Sentencia Nº TC/0525/19 de Tribunal Constitucional, 02-12-2019

Fecha de Resolución: 2 de Diciembre de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento interpuesto por el señor Alfredo Vidal Rosed contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2019-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0525/19
Referencia: Expediente núm. TC-05-
2019-0078, relativo al recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo de
cumplimiento interpuesto por el señor
A.V.R. contra la Sentencia
núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la
Segunda Sala del Tribunal de Tierras de
Jurisdicción Original del Distrito Nacional
el once (11) de febrero de dos mil
diecinueve (2019).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
R.G., presidente; R..D..F., primer sustituto; L..V.
S., segundo sustituto; H.A. de los Santos, J.A.
A., A.I.B.H., J.P.C.K., V.
J.C.P., D.G., W.S.G.R. y M.
V.M., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la
Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente
sentencia:
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Expediente núm. TC-05-2019-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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I. ANTECEDENTES
1. D.pcn de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, objeto del presente recurso de revisn
constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento, fue dictada por la
Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito
Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual
acogió parcialmente la acción de amparo de cumplimiento incoada por el señor
A.V.R.. La referida decisión contiene el siguiente dispositivo:
PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción en
amparo interpuesta por el señor A..V..R. contra de la
Dirección General de Bienes Nacionales, representada por su Director
General, el Dr. Emilio C.R.R. por haber sido interpuesta
conforme a las leyes que rigen la materia.
SEGUNDO: En cuanto al fondo ACOGE EN PARTE las conclusiones
presentadas por el accionante, en consecuencia:
TERCERO: Ordena al D. General de Bienes Nacionales, que
proceda a la suscripción del contrato de venta a favor del señor A.
V.R. respecto del inmueble identificado como: apartamento No. 3-B
Edificio No. 309 tipo ML, del Proyecto Habitacional Avenida V.
Centenario que comprenden los sectores V.J.C. de
esta ciudad, previo mandato que a esos fines le otorgó el P. de la
República mediante decreto No. 55-03 de fecha 6 de febrero de 2003.
CUARTO: Otorga al D. General de Bienes Nacionales un plazo de
treinta (30) días laborables a partir de la notificación de la presente
decisión para dar cumplimiento a lo ordenado.
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QUINTO: Declara el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66 de la
Ley núm. 137-11.
SEXTO: Ordena a la Secretaria, publicar la presente sentencia en la forma
que prevé la ley y sus Reglamentos complementarios y remitirla al
Registrador de Títulos correspondiente.
En el expediente no reposa documentación que indique que la referida sentencia
haya sido notificada al recurrente, el señor A.V.R.. Sin embargo, la
misma fue notificada a la Dirección General de Bienes Nacionales y su
incumbente, Dr. E.C.R.R., mediante Acto núm. 169/2019,
instrumentado por el ministerial N.C.P.o, alguacil ordinario de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el veintiséis (26) de
marzo de dos mil diecinueve (2019), a requerimiento del recurrente, el señor
A.V.R..
2. Presentacn del recurso de revisión constitucional de sentencia de
amparo
El presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de
cumplimiento contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, fue interpuesto por el
señor A.V.R. el veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
y depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional el ocho (8) de abril de
dos mil dos mil diecinueve (2019).
El referido recurso fue notificado a la Dirección General de Bienes Nacionales y su
incumbente, Dr. Emilio C.R.R., mediante Acto núm. 169/2019,
instrumentado por el ministerial N.C.P.ano, alguacil ordinario de la
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V.R., debido a que este ocupa un apartamento ubicado en el lado
Noroeste dotado de tres dormitorios.
25. Que contrario a lo indicado por la Dirección de Bienes Nacionales, el
Decreto 452-02 no refiere la dimensión física del inmueble o el número de
habitaciones que pueda este tener como características a considerar para
la aplicabilidad o no del beneficio establecido en el artículo 4to. De dicho
decreto. Por el contrario, el mismo decreto refiere expresamente como
parámetro a considerar solo el valor de las viviendas disponiendo lo
siguiente: ARTICULO 4: Los Beneficiarios de viviendas cuyo valor actual
sea menor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (RD$150,000.00)
quedan excluidos en lo adelante del pago de cuotas, atrasos y moratorias.
28. Que el mismo Decreto No. 452-02 establece como motivos para la
concesión de tales beneficios la falta de pago en que incurrieron los
beneficiados de viviendas debido a sus pocas posibilidades económicas, así
como el interés del Estado Dominicano en fomentar el acceso a las
viviendas dignas para las personas más desposeídas. De ahí que, como
hemos dicho el parámetro para determinar el universo de beneficiarios de
la exclusión del pago de cuotas, atrasos y moras no estuviera vinculado a
las características físicas de los apartamentos sino al valor económico de
los mismos.
29. Que respecto al precio del apartamento asignado al señor A.
R., es decir la unidad No. 3B del edificio No. 309 Tipo ML el contrato
identificado como: “Acuerdo Pormesa De Compra Venta” se limita a
indicar en el numeral segundo que: “El precio de venta del inmueble y su
forma de pago será convenido y pactado entre las partes al momento de
suscribirse el contrato de venta definitivo y luego de que sea debidamente
evaluado por la comisión tasadora correspondiente, tomando en
consideración las condiciones socioeconómicas del señor A.R..
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(sic)
30. Que durante la instrucción del proceso quedó evidenciado que el
contrato de venta definitivo no ha sido realizado a favor del señor R..
Tampoco fue presentado el informe que ha debido emitir la comisión
tasadora según los términos del contrato indicado anteriormente. De ahí
que no existan a la fecha ninguno de los parámetros que fueron acordados
para el establecimiento del precio en cuestión.
31. Cabe resaltar que respecto del valor del inmueble, el poder para venta
condicional de fecha 14 de noviembre del 1995 en su numeral 25
establecía que el mismo había sido valorado en la suma de RD$87,485.92.
Sin embargo, también fue aportado el poder especial No. 55-03 dado por el
P. de la República en ocasión del otorgamiento de poder para
venta del mismo inmueble, que dejó sin efecto las disposiciones del
numeral 25 del decreto primeramente citado, sin que se refiera al precio
del inmueble en cuestión.
32. Que el beneficio resultante del Decreto No. 452 está supeditado al
valor del inmueble, el cual al 2002 no debía ser superior a los
RD$150,000.00. A pesar de ello, en este caso no ha sido demostrado que
efectivamente el apartamento No. 3B del edificio 309 Tipo ML del proyecto
habitacional V. Centenario ocupado por el señor A.V.R.
estuviera en ese rango de precio.
33. Así las cosas, procede rechazar las pretensiones formuladas por el
accionante tendentes a la aplicación de los beneficios del Decreto No. 452,
valiendo esto decisión sin necesidad de hacerlo constar en la parte
dispositiva de esta decisión.
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4. H.os y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión
constitucional de sentencia de amparo
El recurrente, el señor A.V.R., interpuso el presente recurso de
revisión constitucional el veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019),
mediante el cual pretende que se revoque la sentencia recurrida y que se ordene a
la Administración General de Bienes Nacionales, proceder a la suscripción del
contrato de venta definitiva con el señor A.V.R. del apartamento en
cuestión, con base en el al valor de ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y
cinco pesos dominicanos con 92/100 ($87,485.92), por ser el valor que tenía al
momento de emitirse el Decreto núm. 452-02. Para justificar dichas pretensiones,
alega, en síntesis, lo siguiente:
Resulta, que el recurrente no está conforme con dicho fallo por entender
que adolece de los vicios siguientes:
1.- Sentencia manifiestamente infundada, al confundir y desnaturalizar las
pruebas;
2.- El juez a-quo, incurrió en exceso, toda vez que le atribuyo al decreto
No. 55-03, emitido por el presidente H.M., una condición no
fáctica.
3.- Falta de estatuir, fue depositado: a) Contrato No. 008359, de fecha
03/06/2004, celebrado entre la Administración General de Bienes
Nacionales y la señor D.P.; b) Informe 153/1994 de la Comisión
Tasadora Oficina Supervisora Obra del Estado; c) Copia de recibos de
pago etc. En dicha sentencia, no se observa que se haya referido a ellos, lo
que constituye falta de estatuir.
4.- ilogicidad manifiesta. Contradicción de motivos y falta de motivo, pues
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no obstante estar apoderada de una acción e amparo cuya decisión para su
efecto jurídico constitucional, debía ser acogida en su conjunto, y habiendo
establecido, que el contrato de venta definitivo no se ha suscrito, no por
apatía del recurrente, si no, porque la administración se niega, a aplicarle
los beneficios de decreto 452-02. El tribunal fallo contrario a lo pedido,
manifestándose los vicios denunciados.
5.- Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal,
constitucional y en pactos internacionales en materia de derechos
humanos. No aplico al caso concreto los principios de: efectividad,
favorabilidad, oficiosidad y supletoriedad establecidos en el artículo 4, 5,
11 y 12 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales. Tampoco de los 1. Principio de
juridicidad, 2. Principio de servicio objetivo a las personas 5. Principio de
igualdad de trato 6. Principio de eficacia, 8 Principio de seguridad
jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, 9. Principio de
proporcionalidad, 10. Principio de ejercicio normativo del poder, 11.
Principio de imparcialidad e independencia, 19. Principio de celeridad,
establecido en el artículo 3 de la Ley No. 107-13 del 8 de agosto de 2013
sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administración y de Procedimiento Administrativo. Fue tímido al momento
de dar protección a los derechos establecidos en los artículos 38, 39, 59,
68, 69, 74-4 y 138 de Nuestra Carta Magna, así como los que prevén los
artículos: 8 de la DUDH, 26 del PIDCP y 24 de la CADH. (sic)
En resumen el tribunal, da por sentado: Que el señor A.V.R.
exige a la Dirección General de Bienes Nacionales la suscripción del
contrato de venta del apartamento No. 3-B del proyecto habitacional V
Centenario de los sectores V.J.C. de esta ciudad, así
como le sean aplicados los beneficios que resultan de los decretos Nos.
452-02 de fecha 20 de junio de 2002 y 55-03 de fecha 6 de febrero de 2003
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Expediente núm. TC-05-2019-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
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respectivamente, y para no acogerla en su totalidad basa su decisión en:
a) Que el decreto 55-03 modifico el decreto 1995;
b) Que para merecer los beneficios del decreto 452-02 este requiere de
una tasación,
c) Que no fue se probó que dicha tasación se haya hecho
Resulta, que, y en refutación a los razonamientos de la sentencia, el
accionante fundamentó su escrito de amparo en la vulneración de derechos
fundamentales contenido en nuestra Constitución, debidamente motivado
en cuales hechos y omisiones a cargo de la administración, que trajeron
como consecuencia la violación de los señalados principios, incurriendo el
tribunal en la falta de motivación. Al acoger de manera parcial la acción
negándole recibir los beneficios del decreto 452-02 basando su criterio, en
que era necesario determinar el precio mediante una tasación previa, y que
esta y que esto no se probó que fuera hecha, pero no establece como llegó
a esa conclusión. Ni a quien correspondía el fardo de esa prueba. Tampoco
explicar en cuales aspectos el decreto 55-03, modificó el decreto 1995.
Dice escuchar el relato, que expreso la Dirección General de Bienes
Nacionales, quien que en fecha 15 de noviembre 2017 la Dra. C.L.
M., encargada de contratos presento un listado de los apartamentos
a los que se le aplica el decreto 452-02. Que según el recurrido, en dicho
documento se establece que el proyecto V.J.V.C., el
bono consentido por el presidente solo aplica a los apartamentos de una
habitación, resultando 17 beneficiarios, entre los que no se encuentra el
señor A.V..R., debido a que este ocupa un apartamento
ubicado en el lado Noreste dotado de tres dormitorios y, sobre este punto
concluye, que contrario lo indicado por la Dirección General de Bienes
Nacionales, el decreto 452-02 no se refiere a la dimensión física del
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inmueble o número de habitaciones que pueda esta tener y que por el
contrario el mismo decreto refiere expresamente como parámetro a
considerar solo el valor de la vivienda… termina diciendo, que el análisis
del Contrato identificado como Acuerdo Promesa de Compra-Venta, 1988,
que respecto al precio del apartamento asignado al señor A.V.
R., en el numeral cuatro, este se limita a indicar que la forma de pago
seria convenida al momento de suscribirse el contrato de venta definitivo y
luego de que sea debidamente evaluado por la comisión tasadora, y
concluye rechazando la solicitud de ordenar la aplicación de los beneficios
del decreto 452-02, porque:
a) Que el decreto 55-03 modifico el decreto 1995;
b) Que para merecer los beneficios del decreto 452-02 este requiere de
una tasación,
c) Que no fue se probó que dicha tasación se haya hecho (sic)
Resulta, que no son ciertos tales razonamientos del a-quo; a este respecto y
para probar sus argumentos, el accionante hoy recurrente, pósito entre
otras pruebas:
a) Acuerdo Promesa No. 42/1988.
b) Decreto No 1995 del presidente Dr. J.B.;
c) Carta No. 143/1994 informe tasación de la comisión trazadora que a la
época era la Oficina Supervisora de Obra del Estado, quien además, de la
evaluación, recomendó que se procediera a la suscripción del Contrato de
Venta Definitivo;
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Como observara esa Alta corte, el tribunal a-quo, obvio prueba, no la
ponderó o fueron ignoradas, pues en su motivación no hace mención de
ellas. Igualmente, desnaturalizó las pruebas dándole a la misma una
connotación que no tienen, a los decretos del presidente H.M., en
especial el No. 55-03, al atribuirle, que este, había modificado el de la
vivienda dado en el decreto 1995 del presidente Dr. J.B.,
cuando en realidad, en dicho decreto, lo que se modificó, fue el nombre,
del recurrente, que antes del mismo era A.R. y después, paso a
llamarse A.V.R.. (sic)
Resulta, que el decreto No. 55-03, fue emitido por el presidente de turno,
atendiendo a una solicitud de cambio de nombre hecha mí, hoy, A.
V.R., quien al momento de la firma del acuerdo 1988, y posterior
entrega del (apto. 3-B del edificio 309) en 1991, respondía por A.
R.. En este decreto el señor presidente H.M.a, autoriza a la
Administración de Bienes Nacionales, modificar el numeral 25 del decreto
1995 en cuanto al nombre y no en cuanto al precio del apartamento como
mal interpretó el tribunal. (sic)
En el decreto de marras, no se observara que el P. se haya
referido al precio (apto. 3-B del edificio 309), lo que tiene lógica, pues ya
el precio había sido fijado en 1995, por el presidente B., pero
también, porque un año antes del decreto 55-03, el propio presidente
H.M. había emitido el decreto 452-02, exonerando de todas las
deudas las viviendas como la del recurrente.(sic)
Llamo la atención de los Honorables jueces, observar, que el recurrente
sin haber suscrito el contrato de venta definitivo, realizo varios pagos (Ver
copias cheques y recibos de Rentas Internas). (sic)
En tribunal a-quo, constato, que desde 1994 a la fecha, el recurrente ha
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agotado todas las vías amigables en busca de que la administración
suscriba el contrato de venta definitivo, le aplique los beneficios que se
derivan del decreto 452-02, y le de recibo de descargo y finito legal, tal y
como los ha hecho con otros beneficiados del decreto 1995 del Dr.
B., para los cuales, autorizando a la autoridad competente, levantar
cualquier carga que sobre sus viviendas pese, no obstante ser
apartamentos como el de los señores B., cuya ubicación y
características tienen un precio mayor al del recurrente. (sic)
5. H.os y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión
constitucional
La parte recurrida en revisión constitucional no depositó escrito de defensa, a pesar
de que el presente recurso fue notificado a la Dirección General de Bienes
Nacionales y su incumbente, Dr. E.C.R.R., mediante Acto
núm. 169/2019, ya descrito.
6. Pruebas y documentos
En el presente recurso de revisión, se encuentran depositados, entre otros
documentos, los siguientes:
1. Acto núm. 169/2019, instrumentado por el ministerial N.C.P.,
alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional, el veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
2. Copia del Decreto núm. 452-02, del veinte (20) de junio de dos mil dos
(2002).
3. Copia del Poder Especial núm. 55-03, del seis (6) de febrero de dos mil tres
(2003).
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados
por las partes, el presente caso tiene su origen en que el señor A.V.R.
exige a la Dirección General de Bienes Nacionales la suscripción del contrato de
venta definitivo del apartamento 3-B, del Edificio núm. 309, tipo ML, ubicado en
el Proyecto Habitacional V Centenario, de los sectores V.J.C.,
aplicándole los beneficios del Decreto núm. 452-02, del veinte (20) de junio de dos
mil doce (2002) y conforme al Poder Especial núm. 55-03, del seis (6) de febrero
de dos mil tres (2003).
Ante la demora de la administración, el señor A.V.R. interpuso una
acción de amparo de cumplimiento en contra de la Dirección General de Bienes
Nacionales, la cual fue acogida parcialmente por la Segunda Sala del Tribunal de
Jurisdicción Original del Distrito Nacional, mediante Sentencia núm. 0312-2019-
S-00015, del once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la cual ordenó al
director general de Bienes Nacionales proceder a la suscripción del contrato de
venta a favor del señor A.V.R., conforme al mandato del presidente
de la República dado mediante el Poder Especial núm. 55-03, del seis (6) de
febrero de dos mil tres (2003).
Sin embargo, no conforme con la referida sentencia, por haber rechazado sus
pretensiones en cuanto a la aplicación de los beneficios el Decreto núm. 452-02, el
señor A.V.R. interpone el presente recurso de revisión constitucional
de sentencia de amparo.
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8. Competencia
El Tribunal Constitucional es competente para conocer el presente recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los
artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión
El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión
constitucional resulta admisible por las siguientes razones:
a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el
recurso de revisión de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco días,
contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia. Este plazo debe
considerarse franco y hábil, tal y como fue decidido por este tribunal en su
Sentencia TC/0080/12, el quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012).
b) La sentencia recurrida no fue notificada formalmente al recurrente, por lo que
en principio no habría forma de establecer el punto de partida del plazo para la
interposición del presente recurso. En este mismo contexto, este tribunal
constitucional en las sentencias TC/0623/15, del dieciocho (18) de diciembre de
dos mil quince (2015); TC/0621/16, del veinticinco (25) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), y TC/0468/17, del seis (6) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
estableció que no existe constancia de que a la parte recurrente le haya sido
notificada la sentencia emitida por el juez a-quo, razón por la cual el plazo legal
dispuesto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, debe considerarse que aún
sigue abierto. En ese sentido, no habiendo prueba en contrario, se debe presumir
que el referido recurso fue depositado dentro del plazo legal dispuesto en el
artículo 95 de la Ley núm. 137-11.
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c) El artículo 96 de la Ley núm. 137-11 dispone: El recurso contendrá las
menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose
constar además de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión
impugnada.
d) Luego de examinar el contenido del presente recurso de revisión a la luz del
precitado artículo, este tribunal ha podido verificar que en su escrito el recurrente
alega que en la especie se han violado sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, dado que según sus alegatos el tribunal
de amparo incurrió en falta de motivación, dictando una sentencia manifiestamente
infundada al confundir y desnaturalizar pruebas. De manera que constan de forma
clara y precisa los supuestos agravios causados por la decisión impugnada de
conformidad con el referido artículo.
e) Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el
requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la referida ley núm.
137-11, es decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la
cuestión planteada, apreciada por este tribunal atendiendo a la importancia del caso
para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para
la determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los
derechos fundamentales.
f) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción
abierta e indeterminada; por esta razón este tribunal la definió en la Sentencia
TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de
que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:
1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los
cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que
permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o
normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,
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Expediente núm. TC-05-2019-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan
al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones
jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos
fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema
jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución
favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
g) Después del análisis de los documentos que componen el expediente que nos
ocupa, el Tribunal ha podido establecer la especial trascendencia y relevancia
constitucional del presente caso, ya que el mismo permitirá al Tribunal
Constitucional continuar desarrollando su criterio sobre el derecho fundamental a
la debida motivación, como parte de las garantías del debido proceso y la tutela
judicial efectiva de conformidad con los criterios fijados en la Sentencia
TC/0009/13.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
Con relación al fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia de
amparo de cumplimiento, el Tribunal Constitucional expone los siguientes
razonamientos:
a) En el presente caso el recurrente, el señor A.V.R., pretende que
este tribunal constitucional revoque la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, del
once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), y ordene a la Dirección General
de Bienes Nacionales proceder a la suscripción del contrato de venta definitiva con
el señor A.V.R., del apartamento 3-B, del edificio tipo ML, ubicado
en la calle F.H. y C. núm. 309, del Proyecto Habitacional V
Centenario de los sectores V.J.na-Villa Consuelo del Distrito Nacional, con
base en ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos dominicanos con
92/100 ($87,485.92) y por consiguiente dar descargo y finiquito legal por el saldo
absoluto en aplicación del beneficio del Decreto núm. 452-02, y ordenar al
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Expediente núm. TC-05-2019-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
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registrador de títulos del Distrito Nacional dejar sin efecto cualquier carga o
gravamen que pese sobre el mismo.
b) En este orden, el recurrente, para hacer valer sus pretensiones, alega que el
tribunal de amparo incurrió en falta de motivación, dictando una sentencia
manifiestamente infundada al confundir y desnaturalizar pruebas. En tal sentido, el
examen del cumplimiento del deber de motivación amerita la realización del test
de la debida motivación propuesto en la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de
febrero de dos mil trece (2013), en la que prescribe en su acápite 9, literal D, los
siguientes parámetros generales:
a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de
correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general,
con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la
garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que
para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al
afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido
proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir
suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico
objeto de su ponderación; y c) Que también deben correlacionar las
premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas,
normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones
resulten expresas, claras y completas.
c) A su vez, el literal G del mismo acápite 9 de la referida sentencia TC/0009/13
enuncia los lineamientos específicos que incumben a los tribunales del orden
judicial para satisfacer el cabal cumplimiento del deber de motivación, a saber:
1. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones.
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interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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2. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración
de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar.
3. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar
los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.
4. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de
las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna
limitante en el ejercicio de una acción.
5. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la
función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a
la que va dirigida a la actividad jurisdiccional.
d) A partir de lo señalado, el Tribunal Constitucional se propone analizar la
sentencia impugnada y a contrastar su contenido en función de los indicados
criterios que deben ser observados por los tribunales para motivar adecuadamente
sus decisiones:
1. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones. En la especie, el tribunal de amparo desarrolla de manera ordenada los
medios invocados por el accionante, los cuales figuran transcritos en la decisión
recurrida y respondidos en un orden lógico en correlación con las pruebas
aportadas.
2. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los
hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. Este aspecto también
fue observado por el tribunal de amparo, ya que contrasta adecuadamente los
hechos respecto a los medios invocados por las partes, indicando la valoración
otorgada a los medios de prueba presentados. Sobre el particular, cabe destacar que
el recurrente alega que el tribunal de amparo obvió pruebas, sin embargo, se puede
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interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
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constatar que en las páginas 9, 10, 11, 12 y 13 de la decisión recurrida, el tribunal
de amparo desarrolla el contenido de las pruebas documentales indicadas por el
recurrente y los hechos establecidos a partir de su análisis.
3. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. En la lectura del
contenido de la sentencia recurrida se advierte el cumplimiento de este criterio,
puesto que en sus motivaciones la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de
Jurisdicción Original del Distrito Nacional sustenta su decisión en consideraciones
que conducen a la procedencia de manera parcial de la acción de amparo de
cumplimiento, ordenando de esta manera la suscripción del contrato de venta del
inmueble en cuestión, pero por otra parte rechazando lo relativo a la aplicación del
beneficio del Decreto núm. 452-02, indicando que
… durante la instrucción del proceso quedó evidenciado que el contrato de
venta definitivo no ha sido realizado a favor del señor R.. Tampoco fue
presentado el informe que ha debido emitir la comisión tasadora según los
términos del contrato indicado anteriormente. De ahí que no existan a la
fecha ninguno de los parámetros que fueron acordados para el
establecimiento del precio en cuestión.
4. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante
en el ejercicio de una acción. Este requisito fue observado por el indicado tribunal,
pues además de indicar las disposiciones legales y los actos en los cuales
fundamenta su decisión, se detiene a desarrollar las consideraciones que le
conducen a su aplicación.
5. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función
de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va
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interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
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dirigida a la actividad jurisdiccional. En el caso de la especie, si bien es cierto que
la decisión de la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del
Distrito Nacional logra satisfacer los criterios previamente examinados, al analizar
con detenimiento los razonamientos en que fundamenta su fallo, es posible
determinar que el tribunal de amparo no ha protegido de manera adecuada los
derechos del accionante, esto así, ya que al tratarse de un amparo de cumplimiento
que buscaba que se le aplicara las disposiciones del Decreto núm. 452-02,
mediante el cual se exoneró del pago de cuotas, atrasos y moratorias a los
beneficiarios de viviendas por desalojos cuyo valor sea menor de ciento cincuenta
mil pesos dominicanos con 00/100 ($150,000.00), el tribunal de amparo debió
realizar una correcta aplicación y armonización de los principios constitucionales,
especialmente los principios de efectividad y de favorabilidad, así como el
principio pro homine, que le permitiera salvaguardar los derechos fundamentales
del accionante. En tal sentido, la fundamentación del fallo no cumple con su
función de legitimación frente a la sociedad a la que dirige su actividad.
e) La protección al derecho fundamental alegado en la especie se encuentra
estrechamente ligado al principio de efectividad, contenido en la tutela judicial
diferenciada, conforme lo establece el artículo 7.4 de la Ley núm. 137-11, que
dispone:
Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas
constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos
obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del
debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y
adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada
cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada
cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.
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interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
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f) Además, el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 7.5 de la
indicada ley, faculta a tomar las medidas necesarias para la protección de los
derechos fundamentales de las personas, cuando establece que:
La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y
aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer
al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas
integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más
favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infra
constitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental
que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de
forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de
protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada,
en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y
garantías fundamentales.
g) Este tribunal constitucional, al aplicar los referidos principios de efectividad y
de favorabilidad en la Sentencia TC/0073/13, afirmó:
(…) una correcta aplicación y armonización de los principios de
efectividad y de favorabilidad, consagrados en los numerales 4) y 5) del
artículo 7 de la Ley núm. 137-11, pudieran, en situaciones muy específicas,
facultar a que este Tribunal aplique una tutela judicial diferenciada a los
fines de tomar las medidas específicas requeridas para salvaguardar los
derechos de las partes en cada caso en particular.
h) En apoyo a estos mandatos constitucionales, el artículo 74 de nuestra Carta
Sustantiva,
1
referente a la interpretación y reglamentación de los derechos y
1
La Constitución do minicana, en su artículo 74, numeral 4 señala, como principio de interpretación y
reglamentación, que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los der echos fundamentales y
sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos.
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garantías fundamentales, este tribunal goza de la facultad para avocarse al
conocimiento del presente recurso, pudiendo, en consecuencia, revocar la sentencia
recurrida y conocer de la acción de amparo de cumplimiento, de manera tal que
pueda ser tutelado el derecho fundamental a la vivienda, máxime cuando el
incumplimiento ha subsistido por un período extraordinariamente largo, que hace
obligatoria la celeridad de su protección.
i) Es pertinente señalar que, sobre el derecho a la vivienda, la Constitución
dominicana establece en su artículo 59:
Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos
esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos
humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria
titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de
promoción de vivienda.
2
j) En este mismo orden, sobre la dignidad humana, el artículo 38 de la
Constitución expresa:
El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se
organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales
que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e
inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad
esencial de los poderes públicos.
k) En la especie, no está en discusión que mediante acuerdo de promesa de
compraventa del diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y ocho (1988) el
2
Subrayado nuestro.
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interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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Gobierno dominicano representado por la Licda. G.C.T.M., en calidad de
administradora general de Bienes Nacionales se comprometió a vender al señor
A.R. el inmueble que se ha descrito como apartamento 3-B, del Edificio
núm. 309, tipo ML, ubicado en el Proyecto Habitacional V Centenario, de los
sectores V.J.C., quedando la fijación del precio del inmueble
supeditada a la realización de la venta definitiva y la tasación correspondiente. Y
que posteriormente, el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y
cinco (1995) el Dr. J.B. autorizó al administrador general de Bienes
Nacionales para que en nombre y representación del Estado dominicano vendiera
al señor A.R. el referido apartamento, el cual fue valorado en la suma de
ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 92/100
($87,485.92).
l) Varios años después, aún sin haberse producido la suscripción del contrato de
venta definitivo, mediante Decreto núm. 452-02, emitido por el presidente de la
República el veinte (20) de junio de dos mil dos (2002), exoneró del pago de
cuotas, atrasos y moratorias, a los beneficiarios de viviendas como consecuencia de
desalojos cuyo valor fuera menor de ciento cincuenta mil pesos dominicanos con
00/100 ($150,000.00), decreto del cual el señor A.V.R. pretende
beneficiarse, pues para ese momento, la última valoración del referido apartamento
era de ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos dominicanos con
92/100 ($87,485.92), establecida mediante poder de catorce (14) de noviembre de
mil novecientos noventa y cinco (1995). Sin embargo, mediante Poder Especial
núm. 55-03, de seis (6) de febrero de dos mil tres (2003), fue ordenada nuevamente
la suscripción del contrato de venta a favor del señor A.V.R., dejando
a la vez sin efecto las disposiciones que referían al valor del inmueble en cuestión.
m) A la fecha, la Dirección General de Bienes Nacionales aún no ha suscrito el
referido contrato definitivo, a pesar de las diligencias realizadas por el señor
A.V.R. para hacer valer su derecho a la vivienda reconocido a través
de varios actos de la Administración.
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Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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n) En este sentido, la urgencia que impera en el caso concreto, por el tiempo que
ha perdurado el incumplimiento por parte de la Administración Pública, conforme
a los principios de efectividad y favorabilidad antes mencionados, y al deber del
Estado de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la
vivienda y de respetar y proteger la dignidad humana, entendemos que, al pasar
más de treinta (30) años desde que el Estado se comprometió a vender el inmueble
descrito al señor A.V.R., y más de quince (15) años desde que se
produjeron los actos administrativos que se pretenden hacer valer, someter al
accionante a nuevos procesos para la suscripción del contrato de venta definitivo,
así como para la determinación del valor del inmueble, prolongaría por un tiempo
irrazonable la situación en la que se encuentra, y por el contrario, se apartaría este
tribunal constitucional, de su tarea garantista de la Constitución, para la cual ha
sido creado.
o) Es importante destacar, que con relación a la procedencia del amparo de
cumplimiento, este tribunal estableció en su Sentencia TC/0009/14, del catorce
(14) de enero de dos mil catorce (2014), que el amparo de cumplimiento es una
acción jurídica que tiene como finalidad hacer efectiva la materialización de una
ley o acto de carácter administrativo en interés de vencer la renuencia o
resistencia del funcionario o autoridad pública. Con dicha acción, el juez procura
hacer prevalecer la fuerza jurídica y la plena eficacia de la ley.
p) Con respecto a esta acción, la Ley núm. 137-11, que rige la materia, establece
en su artículo 104 que este procede cuando la acción de amparo tenga por objeto
(…) hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, su finalidad
consiste en perseguir que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública
renuente de cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme
o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una
resolución administrativa o dictar un reglamento.
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q) En ese sentido, se ha podido constatar que, en la especie, estamos ante un
amparo de cumplimiento, el cual se rige por los artículos 104 y siguientes de la
Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales. En ese orden, luego del estudio del expediente, podemos concluir
que el accionante en amparo cumple con el requisito establecido en el artículo 104,
puesto que el mismo procura el cumplimiento de dos actos administrativos,
específicamente el Decreto núm. 452-02, del veinte (20) de junio de dos mil dos
(2002) y el Poder Especial núm. 55-03, del seis (6) de febrero de dos mil tres
(2003).
r) En relación con la legitimación establecida en el artículo 105,
3
el accionante,
cumple con dicho requisito puesto que posee derechos con respecto al apartamento
3-B, del edificio tipo ML, ubicado en la calle F.H. y C. núm.
309, del Proyecto Habitacional V Centenario de los sectores V.J.
C. del Distrito Nacional, que se desprenden del contenido de los actos
administrativos cuyo cumplimiento exige.
s) En cuanto al cumplimiento del requisito del artículo 106,
4
se verifica toda vez
que la acción de amparo de cumplimiento estuvo dirigida contra la Dirección
General de Bienes Nacionales, autoridad renuente al cumplimiento del Decreto
núm. 452-02 y el Poder Especial núm. 55-03.
3
Artículo 105.- Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona
afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de cumplimiento. P. rafo I.- Cuando se trate de un
acto administrativo sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés
para el cumplimiento del deber omitido. P.I..- Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del
medio ambiente o intereses difusos o colectivos podrá interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueb lo.
4
Artículo 106.- Indicación del Recurrido. La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario
renuente de la administración pública al que corresponda el cu mplimiento de una norma legal o la ejecución de u n
acto administrativo.
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t) En lo que respecta al requisito establecido en el artículo 107
5
de la Ley núm.
137-11, en relación con la puesta en mora a la autoridad renuente, el señor A.
V.R. intimó a la Dirección General de Bienes Nacionales, por medio del
Acto núm. 1190/2017, instrumentado por el ministerial J..B.autista P.
F., alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional,
el nueve (9) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), al cumplimiento Decreto
núm. 452-02 y el Poder Especial núm. 55-03, de conformidad con el deber legal
que le impone la Ley núm. 1832, del ocho (8) de noviembre de mil novecientos
cuarenta y ocho (1948), y al persistir dicha institución con el incumplimiento, el
accionante interpuso el amparo de cumplimiento el ocho (8) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017), lo que pone en evidencia que este actuó dentro del plazo de
sesenta (60) días que establece el párrafo I del referido artículo 107, en procura de
constreñir a la autoridad renuente a cumplir con lo ordenado por el Poder
Ejecutivo.
u) En efecto, tal y como se evidencia, la exigencia de cumplimiento por parte del
accionante se produjo, y se observa que la Dirección General de Bienes Nacionales
no obtemperó ante dicha intimación, por lo que se comprueba que se han
observado los requisitos exigidos para la acción de amparo de cumplimiento, según
los artículos 104, 105, 106 y 107 de la referida ley núm. 137-11.
v) En la especie, este tribunal ha podido verificar mediante el estudio de los
documentos que integran el expediente, que el accionante ha satisfecho los
requisitos formales y procesales, por lo que resulta imperativo declarar procedente
la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por el señor A.V.
R., quien, conforme a los principios de efectividad y de favorabilidad antes
señalados, debe gozar de los beneficios del Decreto núm. 452-02, mediante el cual
5
Artículo 107.- Requisito y P.. Para la procedencia del amparo de cumplimiento se requerirá que el reclamante
previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en su
incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la
solicitud. P.rafo I.- La acci ón se interpone en los sesenta días contados a partir del vencimiento, de ese plazo.
P.I..- No será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir.
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Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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se exoneró del pago de cuotas, atrasos y moratorias a los beneficiarios de viviendas
por desalojos cuyo valor sea menor de ciento cincuenta mil pesos dominicanos con
00/100 ($150,000.00), y a su vez se ordena al director general de Bienes
Nacionales proceder a la suscripción del contrato de venta a favor del señor
A.V. Rosed, conforme al mandato del presidente de la República dado
mediante el Poder Especial núm. 55-03.
w) Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Ley núm. 137-
11, el juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el
objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado. Es
pertinente destacar que este tribunal constitucional, en su Sentencia TC/0048/12,
del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), estableció que la naturaleza de la
astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por
daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al
agraviado. A partir de dicha decisión, el Tribunal Constitucional se había
decantado por la imposición de astreintes en favor de una institución estatal
dedicada a la solución de problemas sociales relacionadas con el objeto de la
sentencia que sería pronunciada, y no del agraviado. Sin embargo, tal como fue
ponderado en la Sentencia TC/0438/17, ello no representa impedimento alguno
para que el juez de amparo fije la astreinte en provecho del agraviado.
x) En virtud del precedente fijado en la referida sentencia, en el ejercicio de su
función jurisdiccional incumbe a los jueces de amparo no solo la facultad de
imponer o descartar la imposición de una astreinte, sino también la de disponer su
beneficiario. En este orden de ideas, fue estatuido que cuando el tribunal disponga
que la astreinte beneficie al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una
compensación en daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con
el propósito específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión
dictada. Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido
beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado por el
incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia que se
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Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la naturaleza
inter-partes de sus efectos. Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso
que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar la astreinte de que se trata en
contra de la parte recurrida y a favor de la parte recurrente, como se indicará en la
parte dispositiva de esta decisión.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de las magistradas Alba L.B.M. y
K..M..J..M., en razón de que no participaron en la
deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal
Constitucional DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible en cuanto a la forma, el recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento interpuesto por el señor
A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la
Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el
once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el presente recurso de revisión descrito
en el ordinal anterior y en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0312-2019-
S-00015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original
del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
TERCERO: DECLARAR procedente la acción de amparo de cumplimiento
interpuesta por el señor A.V.R. y en consecuencia, ORDENAR a la
Dirección General de Bienes Nacionales, en cumplimiento del mandato del Poder
Ejecutivo dado mediante Poder Especial núm. 55-03, del seis (6) de febrero de dos
mil tres (2003), proceder a la suscripción del contrato de venta definitiva con el
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2019-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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señor A.V.R., del apartamento 3-B, del edificio tipo ML, ubicado en
la calle F.cisco Henríquez y C. núm. 309, del Proyecto Habitacional V
Centenario de los sectores Villa Juana-Villa Consuelo del Distrito Nacional, con
base en ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos dominicanos con
92/100 ($87,485.92), y por consiguiente, dar descargo y finiquito legal por el saldo
absoluto en aplicación del beneficio del Decreto núm. 452-02, y ordenar al
registrador de títulos del Distrito Nacional dejar sin efecto cualquier carga o
gravamen que pese sobre el mismo.
CUARTO: OTORGAR a la Dirección General de Bienes Nacionales un plazo de
treinta (30) días a partir de la notificación de la presente decisión para dar
cumplimiento a lo ordenado.
QUINTO: FIJAR una astreinte de cinco mil pesos dominicanos con 00/100
($5,000.00) por cada día de retardo en que incurra la Dirección General de Bienes
Nacionales en el cumplimiento de la presente sentencia, la cual se liquidará, a
partir de su notificación, a favor del señor A.V.R..
SEXTO: ORDENAR por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a la
parte recurrente, el señor A.V.R.; y a la parte recurrida, Dirección
General de Bienes Nacionales.
SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y de los artículos 7 y 66 de la
referida ley núm. 137-11.
OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: Milton R.G., J.P.; R.D.F., J. Primer
Sustituto; L.V.S., J. Segundo Sustituto; H.A. de
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-05-2019-0078, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento
interpuesto por el señor A.V.R. contra la Sentencia núm. 0312-2019-S-00015, dictada por la Segunda Sala del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional el once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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los Santos, J.; J.A.A., J.; A.I.B.H.,
J.; J.P.C.K., J.; V.J.C.P.,
J.; D.G., J.; W..S.G..R., J.; K..M.
J.M., J.; M.V.M., J.; J.J.R.B.,
S..
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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