Sentencia Nº TC/0616/18 de Tribunal Constitucional, 21-12-2018

Fecha de Resolución:21 de Diciembre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Juan Rodríguez contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.

 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
SENTENCIA TC/0616/18 Referencia: Expediente núm. TC-04-
2017-0017, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesto por J.
.
R. contra la Sentencia núm.
28, dictada el seis (6) de abril de dos
mil dieciséis (2016) por las Salas
Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia.
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho
(2018).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.
.
R..G., presidente; L..V.S., segundo sustituto; H.
.
A. de los Santos, A.I.B.H., J.P.C.
.
K., V.J.C.P., R.D.F., V.G.
.
B., W..S.. G..R. e I..R., en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de
junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
I. ANTECEDENTES
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1. Descripción de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 28, objeto del presente recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, fue dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las
Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia; su dispositivo es el siguiente:
Primero: Rechazan el recurso de casación interpuesto por J.R.
contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del
Departamento Norte, el 15 de diciembre del 2010, cuyo dispositivo se ha
copiado en la parte anterior del presente fallo; Segundo: C.an a la
parte recurrente al pago de las costas y las distrae en favor del Dr. J.
.
C.C..G. y los licenciados C.C. de B. y
A.G.U.M., abogados de la parte recurrida, quienes afirman
haberlas avanzado en su totalidad.
En el expediente no consta notificación de la sentencia recurrida a J.R.,
recurrente en revisión constitucional.
2. Presentación del recurso de revisión
El recurrente, J..R., interpuso el presente recurso de revisión
constitucional el primero () de agosto de dos mil dieciséis (2016) ante la
Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, recibido por este tribunal constitucional
el seis (6) de enero de dos mil diecisiete (2017), con la finalidad de que sea anulada
la Sentencia núm. 28, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016).
Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, sociedad Negociadora
Dominicana, S.R.L., mediante Acto núm. 917/2016, de diecinueve (19) de
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diciembre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial E.
.
M.E., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia.
3. Fundamentos de la sentencia recurrida
Los fundamentos expuestos por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia
fueron los siguientes:
3.1 Considerando: que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia,
en su sentencia de envío, de fecha 30 de julio de 2008, casó la decisión del
Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, de fecha 29 de
noviembre del 2007, porque dicho Tribunal debió analizar el cumplimiento
de los requisitos exigidos por la ley para la realización de un deslinde;
3.2 Considerando: que, tomando en cuenta el motivo esencial de la
casación, el Tribunal A-quo procedió al estudio y ponderación de cada una
de las piezas que conforman el expediente; comprobando los hechos y
circunstancias siguientes:
1. Que de conformidad con el informe de inspección realizado por el
agrimensor J..A.D.G., las parcelas 82-B-1 y 82-B-1-B del
Distrito Catastral No. 16 del Distrito Nacional, L..C., están
ocupadas por la Negociadora Dominicana, C..p.A., y que sus rumbos y
linderos se corresponden tanto en el plano como en el terreno, por lo que se
trata del mismo inmueble;
2. Que tanto la venta a la Compañía Negociadora Dominicana, C. por
A., mediante acto bajo firma privada suscrito con el legitimo (sic)
propietario, señor C.J.S..B., debidamente notariado por
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J.S.B., ni a J.R. y que no legalizo (sic) el supuesto
acto de venta suscrito entre ellos;
5. Que existe una certificación en la que se hace constar que el supuesto
contrato que da origen a los derechos argüidos por J.R. no se
encuentra en los archivos de la Jurisdicción Inmobiliaria, ni éste nunca ha
presentado el mimo;
6. Que existe certificación de la Dirección Nacional de Registro de
Títulos que establece que el supuesto certificado de títulos en el que el señor
J..R. fundamenta su derecho de propiedad presenta serias
anomalías que revelan inequívocos vicios de falsedad;
7. Que existe en el expediente una inspección realizada por la Dirección
General de Catastro Nacional, en la que se hace constar que los rumbos y
estaciones que componen el supuesto trabajo técnico de deslinde que dieron
origen a la Parcela 82-B-1-B, están superpuestos sobre la Parcela 82-B-1,
propiedad de la Negociadora Dominicana, C. por A.;
8. Que existe una certificación en la que se hace constar que el original
de constancia anotada en el Certificado de Titulo (sic) No. 64-4020, que
ampara el derecho de propiedad de Negociadora Dominicana, C. por A., se
extravió mientras estaba en el archivo de la Secretaría del Tribunal de
Jurisdicción Original;
3.3 Considerando: que, la facultad que tienen los jueces del fondo de
apreciar las pruebas que se les aporten y de esa apreciación formar su
criterio sobre la realidad de los hechos en que las partes sustentan sus
respectivas pretensiones, permite a éstos, entre pruebas disímiles,
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fundamentar sus fallos en aquellas que les merezcan más créditos y
descartar las que, a su juicio, no guarden armonía con los hechos de la
causa;
3.4 Considerando: que el recurrente igualmente alega que el Tribunal A-
quo hace una incorrecta apreciación de las pruebas al tomar como único
fundamento la Certificación rendida de manera ilegal por el Registrador de
Títulos ya que este (sic) no es el competente para expedir dicha certificación
a requerimiento de quien la hizo, por entender que, según lo dispuesto por el
Art. 104, de la Ley 108-05, sobre Registro de Títulos (sic), sólo pueden ser
expedidas dichas certificaciones por el Registrador de Títulos y bajo la
solicitud del propietario o los propietarios del inmueble, jueces, Comisión
Inmobiliaria, representantes del Ministerio Público y de titulares y
beneficiarios de derechos reales accesorios, cargas, gravámenes y medidas
provisionales;
3.5 Considerando: que del examen de las conclusiones producidas por el
recurrente ante el Tribunal a-quo, y de las demás piezas del expediente, se
evidencia que los agravios ante aludidos no se hicieron valer ante los jueces
del fondo; los que eran llamados a conocerlos; que al ser sometido (sic) por
primera vez en casación los citados alegatos sin que fueran sometido (sic) a
debate ante los referidos jueces, su presentación, en tales condiciones,
constituye un medio nuevo en casación, por lo que procede declararlo
inadmisible sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente
decisión;
3.6 Considerando: que la recurrente entre sus alegatos hace también
valer que la compañía Negociadora Dominicana, S., ostenta la calidad de
tercero frente a la relación contractual surgida entre el vendedor original y
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el señor J..R., hoy recurrente, por lo tanto se encuentra
inhabilitado para perseguir en justicia;
3.7 Considerando: que respecto de lo planteado por el recurrente, somos
de criterio que el principio de relatividad de las convenciones no es
absoluto, visto que en la especie se trata de una persona con un derecho
registrado en relación a (sic) la propiedad deslindada, en el entendido de
que la parte recurrida Negociadora Dominicana, S., presenta un vinculo
efectivo con la propiedad objeto de litigio, procede rechazar el medio
casacional planteado, por estas Salas Reunidas no considerar que se
constituye la condición de tercero de estos (sic) frente a la relación
contractual surgida entre el hoy recurrente J.R. y el vendedor
original, respecto a la Parcela No. 82-B-1 y 82-B-1-B, del Distrito Catastral
No. 16 del Distrito Nacional;
3.8 Considerando: que en efecto, el tribunal a-quo comprobó que la
Compañía Negociadora Dominicana, C. por A., adquirió la propiedad
objeto del litigio mediante acto bajo firma privada suscrito con el legítimo
propietario, señor C.J.S..B., debidamente notariado por
el Lic. E.S., Abogado-Notario delos del numero para el
Distrito Nacional, siendo este acto de fecha diez (10) del mes de abril del
año mil novecientos setenta y tres (1973) e inscrito ante el Registro de
Títulos correspondiente el doce (12) del mes de abril de año mil novecientos
setenta y tres (1973), motivo por el cual no se satisface la alegada condición
de tercero de la Compañía Negociadora Dominicana, C. por A., frente al
bien inmueble objeto del deslinde que originó la presente Litis sobre
Derechos Registrados, que, a la vez, origino (sic) la sentencia ahora
recurrida;
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3.9 Considerando: que el recurrente dentro sus medios de casación alega
que no existe objeto de litigio puesto que la parcela que fue objeto de litigio
propiedad del señor J.R. es distinta a la parcela que alega es
propietaria la Negociadora Dominicana, S.;
3.10 Considerando: que como comprobó el tribunal a-quo, y contrario a lo
alegado por la parte hoy recurrente, existe constancia en el expediente de
una inspección realizada por la Dirección General de Catastro Nacional, en
la que se hace constar que los rumbos y estaciones que componen el
supuesto trabajo técnico de deslinde que dieron origen a la Parcela 82-B-
1B, están superpuestos sobre la Parcela 82-B-1, propiedad de la
Negociadora Dominicana, C. por A.;
3.11 Considerando: que la normativa inmobiliaria prevé como
irregularidades insubsanables, entre otras, los casos en los cuales no sea
posible aplicar correctamente el principio de especialidad con relación a
los sujetos, al objeto y a la causa del derecho registral;
3.12 Considerando: que frente a la impugnación de un deslinde realizado
sin citar a los condueños, ni a los colindantes de la parcela y que además el
mismo se haya hecho sobre una porción de terreno que no estaba siendo
ocupada por el deslindante, sino por otra persona, como ocurrió en el caso
de que se trata, resulta evidente, que la comprobación por el tribunal de
tales circunstancias e irregularidades debe conducir al rechazamiento de
los trabajos, como acertadamente lo hizo, en este caso, el tribunal que dictó
la sentencia impugnada, al comprobar que el agrimensor contratado por el
recurrido no respetó la ocupación de otros condueños, ni citó a los mismos
para que estuvieran presentes en los momentos en que dichos trabajos de
campo eran realizados, a fin de dejar constancia de que el deslindante no
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tenía la ocupación física de la porción de terreno a deslindar, de tal manera
que al ser sometidos a la aprobación por el tribunal, se determine si esos
trabajos debían ser aprobados por resolución en cámara de consejo o si por
el contrario debía apoderarse a un J. de jurisdicción original para su
conocimiento, en forma contradictoria;
3.13 Considerando: que la comprobación por el Tribunal A-quo de la
inobservancia e incumplimiento por el agrimensor y por el recurrente de las
obligaciones exigidas por la ley, cuando se procede a realizar un deslinde,
debe, como ocurrió en la especie, conducir no sólo al rechazamiento de los
trabajos sino además a la revocación de la resolución que los haya
previamente aprobado, como lo expresa el Tribunal A-quo en su decisión;
3.14 Considerando: que ha sido criterio de esta Corte de C.ón que la
facultad que tienen los jueces del fondo de apreciar las pruebas que se les
aporten y de esa apreciación formar su criterio sobre la realidad de los
hechos en que las partes sustentan sus respectivas pretensiones, permite a
éstos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus decisiones en aquellas (sic)
que les merezcan más créditos y descartar las que, a su juicio, no guarden
armonía con los hechos de la causa; que al examinar una prueba y restarle
valor para el establecimiento del hecho que se pretende probar, el tribunal
no está ignorando la misma, ni incurriendo en el vicio de falta de
ponderación de la prueba, sino que hace un uso correcto de ese poder de
apreciación de que dispone, siempre que al hacerlo no incurra en
desnaturalización, lo que sólo ocurre cuando no se les ha dado, en el
proceso, el verdadero sentido y alcance a los hechos y documentos, por
parte de los jueces del fondo; lo que no ha ocurrido en el caso de que se
trata;
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3.15 Considerando: que el análisis de la sentencia impugnada y los medios
presentados por la parte hoy recurrente, pone en evidencia que el Tribunal
A-quo hizo una correcta ponderación de los medios de prueba debidamente
aportados por las partes, dándoles el valor probatorio adecuado; que, tras
la ponderación de los mismos, y, en uso de su soberano poder de
apreciación llegó a la conclusión de que las pretensiones de la reclamante
inicial, compañía Negociadora Dominicana, C. por A., ahora recurrida en
casación, estaban fundamentadas en pruebas legales; lo que le llevó a
acoger sus reclamaciones, sin incurrir en los vicios denunciados en los
medios de casación que se examinan; dando motivos suficientes para
justificar su fallo.
4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión
El recurrente en revisión, J.R., procura que se anule la sentencia objeto
del presente recurso. Para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos, los
siguientes:
4.1 A que, de conformidad con la CERTIFICACION, CERT-RM 163/10,
de LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO
DOMINGO, en los archivos correspondientes al Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en Virtud de las
Leyes 3-02 de fecha 18 de enero de 2002 y 479-08 sobre Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada de fecha
11 de Diciembre del 2008, a la fecha no figura registrada la sociedad de
comercio NEGOCIADORA DOMINICANA, CXA (sic).
4.2 A que, lo anteriormente citada (sic) prueba, que no basta con obtener
el simple nombre de un registro Comercial, que es requisito S. qua non,
cumplir con el mandato de la Ley, para poder operar como compañía.
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Establecido y probado así, está fuera de duda que la sociedad de comercio
NEGOCIADORA DOMINICANA, CXA., a la luz del derecho es Inexistente.
Lo demás es cualquier cosa (sic).
4.3 A que, en el caso del derecho de propiedad del S..J...
.
R., no puede ser casual, que estando todos los documentos antes
citados, los mismos no allan sido ponderados, por LOS JUZGADORES DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO NORTE. El
presente caso puede ser investigado de oficio por los Juzgadores del
Tribunal Constitucional […]. Esto se trata de un acto de prevaricación
Judicial […]. (sic)
4.4 […] no es verdad, ni puede serlo, que una misma propiedad tenga, un
título de propiedad totalmente deslindado como el del S..J.
.
R., y a la vez exista una Constancia Anotada, el título de
propiedad aniquila la Constancia anotada. Pero, además, Es falso de toda
falsedad, que la Inexistente Compañía Negociadora Dominicana C X A,
tenga un solo metro de tierras en ese lugar, no existe en derecho una solo
formula, teoría o como quiera que se le llame, que solucione un caso de una
sociedad de comercio que solo Registro el Nombre en el 1977, que no se
Registro Legalmente, y compre válidamente tres (03) antes, en el 1974 (sic).
4.5 A que, la revisión en casación de las decisiones, en cuanto a la
valoraciones de los distintos medios de pruebas, debe estar sujeta a la regla
de la sana crítica, cuando se trate de valoraciones absurdas o ilógicas,
como en el caso de la especie, sin que ello supusiera convertir la casación
en una tercera instancia. Una decisión apartada de la verdad de los hechos,
equivale a un sistema de arbitrariedad. Caer en el extremo de renunciar a
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establecer la verdad conlleva a la estructuración de sistemas procesales de
carácter totalitario (sic).
4.6 […] la vía de hecho, no puede consistir, en el desconocimiento
absoluto del material probatorio existente a la vista de los Juzgadores, en la
vulneración del debido proceso, así solo actúan juzgadores arbitrarios. La
falta de conexidad entre lo probado y lo deducido por el juez, es una
violación al debido proceso, basar una decisión en el desconocimiento de
las pruebas existentes en perjuicio de una de la parte, en el caso del
R..S..J..R., es una arbitrariedad de los
juzgadores, en mayor grado un acto de prevaricación Judicial (sic).
4.7 A que, el principio fundamental de toda la actividad jurisdiccional del
Estado de derecho, lo constituye la racionalidad de las decisiones, las
cuales deben guardar relaciones con la coherencia interna del proceso, es
decir, es un fenómeno estructural, donde se expresa el ejercicio de la razón
como regla absoluta de verdad, de los actos humanos: sin la cual se
desnaturaliza el acto jurisdiccional y aparece la Arbitrariedad, como en el
caso en cuestión (sic).
4.8 A que, en materia de valoración probatoria, la racionalidad supone
necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, responsables
y serios, de parte de los juzgadores. Las partes no sólo tienen el derecho
subjetivo a que el juez valore la prueba, sino que también lo haga en forma
racional, respectando el debido proceso. La irracionalidad en la valoración
de la prueba atenta contra el debido proceso y el derecho de defensa. La
racionalidad de la actividad jurisdiccional emerge del axioma
constitucional del imperio de la ley. Cuando el Juzgador o los Juzgadores,
ignoran el valor de las pruebas u omiten la valoración, sin dar razón
valedera prevarican. La valoración de las pruebas por parte del Juzgador
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tiene que ser con imparcialidad, honestidad, transparencia, razonabilidad,
de buena, exenta de arbitrariedad, en el entendido de que los Juzgadores,
son y deben ser tercero imparciales, solo atados al imperio de la ley (sic).
4.9 La Razón Social NEGOCIADORA DOMINICANA C X A, adquirió su
nombre el 16 de Diciembre del año 1977, lo que es imposible que en el
1974, pudiese realizara algún tipo de operación, ante de existir. Ver
CERTIFICACIÓN DE LA OFICINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE
LA SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (sic).
4.10 De conformidad con la Certificación Marcada como RM163/10,
emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en
fecha 1ro., de Febrero del año 2010, la sociedad de comercio
NEGOCIADORA DOMINICANA C. X A., no tiene Registro Mercantil (sic)
4.11 La inexistente sociedad de comercio NEGOCIADORA
DOMINICANA, C X A., tiene cono Presidente al Señor ARMANDO DE
J.R.N., dominicano, mayor de edad, Titular de la
Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0088498-0, nacido el día 24 del
mes de diciembre del año 1961, si se hace un simple cálculo matemático
llegamos fácilmente a las siguientes conclusiones. Que el Señor ARMANDO
DE J..R.N., no había cumplido 16 años de edad. Para
cumplir los 16 años de edad. Para cumplir los 16 años de edad, le faltaban
8 días, por haber nacido el día 24 del mes de diciembre del año 1961, lo que
prueba que dicho señor para la época era un simple niño, no llegaba ni a la
categoría de adolescente (sic).
4.12 A que, lo antes citado, no da lugar a interpretación, la supuesta
Compañía Negociadora Dominicana C por A., no le pudo haber comprado,
al S..C.J..S.B., en fecha 10 de Abril del año 1973, el
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inmueble que este le vendió lícitamente, y sin impedimento alguno al S.
.
J.R.. La Certificación de fecha 3 de Octubre año 2008, emitida
por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, prueba que la supuesta
Compañía Negociadora Dominicana C por A, tiene registro de nombre
Comercial, con vigencia a partir del 16 de diciembre del 1977, hasta el 16
de diciembre del 1997. Esta Certificación de fe pública, prueba, que la
supuesta Compañía Negociadora Dominicana C por A., no solo, no estaba
Constituida, en fecha 10 de Abril del año 1973, esta no tenía, ni nombre
Comercial para la época. Lo antes citado prueba que la supuesta Compañía
Negociadora Dominicana C por A., no es verdad que realizo acto de
Comercio en el año 1974, en el caso de la especie, la supuesta Compañía
Negociadora Dominicana C por A., no le pudo haber comprado, al S.
.
C.J.S.B., en fecha 10 de Abril del año 1973, el inmueble,
que este le vendió lícitamente, y sin impedimento alguno al S..J.
.
R. (sic).
4.13 Violación al debido proceso por falta de ponderación de documentos
probatorios.
4.14 Violación del derecho de propiedad por lo siguiente:
a. Inexistencia de la causa de la litis, en cuanto al deslinde, invocada en
diferentes oportunidades por la parte recurrente.
b. Ponderación arbitraria, de mala fe y amoral del informe doloso de
fecha 11 de agosto de 2010, rendido por el Director Nacional de Registro de
Títulos, Dr. W..G..R., en contraposición a los oficios,
certificaciones y historial, dado por la registradora de títulos R.
.
C..
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c. No ponderación del origen del Derecho de Propiedad de J...
.
R., establecido en el Certificado de Título núm. 96-6059 de fecha 28
de julio de 2006, firmado por R.C..
d. Al ordenarse la cancelación del Duplicado del Dueño del Certificado
de Título núm. 96-6059, expedido el 28 de julio de 2006, que ampara los
derechos de J.R..
4.15 A que, es preciso aclarar, que la venta realizada, por el Señor
CARLOS JUAN SELIMAN BULOS, al S.J.R., de una
superficie de 7,589.00 metros cuadrados, en fecha 24 de Noviembre del año
1974, en su calidad de propietario, fue inscrita el 22 de diciembre del año
1995, asentado en el Libro de Títulos No. 2633, Folio 094, Hoja 060, nunca
ha sido cuestionada por sus continuadores jurídicos, lo que la hace perfecta
(sic).
4.16 A que, los sistemas registrales de derechos o de fe pública, como el
nuestro, se caracterizan porque producen, junto con otros, un efecto
fundamental denominado, precisamente, “Fe Pública Registral” […].
4.17 A que, es de principio, que si el objeto de la demanda, es inexistente,
como ocurre en el caso de la especie, donde esta absolutamente probado
más allá de cualquier duda razonable, que el derecho de propiedad del
Señor JUAN RODRÍGUEZ, es el producto de una Transferencia, no así, de
una fantasma e imaginario deslinde, es en ese orden, que la Litis en cuestión
devenía en Nula por carecer de objeto y por ser mal perseguida (sic).
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión
La parte recurrida, Negociadora Dominicana, S.L., en su escrito de defensa
depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el catorce (14) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), pretende que se declare inadmisible el
recurso por no cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 53 de la Ley
núm. 137-11, y de manera subsidiaria solicita el rechazo del fondo del recurso,
argumentando lo siguiente:
5.1 La sociedad comercial Negociadora Dominicana, S.R.L. tiene calidad para
actuar en justicia
toda vez que la referida sociedad comercial fue constituida en fecha dos (2)
del mes de marzo del año mil novecientos setenta y tres (1973), tal y como lo
establece el CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL, emitido por la
CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO,
numerada con el registro 100771SD.
5.2 Es importante destacar, que fue sumamente ponderado en todo el
proceso judicial que el supuesto Contrato de Venta, con el que
supuestamente el señor J..R. adquirió el inmueble en
cuestión, aún siendo ejecutado supuestamente en el 1995, así como la
adulteración de los Certificados de Título (los cuales siempre fueron
aportados a los expedientes objeto de la presente litis en fotocopias); así
como la sustracción en el tribunal de tierras de jurisdicción original del
certificado de títulos de nuestro representado y que bajo esas circunstancias
haya perseguido el desalojo del inmueble sin que hayan sido cumplidos los
requisitos que son establecidos por nuestra legislación dentro del marco del
debido proceso de ley.
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia. Página 17 de 70
5.3 Lo que parece obviar el recurrente es que desde el inicio del proceso
siempre rehuyó a su deber de depositar el original de su supuesto
certificado de Título, sino que más bien, durante el proceso, a pesar de que
existía una oposición sobre el inmueble, obtuvo un certificado de pérdida, lo
que se enmarca dentro de lo que establecen los artículos 6, 10, 134, 137 y
139 del Reglamento General de Registros de Títulos, de cuya lectura se
desprende que la información del estatus jurídico de un inmueble es pública
para todo el que tenga interés en conocer el estado jurídico del inmueble,
que respecto de los registros que no cuenten con un sistema digitalizado de
documentación el acceso a los documentos depositados ante ellos se hará de
conformidad con las medidas de seguridad e integridad definidas por la
Dirección Nacional de Registros de Títulos; que la publicidad registral se
manifiesta, entre otros modos, mediante informes y podrán haber
mecanismos complementarios de información sobre actuaciones de los
Registros de Títulos.
5.4 El tribunal a-quo tomó en cuenta en su decisión, los documentos
aportados por las partes y en virtud de su soberano derecho de apreciación
de las pruebas, otorgó a cada uno la preponderancia que estimó a cada uno
de ellos.
5.5 Tanto las Certificaciones expedidas por la SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA, comprobando la fecha en la que el DR. M..S.
(sic) GUERRERO, fue nombrado Notario Público, como la DECLARACION
JURADA de dicho abogado, en la que especifica que no legalizó el supuesto
Contrato de Venta suscrito entre J.R. (sic) y C.
.
J.S..B., comprueban un fraude específico, no se trata de
cuestiones de forma que pueden ser cubiertas en el proceso; asimismo, este
República Dominicana
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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Honorable Tribunal, en su momento, podrá comprobar que dentro del
legajo de documentos se encuentra CERTIFICACION (sic) expedida por la
REGISTRADORA DE TITULOS (sic) DEL DISTRITO NACIONAL, de fecha
22 de octubre del 2004, en la cual hace constar que: “La Negociadora
Dominicana, es propietaria de una porción de terreno, con una extensión
superficial de 7,589 M2, dentro del ámbito de la parcela No. 82-B-1 del
Distrito Catastral No. 16, Anotada en el Certificado de Titulo (sic) No. 64-
4020”.
5.6 También podrá comprobar la existencia de la CERTIFICACION (sic)
que expide el Archivo Central del Tribunal de Tierras, de fecha 10 de marzo
del 2006, que da constancia “de que en los archivos procesados por el
SIRCEA, hasta la fecha, no existe el acto de venta de fecha 24 de noviembre
de 1974 suscrito entre J..R. y C..J..S..B., lo
que comprueba que se trató de un acto inexistente, que no tiene objeto, que
no genera obligaciones, ni la transmisión del derecho real de propiedad.
Pero este documento no fue considerado por el Tribunal a-quo, obviando y
desnaturalizando pruebas aportadas al proceso.
5.7 […] quedó comprobado durante todo el proceso, que la
documentación obtenida por J..R. en relación al inmueble
objeto de la Litis, fue producto de maniobras fraudulentas, que corrompen y
anulan cualquier alegato.
5.8 El maestro P.D., al tratar el tema de fraude y de la
máxima jurídica que comentamos, establece que: “Existe una diversidad de
sanciones que se vinculan a la teoría del fraude. Puede tratarse de la
nulidad del o de los contratos, de una ineficacia privando al acto del efecto
fraudulento buscado, hacer recibibles (sic)acciones que no lo son”. Un acto
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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obtenido por fraude, no puede crear derechos en beneficio de los autores de
este fraude […].
5.9 Que no se hace evidente la transgresión de ningún derecho
fundamental del peticionario, una vez fue más que demostrado en el
proceso, que dicha persona carece de calidad y condición de propietario del
inmueble de que fue objeto la contestación que ocupa la atención de ese
honorable Tribunal Constitucional.
6. Pruebas documentales
Los documentos más relevantes del presente recurso de revisión constitucional son
los siguientes:
1. Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por
las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.
2. Acto núm. 917/2016, de diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), instrumentado por el ministerial E.M.E., alguacil
ordinario de la Suprema Corte de Justicia, que notifica el recurso de revisión.
3. Copia del Certificado de Titulo núm. 96-6059, a nombre de J.R.guez.
4. Acto núm. 615/2016, de diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), instrumentado por el ministerial E.M.E., alguacil
ordinario de la Suprema Corte de Justicia, que notifica la sentencia recurrida.
5. Acto núm. 420-2010, de diez (10) de abril de dos mil diez (2010),
instrumentado por el ministerial B.E..B., alguacil de estrados
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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del Tribunal de Niños, Niñas y A.ntes de la provincia Santo Domingo, de
comprobación de domicilio de Negociadora Dominicana, S.R.L.
6. Acto núm. 685/2016, de diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016),
instrumentado por el ministerial J..B. de la Rosa, alguacil ordinario de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que solicita
identificación de domicilio social de Negociadora Dominicana, S.R.L.
7. Acto núm. 530/2016, de veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016),
instrumentado por el ministerial J.G.C.M., alguacil ordinario
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, que solicita
identificación del domicilio social de Negociadora Dominicana, S.R.L.
8. Acto núm. 243/2011, de siete (7) de marzo de dos mil once (2011),
instrumentado por el ministerial M.O.E.T., alguacil de estrados
de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, mediante el cual se notifica el memorial de defensa.
9. Instancia de pedimento de observación de conflicto de interés, de siete (7) de
marzo de dos mil doce (2012), suscrita por los abogados de J.R.dríguez.
10. Certificación expedida por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento
Norte, de veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011), que señala que en ese
tribunal existe un expediente casado con envío.
11. Copia fotostática de certificación de la Cámara de Comercio y Producción
de Santo Domingo, de primero (1º) de febrero de dos mil diez (2010), en la que se
establece que no figura registrada la sociedad de comercio Negociadora
Dominicana, S.R.L.
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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12. Copia fotostática de quince (15) de junio de dos mil cinco (2005), emitida
por la registradora de títulos del Distrito Nacional, R..C., que certifica
que existe oposición a que se transfiera o se inscriban gravámenes sobre la parcela
núm. 82-B-1-B del Distrito Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, a
requerimiento de Negociadora Dominicana, S.R.L.
13. Comunicación de oficio del Registro de Títulos de Santo Domingo, Distrito
Nacional, de doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009), que rechaza la solicitud
de certificación realizada por C..C. de Bencosme, A..U. y
J.C.C.G., por tratarse de un historial.
14. Copia fotostática de dieciséis (16) de noviembre de dos mil siete (2007),
emitida por la registradora de títulos del Distrito Nacional, R.C., que
certifica que existe oposición a que se transfiera o se inscriban gravámenes sobre la
parcela núm. 82-B-1-B del Distrito Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, a
favor de Negociadora Dominicana, S.R.L.
15. Copia fotostática de la certificación expedida por la registradora de títulos
R.C. el trece (13) de marzo de dos mil nueve (2009), que informa que
el inmueble objeto de litigio es propiedad de J.R..
16. Certificación emitida por la registradora de títulos R..C. el once
(11) de septiembre de dos mil nueve (2009), que señala que la Sentencia núm. 3
del Tribunal Superior de Tierras, de ocho (8) de noviembre de mil novecientos
setenta y tres (1973), que ordenó la subdivisión en la parcela núm. 82-B-1 del
Distrito Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, fue ejecutada y que el Certificado
de Título núm. 62-4020 figura vigente.
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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17. Copia fotostática de la certificación expedida por la registradora de títulos
R..C., de dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009), en la
que indica que J.C..S.B. adquirió siete mil quinientos ochenta y
nueve metros cuadrados (7,589 mts²) en la parcela núm. 82-B-1 del Distrito
Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, y que en mil novecientos noventa y cinco
(1995) se registró un contrato de venta entre este y J..R., resultando el
Certificado de Título núm. 96-6059.
18. Copia del informe de once (11) de agosto de dos mil diez (2010), emitido
por la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
19. Certificación expedida por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial en la
que se hace constar que se encuentra registrada Negociadora Dominicana, S.R.L.,
de tres (3) de octubre de dos mil ocho (2008).
20. Plano de mensura catastral en el que se indica que la parcela núm. 82-B-1-B
del Distrito Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, pertenece a C.J.
.
S.B..
21. Contrato de compraventa suscrito entre C.J.S..i..B. y J...
.
C..C.E., en representación de Negociadora Dominicana, S.R.L.,
de doce (12) de abril de mil novecientos setenta y tres (1973).
22. Certificado de registro mercantil de Negociadora Dominicana, S.R.L. con
fecha de vencimiento de veintisiete (27) de agosto de dos mil diecisiete (2017).
23. Lista de accionistas presentes en la asamblea celebrada por Negociadora
Dominicana, S.R.L. el diez (10) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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24. Certificación expedida por el consultor jefe de supervisión SIRCEA del
Archivo Central de la Jurisdicción Inmobiliaria, de diez (10) de marzo de dos mil
seis (2006), en la que consta que no existe el contrato de venta suscrito entre J.
.
R. y C..J..S. el veinticuatro (24) de noviembre de mil
novecientos setenta y cuatro (1974).
25. Certificación expedida por el gestor de Archivo Permanente de la
Jurisdicción Inmobiliaria, de cuatro (4) de junio de dos mil diez (2010), en la que
consta que no existe el contrato de venta suscrito entre J..R. y C.s
J.S.B. el veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos setenta y
cuatro (1974).
26. Extracto de acta de defunción de C.J..S.B., de dos (2) de
abril de dos mil nueve (2009), en la que consta su fallecimiento el primero (1º) de
octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987).
27. Declaración jurada de trece (13) de junio de dos mil cinco (2005), en la que
consta que M.S.G. no conoció a J.R. ni a C.
.
J..S.B. ni legalizó el contrato de veinticuatro (24) de noviembre de
mil novecientos setenta y cuatro (1974).
28. Acta de asamblea de Negociadora Dominicana, S.R.L., de diez (10) de mayo
de dos mil dieciséis (2016).
29. Sentencia núm. 044, dictada el veinticinco (25) de enero de dos mil siete
(2007) por la Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del
Distrito Nacional.
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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30. Sentencia núm. 389, dictada el veintinueve (29) de noviembre de dos mil
siete (2007) por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.
31. Sentencia núm. 247, dictada el treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008)
por la Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-
Tributario de la Suprema Corte de Justicia.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos que figuran en el expediente, así como a los
argumentos y hechos invocados por las partes, J..C..S..B. y la
sociedad comercial Negociadora Dominicana, S.R.L. suscribieron un contrato de
compraventa en relación con el inmueble ubicado dentro del ámbito de la parcela
núm. 82-B-1 del Distrito Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, con una
extensión superficial de siete mil quinientos ochenta y nueve metros cuadrados
(7,589 mts²), por el cual el primero transfirió a la segunda la parcela antes indicada,
inscrito en constancia anotada en el Certificado de Título núm. 64-4020, expedida
a favor de la entidad comercial el doce (12) de abril de mil novecientos setenta y
tres (1973).
El inmueble en cuestión fue objeto de un proceso de deslinde y subdivisión, según
la Sentencia núm. 3, del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito
Nacional, de ocho (8) de noviembre de mil novecientos setenta y tres (1973),
ratificada por el Tribunal Superior de Tierras el dieciocho (18) de diciembre de mil
novecientos setenta y tres (1973), del cual resultó la parcela núm. 82-B-1-B del
Distrito Catastral núm. 16 a nombre de C..J.S.B., amparada en el
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Certificado de Título núm. 96-6038. Posteriormente, C.J.S.B. le
vende la misma extensión de terreno a J..R. el veinticuatro (24) de
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), resultando el duplicado del
dueño del Certificado de Título núm. 96-6059 a favor del comprador.
La sociedad comercial Negociadora Dominicana, S.R.L. demandó la nulidad de los
trabajos de deslinde y subdivisión realizados en la parcela núm. 82-B-1 del Distrito
Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, la cancelación del Certificado de Título
núm. 96-6059 y el mantenimiento de los efectos jurídicos de la carta constancia en
el Certificado de Título núm. 64-4020 ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción
Original del Distrito Nacional, cuya Sentencia núm. 044, de veinticinco (25) de
enero de dos mil siete (2007), acogió las conclusiones formuladas por la
demandante; decisión que fue recurrida en apelación por J.R.dríguez ante el
Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el cual acogió
parcialmente las conclusiones del recurrente y revocó la sentencia de primer grado
mediante la Sentencia núm. 389, de veintinueve (29) de noviembre de dos mil siete
(2007).
Esa sentencia fue impugnada en casación ante la Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia, órgano que casó la sentencia y ordenó el envío del expediente,
mediante el fallo consignado en la Sentencia núm. 247, de treinta (30) de julio de
dos mil ocho (2008), al constatar la violación a disposiciones de la Ley núm. 108-
05, de Registro de Tierras. En ocasión del envío, el Tribunal Superior de Tierras
del Departamento Norte rechazó los medios presentados por J.R. en la
sentencia dictada el quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010), por lo que
procedió a impugnarla en casación y cuyo rechazo dio origen al recurso de revisión
que nos ocupa.
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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8. Competencia
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud
de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm.
137-11.
9. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión
Este tribunal estima que el recurso es admisible por las razones siguientes:
9.1 El artículo 54.1 dispone el plazo de treinta (30) días para la interposición del
recurso de revisión de decisión jurisdiccional, contado a partir de la notificación de
la sentencia. En la especie, se considera que el plazo en cuestión nunca comenzó a
correr debido a que al momento en fue depositada la instancia contentiva del
recurso -primero (1º) de agosto de dos mil dieciséis (2016)- la Sentencia núm. 28
no había sido notificada; por consiguiente, se estima que el plazo nunca comenzó a
correr, tal como lo apreciara este tribunal, entre otras, en la Sentencia TC/0135/14,
de ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), al expresar lo siguiente:
[…] este tribunal considera necesario aclarar que la sentencia recurrida
por el Señor J..B.M. no había sido notificada a la fecha
de presentación del recurso, de manera que el plazo para la interposición
del mismo nunca empezó a correr, teniendo que considerarse, por ende, que
el recurso ha sido presentado dentro del plazo previsto por el artículo 54.1
de la Ley 137-11.
9.2 Conforme lo dispone el artículo 277 de la Constitución, los recursos de
revisión de decisiones jurisdiccionales proceden contra sentencias que hayan
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), fecha de la entrada en vigencia de
la Constitución. En la especie, se trata de un recurso de revisión interpuesto contra
la Sentencia núm. 28, emitida por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016).
9.3 La parte recurrida, Negociadora Dominicana, S.R.L., solicita que se declare
inadmisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
.
R., por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 53 de la
Ley núm. 137-11.
9.4 Sobre ese particular, es preciso señalar que la parte recurrida no fundamenta
su petición, por lo que este tribunal la rechaza en el entendido de que no ha sido
colocado en condiciones de evaluar los motivos de su pretensión. No obstante, es
de rigor procesal el análisis de las condiciones dispuestas en el artículo 53 de la
Ley núm. 137-11, por lo que este colegiado procede a examinarlas de oficio.
9.5 De acuerdo con el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal
Constitucional solo podrá revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al
veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), en los casos siguientes: 1) cuando
la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento,
resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional; 3) cuando se haya producido una violación de un derecho
fundamental.
9.6 J.R., recurrente en revisión, invocó la violación a derechos
fundamentales, de modo que, al estar en presencia de la tercera causal de
admisibilidad, amerita determinar si se cumplen las condiciones siguientes:
República Dominicana
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia. Página 28 de 70
1) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
2) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
3) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
9.7 Al respecto, es preciso señalar que en la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4)
de julio de dos mil dieciocho (2018), este tribunal estimó que en relación con esos
criterios de admisibilidad existe un número importante de decisiones que hacen
referencia a un grupo también importante de hipótesis, de modo que podría existir
aplicaciones divergentes al precedente establecido en la Sentencia TC/0057/12.
Esta situación condujo al Colegiado a examinar nuevamente esos criterios a fin de
determinar si era necesario realizar una modificación, aclaración o abandono de
algún precedente, pues el Tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo
suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan aplicarlos en
pro de la seguridad jurídica, la igualdad y racionalidad.
9.8 La indicada sentencia señala, además, que en aplicación de los principios de
oficiosidad y de supletoriedad, previstos en el artículo 7, numerales 11 y 12, de la
Ley núm. 137-11, y en atención al artículo 47, párrafo III, de esa ley que permite al
Tribunal Constitucional dar soluciones a casos acudiendo a modalidades de
sentencias propias del derecho procesal constitucional comparado, este tribunal
procede a hacer uso de las sentencias de unificación, utilizadas frecuentemente por
República Dominicana
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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la Corte Constitucional de Colombia, las cuales tienen como finalidad unificar
criterios en la jurisprudencia para resolver posibles contradicciones originadas por
decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o relación de derechos
fundamentales, para unificar criterios jurisprudenciales o cuando un asunto de
trascendencia lo amerite.
9.9 En ese tenor, esa decisión determinó que las sentencias de unificación del
Tribunal Constitucional proceden en los casos siguientes:
a. Cuando por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de
precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias o
posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones de
contenido o lenguaje.
b. Cuando por la existencia de una cantidad considerable de precedentes
posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina.
c. Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican a criterios
concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace necesario que el
Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la naturaleza de la cuestión.
9.10 Sobre la aplicación de los criterios de admisibilidad previstos en el artículo
53.3 de la Ley núm. 137-11, la citada sentencia justificó la unificación sobre la
base de la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra
jurisprudencia al aplicar el precedente de la Sentencia TC/0057/12; razón por la
que en lo adelante el Tribunal Constitucional optará por determinar si los requisitos
de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional,
dispuestos en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos,
de acuerdo al examen particular de cada caso. En efecto, el Tribunal asumirá que
República Dominicana
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se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles
contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se
produzca la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta
cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente
debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de
declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito (sic) se invocó en
la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la
violación.
9.11 Dada la unificación de criterios jurisprudenciales determinada en la
Sentencia TC/0123/18 y al artículo 31 de la Ley núm. 137-11, que establece que
las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y
constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos
del Estado, entre los que se incluye el propio Tribunal Constitucional, procede
examinar los requisitos de admisibilidad del presente recurso de revisión
atendiendo al criterio indicado en los párrafos precedentes.
9.12 En el caso que nos ocupa, la parte recurrente invocó la violación a los
derechos de defensa, de propiedad y del debido proceso por falta de estatuir ante la
Suprema Corte de Justicia, agotando de esta manera todos los recursos disponibles
dentro del Poder Judicial sin que las presuntas conculcaciones hayan sido
subsanadas. En ese sentido se satisfacen las exigencias de los literales a) y b) del
artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11.
9.13 Por otra parte, las violaciones aducidas a los derechos fundamentales se
imputan tanto a los tribunales de fondo como a las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia, de modo que se cumple el requisito dispuesto en el literal c) del
mencionado artículo 53.3.
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia. Página 31 de 70
9.14 Por su parte, el párrafo del artículo 53 de la citada ley sujeta la revisión del
recurso a la especial trascendencia o relevancia constitucional, concepto que al ser
abierto e indeterminado fue precisado en la Sentencia TC/0007/12, de veintidós
(22) de marzo de dos mil doce (2012), al especificar los supuestos que deben
verificarse para el cumplimiento de este requisito, los cuales son:
1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los
cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que
permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o
normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,
modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan
al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones
jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos
fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema
jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución
favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
9.15 En ese sentido, este tribunal entiende que el presente recurso de revisión
satisface este requisito, pues le permitirá determinar si los derechos a la propiedad,
de defensa y del debido proceso han sido vulnerados a consecuencia de la
interpretación dada a su contenido por parte del órgano jurisdiccional de donde
emana la sentencia recurrida, razón por la que el recurso deviene admisible y este
tribunal procede a examinarlo.
10. Sobre el fondo del recurso
10.1 La especie se contrae a un recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por J.R. en contra de la Sentencia núm. 28,
dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de abril
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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de dos mil dieciséis (2016), bajo el argumento de que esa decisión le vulnera los
derechos de propiedad, de defensa y del debido proceso por falta de ponderación
de los documentos aportados, consagrados en los artículos 51 y 69 de la
Constitución.
10.2 Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia rechazaron el recurso de
casación incoado por J.R. contra la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Tierras del Departamento Norte el quince (15) de diciembre de dos mil
diez (2010), cuyo fallo rechazó el fondo del recurso de apelación interpuesto por
J.R. y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Tierras de
Jurisdicción Original del Distrito Nacional. La decisión de primer grado acogió la
demanda sobre derechos registrados interpuesta por Negociadora Dominicana,
S.R.L. y ordenó al registrador de títulos del Distrito Nacional lo siguiente:
- Cancelar el duplicado del dueño del Certificado de Título núm. 96-6059,
expedido el veintiocho (28) de julio de dos mil seis (2006),
1
que ampara los
derechos de J..R. en la parcela núm. 82-B-1-B del Distrito Catastral
núm. 16, del Distrito Nacional.
- Cancelar la constancia anotada en el Certificado de Título núm. 64-4020,
expedida el doce (12) de abril de mil novecientos setenta y tres (1973), que ampara
los derechos de Negociadora Dominicana, S.R.L.
- Expedir un nuevo certificado de título y el correspondiente duplicado del
dueño a favor de Negociadora Dominicana, S.R.L. respecto de la parcela núm. 82-
1
El tribunal de primer grado requirió a J.R. el depósito del Certificado de Título núm. 96-6059, expedido el ocho (8)
de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), en cuya ocasión el recurrente expresó que estaba retenido para la concertación
de un préstamo; sin embargo, posteriormente depositó un Duplicado del Dueño obtenido por pérdida del anterior conforme a la
Resolución de nueve (9) de junio de dos mil seis (2006), dictada por el Tribunal Superior de Tierras, expedido libre de hipotecas
pero afectado de la oposición inscrita por Negociadora Dominicana, S.R.L. el veinticinco (25) de marzo de dos mil cinco (2005).
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
.
R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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B-1 del Distrito Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, con una extensión
superficial de siete mil quinientos ochenta y nueve metros cuadrados (7,589 mts²),
limitada al norte por la parcela núm. 82-B-1-C, al este por la carretera Cachón de la
Rubia, al sur por la parcela núm. 82-B-1-A y al oeste por la parcela núm. 84, libre
de gravamen.
10.3 De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente:
a. El doce (12) de abril de mil novecientos setenta y tres (1973), Negociadora
Dominicana, S.R.L. adquirió la parcela núm. 82-B-1 del Distrito Catastral núm. 16,
del Distrito Nacional, con una extensión superficial de siete mil quinientos ochenta
y nueve metros cuadrados (7,589 mts²), que pertenecía a C..J.S.
.
B., en cuyo caso en la misma fecha fue inscrita la constancia anotada en el
Certificado de Título núm. 64-4020 a favor de la compradora.
b. Se realizaron los procesos de deslinde y subdivisión de la parcela núm. 82-
B-1 del Distrito Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, aprobados mediante la
Sentencia núm. 3, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original el ocho (8) de
noviembre de mil novecientos setenta y tres (1973) y ratificados por el Tribunal
Superior de Tierras el dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos setenta y
tres (1973), de los cuales resultó la parcela núm. 82-B-1-B propiedad de C.
.
J.S.B., amparada en el Certificado de Título núm. 96-6038, así como
las parcelas núm. 82-B-1-W y 82-B-1-C de la subdivisión practicada a la parcela
núm. 82-B-1-A.
c. El veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro
(1974), J.R. compró a C..J.S..B. la misma parcela y
extensión territorial indicados en el literal a) de este acápite, cuya compraventa fue
registrada en el Certificado de Título núm. 96-6059 el veintidós (22) de diciembre
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia. Página 34 de 70
de mil novecientos noventa y cinco (1995) y posteriormente fue expedido el
duplicado del dueño el ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996) a
favor del comprador.
d. Mediante la sentencia in voce del dieciséis (16) de marzo de dos mil cinco
(2005), el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original hizo constar la existencia de
una sentencia dictada en mil novecientos setenta y tres (1973) y aprobada en mil
novecientos noventa y cinco (1995) sobre un deslinde cuestionado en audiencia, y
en vista de la diferencia en la designación catastral que exhiben la constancia
anotada en el Certificado de Título núm. 64-4020 expedida a nombre de
Negociadora Dominicana, S.R.L. y el duplicado del dueño del Certificado de
Título núm. 96-6059 emitido a favor de J..R., solicitó a la Dirección
General de Mensuras Catastrales verificar la situación técnica real del inmueble a
fin de determinar si se trata de la misma porción de terreno. La Dirección de
Mensuras Catastrales determinó que los linderos de la parcela núm. 82-B-1 se
corresponden con los de la parcela núm. 82-B-1-B tanto en plano como en el título
y terreno.
e. Negociadora Dominicana, S.R.L. no fue puesta en causa de los procesos de
deslinde y subdivisión antes indicados.
10.4 Los motivos que condujeron al rechazo del recurso de casación por parte de
las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia se centraron, entre otros
aspectos, en
la facultad que tienen los jueces del fondo de apreciar las pruebas que se les
aporten y de esa apreciación formar su criterio sobre la realidad de los
hechos en que las partes sustentan sus respectivas pretensiones, permite a
éstos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus fallos en aquellas que les
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia. Página 35 de 70
merezcan más créditos y descartar las que, a su juicio, no guarden armonía
con los hechos de la causa.
10.5 El recurrente, J.R., refutó ese argumento de la Corte de C.ón
en el sentido de que los documentos depositados no fueron valorados por el
Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte y que en el caso de la
Suprema Corte de Justicia, la revisión en casación de las decisiones, en cuanto a
las valoraciones de los distintos medios de pruebas, debe estar sujeta a la regla de
la sana crítica, cuando se trate de valoraciones absurdas o ilógicas, como en el caso
de la especie, sin que ello supusiera convertir la casación en una tercera instancia.
Adujo además que en materia de valoración probatoria, la racionalidad supone
necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, responsables y
serios, de parte de los juzgadores, y que las partes no sólo tienen el derecho
subjetivo a que el juez valore la prueba, sino que también lo haga en forma
racional, respectando (sic) el debido proceso. La irracionalidad en la valoración de
la prueba atenta contra el debido proceso y el derecho de defensa […]”.
10.6 Ciertamente, tal como aduce el recurrente, la valoración de los elementos
probatorios depositados por las partes debe estar sujeta al examen objetivo y
racional de cada uno de ellos, a fin de que se pueda legitimar el accionar de los
jueces en el marco de una decisión debidamente sustentada.
10.7 En la especie, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia
consideraron que los jueces de fondo actuaron correctamente al valorar las pruebas
aportadas, en cuyo caso le dieron mérito a aquellas que, a su juicio, se
correspondían con los hechos de la causa y le restaron valor a las que estimaron
improcedentes. Al respecto, es preciso apuntar que la apreciación de las pruebas es
una facultad de los jueces de fondo y por tanto, escapa al ámbito de actuación de la
Corte de C.ón, órgano que solo podría pronunciarse sobre ello si considerase
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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que el tribunal de segundo grado valoró de manera inexacta los elementos de
prueba presentados.
10.8 En efecto, del estudio del expediente se aprecia que los jueces de fondo
cancelaron el Certificado de Título núm. 96-6059, expedido el veintiocho (28) de
julio de dos mil seis (2006), que amparaba los derechos de propiedad de J.
.
R. en la parcela núm. 82-B-1-B del Distrito Catastral núm. 16, del Distrito
Nacional, con una extensión superficial de siete mil quinientos ochenta y nueve
(7,589 mts²), adquiridos el veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos
setenta y cuatro (1974) a C..J..S..B., debido a que la sociedad
comercial Negociadora Dominicana, S.R.L. no fue puesta en causa y por
consiguiente no estuvo presente en los procesos de subdivisión y deslinde de la
parcela núm. 82-B-1, a pesar de que el doce (12) de abril de mil novecientos
setenta y tres (1973) había comprado la misma porción de terreno a C.J.
.
S.B..
10.9 Respecto de la valoración de las pruebas, este tribunal estima que
corresponde a la jurisdicción ordinaria examinar los elementos probatorios
suministrados por las partes como medio de defensa. Esto así porque el rol de este
tribunal no consiste en conocer íntegramente los procesos sino en analizar los
aspectos relativos a la presunta vulneración de un derecho fundamental a tenor del
citado artículo 53.3, como sería, la violación a los derechos de defensa y al debido
proceso derivada de la falta de ponderación de los documentos depositados o la
falta de motivación atribuida a la imposibilidad de inferir las razones por las que el
tribunal de fondo procede a escoger unas pruebas y a desechar otras, cuestiones
que no se verifican en la especie.
10.10 A pesar de que el recurrente sostiene que no fueron analizados los
documentos depositados y por tanto se viola sus derechos de defensa y al debido
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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proceso, este tribunal estima que en el caso concreto no se está en presencia de las
vulneraciones argüidas, en razón de que las decisiones adoptadas por los jueces de
fondo, revisadas por la Suprema Corte de Justicia, se fundamentaron en la
irregularidad del proceso de subdivisión y deslinde que impidió que Negociadora
Dominicana, S.R.L. ejerciera su derecho de defensa, pese a que esta tenía derechos
en la referida parcela que ya se encontraban acreditados en la carta constancia.
10.11 Sobre la valoración de las pruebas y la revisión de los hechos, el Tribunal
Constitucional ha establecido que su rol es de control y garante de la Constitución,
tal como lo indica en la Sentencia TC/0130/13, de dos (2) de agosto de dos mil
trece (2013), en que dispuso: El legislador ha abierto la posibilidad de este
recurso, pero lo ha hecho de forma tal que ha dejado clara y taxativamente
establecido su propósito de evitar que el mismo se convierta en un recurso más y
que, con ello, este órgano constitucional se convierta en una especie de cuarta
instancia.
10.12 En ese mismo sentido se refirió el Tribunal Constitucional de España,
mediante la decisión de amparo
2
STC 105/83, de veintitrés (23) de noviembre de
mil novecientos ochenta y tres (1983), cuando expresó que
[…] la función del T.C. se limitará a concretar si se han violado o no los
derechos o libertades del demandante, preservándolos o restableciéndolos,
más absteniéndose de cualquier otra consideración sobre la actuación de
los órganos jurisdiccionales […], porque […] en el amparo constitucional
no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o
preservar los derechos o libertades por razón de las cuales se formuló el
recurso.
2
El proceso de amparo comporta las mismas características que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional establecido en la
Ley núm. 137-11.
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10.13 Atendiendo a los razonamientos expuestos, si el Tribunal Constitucional
valorara las pruebas, se produciría una conculcación al principio de seguridad
jurídica derivada de la revisión de procesos ya concluidos dentro del ámbito del
Poder Judicial, lo que a su vez implicaría una extralimitación de las funciones que
la Constitución le asigna a este tribunal y el incumplimiento de las normas
procesales establecidas en la Ley núm. 137-11 que le impiden examinar los
hechos, en particular el artículo 53.3, literal c), razón que conduce a desestimar la
presunta violación a los derechos de defensa y del debido proceso, aducida por el
recurrente.
10.14 En otro orden, el recurrente arguye que la decisión impugnada le vulnera el
derecho fundamental a la propiedad en virtud de que no fue valorado el Certificado
de Título núm. 96-6059 que reconocía su derecho sobre la parcela objeto del
litigio, indicando a su vez, que no es posible que exista una constancia anotada en
un inmueble cuya propiedad está representada en un título, como el que posee,
pues este último aniquila la primera.
10.15 De acuerdo con el artículo 51 de la Constitución, el Estado reconoce y
garantiza el derecho de propiedad; en el caso del derecho registrado, se sustenta
tanto en la constancia anotada como en el certificado de título, este último
considerado un documento oficial emitido y garantizado por el Estado que acredita
la existencia de un derecho real y la titularidad sobre el mismo, conforme lo
dispone el artículo 91 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario.
10.16 Ciertamente, tal como aduce el recurrente, el certificado de título tiene
mayor eficacia frente a la constancia anotada, pues tal como lo ha considerado este
tribunal en la Sentencia TC/0332/14, de veintidós (22) de diciembre de dos mil
catorce (2014), su primacía obedece al principio de especialidad en que se
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fundamenta el sistema de publicidad registral y que permite individualizar cada
extensión territorial, a saber:
[…] en consideración al principio de especialidad en que basa el sistema de
publicidad inmobiliaria en República Dominicana que dicha ley
implementa, determina que, como resultado de un proceso catastra
l que individualiza la propiedad inmobiliaria, el certificado de título tenga
mayor eficacia para acreditar la existencia de un derecho real y la
titularidad sobre el mismo, que la que exhibe la constancia anotada, que
recae sobre un derecho inmobiliario no individualizado.
10.17 No obstante, la preponderancia de un certificado de título sobre una
constancia anotada no es del todo absoluta, pues se requiere, como en el caso
concreto, que se examine el derecho de propiedad a fin de que pueda determinarse
si tuvo su origen en el marco del respeto al debido proceso y siguiendo los
principios que rigen la materia, pues lo contrario atentaría contra el derecho de
propiedad acreditado a favor de terceros.
10.18 En ese sentido, la garantía que el Estado otorga al certificado de título no
puede ser invocada, como en la especie, en detrimento de los derechos que
ostentan los terceros, pues el Estado debe velar también por el respeto al debido
proceso y el cumplimiento de las disposiciones que la ley establece respecto a la
obligación de notificar a los colindantes u ocupantes del terreno. De manera que,
en vista de que los jueces de fondo consideraron irregular dicho proceso y por
tanto, la necesidad de anularlo conjuntamente con la cancelación del Certificado de
Título núm. 96-6059, este tribunal determina que contrario a lo argüido por J.
.
R., no se evidencia vulneración del derecho de propiedad en perjuicio del
recurrente. Sobre ese particular, este tribunal está conteste con la decisión
recurrida, en cuyo caso ese órgano jurisdiccional consideró:
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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[..] que frente a la impugnación de un deslinde (sic) realizado sin citar a los
condueños, ni a los colindantes de la parcela y que además el mismo se
haya hecho sobre una porción de terreno que no estaba siendo ocupada por
el deslindante, sino por otra persona, como ocurrió en el caso de que se
trata, resulta evidente, que la comprobación por el tribunal de tales
circunstancias e irregularidades debe conducir al rechazamiento de los
trabajos, como acertadamente lo hizo, en este caso, el tribunal que dictó la
sentencia impugnada, al comprobar que el agrimensor contratado por el
recurrido no respetó la ocupación de otros condueños, ni citó a los mismos
para que estuvieran presentes en los momentos en que dichos trabajos de
campo eran realizados, a fin de dejar constancia de que el deslindante no
tenía la ocupación física de la porción de terreno a deslindar, de tal manera
que al ser sometidos a la aprobación por el tribunal, se determine si esos
trabajos debían ser aprobados por resolución en cámara de consejo o si por
el contrario debía apoderarse a un J. de jurisdicción original para su
conocimiento, en forma contradictoria.
10.19 Como se aprecia, la cancelación del certificado de título del recurrente se
produjo como consecuencia de la nulidad de los trabajos realizados en la parcela
núm. 82-B-1 del Distrito Catastral núm. 16, del Distrito Nacional, luego de haberse
comprobado la violación al derecho de defensa de la parte recurrida.
10.20 Además de ello, las Salas Reunidas la Suprema Corte de Justicia
consideraron que los jueces de fondo le dieron el verdadero sentido y alcance a las
pruebas aportadas durante el proceso, en particular al informe de inspección que
determinó que los rumbos y estaciones que componen el supuesto trabajo técnico
de deslinde que dieron origen a la parcela 82-B-1-B están superpuestos, sobre la
parcela 82-B-1 propiedad de Negociadora Dominicana, C. por A.”.; situación que, a
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.
R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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juicio de la Corte de C.ón, resulta insubsanable debido a que se afecta el
principio de especialidad establecido en la Ley núm. 108-05, que consiste en la
correcta determinación e individualización de sujetos, objetos y causas del derecho
a registrar.
10.21 Entre los puntos controvertidos del proceso se advierten irregularidades en el
contrato de compraventa suscrito entre el recurrente y C..J.S.B.los,
verificadas mediante certificaciones y declaraciones que daban cuenta que la
legalización de las firmas estampadas no fue realizada por un notario público para
la fecha en que habría sido suscrita la convención así como la negativa de este de
haber efectuado la referida legalización; esto, en adición a la certificación que
señala que no se encontraba depositado ese contrato en la jurisdicción inmobiliaria.
10.22 Ante las comprobaciones realizadas en el marco de la facultad discrecional
de los jueces de fondo para valorar las pruebas y haberse determinado que las
mismas no fueron desnaturalizadas, este tribunal estima que, contrario a lo alegado
por el recurrente, no se evidencia vulneración alguna al derecho de propiedad, por
lo que procede a rechazar el recurso de revisión de decisión jurisdiccional.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados L..M..P.
.
M., primera sustituta; J..C..D. y K..M..J.
.
M., en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la
presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos
salvados de los magistrados L..V..S., segundo sustituto; y
H..A. de los Santos, el voto disidente del magistrado Justo P.
.
C..K. y el voto salvado del magistrado V..J.C.
.
P..
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia. Página 42 de 70
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el
Tribunal Constitucional DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión
de decisión jurisdiccional interpuesto por J.R. contra la Sentencia núm.
28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de
la Suprema Corte de Justicia.
SEGUNDO: RECHAZAR dicho recurso de revisión de decisión jurisdiccional y,
en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia recurrida.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para
su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, J.R., y a la parte
recurrida, sociedad Negociadora Dominicana, S.R.L.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional, en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley núm.
137-11.
Firmada: M..R..G., J..P.; L.V..S., J.
Segundo Sustituto; Hermógenes A. de los Santos, J.; A.I..B.
.
H., J.; J..P..C..K., J.; V..J.
.
C.P.o, J.; R.D..í.F., J.; V.G..e.B., J.;
W..S..G..R., J.; I..R., J.; J..J..R..B.,
S..
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.
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Corte de Justicia. Página 43 de 70
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL
En ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en el artículo 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de
dos mil once (2011); y respetando la opinión de los honorables jueces que en su
mayoría de votos concurrentes aprobaron la sentencia de que se trata, formulo el
presente voto salvado pues mi divergencia se sustenta en la posición que defendí
en las deliberaciones del Pleno en relación con el recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional interpuesto por J..R. contra la Sentencia núm.
28, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de
abril de dos mil dieciséis (2016), en el sentido de que este tribunal debió abordar
de manera distinta los criterios de admisibilidad del recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, razón por la que emito este voto particular.
VOTO SALVADO:
I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
1. J.R. interpuso un recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional el primero (1º) de agosto de dos mil dieciséis (2016) contra la
Sentencia núm. 28, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia
el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016), cuyo fallo rechazó el recurso de
casación al verificarse que no se había producido violación a derechos
fundamentales.
2. Los honorables jueces que componen el Pleno de este tribunal en su
conjunto concurrieron con el voto mayoritario en rechazar el recurso de revisión
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Expediente núm. TC-04-2017-0017, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por J.
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R. contra la Sentencia núm. 28, dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la Suprema
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incoado por J..R. en contra de la Sentencia núm. 28, bajo el argumento
de que en la especie no se advierte violación alguna al derecho fundamental a la
propiedad, en tanto que no se evidencia desnaturalización de las pruebas valoradas
por los jueces de fondo.
3. Sin embargo, en la especie es necesario dejar constancia de que, si bien me
identifico con el razonamiento mayoritario del fallo dictado, no comparto el
abordaje que la decisión realizó respecto de los criterios de admisibilidad
contenidos en el artículo 53.3, literales a) y b), de la Ley núm. 137-11, en el caso
en que previamente se ha invocado la vulneración a un derecho fundamental.
II. ALCANCE DEL VOTO: NO ES PROCESALMENTE ADECUADO
CONSIDERAR “SATISFECHOS” LOS REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDOS EN
LOS LITERALES A) Y B) DEL ARTÍCULO 53.3 DE LA LOTCPC
CUANDO EN REALIDAD ESTOS DEVIENEN INEXIGIBLES O SE
CUMPLEN, ESTO ÚLTIMO COMO OCURRE EN LA ESPECIE
4. Conforme a la cuestión fáctica suscitada, en la especie, este tribunal entendió
necesario revisar las diversas hipótesis que se han planteado sobre la admisibilidad
del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, para evitar que en uno u otros
casos pudiera apartarse del precedente contenido en la Sentencia TC/0057/12, de
dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012), que dispuso lo siguiente:
El recurso de revisión constitucional se fundamenta en las disposiciones del
artículo 53.3, es decir, el caso en el que se haya producido una violación de
un derecho fundamental-, por lo que su admisibilidad, según lo establece el
referido texto, está subordinada al cumplimiento de “todos y cada uno de
los siguientes requisitos:
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a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado
conocimiento de la misma;
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de
modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que el
reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido invocado
formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya
reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que,
como la que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo
que la recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad
para presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho
requisito deviene en inexigible.
Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se
acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que
no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que
ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también
aplica la inexigibilidad referida en el párrafo anterior.
Asimismo, el requisito consignado en el literal c) del referido artículo, no se
cumple en la especie, pues el daño reclamado no puede ser “imputable de
modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano
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jurisdiccional -es decir, a la sentencia recurrida-, con independencia de los
hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los
cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
5. Esta situación condujo a este colegiado a examinar nuevamente los
diferentes criterios expuestos y a determinar si era necesario realizar alguna
corrección de tipo semántica o de fondo, y en esa medida velar porque sus
decisiones sean lo suficientemente claras y precisas para sus destinatarios.
6. En concreto abordó el tema en su Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de
julio de dos mil dieciocho (2018), en los términos siguientes:
Respecto de los criterios para realizar el examen de admisibilidad del
Artículo 53.3 de la Ley 137-11, este tribunal ha dictado un importante
número de decisiones que se refieren por igual a un notable grupo de
hipótesis, con lo cual podrían existir aplicaciones divergentes del
precedente. Cuando existen muchas decisiones del Tribunal Constitucional
en aplicación de un precedente, que pudieran tornarse divergente, es
necesario analizar dichos criterios y determinar si este tribunal debe
aclarar, modificar o abandonar el mismo. Bien se trate de una cuestión de
lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo
suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan
aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y la racionalidad.
Esto no solo se exige a la hora de sentar un precedente, también al momento
de aplicarlo cuando el Tribunal, como órgano del Estado, se encuentra
vinculado a dicho precedente (TC/0195/13; TC/0606/15).
7. Para la solución de esta problemática se parte de la aplicación de los
principios de oficiosidad y supletoriedad previstos en el artículo 7, numerales 11 y
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12 ,de la Ley núm. 137-11, y en atención a que la misma ley permite acudir a las
modalidades de decisiones dictadas en otras jurisdicciones comparadas
3
conforme
dispone el principio de vinculatoriedad,
4
se auxilia de la modalidad de sentencias
utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de Colombia denominadas
sentencias unificadoras, con el fin de unificar criterios para resolver posibles
contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia
o protección de derechos fundamentales.
8. Conforme establece la decisión, las sentencias unificadoras tienen como
finalidad unificar criterios en la jurisprudencia para resolver posibles
contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia
o relación de derechos fundamentales, para unificar criterios jurisprudenciales o
cuando un asunto de transcendencia lo amerite.
9. En ese sentido, como he apuntado en los antecedentes, esa decisión
determinó que las sentencias de unificación del Tribunal Constitucional proceden
en los casos siguientes:
a) Cuando por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de
precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias o
posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones de
contenido o lenguaje; b) Cuando por la existencia de una cantidad
considerable de precedentes posiblemente contradictorios que llame al
Tribunal a unificar doctrina; y, c) Por la cantidad de casos en que, por
casuística se aplican a criterios concretos para aquellos casos, pero que por
3
Esa decisión explica que, aunque las modalidades de sentencias constitu cionales comparadas se encuentran ubicadas bajo el
título de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley núm. 137-11, este tribunal ha utilizado dicha tipología de sentencias
en otros procesos y procedimientos constitucionales distintos al primero (TC/0221/16).
4
Artículo 7.13 de la Ley núm. 137-11. Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las in terpretaciones que
adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para los
poderes públicos y todos los órganos del Estado.
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la cantidad se hace necesario que el Tribunal unifique criterios en una sola
decisión por la naturaleza de la cuestión.
10. En la especie se justificó la unificación de criterios de los supuestos de
admisibilidad previstos en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, sobre la base de
la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra doctrina
al aplicar el precedente contenido en la Sentencia TC/0057/12; razón por la que en
lo adelante el Tribunal Constitucional optará por determinar si los requisitos de
admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional,
dispuestos en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos,
de acuerdo con el examen particular de cada caso, a partir de los razonamientos
siguientes:
En efecto, el Tribunal asumirá que se encuentran satisfechos cuando el
recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la
invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o
última instancia, evaluación que se hará, como hemos dicho, tomando en
cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en un cambio de
precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la
imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el
requisito se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos
disponibles para subsanar la violación.
11. En el caso que nos ocupa, esta sentencia resuelve el abordaje del
cumplimiento de los citados requisitos, estableciendo en el acápite 9.13 lo
siguiente:
En el caso que nos ocupa, la parte recurrente invocó la violación a los
derechos de defensa, de propiedad y del debido proceso por falta de estatuir
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ante la Suprema Corte de Justicia, agotando de esta manera todos los
recursos disponibles dentro del Poder Judicial sin que las presuntas
conculcaciones hayan sido subsanadas. En ese sentido se satisfacen las
exigencias de los literales a) y b) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11.
12. Como se observa, para determinar el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad del recurso de revisión constitucional previstos en los literales a) y b)
del artículo 53.3 LOTCPC, esta sentencia emplea el término “satisfecho” en lugar
de afirmar que se “cumplen”, no obstante establecer en la misma que ello no
implica un cambio de precedente, en la medida en que se mantiene la esencia del
criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso por
las razones expuestas.
13. Efectivamente, el precedente sentado en la Sentencia TC/0057/12, sí ha sido
variado, y esto queda comprobado cuando se establece que en las condiciones
anteriormente prescritas a los referidos requisitos resultan “satisfechos” o “no
satisfechos”, lo que obligaba a que este colegiado se diera cuenta que se apartaba
del mismo, conforme dispone el artículo 31, párrafo I, de la Ley núm. 137-11.
14. Desde esta perspectiva, la semántica de la palabra satisfacción refiere a la
acción y efecto de satisfacer o satisfacerse -razón, acción o modo con que se
sosiega y responde enteramente una queja-;
5
mientras que el cumplimiento alude a
la acción de cumplir o cumplirse o cumplido o bien la perfección en el modo de
obrar o hacer algo, abasto o provisión de algo, supuesto este último que se produce
cuando el recurrente ha realizado cabalmente el mandato previsto en la normativa
procesal que reputa admisible el recurso de revisión que ha sido impetrado.
15. En ese sentido, a nuestro juicio, en el caso planteado la “satisfacción” no
5
Diccionario de la Real Academia Española.
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puede ser un supuesto válido, pues más bien, dichos requisitos se cumplen. Es por
ello que resultaba necesario que el Tribunal Constitucional valorara este supuesto
desde una aproximación a la verdad procesal y con ello abrir la posibilidad del
recurso partiendo de los principios y valores de la LOTCPC cuando las
condiciones previstas se cumplen, es decir, cuando el derecho fundamental
vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto se haya tenido
conocimiento de la violación y agotado todos los recursos disponibles dentro de la
vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
16. En efecto, en el supuesto planteado, el reclamo del derecho fundamental se
ha producido ante la Suprema Corte de Justicia, y como se ha apuntado, pudo ser
“invocado previamente”, por lo que el recurrente ha tenido, en términos procesales,
oportunidad para presentar el referido reclamo y en efecto lo hizo; situación en la
que el requisito contenido en literal a) en vez de satisfecho, ha sido cumplido.
Igualmente, si se acepta que su invocación ha sido posible, a fortiori ha de
aceptarse que los recursos previos fueron agotados sin haberse subsanado la
violación que ha sido invocada, situación en la que también aplica el razonamiento
anterior de que se cumple el requisito establecido en el literal b) del artículo 53.3.
17. Ahora bien, una de las funciones genuinas del Tribunal Constitucional,
derivada del principio de autonomía procesal,
6
es la corrección de los defectos
normativos de la ley orgánica cuando se manifiestan en forma de laguna o cuando
ésta deba ser adaptada o adecuada a los fines constitucionales, sin embargo
transformar los conceptos que determinan los requisitos de admisibilidad del
recurso de revisión de decisión jurisdiccional, como ha ocurrido en la especie,
trasciende dicha facultad, aunque ésta sea desarrollada bajo la institución de
unificación criterios y su fin último sea resolver posibles contradicciones
originadas en sus decisiones jurisdiccionales.
6
Sentencia TC/0039/12, de trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), literal “i”, página 6.
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18. El artículo 184 de la Constitución prevé que las decisiones del Tribunal
Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes
para todos los poderes públicos y órganos del Estado; esto implica que el propio
tribunal debe acogerse a sus decisiones previas y respetarlas, a no ser que existan
motivos de importancia que le obliguen a desligarse, en cuyo caso, como hemos
apuntado, debe exponer los fundamentos de hecho y de derecho que le conducen a
modificar su criterio, tal como lo indica el párrafo I del artículo 31 de la Ley núm.
137-11.
19. El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar
estabilidad en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en
primer orden, para que las decisiones del Tribunal sean respetadas por el propio
tribunal (autoprecedente) y por los demás poderes públicos, y en segundo orden,
para proveer a los ciudadanos la certeza de que ante hechos similares se aplicarán
las mismas consecuencias jurídicas.
20. Por estas razones, reitero el criterio planteado en los votos que he venido
desarrollando sobre este tema, destacando la importancia de los precedentes y su
aplicación en casos con características similares, con el fin de salvaguardar el
derecho a la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos.
III. CONCLUSIÓN
21. La cuestión planteada conducía a que, en la especie, este tribunal expresara
las razones por las que se aparta de lo establecido en la Sentencia TC/0057/12 en
relación con los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional dispuestos en los literales a) y b) del artículo 53.3 de la
LOTCPC, y que por su aplicación divergente unificara los criterios
jurisprudenciales para dejar establecido que, cuando el recurrente no tenga más
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recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho
supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia, los mismos
devienen en inexigibles, o bien que estos se cumplen, esto último como ocurre en
la especie.
Firmado: Lino V.S., J. Segundo Sustituto
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
H.A. DE LOS SANTOS
Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y
conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar
las razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.
Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de
la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once
(2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que
hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión
adoptada”; y en el segundo que “los jueces no pueden dejar de votar, debiendo
hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los
votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.
1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesto por el señor J.R. contra la Sentencia núm. 28,
dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia.
2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se rechaza el indicado recurso y,
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en consecuencia, se confirma la sentencia. Estamos de acuerdo con la decisión, sin
embargo, salvamos nuestro voto en relación con la motivación desarrollada en los
párrafos 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 y 9.11 de la sentencia, cuyo contenido es el siguiente:
9.7. Al respecto, es preciso señalar que en la Sentencia TC/0123/18, de
cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), este tribunal estimó que en
relación con esos criterios de admisibilidad existe un número importante de
decisiones que hacen referencia a un grupo también importante de hipótesis,
de modo que podría existir aplicaciones divergentes al precedente
establecido en la Sentencia TC/0057/12. Esta situación condujo al
Colegiado a examinar nuevamente esos criterios a fin de determinar si era
necesario realizar una modificación, aclaración o abandono de algún
precedente, pues el Tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo
suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan
aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y racionalidad.
9.8. La indicada sentencia señala, además, que en aplicación de los
principios de oficiosidad y de supletoriedad, previstos en el artículo 7,
numerales 11 y 12, de la Ley núm. 137-11, y en atención al artículo 47,
párrafo III, de esa ley que permite al Tribunal Constitucional dar soluciones
a casos acudiendo a modalidades de sentencias propias del derecho
procesal constitucional comparado, este tribunal procede a hacer uso de las
sentencias de unificación, utilizadas frecuentemente por la Corte
Constitucional de Colombia, las cuales tienen como finalidad unificar
criterios en la jurisprudencia para resolver posibles contradicciones
originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o
relación de derechos fundamentales, para unificar criterios
jurisprudenciales o cuando un asunto de trascendencia lo amerite.
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9.9. En ese tenor, esa decisión determinó que las sentencias de unificación
del Tribunal Constitucional proceden en los casos siguientes:
Cuando por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de
precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias o
posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones de
contenido o lenguaje.
Cuando por la existencia de una cantidad considerable de precedentes
posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina.
Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican a criterios
concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace necesario
que el Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la naturaleza de
la cuestión.
9.10. Sobre la aplicación de los criterios de admisibilidad previstos en el
artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, la citada sentencia justificó la
unificación sobre la base de la divergencia de lenguaje utilizado en las
decisiones que integran nuestra jurisprudencia al aplicar el precedente de
la Sentencia TC/0057/12; razón por la que en lo adelante el Tribunal
Constitucional optará por determinar si los requisitos de admisibilidad del
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuestos en
el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de
acuerdo al examen particular de cada caso. En efecto, el Tribunal asumirá
que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos
disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente
vulnerado se produzca la única o última instancia, evaluación que se hará
tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un
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cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que
alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien
porque el requisito (sic) se invocó en la última o única instancia o bien no
existen recursos disponibles para subsanar la violación.
9.11. Dada la unificación de criterios jurisprudenciales determinada en la
Sentencia TC/0123/18 y al artículo 31 de la Ley núm. 137-11, que establece
que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables
y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los
órganos del Estado, entre los que se incluye el propio Tribunal
Constitucional, procede examinar los requisitos de admisibilidad del
presente recurso de revisión atendiendo al criterio indicado en los párrafos
precedentes.
3. Como se advierte en dichos párrafos se afirma que la sentencia que sirve de
precedente era de unificación, tipología de decisión que solo puede ser dictada por
los tribunales constitucionales que están divididos en salas, condición que no
cumple nuestro tribunal, en la medida que todos los asuntos que les son sometidos
los conoce y decide el Pleno.
4. Igualmente, tampoco compartimos la motivación desarrollada en el párrafo
9.12 de la sentencia, cuyo contenido es el siguiente:
9.12 En el caso que nos ocupa, la parte recurrente invocó la violación a
los derechos de defensa, de propiedad y del debido proceso por falta de
estatuir ante la Suprema Corte de Justicia, agotando de esta manera todos
los recursos disponibles dentro del Poder Judicial sin que las presuntas
conculcaciones hayan sido subsanadas. En ese sentido se satisfacen las
exigencias de los literales a) y b) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11.
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5. Nuestro desacuerdo radica en que el presente caso no debe establecerse que
el literal a) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 se satisface, toda vez que dicho
requisito no es exigible, en la medida que el recurrente imputa las violaciones a la
Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia y, en consecuencia, se entera de las
mismas cuando le notificaron la sentencia recurrida, circunstancia que le impidió
invocar las violaciones durante el proceso.
Conclusión
Consideramos que las violaciones imputadas a la Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia no pudieron invocarse, en razón de que el recurrente se enteraró
de las mismas en la fecha que se le notificó la sentencia recurrida.
Firmado: H.A. de los Santos, J.
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la
facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido,
presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos a
continuación:
1. En la especie, la parte recurrente, J.R., interpuso un recurso de
revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 28,
dictada el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) por las Salas Reunidas de la
Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional consideró que el recurso era
admisible al cumplirse los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11,
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Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, y
lo rechazó al considerar que se no se aprecia vulneración a derechos
fundamentales.
2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, no se ha puesto
de manifiesto alguna violación a derecho fundamental; sin embargo, diferimos
respecto a los argumentos vertidos por la mayoría para retener la admisibilidad del
recurso.
3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestro salvamento
TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14, TC/0102/14, TC/0198/14,
TC/0209/14 y TC/0306/14,
7
entre otras tantas de ulterior data, exponemos lo
siguiente:
I. SOBRE EL ARTÍCULO 53
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha
de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes
casos:
7
De veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013); treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013); trece (13) de
noviembre d e dos mil trece (2013); veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014); d iez (10) de junio de dos mil catorce
(2014); veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014); ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014) y ocho (8) de
septiembre de dos mil catorce (2014), respectivamente.
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1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53 precisa
que podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión jurisdiccional aquellas
decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
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irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil
diez (2010).
7. El profesor F..T. explica cuándo una decisión adquiere la
autoridad de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que
mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de
recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente
provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado”.
8
8. Posteriormente precisa que
[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente, o
cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la sentencia ha
“pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha “adquirido la autoridad
de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser impugnada por una
vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice que la
sentencia es “irrevocable”.
9
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente
que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una
sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque
no haya sido emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, una sentencia
dictada en primera instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos
por la ley, adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si
se interpone uno de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la
8
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
9
I..
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misma y el recurso es desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no
implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En
realidad, se trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de admisibilidad
indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos en los que el
Tribunal Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones jurisdiccionales.
Estos son independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la
posibilidad de que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es “cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional
una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza”.
La segunda (53.2) es “cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional”.
La tercera (53.3) es cuando se haya producido una violación de un derecho
fundamental…”.
12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar
la existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin
embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una de estas
causales para superar la etapa de la admisibilidad del recurso. En todo caso,
pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de la causal que se invoque.
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13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no está
supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo que
sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse “que concurran y se cumplan
todos y cada uno” de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en
el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento
de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere
que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el
contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre
el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del
artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el
recurso cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos
fundamentales. En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a un
derecho fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de
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los requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación cumplida, concretada.
No se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o fundamente su recurso en─
la violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, “se haya
producido una violación de un derecho fundamental”.
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio
y la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene,
siempre conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del
recurso, la obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia
que apunte a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha
vulneración sea discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para
superar el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite simplemente a
“alegar, indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el
recurso fuera admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la
justicia constitucional, retrasando procesos en los que es ineludible que el Tribunal
se pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de
violación a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los
requisitos establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo ─relativo
este a la especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre
debe evaluar la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la
existencia de una vulneración a un derecho fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar en el
momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente agotó los
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recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no ha sido
subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el responsable de que
se haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le
presentó, o porque haya producido la vulneración directamente y, 4. finalmente,
reunidos estos requisitos, verificar la especial trascendencia o relevancia
constitucional de la cuestión.
19. Es importarte destacar que su Sentencia TC/0057/12, el Tribunal
Constitucional declaró inadmisible el recurso, fundado en que no se cumplía con el
requisito c) del 53.3, toda vez que “la aplicación, en la especie, de la norma
precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en
consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una
acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho
fundamental”. Sin embargo, al examinar los requisitos a) y b), indicó lo siguiente:
b) Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que
el reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado
formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya
reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la
que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la
recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para
presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito
deviene en inexigible.
c) Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se
acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que
no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que
ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también
aplica la inexigibilidad referida en el párrafo anterior.
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20. Como se observa, respecto de los requisitos a) y b) del numeral 3) del
artículo 53 de la Ley núm. 137-11, la mayoría del Tribunal Constitucional
determinó que eran inexigibles, por cuanto la violación que se invocó se produjo
en la sentencia impugnada en revisión dada en última instancia, por lo que, en
términos procesales, no tuvo oportunidad de invocarlo en el proceso, pues no
existen otros recursos que agotar en procura de subsanar la supuesta violación.
21. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un
recurso excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser
admitido. Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible
para el buen funcionamiento de esta figura procesal constitucional.
22. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos
del artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces ─y sólo entonces, vale
subrayar─, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el
fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
23. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre
el fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme se aprecia
de la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta imposibilidad de
revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de
un recurso excepcional que no ha sido instituido para asegurar la adecuación de
las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de
estos tengan las partes”.
10
10
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
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24. No obstante, una cosa es mirar los hechos y otra, sustancialmente diferente,
es revisarlos. En este sentido, el Tribunal Constitucional puede mirar los hechos y,
desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes ─entre ellas,
con carácter esencial, que se haya producido una violación de un derecho
fundamental─.
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
25. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los presupuestos de
admisibilidad”
11
del recurso.
26. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente
relacionada con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha
establecido el legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una acción
recursiva limitada, por el rigor necesario para su procedencia.
27. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal
Constitucional no es una “super casación” de las resoluciones de los tribunales
ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los
fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo,
formal o material. Queda entendido que corresponde al Tribunal Constitucional
obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los preceptos
constitucionales y, en tal virtud, revisar la aplicación o interpretación que los
tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.
12
11
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
12
M.P., V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [ En línea] Disponible en:
www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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28. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el
principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que
permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo,
a los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales
que sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Como hemos
visto, esto solo aplica en casos muy específicos y excepcionales. Esta es, en efecto,
una posibilidad que no puede estar ─y no está─ abierta para todos los casos, sino
sólo para aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan
acceder a este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y,
consecuentemente, ser conocidos y decididos por éste.
29. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas
condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,
confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
30. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión
de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal
tiene que evaluar y respecto de ellos decidir.
31. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior
para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5, 6, 7 y 8 del
mismo texto.
32. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en
cuya estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego,
el fondo del mismo en la Sentencia TC/0038/12, de trece (13) de septiembre de dos
mil doce (2012).
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33. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad
de dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia
de la fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal
pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para
admitir dicho recurso.
III. SOBRE EL CASO CONCRETO
34. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales a la propiedad, tutela judicial efectiva y a un debido proceso: en su
vertiente relativa a los derechos de defensa por falta de estatuir por parte del
tribunal a-quo.
35. El Pleno decidió admitir el recurso por cuanto quedaban satisfechos los
requisitos del 53.3 de la Ley núm. 137-11 y rechazar, confirmando la decisión
jurisdiccional recurrida, tras constatar que no se produjo violación a derecho
fundamental alguno.
36. Sin embargo, si bien consideramos que, en efecto, no se verifica violación a
los derechos fundamentales de la parte recurrente, discrepamos en el sentido de
que, tal y como hemos explicado previamente, de conformidad con las
disposiciones del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional
admite o inadmite el recurso cuando se ha comprobado si se verifica o no la
alegada violación. Por lo que en la especie no procedía declarar su admisibilidad,
sino todo lo contrario.
37. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho
fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los
literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo
53.3.
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38. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir
los requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3,
como hemos señalado antes. Al respecto, en relación con la concurrencia de esos
requisitos, la mayoría acordó dictar una sentencia para unificar el lenguaje
divergente (Sentencia TC/0123/18). En efecto, se acordó establecer que los
indicados requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” son satisfechos o no.
De manera que se optará por establecer que los requisitos “son satisfechos” en los
casos “cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión
y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o
última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en
concreto”.
39. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la “sentencia para unificar”
acordada por la mayoría del Pleno, traza la existencia de un supuesto problema de
lenguaje que no se detiene a explicar y se refiere a su existencia como si fuera un
asunto de mera semántica, cuando en realidad no lo es, en virtud de que en
puridad─ los efectos que produce decir que algo está satisfecho es igual a decir que
se cumple; sin embargo, cuando hablamos de inexigibilidad se da cuenta de que es
improcedente que se conjugue, pues estamos frente a un situación que carece de
elementos para que suceda o se configure.
40. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que son
satisfechos o no los requisitos en cuestión, pues en realidad, para los casos “a” y
“b”, cuando la violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la
sentencia dictada en única o última instancia, dichos requisitos son de imposible
cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se cumplen o que se satisfacen, en
ese escenario, tales requisitos son imposibles de cumplir o satisfacer, por tanto,
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resultan inexigibles para completar la fase de la admisibilidad del recurso,
conforme lo precisó la Sentencia TC/0057/12, previamente citada.
41. En ese orden, en vista de los criterios divergentes en aquellos casos donde la
violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la sentencia dictada
en única o última instancia, creemos que la mayoría del Tribunal debió inclinarse a
reafirmar los términos del citado precedente contenido en la Sentencia
TC/0057/12, y establecer que si no se configura la posibilidad de su cumplimiento,
por tratarse de una violación que no tiene vía recursiva que agotar y donde ser
invocada, se trata de requisitos de imposible cumplimiento y, como tal, son
inexigibles.
42. Por todo lo anterior, ratificamos nuestro desacuerdo con la decisión pues,
insistimos, era imprescindible que el Tribunal Constitucional comprobara la
existencia de la violación para admitir el recurso y proceder a realizar cualquier
otro análisis de derecho.
Firmado: Justo P.C.K., J.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
V.J.C.P.
Con el mayor respeto, en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales
que nos corresponden, tenemos a bien emitir un voto particular en relación con la
sentencia precedente. Nuestra opinión obedece a la errónea interpretación del
modus operandi previsto por el legislador en el párrafo capital del artículo 53.3, en
la que incurrió este colegiado al no realizar el análisis de si en la especie hubo o no
la apariencia de violación a un derecho fundamental, como requiere la referida
disposición legal.
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Hemos planteado el fundamento de nuestra posición en relación con este tema en
numerosas ocasiones, emitiendo votos al respecto, a los cuales nos remitimos en
relación con el caso que actualmente nos ocupa. En este sentido, pueden ser
consultadas, entre otras, los votos de nuestra autoría que figuran en las siguientes
sentencias: TC/0070/14, TC/0134/14, TC/0135/14, TC/0160/14, TC/0163/14,
TC/0157/14, TC/0306/14, TC/0346/14, TC/0390/14, TC/0343/14, TC/0397/14,
TC/0400/14, TC/0404/14, TC/0039/15, TC/0040/15, TC/0072/15, TC/0280/15,
TC/0333/15, TC/0351/15, TC/0367/15, TC/0381/15, TC/0407/15, TC/0421/15,
TC/0482/15, TC/0503/15, TC/0580/15, TC/0022/16, TC/0031/16, TC/0155/16,
TC/0208/16, TC/0357/16, TC/0358/16, TC/0365/16, TC/0386/16, TC/0441/16,
TC/0495/16, TC/0497/16, TC/0501/16, TC/0508/16, TC/0535/16, TC/0551/16,
TC/0560/16, TC/0693/16, TC/0028/17, TC/0064/17, TC/0070/17, TC/0072/17,
TC/0073/17, TC/0086/17, TC/0091/17, TC/0098/17, TC/0152/17, TC/0185/17,
TC/0204/17, TC/0215/17, TC/0303/17, TC/0354/17, TC/0380/17, TC/0382/17,
TC/0397/17, TC/0398/17, TC/0457/17, TC/0543/17, TC/0600/17, TC/0702/17,
TC/0735/17, TC/0741/17, TC/0743/17, TC/0754/17, TC/0787/17, TC/0794/17,
TC/0799/17, TC/0800/17, TC/0812/17, TC/0820/17, TC/0831/17, TC/0004/18,
TC/0008/18, TC/0027/18, TC/0028/18, entre otras.
Firmado: ctor J.C.P., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año
anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico. Julio J.R.B..
.
S.

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