Sentencia Nº TC/0760/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018

• Número de sentencia: TC/0760/18
• Fecha: 10 Diciembre 2018
• Número de expediente: TC-05-2018-0125
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-05-2018-0125, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la

señora V.C. contra la Sentencia núm. 030 -2017-SSEN-00241, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

Administrativo el veinte (20) de julio de dos mil diecisiete (2017). Página 1 de 32

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0760/18

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0125, relativo al recurso de

revisión constitucional de sentencia

de amparo interpuesto por la señora

V.C., contra la Sentencia

núm. 030-2017-SSEN-00241, dictada

por la Primera Sala del Tribunal

Superior Administrativo el veinte (20)

de julio de dos mil diecisiete (2017).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho

(2018).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados L.

.

M.P..M., primera sustituta en funciones de presidenta; L.

.

V.S., segundo sustituto; H..A. de los Santos, A..I.

.

B..H., Justo Pedro C.os K., V.J.C.

.

P., J..C.D., R.D.F., W.S.. G.R. e

I.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,

específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 94

de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011),

dicta la siguiente sentencia:

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Expediente núm. TC-05-2018-0125, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la

señora V.C. contra la Sentencia núm. 030 -2017-SSEN-00241, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

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I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida

La Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00241, objeto del presente recurso de revisión,

fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20)

de julio de dos mil diecisiete (2017). Su dispositivo es el siguiente:

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE la presente A.n Constitucional de

A. interpuesta en fecha veintiséis (26) del mes de enero del año 2017,

por VIERGELIE GERRIER CELESTIN, contra el MINISTERIO DE

HACIENDA, DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

DEL MINISTERIO DE HACIENDA, en aplicación al artículo 70.1 de la Ley

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, por existir otras vías Judiciales que permiten de manera

efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, conforme

se indica en el cuerpo de la presente sentencia.

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el procedimiento por tratarse de una

A.n Constitucional de A..

TERCERO: ORDENA, que la presente sentencia sea comunicada vía

Secretaria del Tribunal a la parte accionante, a la parte accionada, así

como al Procurador General Administrativo.

CUARTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín

del Tribunal Superior Administrativo.

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señora V.C. contra la Sentencia núm. 030 -2017-SSEN-00241, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

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La sentencia recurrida mediante el presente recurso le fue notificada a la parte

recurrente, señora V..l..G.C., mediante comunicación emitida por

la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de marzo de

dos mil dieciocho (2018).

La referida sentencia fue notificada al M.isterio de Hacienda, mediante el Acto

núm. 432-18, de veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018),

instrumentado por el ministerial S..A..S..B., alguacil

ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

A la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del M.isterio de Hacienda, se

le notificó la sentencia núm. 030-2017-SSEN-00241, a través del Acto núm. 433-

18, de veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el

ministerial S..A.S..B., alguacil ordinario del Tribunal

Superior Administrativo.

El procurador general administrativo fue notificado de la sentencia recurrida a

través de comunicación emitida por la Secretaría del Tribunal Superior

Administrativo el diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017), recibida

por este el veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

2. Presentación del recurso de revisión

El presente recurso de revisión en materia de amparo fue presentado por la señora

V.G.C. contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00241 ante el

Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho

(2018), recibido en este tribunal el once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

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S.D. en su calidad de Abogados de la señora. V.

.

G..C., cuyo contenido es el Siguiente: Saludos, en

atención de la Notificación del Acto del Alguacil No. 1689-2016 les

informamos que para poder tramitar la Pensión por sobrevivencia en favor

de su Representada la señora. VIERGILIE GUERRIER CELESTIN, debe

cumplir con los siguientes Requisitos: 1-(debe estar regularizado el estatus

de la Cedula de Identidad de la solicitante, ya que el padrón de Junta tiene

estatus de Suspendida por antigüedad), 2- (debe rectificar el Acta de

M. ya que no expresa el N. de Cedula de la Señora.

V.G..C., lo que nos imposibilita para poder

identificarla. Una vez cumpla con esos requisitos la señora. V.

.

G..C. se dirige al departamento de atención al

pensionado a solicitar su pensión por sobrevivencia;

A que antes de referirnos a lo anteriormente descrito debemos hacerle saber

a este Honorable Tribunal, que la Señora. V..G.

.

C., había hecho diligencias por si sola sin la asistencia de

Abogados a los fines de que le H. el traspaso de la Pensión de

Sobrevivencia, recibiendo del M.isterio de Hacienda las Mismas respuesta

que le S. a sus Abogados; y es en esas atenciones y tratando de

cumplir con los requisitos exigidos por el M.isterio de Hacienda para el

trámite de la Pensión, es que en fecha 8 del mes de Septiembre del 2011

solicitan a la Oficialía del Estado Civil del Municipio de Haina que

procedan a cambiar del Libro que contiene el Acta de M. la ficha

No. 37440 que era correspondiente al Documento de Identidad que esta

poseía al momento de Realizarse dicho M. y que en su lugar se

inserte el N. de Cedula No. 224-0011628-5;

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A que con la omisión del traspaso de la pensión a la accionante; se han

violado todas las normas de derechos fundamentales, contenida en los

artículos 68, 69, numerales1,2,3,4,7 y 10, Art.40, numeral 15, art.38. 39,

art.62 de la Constitución de la República Dominicana, así como la

convención américa de Derechos Humanos, así como diversos Precedente

emitida por el Tribunal Constitucional, los cuales tienen efecto vinculante;

como es el criterio contenido en las sentencias marcadas con los No. (TC-

12/12) y 0742/2017, de fecha 23 del mes de noviembre del año dos mil

diecisiete (2017), emitida por el Tribunal Constitucional de la Republica

Dominicana.

5. H.hos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión

El M.isterio de Hacienda, como parte recurrida, produjo su escrito de defensa, el

cual depositó por ante el Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de abril de

dos mil dieciocho (2018); dicha parte procura que este colegiado confirme la

sentencia recurrida en todas sus partes, ya que la misma descansa en derecho y es

justa en el fondo. En apoyo a tal pretensión expone, entre otros, los siguientes

argumentos:

A que de la Lectura de la referida decisión judicial, se infiere que la misma

fue bien ponderada, por nuestro H.J., ya que está basada en

los hechos y el derecho, por las siguientes razones:

A- Lo hoy accionante no ha iniciado, ni depositado su registro formal de

solicitud por ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo

del Estado, lo que constituye que el depósito de recepción de una solicitud,

no es una negativa de derecho.

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B- Lo hoy accionante, solicitaron información a la Dirección General de

Pensiones a Cargo del Estado, sobre el traspaso de Pensión de finado J.

.

C..C., y en fecha 10 de enero de 2017, mediante comunicación

electrónica, el abogado L.. A..D.A., le informa a los

L.dos. S.G.erineldo D., Carlos S.D. y L.S.

.

D., abogados de la señora V.G.C., lo siguiente:

"En atención a la notificación del acto No, 1689-16, le informamos que para

poder tramitar la Pensión por Sobrevivencia en favor de su representada la

Sra. VIERGELIER GERRIER CELETIN, debe de cumplir con los siguientes

requisitos:

l-) Debe estar regularizado el Status de la Cedula de Identidad de la

solicitante, ya que en el Padrón de la JCE tiene Status de "Suspendida por

Antigüedad", y 2-) Debe rectificar el Acta de M. ya que no expresa

el número de Cedula de la señora VIERGELIER GERRIER CELEN, lo que

nos imposibilita para poder identificarla.

Una vez cumpla con esos requisitos la Sra. VIERGELIER GERRIER

CELETIN se dirige al Departamento de Atención al Pensionado a solicitar

su Pensión por Sobrevivencia"

C- A que todas las Instituciones Públicas se rigen por un marco legal y

normativa de nómina publica, por lo que para que sea aprobada por todo el

sistema financiero, como es la Contraloría General de la Republica, la

Tesorería Nacional y el Banco de Reservas de la Republica Dominicana, la

identidad debe estar comprobada, ya que la Dirección General de

Jubilación y Pensiones a Cargo del Estado, solo administra la nómina de

reparto, quedando bajo vigilancia y control de los organismo ante

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mencionado y la actual acciónate posee una cedula de identidad, otorgada

por la junta Central y Electora, la cual debe de habilitar para poder entrar

al sistema el de Nomina Electrónica, (ver en el inventario copia de la cedula

de la Sra. VIERGELIER GERRIER CELETIN);

A que no representa una negación, el hecho de que el accionante no haya

realizado el depósito o recepción de las documentaciones exigida por la

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado,

institución que ha actuado dentro del marco de las disposiciones

administrativas exigidas por los Controles Internos, y cumpliendo con la

exigencia del artículo 107 de la Ley No. 137-11, careciendo de objeto la

presente A.n de A. y de Revisión Constitucional, solo se le está

exigiendo un trámite administrativo, que debe agotar, todo ciudadano que

tiene sus cedula sus pendida (sic) por la Junta Centra y Electoral;

El M.isterio de Hacienda expone la inadmisibilidad del caso por existir otra vía

igualmente idónea y al respecto establece que:

De la lectura de los anteriores artículos, cabe mencionar, que si bien

considera la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del

Estado, que ha actuado dentro de sus facultades legales y administrativas,

no considerándolo así la hoy accionante Sra. V..G.

.

C., por la solicitudes que le hacen, entonces estamos ante una

discusión, de vía de hecho administrativa y de materia de libertad

individual, resultando que la acción del amparo, no es la más idónea para

ventilar dichos asunto, ya que no existe violación alguna, y hay temas por

discutirse como hemos mencionado, en relación a la aprobación de la

identidad;

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Plantea de igual forma, la improcedencia del caso en virtud del artículo 107 de la

Ley núm. 137-11, y en este sentido argumenta que:

En el M.isterio de Hacienda no se encontró registro alguno, ni

documentaciones que acrediten el cumplimiento de dicho deber, por parte

de la accionate (sic) VIERGELIE GERRIER CELESTIN, en cuanto a la

Dirección de Jubilaciones y Pensiones, a cargo del Estado, ofreció la

respuesta de los requisito establecido para la solicitud de Pensión por

sobrevivencia por beneficiarios de Pensionado fallecido, que dando de su

parte el depósito de dichos documentos, que prueben su Identidad.

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del M.isterio de Hacienda, no

produjo escrito de defensa en relación con el recurso de revisión que nos ocupa, no

obstante haberle sido notificado el mismo mediante el Acto núm. 60-2018, de dos

(2) de abril de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por la ministerial H.

.

P.V., alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado

de Primera Instancia del Distrito Nacional.

6. Argumentos jurídicos del procurador general administrativo

El procurador general administrativo pretende, de manera principal, que el recurso

sea declarado inadmisible por haber sido la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00241

emitida conforme a la Constitución de la República y a la Ley núm. 137-11 y, de

manera subsidiaria, que sea rechazado por improcedente, mal fundado y carente de

base legal y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida. Fundamenta su

pretensión en los siguientes argumentos:

A que el Tribunal realizó un proceso apegado a la normativa que regula la

materia y a una verdadera motivación en su sentencia al tiempo de que con

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ella no le fue vulnerado ningún derecho fundamental, a la accionante se le

aplicó la tutela judicial efectiva, dando lugar a un debido proceso;

A que si bien es cierto que el recurrente interpuso su recurso en tiempo

hábil no menos cierto es que no observo las disposiciones del artículo 100

de la Ley 137-11 al no establecer la admisibilidad del Recurso de Revisión

en virtud de la relevancia y trascendencia Constitucional;

A que en derecho es indispensable probar y fundamentar en hechos y

derechos los alegatos y petitorios, en el caso de la especie, la Primera Sala

del Tribunal Superior Administrativo fundamento su decisión en base a un

estudio ponderado.

7. Documentos y pruebas depositados

Entre los documentos depositados en el presente recurso de revisión, se encuentran

los siguientes:

1. Instancia introductiva del recurso de revisión en materia de amparo,

depositada por la recurrente señora V.G..C., contra la Sentencia

núm. 030-2017-SSEN-00241, de veinte (20) de julio de dos mil diecisiete (2017),

ante el Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil

dieciocho (2018).

2. Copia de la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00241, dictada por la Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de julio de dos mil

diecisiete (2017).

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3. Copia de la notificación de la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00241,

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de

julio de dos mil diecisiete (2017), realizada a la parte recurrente, señora V.

.

G.C., mediante comunicación emitida por la Secretaría del Tribunal

Superior Administrativo el veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

4. Acto núm. 432-18, de veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018),

instrumentado por el ministerial S..A..S..B., alguacil

ordinario del Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual se notifica la

sentencia recurrida al M.isterio de Hacienda.

5. Acto núm. 433-18, de veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018),

instrumentado por el ministerial S..A..S..B., alguacil

ordinario del Tribunal Superior Administrativo, a través del cual se notifica la

sentencia recurrida a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del

M.isterio de Hacienda.

6. Comunicación emitida por la Secretaría del Tribunal Superior

Administrativo el diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017), mediante

la que se notifica la sentencia recurrida al procurador general administrativo.

7. Acto núm. 60-2018, de dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018),

instrumentado por la ministerial H.P..V., alguacil ordinario de la

Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional, a través del cual se notifica el recurso de revisión al M.isterio de

Hacienda de la República Dominicana, a la Dirección General de Pensiones y

Jubilaciones del M.isterio de Hacienda y al procurador general administrativo.

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8. Acto núm. 1689/2016, de veintisiete (27) de diciembre de dos mil dieciséis

(2016), instrumentado por el ministerial C..M..M..M., alguacil

ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, mediante el

cual la recurrente, V.G., pone en mora de cumplimiento la entrega de

pensión por supervivencia a la parte recurrida, M.isterio de Hacienda y Dirección

General de Pensiones y Jubilaciones del M.isterio de Hacienda.

9. Copia del acta de matrimonio de la señora V.G. y J.C...

.

C..

10. Copia del acta de defunción del señor J.C.C..

11. Copia de las actas de nacimiento de los señores Wendell, J. y Sandry,

hijos de los señores V.G. y J.C.C.tin.

12. Copia del permiso de residencia temporal de la señora V..G...

.

C..

13. Copia del carnet de identidad de pensionado del Instituto Dominicano de

Seguros Sociales (IDSS), a nombre del señor J.C.C..

14. Copia de la cédula de identidad y electoral emitida por la Junta Central

Electoral, a nombre de la señora V.G.C..

15. Escrito de defensa depositado por el M.isterio de Hacienda ante el Tribunal

Superior Administrativo el diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018).

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16. Escrito de defensa depositado por el procurador general administrativo ante

el Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de abril de dos mil

dieciocho (2018).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8. Síntesis del conflicto

De acuerdo con los documentos depositados y los hechos invocados por la parte, el

caso se contrae a la solicitud de entrega de pensión por sobrevivencia que realiza la

señora V..G..C. -recurrente- al M.isterio de Hacienda y a la

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del M.isterio de Hacienda, ya que

es la viuda del señor J.C..C. –fallecido- y le corresponde la pensión

que a este le pertenecía en vida.

En este sentido, las referidas instituciones le responden a la recurrente que ella

debe llenar ciertos requisitos entre los cuales se encuentra hacer constar la Cédula

de Identidad y Electoral de la reclamante en el acta de matrimonio, documento que

según la Junta Central Electoral, se encuentra suspendida por antigüedad; ante tal

inconveniente, la recurrente presenta un amparo de cumplimiento que fue resuelto

mediante la Sentencia núm. 030-2017-SSEN—0241, dictada por la Primera Sala

del Tribunal Superior Administrativo, que lo declaró inadmisible, porque existía

otra vía para dilucidar el conflicto, esto en virtud del artículo 70, numeral 1, de la

Ley núm. 137-11.

No conforme con el referido fallo, presenta el recurso de revisión en materia de

amparo que nos ocupa.

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9. Competencia

El Tribunal Constitucional es competente para conocer el presente recurso de

revisión, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y 9,

94, 95 y 100 de la Ley núm. 137-11.

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta

admisible en atención a las siguientes razones:

a. Conforme establece el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de

revisión constitucional en materia de amparo deberá ser interpuesto en un plazo de

cinco (5) días, contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia a

recurrir.

b. Este tribunal, mediante la Sentencia TC/0080/12, dictada el quince (15) de

diciembre de dos mil doce (2012), y ratificada mediante la Sentencia TC/0071/13,

de siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), estableció que el plazo de cinco

(5) días establecido en el referido artículo 95 “es hábil y franco, es decir, no se le

computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación

de la sentencia”.

c. La Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00241, objeto del presente recurso fue

notificada a la parte recurrente, señora V.G.C., el veintiuno (21)

de marzo de dos mil dieciocho (2018), según consta en la certificación de la

Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, y el recurso que nos ocupa fue

interpuesto el veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho (2018), de lo que este

tribunal colige que el mismo fue interpuesto en tiempo hábil.

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d. En torno a la admisibilidad del recurso de revisión, el artículo 100 de la Ley

núm. 137-11 establece que la misma está sujeta a la especial trascendencia o

relevancia constitucional de la cuestión planteada, la cual se apreciará atendiendo a

su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la

Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta

protección de los derechos fundamentales. La especial trascendencia o relevancia

constitucional es una noción abierta e indeterminada que debe ser apreciada

concretamente en el caso planteado.

e. El Tribunal Constitucional así lo estableció al tratar este aspecto en su

Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012); en este

sentido, el tribunal señaló casos –no limitativos- en los cuales se configura la

relevancia constitucional:

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que

permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o

normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental,

modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan

al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones

jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos

fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema

jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

f. Tras el análisis de los documentos y hechos más importantes del expediente

que nos ocupa, este tribunal concluye que, en el presente caso, existe especial

trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho

recurso y el Tribunal debe conocer su fondo. Por esto procede rechazar el medio

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de inadmisibilidad por falta de trascendencia planteado por el procurador general

administrativo.

g. La especial trascendencia o relevancia constitucional del presente caso

radica en la necesidad que tiene este tribunal de seguir manteniendo la protección

al derecho a la seguridad social y pensiones que les corresponde a los cónyuges

sobrevivientes y la obligación de las autoridades encargadas de hacer la entrega de

las mismas, de velar porque estas les sean entregadas a las personas

correspondientes.

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional

En el conocimiento del presente caso el Tribunal Constitucional expone los

siguientes razonamientos:

a. El caso en concreto trata sobre la solicitud de pensión por sobrevivencia que

realizó la recurrente, señora V.G.C. en su condición de viuda del

señor J..C.C. al M.isterio de Hacienda y a la Dirección General de

Jubilaciones y Pensiones del M.isterio de Hacienda para que entregara a ella la

pensión que en vida le pertenecía a su esposo.

b. En este sentido, la recurrente puso en mora de entrega de la referida pensión

a la parte recurrida, M.isterio de Hacienda y la Dirección General de Jubilaciones

y Pensiones del M.isterio de Hacienda a cargo del Estado, mediante acto de

alguacil, el que a su vez le contesta mediante correo electrónico que la reclamante

debe cumplir con ciertos requisitos para lograr la entrega de la pensión solicitada.

c. Ante esta situación, la recurrente interpone una acción de amparo ante la

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo que, mediante la Sentencia

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Expediente núm. TC-05-2018-0125, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la

señora V.C. contra la Sentencia núm. 030 -2017-SSEN-00241, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior

Administrativo el veinte (20) de julio de dos mil diecisiete (2017). Página 20 de 32

núm. 030-2017-SSEN-00241, declaró inadmisible la acción, por aplicación del

artículo 70.1, es decir, por la existencia de otra vía, motivo por el cual la recurrente

presenta el recurso de revisión en materia de amparo de cumplimiento que nos

ocupa.

d. El juez de amparo para inadmitir la referida acción se apoyó entre otras

cosas en que:

En ese sentido, cuando se comprueba la existencia de otras vías judiciales

que permiten de manera efectiva la protección de los derechos invocados

por la parte accionante, el amparo puede ser declarado inadmisible; en la

especie, tales intereses pueden ser tutelados de manera efectiva por la vía

del reclamo en sede administrativa, es decir por ante el Departamento de

Atención al Pensionado, que es la vía idónea para hacer para hacer (sic)

prosperar su reclamo de traspaso de pensión de Sobrevivencia, ya que solo

este departamento es quien puede determinar si procede en primera

instancia el reclamo de la señora VIERGELIE GERRIER CELESTIN;

máxime cuan (sic) dicho departamento indicó a la recurrente los

requerimientos que debe completar para que le sea concedida su solicitud,

toda vez que los hechos invocados por el accionante se enmarcan dentro de

las enunciaciones de la ley 87-01, que crea el Sistema Nacional de la

Seguridad Social, en consecuencia, esta Sala procede a declarar

inadmisible la presente A.n Constitucional de A. de Cumplimiento,

interpuesta en fecha veintiséis (26) del mes de enero del año dos mil

diecisiete (2017), por la señora V.G.C., sin

necesidad de ponderar ningún otro pedimento.

e. Luego de analizar la decisión del juez a-quo sometida ante esta sede

constitucional en revisión, este tribunal considera que lo primero que debió tomar

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en cuenta el juez de amparo era que se encontraba en presencia de una acción de

amparo de cumplimiento, la cual debió instruir de acuerdo a lo establecido en la

Ley núm. 137-11, en sus artículos del 104 al 108; es decir, que no podía declarar la

inadmisibilidad de la acción si así lo consideraba, ya que no se encontraba ante una

acción de amparo ordinario, sino ante una de cumplimiento, a la que no se le aplica

la inadmisibilidad sino la improcedencia; por este error procesal, esta sede

constitucional revocará la decisión recurrida y se abocará a su conocimiento, según

lo prescrito en la Ley núm. 137-11, en sus artículos del 104 al 108.

f. D. análisis de la acción de amparo interpuesta por la accionante, este

tribunal ha podido advertir que la misma exige el cumplimiento de lo establecido

en el artículo 51 de la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de

Seguridad Social.

g. El artículo 51 de la Ley núm. 87-01, establece lo siguiente:

En caso de fallecimiento del afiliado activo, los beneficiarios recibirán una

pensión de sobrevivencia no menor a1 sesenta por ciento (60%) del salario

cotizable de 1os últimos tres (3) años o fracción, ajustado por el Índice de

Precios a1 Consumidor (IPC). El cónyuge sobreviviente menor de 50 años

recibirá una pensión durante sesenta (60) meses, o, en su defecto, el hijo

menor hasta 1os 18 años. El cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y

menor de 55 años tendrá derecho a setenta y dos (72) meses de pensión y los

sobrevivientes mayores de 55 años, a una pensión vitalicia.

1

La pensión de

sobrevivencia será financiada con el monto acumulado de la cuenta

personal del afiliado más el aporte del seguro de sobrevivencia. Estas

prestaciones serán revisadas cada 5 años. Serán beneficiarios:

1

N. y subrayado nuestro

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a) El (1a) cónyuge sobreviviente;

2

b) Los hijos solteros menores de 18 años;

c) Los hijos solteros mayores de 18 años y menores de 21 años que

demuestren haber realizado estudios regulares durante no menos de 1os 6

meses anteriores a1 fallecimiento del afiliado;

d) Los hijos de cualquier edad considerados discapacitados de acuerdo a1

Reglamento de Pensiones.

h. Antes de analizar la acción de amparo de cumplimiento que nos ocupa, es

preciso someter el caso a los requisitos que rigen el presente recurso; es decir, si se

cumple con los artículos del 104 al 108 de la Ley núm. 137-11.

i. En este sentido los artículos 104 al 107 de la referida ley disponen que:

 Artículo 104.- A. de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga

por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta

perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé

cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se

pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una

resolución administrativa o dictar un reglamento (…). Este requisito se satisface

toda vez, que la accionante procura que la parte accionada, cumpla con lo

establecido en el artículo 51 de la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema

Dominicano de Seguridad Social.

 Articulo 105.- Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o

reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá

interponer amparo de cumplimiento. (…). Se verifica el cumplimiento de este

requisito en el sentido de que la accionante se siente perjudicada en sus derechos

2

Ídem.

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fundamentales por la no entrega de la pensión por sobrevivencia que ésta entiende

le corresponde por la muerte de su esposo.

 Artículo 106.- Indicación del Recurrido. La acción de cumplimiento se

dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al

que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto

administrativo. Queda satisfecho este requisito, ya que la acción está dirigida

contra el M.isterio de Hacienda y la Dirección General de Jubilaciones y

Pensiones del M.isterio de Hacienda a cargo del Estado, institución encargada de

dar cumplimiento a lo que solicita la accionante.

 Artículo 107.- Requisito y P.. Para la procedencia del amparo de

cumplimiento se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el

cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista

en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables

siguientes a la presentación de la solicitud. P..I.- La acción se interpone en

los sesenta días contados a partir del vencimiento, de ese plazo. Párrafo II.- No

será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. Se satisface este

requisito, pues la accionante puso en mora de cumplimiento a la parte accionada

mediante el Acto núm. 1689-16, de veintisiete (27) de diciembre de dos mil

dieciséis (2016), al no haber recibido respuesta interpone la acción de amparo de

cumplimiento el veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).

j. Después de verificar que se encuentran satisfechos los requisitos que rigen

en cuanto a la forma la acción de amparo de cumplimiento que nos ocupa, este

Tribunal analizará la misma en cuanto al fondo. Ante la solicitud de entrega de la

pensión por sobrevivencia realizada por la accionante a la parte accionada, esta

como respuesta le informa que ella debe cumplir con los siguientes requisitos: 1.

debe estar regularizado el estatus de la cédula de identidad de la solicitante, ya que

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el padrón de la Junta Central Electoral tiene estatus de suspendida por antigüedad,

y 2. debe rectificar el acta de matrimonio, ya que no expresa el número de cédula

de la señora V.G.C., lo que le imposibilita poder identificarla.

k. En este sentido, la accionante solicita a la Oficialía del Estado Civil del

municipio Haina que procedan a cambiar del libro que contiene el acta de

matrimonio, la Ficha núm. 37440, que era correspondiente al documento de

identidad que esta poseía al momento de realizarse el matrimonio para que en su

lugar se inserte la cédula núm. 224-0011628-5, perteneciente a la accionante.

Como respuesta a esta solicitud, el Registro Civil informa a la señora que no es

posible hacer tal corrección, ya que cualquier cambio en el acta deberá ser

ordenado por sentencia de rectificación, pues su cédula se encuentra inhabilitada,

por estar la misma vencida desde el cinco (5) de diciembre de dos mil cuatro

(2004).

l. Este tribunal, a los fines de edificarse respecto de este caso, procedió a

solicitar como medida de instrucción a la Junta Central Electoral, una certificación

en donde se establezca cuál es el estatus de la cédula de identidad y electoral de la

accionante, señora V.G.C..

m. La Certificación CJ-núm. 1412, de cinco (5) de septiembre de dos mil

dieciocho (2018), informa que la cédula de identidad y electoral núm. 224-

0011628-5, correspondiente a la señora V.G.C., de categoría

extranjero, está inhabilitada, debido a que se encuentra vencida desde el cinco (5)

de diciembre de dos mil cuatro (2004).

n. En el presente caso, luego de verificar el estatus real del documento de

identidad de la accionante, este tribunal considera que, si bien es cierto que, según

establece la certificación de la Junta Central Electoral, la cédula de identidad y

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electoral de la accionante se encuentra inhabilitada por estar vencida desde el cinco

(5) de diciembre de dos mil cuatro (2004), también es cierto que, en el expediente

enviado a esta sede constitucional por la referida institución, se encuentra

establecido el número del pasaporte de la accionante, documento de identificación

de ciudadano extranjero, aceptado en todas las instituciones públicas y privadas de

República Dominicana.

o. En esa tesitura, este tribunal considera que la pensión por sobrevivencia

reclamada por la accionante es derecho adquirido, por ser la esposa sobreviviente

de la persona a la que correspondía la referida pensión, derecho que debe ser

protegido y garantizado, en consecuencia, el Tribunal Constitucional considera

que, los derechos adquiridos son un conjunto de prerrogativas en favor del

trabajador que nacen en el momento en que se inicia una relación de trabajo, los

cuales deben ser reconocidos y garantizados por el empleador aun cuando esa

relación laboral haya concluido, como es el caso de la pensión que en caso de

fallecimiento del trabajador se traspasa a sus familiares, viuda (o) conviviente e

hijos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, literal a), de la Ley núm.

87-01.

3

p. Respecto de los derechos adquiridos, este tribunal en su Sentencia

TC/0375/16, de once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), página 20, literal

m), adoptó el criterio de la Corte Constitucional colombiana en el sentido de que:

3

Art. 51.- Pensión de sobrevivientes. En caso de fallecimiento del afiliado activo, los beneficiarios recibirán una pensión de

sobrevivencia no menor a1 sesenta por ciento (60%) del salario cotizable de 1os últimos tres (3) años o fracción, ajustado por el

Índice de Precios a1 Consumidor (IPC). El cónyug e sobreviviente menor de 50 años recibirá una pensión duran te sesenta (60)

meses, o, en su defecto, el hijo menor hasta 1os 18 años. El cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y menor de 55 años tendrá

derecho a setenta y dos (72) meses de pensión y 1os sobrevivientes mayores de 55 años, a una pensión vitalicia. La pensión de

sobrevivencia será financiada con el monto acumulado de la cuenta personal del afiliado más el aporte del seguro de

sobrevivencia. Estas prestaciones serán revisadas cada 5 años. Serán beneficiarios:

a) El (1a) cónyuge sobreviviente

3

.

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Administrativo el veinte (20) de julio de dos mil diecisiete (2017). Página 26 de 32

(...) configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales

que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que,

en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o

pertenecen al patrimonio de una persona”, es decir, que para que se

configure un derecho adquirido es necesario que antes de que opere el

tránsito legislativo se reúnan todas las condiciones necesarias para

adquirirlo (…).

q. Visto el precedente citado es preciso señalar que, en el caso en concreto, la

accionante está reclamando una pensión correspondiente a su esposo fallecido

señor J.C..C. como un derecho adquirido reconocido por ley y que

debe pasar a su patrimonio en su calidad de viuda sobreviviente, por lo que las

autoridades correspondientes tienen la obligación de entregar dicha pensión.

r. De lo anterior se infiere que ante la imposibilidad de que la accionante pueda

obtener la regularización de la cédula de identidad y rectificar el acta de

matrimonio, tal como le exige la parte recurrida, M.isterio de Hacienda y la

Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del M.isterio de Hacienda a cargo

del Estado, estas autoridades deben proceder a la entrega de dicha pensión con la

presentación de su pasaporte núm. RD238.

s. En cuanto al acta de matrimonio asentada en el Libro núm. 00039, F.

núm. 0088, Acta núm. 000188, año mil novecientos ochenta y tres (1983), exige la

parte accionada que la misma sea rectificada para que aparezca el número de

cédula de la accionante, sin embargo, del análisis de la referida acta, este tribunal

considera que en contraste con el pasaporte de la accionante, se puede comprobar

la identidad y el vínculo con el señor J..C.C. (fallecido); dicha acta

de matrimonio ya ha sido validada y legitimada por el Estado dominicano, ya que

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fue utilizada por la accionante y su finado esposo para declarar a sus hijos por ante

los oficiales civiles correspondientes.

t. Por lo expuesto anteriormente, este tribunal considera que las autoridades

recurridas no deben negar la pensión, porque los documentos requeridos pueden

ser suplidos por el pasaporte que la identifica como extranjera, y que a la vez

permite determinar el vínculo que la unía con el esposo fallecido, que en definitiva

es lo que configura su derecho como viuda sobreviviente; insistir en la negativa de

entregar la pensión, sería anteponer la legalidad a la constitucionalidad, en virtud

del artículo 25, que establece, en su parte capital, lo siguiente: “Régimen de

extranjería. Extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los

mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones

que establecen esta Constitución y las leyes (…)”.

u. En ese tenor, este tribunal considera que la condición de extranjera de la

accionante no es impedimento para el acceso a la pensión, pues el pasaporte es un

medio que permite a los extranjeros identificarse y poder viajar a cualquier lugar

del mundo, y que permite realizar todos los actos tanto públicos como privados

mientras permanezcan en territorio nacional.

v. El Tribunal Constitucional, en el caso en concreto, aclara que no se trata de

que por medio de la presente decisión se estén eliminando los requisitos que para

otorgar la pensión por sobrevivencia exige la parte accionada -M.isterio de

Hacienda, y Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del M.isterio de

Hacienda a cargo del Estado- sino que, más bien, los modula para este caso en

concreto, en virtud de los artículos 57, sobre la protección de las personas de la

tercera edad, y 74, numeral 4, referido al principio de favorabilidad, de la

Constitución, que establecen respectivamente:

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Artículo 57. Protección de las personas de la tercera edad. La familia, la

sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las

personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y

comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social

integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

Artículo 74. Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas

a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a

la persona titular de los mismos y, (…).

w. En referencia al principio de favorabilidad, este tribunal en su Sentencia

TC/0323/17, de veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017), página 23, literal

l), estableció que:

Este principio constitucional es uno de los ejes rectores de la justicia

constitucional, expresado en el numeral 5 del artículo 7 de la Ley núm.137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, y se expresa en el sentido de que la Constitución y los

derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se

optimice su máxima efectividad, para favorecer al titular del derecho; es

decir, ninguna ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir

el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.

x. Visto el precedente citado anteriormente, este Tribunal considera que, en el

caso en concreto, las autoridades recurridas en amparo de cumplimiento deben

reconocer, proteger y garantizar el derecho a la pensión por sobrevivencia

reclamado por la señora V.ie G.C., por tratarse de un derecho

adquirido en beneficio de una persona de la tercera edad que reclama su legítimo

derecho a la seguridad social.

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y. La Constitución establece, en su artículo 60, el derecho a la seguridad social

como un medio de dar protección a las personas envejecientes; a tal efecto prevé

que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el

desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una

adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez”.

z. Y en virtud del referido artículo 51 de la Ley núm. 87-01, el cual dispone en

uno de sus párrafos que al cónyuge sobreviviente mayor de cincuenta y cinco (55)

años le corresponde una pensión vitalicia, en consecuencia, la recurrente, señora

V..G..C., según consta en su pasaporte, nació el cinco (5) de

diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco (1955), es decir, que a la

recurrente le corresponde la pensión vitalicia, por tener sesenta y dos (62) años.

aa. Este Tribunal Constitucional luego de estudiar el presente caso y en virtud

de los argumentos expuestos, procede a acoger el recurso de revisión, revocar la

sentencia recurrida, acoger la acción de amparo de cumplimiento y ordenar al

M.isterio de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del

M.isterio de Hacienda a cargo del Estado, pagar a la señora V...G.

.

C., los salarios caídos correspondientes a la pensión que pertenecía a su

esposo, desde marzo de dos mil once (2011), fecha del fallecimiento de este.

bb. Para garantizar la ejecución de la presente sentencia se fijará una astreinte,

en virtud de lo previsto en el artículo 93 de la Ley núm. 137-11, el cual preceptúa

lo siguiente: “El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar

astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo

ordenado”.

cc. Sobre este particular, el Tribunal Constitucional reitera la prerrogativa

discrecional que incumbe al juez de amparo, según su propio criterio, de imponer

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astreintes en los casos sometidos a su arbitrio, ya sea en favor del accionante o de

una institución sin fines de lucro, facultad que deberá ser ejercida de acuerdo con

los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, esto en virtud de la Sentencia

TC/0438/17, de quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017). De ahí que en

el dispositivo se hará constar el monto y a favor de quien se consignará la astreinte

en caso de incumplimiento del mandato de la presente sentencia.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría

requerida. No figuran las firmas de los magistrados M..R..G.,

presidente; V.G.B. y K.M.J.M., en razón de

que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por

causas previstas en la Ley.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el

Tribunal Constitucional,

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora V.G.

.

C., contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00241, dictada por la Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de julio de dos mil

diecisiete (2017).

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGER el recurso de revisión anteriormente

señalado y, en consecuencia, REVOCAR en todas sus partes la sentencia

recurrida.

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TERCERO: ACOGER la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la

señora V.G..C. y, en consecuencia, ORDENAR al M.isterio

de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del M.isterio

de Hacienda a cargo del Estado, el pago a la señora V.G.C., de

los salarios caídos correspondientes a la pensión que pertenecía a su esposo desde

marzo de dos mil once (2011), fecha del fallecimiento de este.

CUARTO: IMPONER una astreinte de cinco mil pesos dominicanos con 00/100

($5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión contra el

M.isterio de Hacienda y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del

M.isterio de Hacienda a cargo del Estado, aplicable a favor de la accionante,

señora V.G.C..

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7 y 66 de la Ley núm.

137-11.

SEXTO: ORDENAR por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a la

parte recurrente, señora V.G.C., a la parte recurrida, M.isterio

de Hacienda y Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del M.isterio de

Hacienda a cargo del Estado, y al procurador general administrativo.

SEPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: L.M.P..M., J.a Primera Sustituta, en funciones de

Presidente; L.V.S., J. Segundo Sustituto; H.A. de

los Santos, J.; A..I..B..H., J.; J.P.C.

.

K., J.; V.J.C.P., Juez; J..C.D., J.;

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R.D..F., J.; W..S.G..R., J.; I.R., J.;

J.J.R.B., S..

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal

Constitucional, que certifico.

J.J.R.B.

.

S.