Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Diciembre de 2020.
| Número de resolución | . |
| Emisor | Salas Reunidas |
Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
Extinción
C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 17 de diciembre del 2020, que dice así:
En Nombre de la República, las SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competentes para conocer del segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, presidida por el magistrado L.H.M.P. y demás jueces que suscriben, en fecha diecisiete (17) de diciembre del año 2020, año 177° de la Independencia y año 158° de la Restauración, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:
En ocasión del recurso de casación interpuesto por R.P.T., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 011-0013326-0, domiciliado y residente en la manzana 24, núm. 27, de la Urbanización Primaveral de V.M., Santo Domingo Norte, entonces prevenido; Sociedad Industrial Dominicana, persona civilmente responsable y la Universal de Seguros C. por A., entidad aseguradora; contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacionalel29 de marzo de2004.
VISTOS (AS): Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
1. El acta de recurso de casación levantada en la secretaría del Juzgadoa quo el 3 de junio de 2004, a requerimiento de R.P.T., la Sociedad Industrial Dominicana, hoy MERCASID y Seguros Popular, C. por A., continuadora jurídica de Seguros Universal América.
2. El dictamen emitido por el Procurador General de la República el 4 de octubre de 2004.
3. La audiencia para conocer del recurso de casación fue celebrada el 6 de septiembre 2006.
Resulta que:
1. Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia conocieron el presente recurso de casación en la audiencia fijada al efecto, ocasión en la que decidieron reservar el fallo para dictar sentencia en una fecha posterior; por tal razón, y en vista de encontrarse aún pendiente, el magistrado L.H.M.P., presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto núm. 20-2020, el cinco (5) de noviembre de 2020, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados M.R.H.C., P.J.O., F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., A.A.B.F., Blas Rafael
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M., M.G.G.R. y F.A.O.P., para integrar las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes números 684 del año 1934 y 926 del año 1935.
2. Los jueces suscribientes se encuentran habilitados para pronunciar el fallo correspondiente al presente recurso de casación en virtud de que la audiencia se concentra en el debate sobre los fundamentos del recurso, y el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0099/17 del 15 de febrero de 2017 ha refrendado que el cambio de jueces en la corte de casación, para la deliberación y fallo del recurso, no constituye una violación al principio de inmediación en materia penal.
LAS SALAS REUNIDAS, LUEGO DE HABER DELIBERADO:
Del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que:
1. El Ministerio Público sometió a la acción de la justicia a R.P.T., por presuntamente haber violado las disposiciones de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, por el hecho siguiente: “Que con motivo de un accidente de
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
tránsito ocurrido el 2 de octubre de 1994 en la ciudad de Santo Domingo, entre el vehículo marca Daihatsu, conducido por M. de J.F.P., propiedad de R.G.C. y la camioneta Marca Isuzu, conducida por R.V.P.T., propiedad de la Sociedad Industrial Dominicana, resultaron los vehículos con desperfectos”.
2. Para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderado elJuzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Grupo 2, tribunal que el 16 de noviembre de 1996 dictó la sentencia número 5068, en la cual absolvió a M. de J.F.P., de violar las disposiciones de la Ley núm. 241; pronunció el defecto en contra de R.P.T. y lo declaró culpable de violar las disposiciones del artículo65de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, condenándolo al pago de una multa y las costas penales. En cuanto al aspecto civil, condenó a la Sociedad Industrial Dominicana al pago de montos indemnizatorios a favor R.G.C., de los intereses legales de dicha suma computados a partir de la fecha de la demanda y hasta la total ejecución de la sentencia, a título de indemnización complementaria, así como al pago de las costas civiles causadas, declarando la sentencia común y oponible a la Universal de Seguros, C. por A.
3. No conformes con la decisión interpusieron recurso de apelación R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana y la Universal de Seguros, C. por
A., en sus respectivas calidades, siendo apoderada la Séptima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó la
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
sentencia número1191 del19 de junio de2001, por la que confirmó en todas sus partes la sentencia apelada.
4. La sentencia precedentemente citada fue recurrida en casación por el prevenido, la persona civilmente responsable y la entidad aseguradora, a propósito de lo cualla entonces Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia pronunció sentencia el 6deagosto de 2003, por la cual casó la recurrida al advertir que incurrió en insuficiencia de motivos,y ordenó el envío del asunto ante la Cuarta Sala de laCámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
5. Apoderado del envío ordenado el Juzgado a quo dictó la sentencia núm. 842-2004del 29demarzo de 2004, ahora impugnada nueva vez en casación, siendo su parte dispositiva:
PRIMERO: Declara regular y válidos los recursos de apelación interpuestos por: a-) Dr. D.G.H. en nombre y representación del señor R.P.T. y de las razones sociales Sociedad Industrial Dominicana y la Universal de Seguros S.A., en fecha 19 de diciembre del 1996; b) El D.A.R.C., actuando por él y los Licdos. L.M. de Oca, en nombre y representación de Sociedad Industrial Dominicana, en fecha 24 de enero del año 1997, en contra de la Sentencia no. 5068, de fecha dieciséis (16) de noviembre del 1996 dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Grupo II, cuyo dispositivo copiado textualmente dice así: PRIMERO: Se declara no culpable al señor M. de J.F.P., por no haber violado ninguna de las disposiciones de la Ley 241 sobre tránsito de vehículos de motor; SEGUNDO: Se pronuncia el defecto en contra del señor R.V.P.T., por no haber comparecido, no obstante citación
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
vehículos de motor; en consecuencia, se le condena al pago RD$200.00 de multa y al pago de las costas; TERCERO: Se declara buena y valida la presente constitución en parte civil incoada por R.G.C., en contra de la Sociedad Industrial Dominicana, por estar hecha de acuerdo a los preceptos legales; CUARTO: En cuanto al fondo de dicha constitución, se condena al señor R.P.T., prevenido y a la Sociedad Industrial Dominicana, persona civilmente responsable a pagar la suma de Cuarenta Mil Pesos Dominicanos (RD$40,000.00), a favor de R.G.C., propietaria, por los daños materiales ocasionados en su vehículo, incluyendo la reparación, lucro cesante y daños emergentes, al pago de los intereses legales a partir de la fecha de la demanda y hasta el total de la ejecución de la presente Sentencia, a título de indemnización supletoria, al pago de las costas distraídas, en provecho de los Dres. C.B.F. y D.C.M., abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO: Se declara común y oponible la sentencia a la compañía de seguros la Universal de Seguros S.A., entidad aseguradora en virtud de lo que establece el artículo 10, modificado de la Ley 4117 sobre seguro obligatorio; SEGUNDO : En cuanto al fondo, confirma en todas sus partes la sentencia No. 5068; de fecha 16 de noviembre del año 1996, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, grupo II, por ser justa y reposar sobre prueba legal; TERCERO: Condena al señor R.V.P.T., al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción a favor del Dr. D.C.M., abogado que afirma haberlas avanzado; CUARTO: C. al ministerial R.A., alguacil de estrados de esta Sala notificar la presente sentencia.
Consideraciones de hecho y de derecho:
1. Del histórico del caso que ocupa nuestra atención resulta evidente que nos encontramos apoderados de un proceso correspondiente a la estructura
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
liquidadora, pues la acción penal se contrae a un hecho acaecido en el año 1994, cuando se encontraba vigente el Código de Procedimiento Criminal, obrando en la glosa como primer acto procesal la sentencia condenatoria emitida el 16 de noviembre del1996 por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Grupo 2.
2. Por definición de la Ley núm. 278-04 sobre la implementación del proceso penal instituido por la Ley núm. 76-02, la presente es una causa en trámite1 y en
liquidación2, pues inició con el otrora Código de Procedimiento Criminal y la última actuación procesal consistió en la audiencia celebrada el 6 de septiembre de 2006. En este punto es importante observar que en la referida ley el legislador instauró un método de implementación y también de transición hacia el Código Procesal Penal, previendo la duración máxima de los procesos aún en curso al disponer lo siguiente:
Artículo 5. Duración del proceso. Las causas que, mediante la estructura liquidadora, deban continuar tramitándose de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884, por no estar sujetas a la extinción extraordinaria, deberán concluir en el plazo máximo de dos años, computables a partir del 27 de septiembre del 2004. Una vez vencido este plazo de dos años, las causas a las que se refiere este artículo que quedaren todavía pendientes
1CAUSAS EN TRÁMITE: Son aquellas causas o procesos que se iniciaron bajo el imperio del Código de Procedimiento Criminal de 1884 y las disposiciones que lo modifican y complementan y que al 27 de septiembre del 2004 no hayan sido concluidos. (Artículo 1 de la Ley núm. 278-04 de 2004).
2LIQUIDACIÓN: Es el proceso mediante el cual se dará término a las causas iniciadas de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884. (Artículo 1 de la Ley núm. 278-04 de 2004).
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
dentro de la estructura liquidadora seguirán tramitándose de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el Artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto de partida, respecto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento.
Transcurridos todos estos plazos sin decisión irrevocable se declarará la extinción de la acción penal de las causas que quedaren pendientes dentro de la estructura liquidadora. Esta declaratoria tendrá lugar a petición de las partes o de oficio por el Tribunal, aun cuando haya mediado actividad procesal.
Párrafo: Durante este período, cuyo total es de cinco (5) años, y durante el primer trimestre de cada año podrá procederse, si es necesario, con respecto alas causas aun pendientes dentro de la estructura liquidadora, de la manera establecida por el Artículo 3 de la presente ley para la extinción extraordinaria.
3. A la llegada de los primeros dos años de la etapa liquidadora, la Suprema Corte de Justicia, en interés de evitar que el tránsito de los procesos de un modelo al otro se produjera de forma traumática, así como de asegurar la uniformidad de las actuaciones con dicho fin, emitió la resolución núm. 2529-2006 del 31 de agosto de 2006, mediante la cual dispuso -respecto de las causas en trámite ante la Suprema Corte de Justicia en atribución liquidadora- que los aspectos de admisibilidad del recurso se regirían por la legislación vigente al momento de su interposición. Luego, aproximándose el término del plazo de duración máxima del proceso, previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que era de tres años antes de la modificación efectuada por la Ley núm. 10-15, la Suprema Corte de Justicia dictó
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
interés judicial de observar la dualidad de plazos de duración máxima del proceso atendiendo a que en los casos complejos el vencimiento operaba a los cuatro años, y, por otro lado, inspirada en las motivaciones del legislador de la Ley núm. 278-04 al sostener que aunque la extinción dispuesta persigue descongestionar los tribunales penales no podía constituir una causal de impunidad sobre todo en casos de alta peligrosidad, declaró que “la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”.
4. Resulta evidente que aún con los procedimientos así regulados no fue posible concluir con la totalidad de asuntos pendientes y en trámite en el referido plazo de cinco años. Ante dicha realidad, este órgano está llamado a dar respuesta a las causas que en dicha situación les apodera, y para hacerlo debe someterse al principio de favorabilidad que rige en la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, como lo dispone el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución de la República; de igual manera, al principio de no retroactividad o irretroactividad de la ley que se consagra en el artículo 110 del mismo canon constitucional, que establece: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
5. En dicho orden, la principal cuestión que corresponde observar es la atinente a la prolongación en el tiempo sin que este proceso haya sido definitivamente resuelto, lo cual confronta el principio del plazo razonable previsto en el artículo 8 del Código Procesal Penal, que también se incluye dentro de las garantías mínimas que conforman el debido proceso.En esa tesitura, esta Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativaen el sentido de que: “El plazo razonable, es uno de los principios rectores del debido proceso penal, y establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho de presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad; principio refrendado por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en su artículo 69, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso; Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, tal y como ya se ha expresado, al momento de ocurrir los hechos, disponía que la duración máxima del proceso, específicamente que la duración máxima, de todo proceso es de tres (3) años; y que en el artículo 149 se dispone que, “Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este Código”; que de conformidad con la resolución núm. 2802-2009, del 25 de septiembre de 2009, dictada por el Pleno de la
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
Suprema Corte de Justicia, la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al tribunal apoderado evaluar, en consecuencia, la actuación del imputado; que en la especie, conforme los documentos y piezas que obran en el expediente, se observa que no es atribuible al imputado 3 ”.
6. En el caso que nos ocupa, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia han comprobado que la inactividad procesal de los últimos catorce (14) años no es atribuible ni alos recurrentes ni a la parte recurrida, pues no ha mediado actuación alguna de su parte, por lo que procede declarar la extinción de la acción penal al amparo de las disposiciones normativas y la jurisprudencia casacional citada.
7. En atención a las circunstancias de hecho y derecho descritas, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, tomando en consideración las reglas procesales que conforman el debido proceso, el buen derecho y los principios legales antes citados, consideran que procede declarar oficiosamente la extinción de la acción penal por haber sido constatado de manera fehaciente que este proceso ha alcanzado una inactividad procesal de catorce (14) años, lo que sobrepasa a todas luces el plazo
3Ver sentencia 13, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 8 de enero de 2018.
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
máximo de la duración del proceso establecido en la norma procesal penal, sin que de forma alguna pueda serle atribuible a las partes del proceso.
8. Finalmente, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal procede eximir a los recurrentes del pago de las costas generadas, en atención a la decisión que se adopta.
Por tales motivos, LAS SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 821 de Organización Judicial y sus modificaciones; la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; la Ley núm. 278 sobre la Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02, el Código Procesal Penal de la República Dominicana; la Resolución núm. 2529– 2006 del 31 de agosto del 2006, que reglamenta el tránsito de los procesos del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, y la Resolución núm. 2802-2009 que dispuso los criterios de evaluación previo al pronunciamiento de la extinción de la acción penal, ambas dictadas por la Suprema Corte de Justicia; y la sentencia número TC/0099/17 pronunciada por el Tribunal Constitucional el 15 de febrero de 2017.
FALLAN:
Declaran extinguida la acción penal seguida en contra de R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular,
Extinción Exp. núm. 2004-1636
Recurrente: R.P.T., Sociedad Industrial Dominicana (Mercasid) y Seguros Popular, continuadora jurídica de Seguros Universal América.
Recurridos: R.G.C..
continuadora jurídica de Seguros Universal América, por las razones establecidas en el cuerpo de esta decisión.
E. a los recurrentes del pago de costas.
O. que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.
Firmado por L.H.M.P., M.R.H.C., P.J.O., F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M., M.G.G.R. y F.A.O.P..
C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en la estampa de firma electrónica, en la fecha arriba indicada.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 17 de diciembre del 2020, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
(Firmado) C.J.G.L., S. General
Extinción
