Sentencia nº 1320 de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Octubre de 2018.

Fecha de Resolución:17 de Octubre de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 1320

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 29 de agosto del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Fran Euclides Soto

Sánchez, en funciones de P.; E.E.A.C. y

A.A.M.S., asistidos del secretario de estrados,

en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo

de G., Distrito Nacional, hoy 29 de agosto de 2018, años 175° de la

Independencia y 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública,

como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación incoados por Raúl Hipócrates Pérez

Sang, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1232071-8, domiciliado y

residente en la Ave. G.M.R. núm. 221, del sector Ensanche

Quisqueya, Distrito Nacional, tercero civilmente demandado; Engels

1 Brazobán de la Cruz, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la

cédula de identidad y electoral núm. 001-1628935-6, domiciliado y

residente en la Progreso núm. 40, del sector V.J., Distrito

Nacional, imputado y civilmente demandado; y Seguros Pepín, S.A., con

domicilio procesal en la Ave. 27 de Febrero núm. 233, sector Naco,

Distrito Nacional, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00004, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación

del Departamento Judicial de San Cristóbal el 12 de enero de 2016, cuyo

dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate

del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. A.A., por sí y por el Licdo. Samuel José

Guzmán Alberto, en representación de la parte recurrente Engels

Brazobán de la Cruz y Seguros Pepín, S.A., en la formulación de sus

conclusiones;

Oído al Licdo. C.J.R., por sí y por el Licdo.

S.G.S., en representación del recurrente Raúl Hipócrates

2 Pérez Sang, en la formulación de sus conclusiones;

Oído al Licdo. J.V.A., conjuntamente con el Licdo.

B.S.S., por sí y por el Dr. René Ogando

Alcántara, en representación de la parte recurrida, en la formulación de

sus conclusiones;

Oído al Licdo. F.S., por sí y por los Licdos. J.H.

y M.B., en representación de Comercial Karros, S.A., en la

formulación de sus conclusiones;

Oído el dictamen de la Procuradora General adjunta interina al

Procurador General de la República, L.. I.H. de V.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por los

Licdos. C.J.R.E. y S.G.S., en

representación de R.H.P.S., depositado en la

secretaría de la Corte a-qua el 19 de febrero de 2016, mediante el cual

interpone dicho recurso;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el

Licdo. S.J.G.A., en representación de Engels

Brazobán de la Cruz y Seguros Pepín, S.A., depositado en la secretaría

3 de la Corte a-qua el 10 de marzo de 2016, mediante el cual interponen

dicho recurso;

Visto la resolución núm. 2376-2016 dictada por la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia el 26 de julio de 2016, mediante la cual

declaró admisibles, en la forma, los up supra aludidos recursos, fijando

audiencia para el día el 10 de octubre de 2016, a fin de debatirlos

oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala

diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30)

días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar

por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el

día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la

Suprema Corte de Justicia, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y

242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, la Constitución de la República; los Tratados

Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios;

los artículos 70, 246, 393, 394, 397, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal

Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; Ley

4 núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor; y las resoluciones

núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia

el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009,

respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 9 de agosto de 2013, la Fiscalizadora del Juzgado de Paz

    Especial de Tránsito del Distrito Judicial de San Cristóbal, presentó

    formal acusación contra Engels Brazobán de la Cruz, por presunta

    violación a los artículos 49, numeral 1, 50, 61 literal a y 65 de la Ley núm.

    241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm.

    114-99;

  2. que el 10 de octubre de 2013, el Grupo II del Juzgado de Paz

    Especial de Tránsito del Departamento Judicial de San Cristóbal, en

    función de juzgado de la instrucción, emitió la resolución núm. 024-2013,

    mediante la cual admitió de manera total la acusación presentada por el

    Ministerio Público y la querella con constitución civil realizada por

    Victoria Alcántara Alcántara, Y.T.A., María

    Yocati Terrero Alcántara, J.A.A. y Yocaris Terrero

    5 Alcántara, y ordenó auto de apertura a juicio para que el imputado

    Engels Brazobán de la Cruz, sea juzgado por presunta violación a los

    artículos 49, numeral 1, 50, 61 literal a y 65 de la Ley núm. 241 de la Ley

    núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor; identificando a Raúl

    Hipócrates Pérez Sang y Comercial Karros, S.A., como terceros

    civilmente responsables y Seguros Pepín, S.A., entidad aseguradora;

  3. que en virtud de la indicada resolución, resultó apoderado el

    Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de San Cristóbal,

    Grupo I, el cual dictó la sentencia núm. 00022/2014 el 22 de julio de 2014,

    declarando culpable a Engels Brazobán de la Cruz, por violación de los

    artículos 47, numeral 1, 49, numeral 1, 65 y 72 literal a, de la Ley núm.

    241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, condenándolo a dos (2) años

    de prisión suspendidos de manera condicional; al pago de dos mil pesos

    (RD$2,000.00) de multa y de las costas penales; así como al pago de una

    indemnización por un monto setecientos mil pesos (RD$700,000.00), a

    favor de Victoria Alcántara Alcántara, Y.T.A.,

    M.Y.T.A., J.A.A. y Yocaris Terrero

    Alcántara, de manera conjunta y solidaria con Raúl Hipócrates Pérez

    Sang y Comercial Karros, S.A., como terceros civilmente responsables y

    con oponibilidad a Seguros Pepín, S.A., entidad aseguradora;

    6 decisión que fue anulada íntegramente por la Cámara Penal de la Corte

    de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante

    sentencia núm. 294-2014-00372 del 20 de noviembre de 2014, por efecto

    del recurso de apelación incoado por el imputado, terceros civilmente

    demandados y la entidad aseguradora;

  4. que apoderada para la celebración total de un nuevo juicio, el

    Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de San Cristóbal,

    Grupo III, con diferente composición, dictó la sentencia núm. 016-2015 el

    3 de junio de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:

    “En cuanto al aspecto penal: PRIMERO: Declara al ciudadano Engels Brazobán de la Cruz, de generales anotadas, culpable de violar los artículos 49-c, párrafo I, 61 letra a y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor y su modificación por la Ley 114-99, en perjuicio de la querellante y actores civiles la señora Victoria Alcántara y A. y de los familiares directos del señor P.T.M. (fallecido), y en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de un (1) año de prisión correccional suspensiva, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 341 del Código Procesal Penal, al pago de dos mil pesos (RD$2,000.00) de multa, a favor del Estado Dominicano y al pago de las costas penales a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Se rechazan en todas sus partes las conclusiones penales de la defensa técnica del imputado Engels Brazobán de la Cruz, por improcedentes,

    7 mal fundadas y carentes de base legal y por los motivos antes expuestos en el cuerpo de esta sentencia. En el aspecto civil: TERCERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil, intentada por la señora Victoria Alcántara A., Y.T.A. y Yocaris Terrero Alcántara (querellante y actores civiles), Ó.E.V., la primera, la primera en calidad de de concubina y los demás de hijos del señor P.T.M. (fallecido), en contra del señor R.H.P.S., en la calidad de tercero civilmente demandado, y con oponibilidad la sentencia a intervenir a la compañía de Seguros Pepín, S.A., por haber sido hecha de conformidad con la ley; QUINTO (sic): En cuanto al fondo la referida constitución en actoria civil, condena a E.B. de la Cruz y al señor R.H.P.S., en sus indicadas calidades, al pago de las indemnizaciones siguientes: 1) Al pago de la suma de cientos treinta mil pesos (RD$130,000.00) a favor de la señora Victoria Alcántara Alcántara, por los daños morales sufridos por la pérdida de su marido el señor P.T.M., a consecuencia del accidente en cuestión, y 2) Al pago de la suma de quinientos sesenta mil pesos (RD$570,000.00), a favor de los señores: Y.T.A., M.Y.T.A., Y.A.A. y Y.T.A., en partes iguales, por los daños morales sufridos a consecuencia de la pérdida de su padre P.T.M., a consecuencia del accidente en cuestión; SEXTO: Condena al imputado E.B. de la Cruz y al señor R.H.P.S., al pago de las costas civiles del proceso, con distracción a favor y en provecho de los abogados concluyentes: Dr. R.O.A.,

    8 L.. J.V.A. y L.. B.S.S., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad o mayor parte; SÉPTIMO: Declara la presente sentencia común y oponible a la compañía Seguros Pepín, S.
    A. hasta el límite de la póliza del seguro;
    OCTAVO: Se rechazan en todas sus partes las conclusiones civiles de la defensa técnica del imputado y de los demandados por improcedentes, mal fundadas, carentes de base legal y por haberse probado la culpabilidad del imputado en el juicio de fondo”;

  5. que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Engels

    Brazobán de la Cruz, R.H.P.S. y Seguros Pepín, S.A.,

    intervino la decisión ahora impugnada en casación marcada con el núm.

    0294-2016-SSEN-00004, dictada por la Cámara Penal de la Corte de

    Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 12 de enero de

    2016 y su dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos en fechas: a) cuatro (4) del mes de julio del año 2015, por el Licdo. S.J.G.A., actuando
    a nombre y representación de Engels Brazobán y la compañía Seguros Pepín, S.A. representada por su presidente ejecutivo H.A.R.C.P. y b) cinco (5) del mes de agosto del 2015, por el Dr. L.P.M.M. y Licdo. C.J.R.E., actuando a nombre y representación del ciudadano R.H.P.S., contra de la sentencia núm. 016-2015, de fecha tres (3) del mes de junio del año dos mil quince

    9 (2015), emitida por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo III, del municipio de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; SEGUNDO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha doce (12) del mes de agosto del año 2015 por el Dr. R.O.A., L.. B.S.S. y L.. J.V.A., actuando a nombre y representación de los ciudadanos Victoria Alcántara Alcántara, Y.T.A., M.Y.T.A., Y.E.T.A. y Y.A.T.A., en contra de la sentencia núm. 016-2015, de fecha tres (3) del mes de junio del año dos mil quince (2015), emitida por el Juzgado Especial de Tránsito Grupo III, del municipio de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; en consecuencia, y sobre la base de las comprobaciones de hecho, fija en la decisión recurrida, modifica el ordinal quinto de la citada decisión; en cuanto al fondo la referida constitución en actoría civil, condena a E.B. de la Cruz y al señor R.H.P.S., en sus indicadas calidades, al pago de una indemnizaciones por la suma de un millón quinientos mil pesos (RD$1,500,000.00) a favor de la señora Victoria Alcántara Alcántara, en su calidad de conviviente y de Y.T.A., M.Y.T.A., Y.A.A. y Y.T.A., en su calidad de hijos de quien en vida respondía al nombre de P.T.M., por los daños morales sufridos a consecuencia del accidente en cuestión; TERCERO: Confirma en los demás aspectos la decisión recurrida; CUARTO: Condena a los recurrentes Engels

    10 Brazobán y R.H.P.S., al pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, por haber sucumbido en su recurso de apelación y exime a los recurrentes Victoria Alcántara Alcántara, Y.T.A., M.Y. terrero A., Y.A.A. y Yocaris Terrero Alcántara, por haber prosperado en su recurso; QUINTO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;

    Considerando, que el recurrente R.H.P.S., por

    medio de su abogado propone contra la sentencia impugnada un único

    medio:

    Único Medio: Violación de la ley por errónea aplicación
    de los artículos 24, 26, 166 y 172 del Código Procesal Penal. Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa. Violación del artículo 124 de la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, contradicción manifiesta en la motivación de la sentencia.

    Es un deber de los juzgadores, motivar su fallo de forma congruente y apegado al elenco de pruebas aportado, sin alejarse, desvirtuar o desnaturalizar los hechos y las pruebas, exigencia que deriva de las previsiones del artículo
    24 del Código Procesal Penal. Basta con examinar la sentencia recurrida para comprobar que la Corte a-qua dictó
    la sentencia a decir verdad, prácticamente en dispositivo sin ofrecer motivos de hecho y de derecho que justifiquen las condenaciones civiles que recoge el acto jurisdiccional impugnado, en abierto desconocimiento del artículo 24 del

    11 Código Procesal Penal, soslayando a su vez las garantías procesales a favor del recurrente y del dominado bloque de constitucionalidad que incluye la protección de los derechos de los justiciables reconocidos por acuerdos internacionales, y peor aún, como si el tercero civilmente demandado no contara con los mismos derechos y prerrogativas con que cuenta el imputado y sin que pueda entenderse de qué forma se arribó a la conclusión de que este era responsable de un accidente, en el que ni su persona, ni ningún vehículo a su nombre estuvo involucrado. El medio propuesto como agravio en el recurso de apelación, no fue contestado por la Corte a-qua, en franca violación al derecho de defensa del recurrente, en el sentido de que no analizó ni mucho menos estudió el contenido y alcance de la certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, que dice claramente que la citada placa fue emitida en fecha 18/2/2009, a favor de la entidad Comercial Karros, S.A. quien en fecha 15/2/2009, la utiliza a beneficio del señor R.H.P.S., todo en virtud de lo que establece la norma general núm. 6/7 de fecha 7 del mes de mayo del año 2007 dictada por la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, tanto el tribunal de primer grado, así como la Corte a-qua, entendieron, y así lo entienden, que la vigencia de una plaza de exhibición no se vence en el tiempo establecido por la norma general de la DGII, tal y como lo establece el artículo descrito anteriormente. Con absoluta claridad se le demostró a la Corte a-qua, mediante certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, que la entidad Comercial Karros, S.A. propietaria de la placa de exhibición núm. X045208, en el mes de junio del año 2009, le entregó

    12 al recurrente la plaza núm. G207581, lo cual no fue contestado por la Corte a-qua. El deber de la Corte a-qua era examinar el contenido y alcance de las certificaciones expedidas por la Dirección General de Impuestos Internos, y no solamente decir que el recurrente es el tercero civilmente demandado en virtud de que en fecha 15/4/2009, fue beneficiario de la placa de exhibición núm. X045208, como prueba utilizada en un accidente automovilístico ocurrido en fecha 19 del mes de enero del año 2013, cuatro años después, con vehículo totalmente diferente al vehículo que le fue otorgada la plaza de exhibición el día 15/4/2009, tal y como se demuestra en la certificación de fecha 6 del mes de agosto del año 2015, cuya original se encuentra depositada en el expediente. Que para la fecha de la ocurrencia del accidente del día 19 del mes de enero del año 2013, ni el tribunal de primer grado, ni mucho menos la Corte a-qua, establecieron a partir de qué fecha le fue concedida la plaza de exhibición núm. X045208, al vehículo tipo carro, marca honda, del año 2006, color negro, chasis núm. 1HGCM82606A005138, dejando como establece sin ninguna base legal que la sustente, que esa placa le correspondía al señor R.H.P.S., desde el 15 del mes de abril del año 2009, siendo todo esto falso, toda vez que el artículo 1 de la norma general núm. 06/07 del año 20007, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, establece claramente cuál es el tiempo de vigencia de una placa de exhibición, razón por la cual bajo ninguna duda razonable se ha podido demostrar que la palca de exhibición de referencia, después del año 2009, le fue reasignada por la entidad comercial K., S.A., al recurrente para utilización en el carro envuelto en el

    13 accidente. Sin embargo, sin dar motivos de hechos, pero mucho menos de derecho, para rechazar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente señor R.H.P.S., modificar la sentencia dictada por el tribunal de primer grado en el aspecto civil y confirmar la misma en los demás aspectos. La Corte a-qua lo que hizo fie desnaturalizar el contenido y alcance de la certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, de fecha 8 del mes de mayo del año 2013, una vez que dicha certificación establece claramente que en fecha 15 del mes de abril del año 2009, le fue concedida la plaza de exhibición núm. X045208, al señor R.H.P.S., para que la misma sea utilizada en el vehículo tipo jeep, marca Mitsubishi, color dorado, chasis núm. JA4W51S04J010065, modelo M., año 2004, siendo dicha plaza de exhibición expedida por la Dirección General de Impuestos Internos en fecha 18 del mes de febrero del año 2009, teniendo como vigencia la misma una duración de noventa (90) días por aplicación del artículo 1 de la norma general núm.