Sentencia Nº TC/0371/21 de Tribunal Constitucional, 12-11-2021

• Número de sentencia: TC/0371/21
• Fecha: 12 Noviembre 2021
• Número de expediente: TC-05-2020-0064 y Expediente núm. TC-05-2020-0117
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A) Expediente núm. TC-05-2020-0064, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia d e amparo incoado por la Junta

Central Electoral (JCE) y la Junta Electoral del Distrito Nacional contra la Sentencia núm. TSE-564-2020, dictada por el Tribunal

Superior Electoral el veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020) y B) Expediente núm. TC-05-2020-0117, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Y...S.J. contra la Sentencia núm. TSE-621-2020, dictada

por el Tribunal Superior Electoral el cinco (5) de mayo de dos mil veinte (2020). .

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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0371/21

Referencia: A) Expediente núm. TC-05-

2020-0064, relativo al recurso de revisión

constitucional de sentencia de amparo

incoado por la Junta Central Electoral

(JCE) y la Junta Electoral del Distrito

Nacional contra la Sentencia núm. TSE-

564-2020, dictada por el Tribunal Superior

Electoral el veinte (20) de abril del año dos

mil veinte (2020) y B) Expediente núm.

TC-05-2020-0117, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia de

amparo incoado por Y.S..J.

contra la Sentencia núm. TSE-621-2020,

dictada por el Tribunal Superior Electoral

el cinco (5) de mayo del año dos mil veinte

(2020).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno

(2021).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton

R.G., presidente; R..D.F., primer sustituto; L.V..S.,

segundo sustituto; M.U.B.V., J.P.C.K.,

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Central Electoral (JCE) y la Junta Electoral del Distrito Nacional contra la Sentencia núm. TSE-564-2020, dictada por el Tribunal

Superior Electoral el veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020) y B) Expediente núm. TC-05-2020-0117, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Y...S.J. contra la Sentencia núm. TSE-621-2020, dictada

por el Tribunal Superior Electoral el cinco (5) de mayo de dos mil veinte (2020). .

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V..J..C..P., D..G., M..d..C..S. de

Cabrera, M..V.M., J.A..V..G. y E.

.

V.A., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,

específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, y 9 y 94 de

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos

Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la

siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de las sentencias recurridas

La Sentencia núm. TSE-564-2020, objeto del presente recurso de revisión

constitucional de sentencia de amparo fue dictada por el Tribunal Superior Electoral

el veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020). Su fallo acogió la acción de amparo

interpuesta por el señor J.C..M.G. contra la Junta Central

Electoral (JCE) y la Junta Electoral del Distrito Nacional. El dispositivo de la

sentencia establece textualmente lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZAR el medio de inadmisión planteado por la parte

accionada Junta Central Electoral (JCE), fundado en las disposiciones del

artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, por carecer de méritos jurídicos.

SEGUNDO: ADMITIR en cuanto a la forma la acción de amparo incoada el

veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020) por el ciudadano J..C.

.

M.G., por haber sido interpuesta de conformidad con las

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.

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revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Y...S.J. contra la Sentencia núm. TSE-621-2020, dictada

por el Tribunal Superior Electoral el cinco (5) de mayo de dos mil veinte (2020). .

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TERCERO: ACOGER en cuanto al fondo la indicada acción, por haber

constatado la violación a los derechos fundamentales del accionante, en

razón de que:

a) Según el Boletín Municipal Electoral Provisional núm. 28, emitido por

la Junta Electoral del Distrito Nacional el veinte (20) de marzo de dos mil

veinte (2020), con los novecientos noventa y siete (997) colegios computados

en la Circunscripción núm. 3 del Distrito Nacional, el accionante, J.C...

.

M.G., figura con la cantidad de tres mil novecientos ocho

(3,908) votos preferenciales;

b) Sin embargo, en la Relación General Definitiva del Cómputo Electoral,

emitida por la Junta Electoral del Distrito Nacional el dos (2) de abril de dos

mil veinte, la accionante figura con tres mil ciento ocho (3,108) votos

preferenciales, sin que exista en el expediente ninguna resolución motivada,

emitida por la Junta Electoral, en la cual justifique y explique de forma

documentada la indicada situación, lo que se traduce en una violación al

debido proceso en perjuicio del accionante;

CUARTO: ORDENAR la restitución de los derechos del accionante y, en

consecuencia, DISPONER la proclamación del ciudadano J..C.

.

M..G. como R. por el Partido Revolucionario Moderno

(PRM) y aliados en la Circunscripción núm. 3 del Distrito Nacional,

conforme a la votación reflejada en el Boletín Municipal Electoral

Provisional núm. 28, emitido por la Junta Electoral del Distrito Nacional el

veinte (20) de marzo de dos mil veinte (2020).

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revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Y...S.J. contra la Sentencia núm. TSE-621-2020, dictada

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S.J. (entregado el veintiuno (21) de abril de 2020) y, producto de la

sentencia ahora revocada, posteriormente, el once (11) de junio de dos mil

veinte (2020), le fue entregado un Certificado de Elección al señor J.

.

C.M..

En consecuencia, una vez revocada la TSE-564-2020, que dio ganancia de

causa al señor J.C..M.G., procede restituir la cuestión

al estado anterior al que se encontraba, es decir la vigencia de los resultados

de la Relación General Definitiva del Cómputo Electoral que daban como

ganador al señor Y.S..t.J., procediéndose a restituir la vigencia

al C.ificado de Elección del señor Y..S.J..i., que le fuera

expedido el diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020) y entregado el día

20 del mismo mes y año, a la vez que se debe ordenar la anulación del

C.ificado de Elección entregado el once (11) de junio de 2020 a J.C.

.

M.G..

En ese sentido, y tomando en consideración que, durante la solución del

presente caso en las diferentes instancias se deben haber producidos

innumerables e indeterminables actuaciones, procede aclarar que los efectos

de esta decisión no serán retroactivos, sino que, en virtud del carácter

ejecutorio inmediato que revisten a las decisiones dictadas por el juez de

amparo, al haber sido revocada la decisión mediante la cual se ordenó a un

órgano electoral declarar ganador de una contienda electoral a una persona

que tomó posesión del cargo, los efectos de la presente decisión de este

Tribunal Constitucional, exclusivamente en lo que se refiere a situaciones

jurídicas consolidadas o derechos adquiridos de terceros derivados de

actuaciones realizadas por el señor J..C..M.G.ález como

regidor, serán a partir de la notificación de la decisión a las personas

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involucradas, a las autoridades competentes y a quien pueda interesar,

colaborar con o se encuentre constreñido a la ejecución de la presente

decisión. En ese sentido, esta decisión no invalida por sí sola las actuaciones

realizadas por el señor J..C..M.G.nzález como regidor, en

cumplimiento de una decisión de amparo que era ejecutoría no obstante

cualquier recurso.

En consecuencia, este Tribunal decide que la duración del mandato como

regidor del señor Y..S.J. será por el periodo restante de la

gestión para los cuales fueron electos las autoridades municipales en las

elecciones municipales extraordinarias celebradas el quince (15) de marzo

de dos mil veinte (2020), es decir, asumiendo de conformidad el plazo que se

establecerá en el dispositivo de la presente decisión, a partir de la notificación

de la misma, y concluyendo en la fecha de término para el periodo que fue

constitucionalmente electo.

En cuanto a los efectos vinculantes de las decisiones del Tribunal

Constitucional, y en particular de esta decisión, esta corte constitucional

recuerda que de conformidad con el artículo 184 de la Constitución de la

República las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e

irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos

y todos los órganos del Estado”. De manera que procede que los poderes

públicos y órganos del Estado vinculados procedan a dar cumplimento a la

presente decisión, y de ser necesario, remover (aun de oficio) posibles

obstáculos, evitando dilaciones y retardos innecesarios.

8

Y así, al hilo de esas “consideraciones”, en el dispositivo de la decisión se precisa:

8

Los subrayados son nuestros.

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QUINTO: En consecuencia, ORDENAR la restitución de la vigencia del

C.ificado de Elección emitido y entregado al señor Y..S.J.,

quien ocupará el cargo para el cual fue elegido en las elecciones municipales

del año dos mil veinte (2020) a partir de la presente decisión y hasta el

término de dicho período, y a la vez ANULAR el C.ificado de Elección

entregado el once (11) de junio de dos mil veinte (2020) al señor J..C.

.

M..G., producto de la decisión de amparo revocada por esta

misma sentencia, ordenando su desocupación del cargo electivo de Regidor

con la notificación de la presente decisión.

9

9. Así las cosas, a pesar de que, como hemos dicho, estamos de acuerdo con las

decisiones provistas a los recursos de revisión antedichos, salvamos nuestro voto

respecto de las argumentaciones vertidas en la decisión a título de “consideraciones

finales”; a partir del convencimiento de que no es menester del Tribunal

Constitucional aclarar el alcance e impacto de sus decisiones ─máxime cuando ella

solo resuelve revocando una de las sentencias recurridas, inadmitiendo la acción de

amparo por notoriamente improcedente e inadmitiendo por falta de objeto el recurso

de revisión ejercido contra la sentencia rendida en materia de tercería, dada su falta

de objeto─ y, mucho menos, disponer la restitución o cancelación de actos de

administración electoral ─como ocurre con los certificados de elección envueltos en

la disputa─ en una coyuntura donde el colegiado constitucional no ventiló el sustrato

de la acción de amparo.

10. En efecto, para explicar nuestra posición y los motivos de este voto

abordaremos lo relativo a la naturaleza de la acción de amparo y el recurso de

9

Los subrayados y negritas son nuestros.

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revisión constitucional de sentencias rendidas en este contexto; para así exponer

nuestra posición sobre el caso particular.

I. ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA ACCIÓN

DE AMPARO Y SU REVISIÓN CONSTITUCIONAL

11. La Constitución de la República, promulgada el 26 de enero de 2010, en su

artículo 72, consagró el amparo en los términos siguientes:

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los

tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de

sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad

pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto

administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De

conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público,

gratuito y no sujeto a formalidades.

12. Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que se aportan los

elementos esenciales que caracterizan al régimen del amparo.

13. Posterior a la proclamación de la Constitución, se produjo la entrada en

vigencia de la ley número 137-11, la cual, en su artículo 65, vino a regular el régimen

del amparo en los términos siguientes:

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una

autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente

y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o

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amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con

excepción de los derechos protegidos por el habeas corpus y el habeas data.

10

14. Los derechos protegidos por el amparo son los derechos fundamentales, no

otros; salvo en la situación excepcional de que no existiere “una vía procesal

ordinaria para la protección de un derecho de rango legal que no es materialmente

fundamental o no tiene conexidad con un derecho fundamental”

11

, situación en la

que, “en virtud de los principios constitucionales de efectividad (artículo 68), tutela

judicial efectiva (artículo 69) y favorabilidad (artículo 74.4), reconocidos también

por la LOTCPC (artículos 7.1, 7.4 y 7.5)”

12

, el amparo devendrá, consecuentemente,

en “la vía procesal más idónea para la tutela de dicho derecho”

13

.

15. El amparo, en palabras del colombiano O.J..D.R., "[n]o es un

proceso común y corriente, sino un proceso constitucional”

14

y, en tal sentido, “no

es propiamente un proceso con parte demandante y parte demandada, sino una

acción con un solicitante que pide protección por una violación o amenaza de los

derechos fundamentales que en la Constitución se consagran”

15

.

16. La acción de amparo busca remediar –de la manera más completa y abarcadora

posible– cualquier violación o amenaza de violación a los derechos fundamentales

en perjuicio de una persona. Tal es –y no alguna otra- su finalidad esencial y

definitoria; tal es su naturaleza. Como ha afirmado la Corte Constitucional de

10

Este y todos los demás subrayados que aparecen en este voto, son nuestros.

11

J.P., E.. Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales; IUS

NOVUM, E.B., Santo Domingo, segunda edición, 2013, p. 175.

12

I..

13

I..

14

D.R., O.J.. Acción y procedimiento en la tutela; Librería Ediciones del Profesional, sexta edición actualizada,

Colombia, 2009, p. 55.

15

D.R., O.J.. Ob. Cit., p. 42.

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Colombia, su finalidad “es que el/la juez/a de tutela, previa verificación de la

existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden

para que el peligro no se concrete o la violación concluya”

16

.

17. Así, según D.R.:

Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que contiene órdenes.

No se trata de un juicio controvertido donde se le da o no la razón a las partes.

Realmente la relación es entre la Constitución que consagra el derecho

fundamental y la acción u omisión que afecta a aquel. El objetivo es por

consiguiente que cese la violación a un derecho fundamental o que se

suspenda la amenaza de violación.

17

18. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 89 de la ley número 137-11,

cuando establece:

Dispositivo de la Sentencia. La decisión que concede el amparo deberá

contener: 1) La mención de la persona en cuyo favor se concede el amparo.

2) El señalamiento de la persona física o moral, pública o privada, órgano o

agente de la administración pública contra cuyo acto u omisión se concede el

amparo.

3) La determinación precisa de lo ordenado a cumplirse, de lo que debe o no

hacerse, con las especificaciones necesarias para su, ejecución.

4) El plazo para cumplir con lo decidido.

5) La sanción en caso de incumplimiento.

16

Conforme la legislación colombiana.

17

D.R., O.J.. Ob. Cit., p. 59.

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19. En efecto, desde ese artículo 89 el legislador precisa algunas menciones

obligatorias que todo juez de amparo debe establecer en la ordenanza que tutela

derechos fundamentales y que, por ende, acoge una acción constitucional de amparo;

por tanto, la concesión o disminución de la validez de un acto jurídico por su

vinculación con la efectividad de un derecho fundamental es una cuestión que le

corresponde establecer a este juez o al Tribunal Constitucional cuando resuelva el

fondo del amparo tras revocar la decisión; no así cuando este último ─el TC─ se

limite a resolver el recurso de revisión en materia de amparo sin valorar los méritos

de la tutela procurada por la presunta violación a derechos fundamentales.

20. Asimismo, conviene recordar que conforme al artículo 91 de la aludida ley

número 137-11: “La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las

medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental

conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio”.

21. De esto último deriva la constatación de que el juez de amparo tiene un rol

particular, específico, característico, que es, por cierto, sustancialmente diferente al

que corresponde al Tribunal Constitucional cuando se limita a revisar la sentencia

de amparo y a valorar asuntos desligados al fondo de las supuestas afectaciones a

derechos fundamentales.

22. De hecho, tal y como relata J..P., la jurisprudencia argentina ha

establecido que

[l]a demanda de amparo “tiene efectos restitutorios, tiende a impedir que se

consuma la lesión si el acto no ha tenido principio de cumplimiento, lo

suspende si ha comenzado a cumplirse y en cuanto a lo ya cumplido retrotrae

las cosas al estado anterior; si es posible” (CNTrab, S..V., 29/12/72, DT,

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1973-489), todo ello sin “escatimar esfuerzos en los medios que aseguren los

efectos jurídicos de su razón de ser” (C3aCiv Mendoza, 15/3/85, JA, 1985-II-

325), debiéndose adoptar toda medida que permita superar la situación

agraviante.

18

23. Por tanto, nuestra normativa procesal constitucional confiere facultades al juez

de amparo ─y al Tribunal Constitucional cuando se avoca a conocer del fondo de tal

proceso de justicia constitucional─ para adoptar o prescribir las medidas pertinentes

a fin de conseguir la restauración del derecho fundamental vulnerado, cuando

considere que la acción presentada tiene méritos suficientes para ser acogida en el

fondo. En otras palabras, y conviene reiterarlo, solo en el escenario del conocimiento

de la acción de amparo y ordenando la protección requerida es que la decisión puede

─y debe precisar estos asuntos─; no, por ejemplo, cuando en ella solo se resuelve la

inadmisibilidad del amparo o del recurso de revisión.

24. Conviene ahora tratar, de manera específica, el presente caso.

II. SOBRE EL CASO PARTICULAR.

25. Como hemos dicho, en la especie la mayoría del Tribunal Constitucional

admite el recurso contra la sentencia TSE-564-2020, lo acoge, revoca la aludida

decisión y determina la inadmisibilidad del amparo presentado por J..C.

.

M.G. por ser notoriamente improcedente conforme al artículo 70.3 de

la ley número 137-11 y los reiterados precedentes del colegiado en cuanto a la

inviabilidad de las acciones de amparo que tienen por objeto un asunto ya resuelto

ante los tribunales de justicia ordinaria. Asimismo, en cuanto al recurso de revisión

presentado contra la sentencia TSE-621-2020, se determinó su inadmisibilidad por

18

J.P., E.. Ob. Cit., p. 217.

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falta de objeto, toda vez que la sentencia objeto del recurso de tercería allí resuelto

─la TSE-564-2020─ fue previamente revocada.

26. Aun estando contestes con las decisiones vertidas con relación a tales recursos

de revisión constitucional en materia de amparo, salvamos nuestro voto en virtud de

que no compartimos los argumentos presentados por la mayoría a título de

“consideraciones finales” para explicar el alcance y efectos de la decisión rendida

en ocasión de tales recursos de revisión; máxime cuando tales consideraciones dan

lugar a que el ordinal quinto del dispositivo del fallo ─sin el Tribunal Constitucional

haberse adentrado a conocer el fondo de la acción de amparo; pues, como se ha visto,

la declaró inadmisible─ se ordena la restitución de un acto de administración

electoral y la anulación de otro.

27. Estas aseveraciones y las providencias fruto de su instauración quiebran los

postulados del artículo 89 de la ley número 137-11. Lo resquebrajan en la medida

que a través de una decisión que retiene la inadmisibilidad del amparo por ser

notoriamente improcedente y la inadmisibilidad por falta de objeto de un recurso

contra una sentencia de tercería se disponen cuestiones reservadas exclusivamente

para los escenarios en que el juez de amparo está dispuesto a tutelar los derechos

fundamentales amenazados o conculcados.

28. Lo anterior lo entendemos así, pues ─salvo que se trate de un escenario donde

se presente una dificultad para la ejecución de la sentencia del Tribunal

Constitucional; que no es el caso─, no corresponde al colegiado constitucional

deducir en la carga motivacional de sus decisiones el alcance e implicaciones

jurídicas de la revocación de la sentencia recurrida y la declaratoria de

inadmisibilidad de la acción de amparo.

29. Pero, mucho menos corresponde a este colectivo disponer medidas tendentes a

la conservación de la seguridad jurídica para generar certeza entre las partes y actores

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del poder público a los que se le hace oponible la decisión; pues la devolución de las

cosas al estado natural en que se encontraban previo al fallo del Tribunal Superior

Electoral que fue revocado y la correspondiente acción inadmitida por notoriamente

improcedente, no implica que el Tribunal Constitucional deba hacer aclaraciones de

esta índole y, de paso, ordenar el restablecimiento y cancelación, respectivamente,

de los certificados de elección emitidos por la Junta Central Electoral (JCE) respecto

del cargo público para regidor de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional.

30. Por todo lo anterior ─y, reiteramos, aunque estamos de acuerdo con la decisión

adoptada─, nos apartamos del pensamiento mayoritario, pues consideramos que el

Tribunal no debe ─y de hecho no puede─ aprestarse a establecer

─independientemente de la envergadura e implicaciones del caso─ el alcance de una

decisión que se limita a declarar la inadmisibilidad por notoriamente improcedente

de una acción de amparo y a declarar la falta de objeto de un recurso de revisión

contra una sentencia de tercería, ya que tales cuestiones pueden llevar a

interpretaciones equivocadas de la normativa procesal constitucional ─en este caso

del artículo 89 de la ley número 137-11─ y a incurrir en yerros procesales; como

ocurre en la especie con las medidas provistas en el ordinal quinto del dispositivo de

la sentencia objeto de este voto.

Firmado: Justo P.C.K., J.

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretaria del Tribunal

Constitucional, que certifico.

G.A.V.R..

.

S.