Sentencia nº 25 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Febrero de 2021.
| Número de resolución | 25 |
| Emisor | Segunda Sala Suprema Corte de Justicia |
C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 04 de febrero del 2021, que dice así:
En Nombre de la República, las SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competentes para conocer del segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, presidida por el magistrado L.H.M. y demás jueces que suscriben, en fecha 04 de febrero de 2021, año 177° de la Independencia y año 158° de la Restauración, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:
En ocasión del recurso de casación interpuesto por B.A. vda. G.,dominicana, mayor de edad, hacendada, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0012035-6, domiciliada y residente en la calle 16 de Agosto, núm. 88, de la ciudad de Bonao, provincia M.N.;J.F.G.A., dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0010889-8, domiciliado y residente en la calle 16 de Agosto, núm. 88, de la ciudad de Bonao, provincia M.N.; L.C.G.A., dominicano, mayor de edad, médico veterinario, casado, domiciliado y residente en la calle 16 de Agosto, núm. 88, de la ciudad de Bonao, provincia M.N.,titular de la cédula de identidad y electoral núm. 048-117504-3;y R.E.G.S., dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identificación personal núm. 60078 serie 47, domiciliado y residente en la calle 16 de Agosto, núm. 88, de la ciudad de Bonao, provincia M.N.,civilmente responsables,contra la sentencia núm. 73 dictada el 11 de abril de 2002,en atribuciones correccionales, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco Macorís.
VISTOS (AS):
1. El acta de recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte aqua el 12 de mayo de 2002 a requerimiento de B.A. Vda. G., J.F.G.A., Dr. L.C.G.A. y R.E.G..
2. El dictamen emitido por el Procurador General de la República el 5 de mayo de 2003.
3. El auto emitido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia mediante el cual fijó audiencia para el día 17 de septiembre de 2003 a fin de conocer el recurso de casación de que se trata.
4. El escrito de defensa depositado en la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia el 7 de junio de 2004, suscrito por el Dr. M.V.C. y el Lcdo. R.M.G., abogados deFrancisco J..
Resulta que: 1. Las Cámaras Reunidas de laSuprema Corte de Justicia conocieronel presente recurso de casación en la audiencia fijada al efecto, ocasión en la que decidieron reservar el fallo para dictar sentencia en una fecha posterior; por tal razón, y en vista de encontrarse aún pendiente defallo, el magistrado L.H.M.P., presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto núm. 24-2020, el 10 de diciembre de 2020, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados M.R.H.C., P.J.O., F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M., M.G.G.R. y F.A.O.P., para integrar las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes números 684 del año 1934 y 926 del año 1935.
2. Los jueces suscribientes se encuentran habilitados para pronunciar el fallo correspondiente al presente recurso de casación en virtud de que la audiencia se concentra en el debate sobre los fundamentos del recurso, y el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0099/17 del 15 de febrero de 2017 ha refrendado que el cambio de jueces en la corte de casación, para la deliberación y fallo del recurso, no constituye una violación al principio de inmediación en materia penal. LAS SALAS REUNIDAS, LUEGO DE HABER DELIBERADO:
Del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que:
1. El 6 de octubre del 1980 el Ministerio Público sometió a la acción de la justicia a E.R., F.J. y F.G., por presuntamente haber violado las disposiciones contenidas en los artículos309y 401 del Código Penal Dominicana, por el hecho siguiente: “En fecha 4 de octubre del 1980, siendo aproximadamente la 1:00 PM., en la sección J. del municipio de M.N. (Bonao), provincia de La Vega, fue herido el nombrado F.J., el cual resultó con heridas múltiples ocasionadas por perdigones, en ambas piernas, que fueron ocasionadas por el nombrado E.R., al hacerle un disparo con la escopeta propiedad del Dr. R.E.G.S. y que E.R. portaba en su calidad de encargado de una finca ubicada en la sección antes referida, propiedad del senador J.D.G., hecho que ocurrió en el momento en que el nombrado F.J. fue sorprendido por el encargado dentro de los terrenos de la citada finca sustrayendo frutas conjuntamente con el nombrado F.G..
2. Para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderadoel Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.N.,tribunal que el 7 de febrero de 1984dictó sentencia mediante la cual ordenó la declinatoria del proceso por ante el Juez de Instrucción del mismo Distrito Judicial, considerando que el proceso tenía visos de criminalidad. 3. La indicada decisión fue impugnada por el Ministerio Público,siendo apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, tribunal que el 5 de diciembre del 1984 dictó sentencia en sus atribuciones correccionales, en la cual devolvió el expediente al Procurador Fiscal del Distrito Judicial de M.N. para que apoderara correccionalmente al Juez de Primera Instancia de esa jurisdicción.
4. Apoderado del envío ordenado, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.N., dictó la sentencia núm. 762 del 24 de agosto de 1988,mediante lacual descargó de toda responsabilidad a los nombrados F.J. y F.G., por no haber cometido los hechos,y declaró las costas penales de oficio; asimismo,declaró la extinción de la acción pública respecto al fenecido E.R. el aspecto civil,condenó solidariamente a J.F.G.A., L.C.G.A. y Dr. R.E.G.S. y cónyuge superviviente B.A. sucesores o causahabientes y cónyuge superviviente del decujus, al pago de una indemnización de RD$50,000.00 a favor del señor F.J., también al pago de los intereses legales de la indicada sumay al pago de las costas civiles del procedimiento.
5. No conformes con la anterior decisión, el Ministerio Públicoy los sucesores J.D.G., B.A. vda. G., J.F.G.A., Dr. L.C.G.A. y R.E.G.,en sus respectivas calidades, interpusieron recurso de apelación, siendo apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, tribunal que emitió la sentencia el 8 de junio de 1992,donde declaró regular, tanto en la forma como en el fondo, la constitución en parte civil de los sucesores de J.D.G., señores J.F.G.A., Dr. L.C.G.A. y Dr. R.E.G.S., condenándolos al pago de RD$20,000.00a favor de F.J.; además rechazó la constitución en parte civil formulada por el señor F.J. en contra de J.F.G.A., Dr. L.C.G.A. y Dr. R.E.G.S., por improcedente y mal fundada;condenando además a la señora B.A. vda. G. al pago de los intereses legales de la indicada indemnización y al pago de las costas del procedimiento.
6. La sentencia precedentemente citada fue recurrida en casación por:a) F.J. y,b) B.A. Vda. G., J.F.G.A., L.C.G.A. y R.E.G., a propósito de lo cual la Suprema Corte de Justicia pronunció sentencia el29deseptiembrede1998, por la cual casó la sentencia recurrida por incurrir en contradicción entre el fundamento de la sentencia con su dispositivo, enviando el asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.
7. Apoderada del envío ordenado, la Corte a qua dictó la sentencia número 326 del 5 de marzo de 2001, mediante la cual retuvo falta penal aElpidio R., no así en cuanto a F.J. y F. García.Confirmó los ordinales a, b, c, y d, del ordinal segundo de la sentencia apelada y condenó a los sucesores causahabientes y cónyuge superviviente del fenecido J.D.G., al pago de los intereses legales de la cantidad acordada más las costas civiles.
8. No conformes con esta decisión, los señores B.A. Vda. G., J.F.G.A., Dr. L.C.G.A. y R.E.G., recurrieron en oposición, procediendo dicho tribunal a dictarel 11 de abril de 2002 la sentencia ahora impugnada nueva vez en casación,siendo su parte dispositiva:
PRIMERO: Declara regulares y válidos en cuanto a la forma el recurso de oposición interpuesto por el Dr. J.C.V.S., actuando a nombre y representación de los señores B.A. Vda. G., J.F.G.A., Dr. L.C.G.A. y R.E.G., el 9 de marzo de 2001; contra la sentencia correccional No. 326 de fecha 5 de marzo de 2001, dictada por esta Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, por haber sido incoado en tiempo hábil y conforme a las normas procesales. SEGUNDO: En cuanto al fondo del referido recurso, esta Corte, actuando por autoridad propia, confirma la sentencia recurrida, exceptuando el ordinal cuarto. TERCERO: Condena a la parte recurrente, señora B.A. Vda. G., J.F.G.A., Dr. L.C.G.A. y R.E.G., al pago de las costas procedimentales de oposición, ordenando la distracción de las mismas en provecho del doctor M.V.C. y el Lcdo. R.M.G., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.
Consideraciones de hecho y de derecho:
1. Del histórico del caso que ocupa nuestra atención resulta evidente que nos encontramos apoderados de un proceso correspondiente a la estructura liquidadora, pues la acción penal se contrae a un hecho acaecido en el año 1980, cuando se encontraba vigente el Código de Procedimiento Criminal, obrando en la glosa como primer acto procesal el sometimiento de los nombrados E.R., F.J. y F.G., cursado el 6 de octubre del 1980.
2. Por definición de la Ley núm. 278-04 sobre la implementación del proceso penal instituido por la Ley núm. 76-02, la presente es una causa en trámite1 y en liquidación2, pues inició con el derogado Código de Procedimiento Criminal y la última actuación procesal consistió en el auto de fijación de audiencia del 17 de septiembre de 2003. En este punto es importante observar que en la referida ley el legislador instauró un método de implementación y también de transición hacia el Código Procesal Penal, previendo la duración máxima de los procesos aún en curso al disponer lo siguiente:
Artículo 5. Duración del proceso. Las causas que, mediante la estructura liquidadora, deban continuar tramitándose de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884, por no estar sujetas a la extinción extraordinaria, deberán concluir en el plazo máximo de dos años, computables a partir del 27 de septiembre del 2004. Una vez vencido este plazo de dos años, las causas a las que se refiere este artículo que quedaren todavía pendientes dentro de la estructura liquidadora seguirán tramitándose de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el Artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su
1CAUSAS EN TRÁMITE: Son aquellas causas o procesos que se iniciaron bajo el imperio del Código de Procedimiento Criminal de 1884 y las disposiciones que lo modifican y complementan y que al 27 de septiembre del 2004 no hayan sido concluidos. (Artículo 1 de la Ley 278-04 de 2004).
2LIQUIDACIÓN: Es el proceso mediante el cual se dará término a las causas iniciadas de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884. (Artículo 1 de la Ley 278-04 de 2004). punto de partida, respecto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento.
Transcurridos todos estos plazos sin decisión irrevocable se declarará la extinción de la acción penal de las causas que quedaren pendientes dentro de la estructura liquidadora. Esta declaratoria tendrá lugar a petición de las partes o de oficio por el Tribunal, aun cuando haya mediado actividad procesal.
Párrafo: Durante este período, cuyo total es de cinco (5) años, y durante el primer trimestre de cada año podrá procederse, si es necesario, con respecto a las causas aún pendientes dentro de la estructura liquidadora, de la manera establecida por el Artículo 3 de la presente ley para la extinción extraordinaria.
3. A la llegada de los primeros dos años de la etapa liquidadora, la Suprema Corte de Justicia, en interés de evitar que el tránsito de los procesos de un modelo al otro se produjera de forma traumática, así como de asegurar la uniformidad de las actuaciones con dicho fin, emitió la resolución núm. 2529-2006 del 31 de agosto de 2006, mediante la cual dispuso -respecto de las causas en trámite ante la Suprema Corte de Justicia en atribución liquidadora- que los aspectos de admisibilidad del recurso se regirían por la legislación vigente al momento de su interposición. Luego, aproximándose el término del plazo de duración máxima del proceso, previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que era de tres años antes de la modificación efectuada por la Ley núm. 10-15, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución núm. 2802-2009 del 25 de septiembre de 2009, en la que resaltó el interés judicial de observar la dualidad de plazos de duración máxima del proceso atendiendo a que en los casos complejos el vencimiento operaba a los cuatro años, y, por otro lado, inspirada en las motivaciones del legislador de la Ley núm. 278-04 al sostener que aunque la extinción dispuesta persigue descongestionar los tribunales penales no podía constituir una causal de impunidad sobre todo en casos de alta peligrosidad, declaró que “la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”.
4. Resulta evidente que aún con los procedimientos así regulados no fue posible concluir con la totalidad de asuntos pendientes y en trámite en el referido plazo de cinco años. Ante dicha realidad, este órgano está llamado a dar respuesta a las causas que en dicha situación les apodera, y para hacerlo debe someterse al principio de favorabilidad que rige en la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, como lo dispone el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución de la República; de igual manera, al principio de no retroactividad o irretroactividad de la ley que se consagra en el artículo 110 del mismo canon constitucional, que establece: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. 5. En dicho orden, la principal cuestión que corresponde observar es la atinente a la prolongación en el tiempo sin que este proceso haya sido definitivamenteresuelto, lo cual confronta el principio del plazo razonable previsto en el artículo 8 del Código Procesal Penal, que también se incluye dentro de las garantías mínimas que conforman el debido proceso. En esa tesitura, esta Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativa en el sentido de que: “El plazo razonable, es uno de los principios rectores del debido proceso penal, y establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho de presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad; principio refrendado por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en su artículo 69, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso; Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, tal y como ya se ha expresado, al momento de ocurrir los hechos, disponía que la duración máxima del proceso, específicamente que la duración máxima, de todo proceso es de tres (3) años; y que en el artículo 149 se dispone que, “Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este Código”; que de conformidad con la resolución núm. 2802-2009, del 25 de septiembre de 2009, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al tribunal apoderado evaluar, en consecuencia, la actuación del imputado; que en la especie, conforme los documentos y piezas que obran en el expediente, se observa que no es atribuible al imputado3”.
6. En el caso que nos ocupa, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia han comprobado que la inactividad procesal de los últimos diecisiete (17) años no es atribuible ni a los recurrentes ni a los recurridos, pues no ha mediado actuación alguna de su parte, por lo que procede declarar la extinción de la acción penal al amparo de las disposiciones normativas y la jurisprudencia casacional citada.
7. En atención a las circunstancias de hecho y derecho descritas, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, tomando en consideración las reglas procesales que conforman el debido proceso, el buen derecho y los principios legales antes citados, consideran que procede declarar oficiosamente la extinción de la acción penal por haber sido constatado de manera fehaciente que este proceso ha alcanzado una inactividad procesal de diecisiete (17) años, lo que sobrepasa a todas luces el plazo máximo de la duración del proceso establecido en la norma procesal penal, sin que de forma alguna pueda serle atribuible a las partes del proceso.
8. En virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal procede eximir el pago de las costas, en atención a la decisión que se adopta.
3Ver sentencia núm. 13, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de enero de 2018. Por tales motivos, LAS SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 821 de Organización Judicial y sus modificaciones; la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; la Ley núm. 278 sobre la Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02, el Código Procesal Penal de la República Dominicana; la Resolución núm. 2529–2006 del 31 de agosto del 2006, que reglamenta el tránsito de los procesos del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, y la Resolución núm. 2802-2009 que dispuso los criterios de evaluación previo al pronunciamiento de la extinción de la acción penal, ambas dictadas por la Suprema Corte de Justicia; y la sentencia número TC/0099/17 pronunciada por el Tribunal Constitucional el 15 de febrero de 2017.
FALLAN:
Declaran la extinción de la acción penal seguida en contra de B.A. vda. G., J.F.G.A., Dr. L.C.G.A. y R.E.G.F.,por las razones expuestas en el cuerpo de esta decisión.
Declaran el proceso exento del pago de costas. TERCERO: O. que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.
Firmado por L.H.M.P., F.A.J.M., M.A.R.O., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M. y M.G.G.R..
C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en la estampa de firma electrónica, en la fecha arriba indicada.
CJ/Nt/Evpf
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 04 de febrero del 2021, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
(Firmado) C.J.G.L., S. General
