el artículo 54 de la Ley núm. 137-11

30. El artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de

decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal

tiene que evaluar y respecto de ellos decidir.

31. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una

posterior para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6,

7 y 8 del mismo texto.

32. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en

cuya estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y,

luego, el fondo del mismo en la sentencia TC/0038/12 de trece (13) de

septiembre de (2012) dos mil doce.

11

J.P., E.. Op. Cit., p. 122.

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33. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad

de dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la

importancia de la fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de

que el Tribunal pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el

legislador para admitir dicho recurso.

III. EL QUID DE LA PROHIBICIÓN DE REVISAR LOS HECHOS EN

LOS RECURSOS DE REVISION DE DECISION JURISDICCIONAL

34. Por supuesto que el Tribunal no puede revisar los hechos contenidos en el

recurso. Pero no es eso lo que está en juego aquí. Lo que está en juego, como

en otros aspectos de este artículo 53, es lo que se aprehende de esa norma, en

este caso lo que se entiende por revisar los hechos.

35. La imposibilidad de revisar los hechos es coherente con la naturaleza del

recurso. Se trata de un recurso excepcional y, en efecto, no ha sido instituido

para asegurar la adecuación de las resoluciones judiciales a la realidad de los

hechos o a la idea que acerca de estos tengan las partes

12

. Hacerlo sería

anacrónico pues conllevaría que los ámbitos constitucionalmente reservados al

Poder Judicial, de una parte, y al TC, de la otra, quedarían difuminados

13

.

36. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha reiterado que, en

esta clase de recursos la función del T..C. se limitará a concretar si se han

violado o no los derechos o libertades del demandante, preservándolos o

restableciéndolos, más absteniéndose de cualquier otra consideración sobre la

actuación de los órganos jurisdiccionales (…), porque (…) en el amparo

constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a

12

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.

13

F.F., G.. Op. Cit., p. 310.

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restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de las cuales se

formuló el recurso.

14

37. Como se aprecia, el sentido de la expresión con independencia de los

hechos es que, separadamente de los hechos que explican el proceso, el Tribunal

se limitará a verificar que se ha producido la violación de un derecho

fundamental y que ella es imputable al órgano judicial del que proviene la

sentencia recurrida, sea porque la generó o sea porque no la subsanó. Así, con

independencia de los hechos, de ninguna manera significa que el Tribunal ha

de operar de espalda a los hechos, sino que, de frente a ellos, focaliza su

actuación en lo relativo a la vulneración de derechos fundamentales que se le

presenta en el recurso.

38. El quid de la prohibición de revisar los hechos está en que el Tribunal, en

el marco del recurso, tiene que asumir –y asume- como veraces y válidos los

hechos inequívocamente declarados

15

en las sentencias recurridas mediante el

recurso. El Tribunal tiene que partir –y parte- de unos hechos que le son dados

y que no puede revisar, no puede modificar.

39. Sin embargo, una cosa es mirar los hechos y otra, sustancialmente

diferente, es revisarlos. Y es esto último lo que se prohíbe hacer al Tribunal

Constitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional puede mirar los

hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes -

entre ellas, la fundamental de que se haya producido una violación de un

derecho fundamental-.

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

40. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos

fundamentales.

14

I..

15

F.F., G.. Op. Cit., p. 184.

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41. Planteamos nuestro total acuerdo con que el recurso interpuesto debió ser

inadmitido; sin embargo, insistimos en que el Tribunal también debió dejar

constancia de la inadmisibilidad del recurso de revisión, por ausencia de

violación a derechos fundamentales, en lo concerniente a los puntos de la

decisión jurisdiccional recurrida donde se rechazó el recurso de casación.

42. En el análisis de la admisibilidad del recurso, la mayoría se decantó por

indicar que el presente recurso deviene en inadmisible porque la decisión

jurisdiccional casó con envío al Tribunal Superior de Tierras del Departamento

Central y, por tanto, no goza de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada

conforme exigen tanto el artículo 277 constitucional como el artículo 53 de la

LOTCPC; postura con la que estamos de acuerdo.

43. Ahora bien, somos del criterio de que el consenso mayoritario primero

también debió percatarse de que tal decisión ─la rendida por la Tercera Sala de

la Suprema Corte de Justicia─ también rechaza algunos aspectos del recurso de

casación y, sobre ese particular, la decisión goza de autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada; verificado esto, entonces, el Colegiado debió

inadmitir este aspecto del recurso porque no se produjo la violación a derecho

fundamental alguno conforme prevé al artículo 53.3 de la LOTCPC.

44. Es necesario recordar que para el Tribunal Constitucional poder aprestarse

a verificar si los recursos dispuestos en las normas procesales fueron

debidamente agotados y la violación no fue subsanada, de acuerdo a la parte

capital del artículo 53.3, es preciso primero constatar que se produjo tal

violación a algún derecho fundamental; de ahí que en reiteradas ocasiones

hemos sostenido que a partir de lo preceptuado en el artículo 53.3 de la

LOTCPC, es que el Tribunal Constitucional admite o inadmite el recurso

cuando se ha comprobado si se verifican o no las violaciones invocadas.

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45. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho o

garantía fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos

establecidos en los literales a), b) y c), así como el párrafo (especial

transcendencia), todos del artículo 53.3.

46. Por todo lo anterior, y aunque de acuerdo con la decisión de inadmitir el

recurso, insistimos, era imprescindible que el Tribunal Constitucional

comprobara que la decisión ostenta, al menos en lo concerniente a los puntos

rechazados del recurso de casación, el carácter de la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, conforme al artículo 277 de la Carta Política y 53 de

la LOTCPC; dicho esto, previo a cualquier otro análisis de derecho el Tribunal

debía comprobar la existencia de la violación a derechos fundamentales

conforme al artículo 53.3 de la LOTCPC y, ante su ausencia, declarar la

inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

de que se trata.

Firmado: Justo P.C.K., J.

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretaria del Tribunal

Constitucional, que certifico.

G.A.V.R..

.

S.