Sentencia nº 155 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Septiembre de 2013.

Fecha de Resolución:18 de Septiembre de 2013
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 18/09/2013

Materia: Civil

Recurrente(s): Estado dominicano

Abogado(s): Dr. J.A.C.

Recurrido(s): R.B.P.

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Estado Dominicano, por vía de la Dirección General de Aduanas, con oficinas abiertas en la avenida A.L. No. 1110, esquina calle J.M., de esta ciudad, debidamente representada por su Director General, señor M.C.G., dominicano, mayor de edad, casado, funcionario público, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0058505-1, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 467, dictada el 3 de agosto de 2006, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. K.R.G., en representación del Dr. J.A.C., abogados de la parte recurrente;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. E.P.P., abogado de la parte recurrida, R.B.P.;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: "Único: Que procede Acoger el recurso de casación interpuesto contra la sentencia Civil No. 467 del 03 de agosto del 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.";

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia, el 25 de agosto de 2006, suscrito por el Dr. J.A.C., abogado de la parte recurrente, el Estado Dominicano, por vía de la Dirección General de Aduanas;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia, el 15 de septiembre de 2006, suscrito por el Licdo. L.P.P., abogado de la parte recurrida, R.B.P.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08 de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 28 de noviembre de 2007, estando presentes los jueces R.L.P., P.; J.E.H.M. y D.O.F., asistidos de la Secretaria;

Visto el auto dictado el 16 de septiembre de 2013, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados V.J.C.E., M.O.G.S., J.A.C.A. y F.A.J.M., jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda en fijación de astreinte incoada por la señora R.B.P., contra la Dirección General de Aduanas y el Estado Dominicano, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 14 de marzo del 2006, la Ordenanza núm. 317/06, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: En cuanto a la forma, DECLARA buena y válida la demanda en Fijación de Astreinte, por haber sido incoada conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo ACOGE las conclusiones de la demandante, R.B.P., y en consecuencia CONDENA a la Dirección General de Aduanas, a una (sic) astreinte provisional de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00), por cada día de retardo en darle cumplimento a la decisión No. 687/05, de fecha 29 de noviembre del 2005, dictada por esta Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia en atribuciones de juez de los Amparos, a partir de la notificación de esta ordenanza, astreinte que será revisado y liquidado cada mes por este tribunal, por los motivos anteriormente expuestos; TERCERO: Declara esta Ordenanza ejecutoria provisionalmente y sin fianza, conforme lo dispone el artículo 105 de la ley 834 del 15 de julio de 1978."; b) que, no conforme con dicha decisión, el Estado Dominicano, vía la Dirección General de Aduanas, interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante el acto núm. 266/2006, de fecha 31 de marzo de 2006, instrumentado por el ministerial S.Z.G., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el cual fue resuelto por la sentencia núm. 467, de fecha 3 de agosto de 2006, ahora impugnada, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el ESTADO DOMINICANO, por vía de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, mediante acto No. 266-2006, de fecha 31 del mes de marzo del año 2006, instrumentado por el Ministerial SILVERIO ZAPATA GALÁN, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, contra la Ordenanza No. 317/06, relativa al expediente No. 504-06-00065, dictada en fecha catorce (14) del mes de marzo del año dos mil seis (2006), por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de la señora R.B., por haber sido interpuesto conforme al derecho que rige la materia; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, por los motivos expuestos precedentemente, dicho recurso y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus parte (sic) la ordenanza apelada; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento, por los motivos expuestos precedentemente.";

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia fue apoderada del recurso de casación interpuesto por el Estado Dominicano, vía la Dirección General de Aduanas, contra la sentencia núm. 467, de fecha 3 de agosto de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito anteriormente;

Considerando, que es importante recordar que la reforma a la Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010, incluyó la instauración del Tribunal Constitucional, consagrando su competencia "para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales", estableciendo, además, en la Tercera de las disposiciones transitorias contenidas en el Titulo XV, Capítulo II, que: "La Suprema Corte de Justicia mantendrá las funciones atribuidas por esta Constitución al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial hasta tanto se integren estas instancias";

Considerando, que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 189 de la Constitución de la República Dominicana, conforme al cual la ley regularía los procedimientos constitucionales y lo relativo a la organización y al funcionamiento del referido tribunal, el día 13 de junio de 2011 fue promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, la cual fue publicada el día quince (15) de ese mismo mes y año;

Considerando, que es necesario señalar que, para lo que aquí importa, el artículo 94 de la citada Ley núm. 137-11, establece expresamente: "Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. Párrafo: Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso habrá de precederse con arreglo a lo que establece el derecho común";

Considerando, que conforme a la disposición transitoria precedentemente citada, la Suprema Corte de Justicia mantendría las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional hasta tanto el mismo fuera integrado, lo que efectivamente ocurrió el día 28 de diciembre de 2011, por el Órgano habilitado constitucionalmente para ello, lo que implica que la facultad para el ejercicio de dichas funciones, atribuidas en su momento a la Suprema Corte de Justicia, cesó a partir de la fecha precitada, incluso para los casos en curso, por la simple razón de que es de principio que la reforma constitucional, como es el caso de la producida a nuestra Carta Sustantiva en el año 2010, al igual que las leyes de procedimiento, entre ellas las leyes que regulan la competencia y la Organización Judicial, surten efecto inmediato, lo que implica necesariamente una atenuación al principio de irretroactividad de la ley;

Considerando, que en esa línea de pensamiento es oportuno señalar, que ha sido juzgado, que cuando antes de que se dicte la decisión sobre el fondo de un asunto cualquiera, se promulgue una ley que suprima la competencia del tribunal apoderado de la demanda o pretensión de que se trate y que por tanto atribuya competencia a otro tribunal, es indiscutible que el tribunal anteriormente apoderado pierde atribución para dictar sentencia y deberá indefectiblemente pronunciar su desapoderamiento;

Considerando, que aunque del caso de que se trata se apoderara a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia por la vía de la casación, cuyo recurso era el procedente entonces contra una decisión como la impugnada en la especie, resulta, que a la luz de las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, antes transcrito, la competencia exclusiva para conocer de la revisión de las sentencias dictadas por el juez de amparo descansa en el Tribunal Constitucional, por lo que es de toda evidencia que en el estado actual de nuestro derecho constitucional, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para conocer del referido asunto;

Considerando, que por tales motivos, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, reafirma el criterio sostenido en las resoluciones dictadas en materia de amparo a partir de la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional, de declarar de oficio la incompetencia de este tribunal y remitir el caso y a las partes por ante el Tribunal Constitucional, por ser éste el Órgano competente para conocer de las revisiones de las sentencias dictadas por el juez de amparo.

Por tales motivos, Primero: Declara la incompetencia de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de casación interpuesto por el Estado Dominicano, vía la Dirección General de Aduanas, contra la sentencia núm. 467, de fecha 3 de agosto de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito anteriormente; Segundo: Remite el asunto y a las partes por ante el Tribunal Constitucional, para los fines correspondientes; Tercero: Declara el proceso libre de costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 18 de septiembre 2013, años 170º de la Independencia y 151º de la Restauración.

Firmado: J.C.C.G., V.J.C.E., M.O.G.S., J.A.C.A., F.A.J.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.