Sentencia nº 2032-2008 de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Julio de 2017.
| Número de sentencia | 2032-2008 |
| Número de resolución | 2032-2008 |
| Fecha | 05 Julio 2017 |
| Emisor | Segunda Sala Suprema Corte de Justicia |
Fecha: 29 de agosto de 2018
Sentencia No. 1297
Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 29 de agosto del 2018, que dice así:
D., Patria y Libertad República Dominicana
En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción
Germán Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro
Adolfo Moscoso Segarra, F.E.S.S. e H.R.,
asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias,
en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 29 de
agosto de 2018, años 175° de la Independencia y 156° de la Restauración,
dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por C.A.P.M.,
dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral
núm. 001-0193687-0, con domicilio en la San Martín de Porres núm. 14,
Naco, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 011-SS-2017,
dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Fecha: 29 de agosto de 2018
del Distrito Nacional el 23 de febrero de 2017, cuyo dispositivo se copia más
adelante;
Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del
recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Procurador
General de la República, L.. I.H. de V.;
Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el
Licdo. R.V.S., defensor público, en representación de
C.A.P.M., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el
24 de marzo de 2017, mediante el cual interpone dicho recurso;
Visto la resolución núm. 2870-2017, dictada por esta Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia el 5 de julio de 2017, mediante la cual se declaró
admisible el recurso de que se trata, y fijó audiencia para conocer del mismo
el 18 de septiembre de 2017, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las
partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo
dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal
Penal, lo cual no se pudo efectuar por razones atendibles; Fecha: 29 de agosto de 2018
consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el
encabezado de esta sentencia;
Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de
1997 y 242 de 2011;
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber
deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados
Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios; la
normativa cuya violación se invoca; así como los artículos 70, 246, 393, 394,
418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado
por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; artículo 307, 308 y 440 del
Código Penal Dominicano; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009,
dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25
de septiembre de 2009, respectivamente;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que
en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:
-
que el 6 de junio de 2012, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional,
Dr. D.R.R., presentó acusación y requerimiento de
apertura a juicio contra C.A.P.M., por el hecho de que: “el
imputado haber perseguido, colisionar o embestir voluntariamente, amenazar y Fecha: 29 de agosto de 2018
hacer disparo al aire a la víctima”; imputándole el tipo penal previsto y
sancionado en los artículos 307, 308 y 440 del Código Penal Dominicano;
-
que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió
totalmente la acusación formulada por el Ministerio Público, por lo cual
emitió auto de apertura a juicio contra el encartado, mediante resolución del
20 de noviembre de 2012;
-
que apoderada para la celebración del juicio, el Tercer Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, resolvió el fondo del asunto mediante sentencia núm. 315-2014 del
22 de octubre 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:
“PRIMERO : Rechaza de forma parcial las conclusiones de la parte querellante en cuanto a la variación de la calificación jurídica, relativa a los artículos 2 y 295 del Código Penal Dominicano, por ser improcedente; SEGUNDO: Acoge de forma parcial la solicitud del Ministerio Público, únicamente en cuanto al ordinal 1 del artículo 479 del Código Penal Dominicano; TERCERO: Por vía de consecuencia, declara al ciudadano C.A.P.M., dominicano, 49 años de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0193687-0, domiciliado y residente en la calle San Martín de Porres núm. 14, ensanche Naco, Distrito Nacional, culpable de violar el artículo 479-1 del Código Penal Dominicano, que tipifica el daño a la cosa mueble, en perjuicio de la víctima S.J.M.H.; en tal virtud, se le condena al Fecha: 29 de agosto de 2018
pago de la multa ascendente a la suma de tres mil setecientos sesenta y cuatro (RD$3,764.00) pesos, equivalente a la tercera parte del salario mínimo, tal y como lo establece la Ley 12-07, sobre El Pago de Multa; CUARTO : Declara las costas penales de oficio, por haber sido asistido por un defensor público; QUINTO: Se rechazan las conclusiones del querellante en cuanto al aspecto civil, por este no haber concretizado sus pretensiones civiles, tal como lo dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal Dominicano; SEXTO: Ordena notificar la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena correspondiente para los fines de lugar; SÉPTIMO: Fijamos la lectura íntegra de la presente sentencia para el día veintinueve
(29) de octubre del año dos mil catorce (2014), a las doce (12:00
P.M.), horas del medio día, valiendo convocatoria para las partes presentes, fecha a partir de la cual comienza correr el plazo que tienen las partes presentes, fecha a partir de la cual comienza correr el plazo que tienen las partes que no estén conformes con la presente decisión, para interponer formal recurso de apelación en contra de la misma”; -
que con motivo del recurso de apelación incoado por el querellante
contra la referida decisión, intervino la sentencia núm. 83-2015 el 18 de junio
de 2015, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo establece lo siguiente:
“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha trece (13) del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), por el señor S.J.M.H., en calidad de querellante, debidamente representado por el Licdo. M.A.M.C., en contra de la Fecha: 29 de agosto de 2018
sentencia núm. 315-2014, de fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil quince (2015), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido incoado conforme a la norma; SEGUNDO: Anula la sentencia núm. 315-2014, de fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil quince (2015), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y por vía de consecuencia, ordena la celebración total de un nuevo juicio, para nueva valoración de las pruebas; TERCERO: Acredita el elemento de prueba presentado por la parte querellante consistente un CD el cual fue incorporado al proceso mediante la resolución de envío núm. 207-12 de fecha 20 del mes de noviembre del año 2014, dictada por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; CUARTO: Envía las actuaciones del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a los fines de que apodere un tribunal distinto al que estaba apoderado del presente proceso, pero del mismo grado y jurisdicción, para que proceda al conocimiento del fondo del asunto; QUINTO: Declara el proceso libre de costas en virtud de que la nulidad de la sentencia se ha producido como consecuencia de la violación de formalidades puestas por la ley a cargo de los jueces”;
-
que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia apoderada de
un recurso de casación contra la referida decisión el cual fue resuelto
mediante resolución número 4083-2015 del 8 de octubre de 2015, contentiva
del siguiente dispositivo: Fecha: 29 de agosto de 2018
“PRIMERO: Rechaza el recurso de casación incoado por C.A.P.M., contra la sentencia núm. 83-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 18 de junio de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente decisión; SEGUNDO: Exime del pago de las costas por intervenir la Defensoría Pública; TERCERO: Ordena la devolución del presente caso al tribunal de origen, para los fines correspondientes”;
-
que apoderado para la celebración de un nuevo juicio ordenado por
la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el Primer
Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, resolvió el fondo del asunto mediante sentencia núm.
2016-SSEN-00144 del 2 de junio de 2016, cuya parte dispositiva es la
siguiente:
“PRIMERO: Declara al imputado C.A.P.M., de generales anotadas, culpable de violentar las disposiciones de los artículos 307 y 479 numeral 1 del Código Penal Dominicano, en consecuencia, se le condena a cumplir una pena privativa de libertad de seis meses (6) de prisión, se le condena además al pago de una multa ascendente a una tercera parte del salario mínimo; SEGUNDO: E. al imputado C.A.P.M., del pago de las costas penales del proceso, por haber sido asistido por la Oficina Nacional de Defensa Pública; TERCERO: Suspende de forma total la ejecución de la pena impuesta, quedando el imputado C.A.P. Fecha: 29 de agosto de 2018
M., sometido durante este período al cumplimiento de las siguientes reglas: a) Someterse a la supervisión y vigilancia del Centro de Intervención Conductual para Hombre, agotando los programas establecidos por esta institución bajo la dirección del Dr. L.B.; CUARTO: Rechaza la demanda civil interpuesta por S.J.M.H., por no concretar sus pretensiones civiles, conforme a la norma procesal penal; QUINTO: Ordena la notificación de esta sentencia al juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, a los fines correspondientes”;
-
que con motivo de los recursos de apelación incoados por el
querellante y el imputado contra la referida decisión, intervino la sentencia
núm. 011-SS-2017 el 23 de febrero de 2017, emitida por la Segunda Sala de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo
dispositivo establece lo siguiente:
“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos en fecha veintiocho del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), por el imputado, señor C.A.P.M., de generales anotadas, a través de su abogado, el Licdo. R.V.S., defensor público, y en fecha veintiocho (28) del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), por el querellante, señor S.J.M.H., de generales anotadas, por intermedio de su abogado, el Licdo. M.A.M.C., por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, al no haberse constatado la presencia de los vicios denunciados por los recurrentes y al entender esta alzada, Fecha: 29 de agosto de 2018
que la sentencia recurrida está debidamente fundamentada y contiene una correcta aplicación de la norma, apreciación de los hechos y valoración de las pruebas; TERCERO: Compensa las costas del procedimiento; CUARTO: Ordena al secretario de esta Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional, entregar copia de la presente decisión a las partes envueltas en el presente proceso; QUINTO: Se hace constar el voto disidente parcial del magistrado R.H.G.P.”;
Considerando, que previo iniciar el examen al fondo de las pretensiones
que ocupan nuestra atención, conviene precisar que el Tribunal
Constitucional en sentencia TC/102/2014, aborda el alcance del recurso de
casación, en el sentido de que el mismo “Está concebido como un recurso
extraordinario mediante el cual la Suprema Corte de Justicia examina si la ley ha
sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por
los tribunales ordinarios; se trata del ejercicio de su facultad como órgano de control
de la constitucionalidad y legalidad de las sentencias sometidas a su revisión y
decisión. Si la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación
comprueba una incorrecta aplicación del derecho o una violación constitucional,
procede a casar la sentencia recurrida; en caso contrario, si se verifica la correcta
aplicación del derecho y de la Constitución, confirma la sentencia recurrida”
(sentencia TC 102/2014);
Considerando, que el recurrente en el escrito presentado en apoyo a su Fecha: 29 de agosto de 2018
recurso de casación, propone el medio siguiente:
“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, artículo 426.3, la Corte no debió transcribir las motivaciones del a-quo, esto es porque las amenazas deben ser verbales o escritas y las pruebas aportadas no determinaron ninguna de las circunstancias; la Corte comete el error de suponer que el Tribunal a-quo tenía la potestad de variar, como lo hizo, la calificación jurídica de manera parcial, ignora con esto el derecho de defensa y el principio de contradicción, el a-quo nunca debió variar la calificación jurídica del artículo 400 por el 479 y condenar por este, pues, nunca advirtió a la defensa sobre dicha variación para que la misma se defienda de dicho texto legal, por lo cual existe una grosera violación a las garantías de las partes y el proceso, al igual que tutela judicial efectiva; la Corte nunca debió apreciar el contenido del supuesto vídeo, ya que a pesar de que el querellante en su recurso de apelación lo ofertó, el mismo no fue producido en dicha Corte, por lo que no debió apreciar su contenido esto a pesar de que con el mismo no se prueba dichas amenazas, pero nunca debió referirse al mismo por no haber sido producido, esto viola el principio de inmediación y concentración, de igual manera lo hace saber el voto disidente del presidente de la Corte de Apelación que participó en la vista del recurso”;
Considerando, que la Corte a-qua para fallar como lo hizo expuso
motivadamente lo siguiente:
“11.- Respecto del recurso de apelación del imputado recurrente, quien en primer término expresa la no configuración del tipo penal de amenaza, ya que la misma debe ser verbal, somos de Fecha: 29 de agosto de 2018
criterio, al igual que lo manifestaron los Jueces a-quo en el numeral 27, página 32 de la sentencia atacada, en el sentido de que del estadio de la valoración conjunta y armónica de la prueba, tanto audiovisual como la testimonial de la víctima, se extrae, que dicha amenaza se realizó de manera verbal tal cual lo estableció la propia víctima testigo. 12.- Que el criterio anterior tiene su sustento en que aunque por sí sola la prueba audiovisual no tiene audio que permita establecer de manera verbal las amenazas, esta permite sustraer al imputado al lugar del hecho, así como las acciones de violación contra la propiedad y el porte y disparo de arma de fuego para amedrentar, lo que unido a la declaración de la víctima testigo que al momento de ser valorada sin dejar de lado su condición de parte, que en sí misma no representa tacha alguna, quedó claramente corroborada la declaración sobre amenazas verbales pues los demás elementos periféricos analizados, unidos al razonamiento lógico y conjunto de la prueba testimonial de la víctima le dan plena credibilidad a la misma. 13.- En cuanto a la variación del artículo 440 por el 479 del Código Penal Dominicano, donde la defensa manifiesta que no debió variarse la calificación sin antes notificársele dicho acto, contrario a tal planteamiento, esta sala de la Corte entiende, que no obstante a que el artículo 321 del Código Procesal Penal, manda a realizar advertencia respecto de una variación de calificación, el legislador ha planteado mediante el envió del análisis integral de la norma procesal a que conforme al artículo 336 del Código Procesal Penal, relativo a la correlación entre la acusación y sentencia, otorga la potestad al tribunal para que en la sentencia pueda dar al hecho una calificación jurídica diferente a la contenida en la acusación o apreciar incluso penas distintas de la solicitada, pero nunca superiores. 14.- Que en ese sentido, en el caso de la especie, el Fecha: 29 de agosto de 2018
anterior postulado no quedó violado porque la pena principal de este caso devino por aplicación del artículo 307 del Código Penal Dominicano, ya que absorbe cualquier pena que pudiese aplicarse tanto por el artículo 479, el cual entendemos, al igual que el Tribunal a-quo, era el procedente, así como del descartado artículo 440 del Código Penal Dominicano, ambos con penas inferiores a las contempladas para las amenazas, pues el sistema imperante es el de no cúmulo de penas. Cabe destacar, que la variación de la calificación dada por el Tribunal a-quo del artículo 440 por el artículo 479 beneficia al imputado, puesto que la sanción en el primero es de reclusión y en el segundo, la sanción es de multa. 15.- Respecto de la alegada falta de notificación de prueba audiovisual y su admisión sin esta ser depositada en instrucción, entiende esta alzada que el punto discutido ya fue decidido en instancias anteriores, ya que esta misma Corte evacuó una sentencia remitiendo el proceso a primera instancia a los fines de que sea valorada la referida prueba en razón del recurso de fecha 13 de noviembre de 2014, y realiza un envío al Tribunal a-quo para que especialmente produzca tal pieza probatoria de carácter audiovisual, en ese sentido resulta ilógico entender como vicio de la sentencia el haberle dado cumplimiento a dicha decisión de envío. En esas atenciones, procede rechazar el medio argüido por el imputado recurrente y con ello su recurso de apelación”;
Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por el recurrente:
Considerando, que en cuanto a la manifiestamente infundada sentencia
esgrimida por el recurrente C.A.P.M., al desarrollar en Fecha: 29 de agosto de 2018
síntesis sus argumentos que sustenta el presente recurso, la Corte no debió
transcribir las motivaciones del a-quo, porque las amenazas deben ser
verbales o escritas y las pruebas aportadas no determinaron ninguna de las
circunstancias; así como también refiere en cuanto a las declaraciones del
testigo a cargo H.G.S.; además, que la Corte no debió
apreciar el contenido del vídeo por no haber sido producido;
C., que esta Corte de Casación advierte que al examinar la
decisión dictada por la alzada, a la luz de lo planteado, se observa que
contrario a lo expuesto por la parte recurrente, esta dio motivos válidos en
cuanto a la determinación que hizo el tribunal de juicio sobre la amenaza,
que aunque el vídeo que tuvieron a la vista no tenía audio, por las imágenes
que pudieron ver utilizaron el razonamiento lógico aunado a las
declaraciones de la víctima, entendemos que fue bien valorado;
Considerando, que el juez idóneo para decidir sobre la prueba
testimonial es aquel que tiene a su cargo la inmediatez en torno a la misma,
ya que percibe todos los pormenores de las declaraciones brindadas, el
contexto en que se desenvuelve y las expresiones de los declarantes; por lo
que asumir el control de las audiencias y determinar si se le da crédito o no
a un testimonio, es una de las facultades de que gozan los jueces; en tal Fecha: 29 de agosto de 2018
sentido, la credibilidad del testimonio se realiza bajo un razonamiento
objetivo y apegado a la sana crítica que no puede ser censurado si no se ha
incurrido en desnaturalización, lo cual no se advierte en el presente caso, en
razón de que las declaraciones vertidas en el Tribunal a-quo han sido
interpretadas en su verdadero sentido y alcance por la Corte a-qua, por lo
que, procede el rechazo del vicio denunciado;
Considerando, que contrario a lo propugnado por el recurrente, la
Corte a-qua ejerció su facultad soberanamente, produciendo una decisión
suficiente y correctamente motivada, en el entendido de que la alzada
verificó que la sentencia condenatoria descansa en una adecuada valoración
de toda la prueba producida, determinándose, al amparo de la sana crítica
racional, que la misma resultó suficiente para probar la acusación contra el
procesado C.A.P.M., esencialmente porque el fardo
probatorio resultó eficaz individual y colectivamente;
Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua se
corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisfacen
las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal Constitucional
Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que en la especie el
tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión; expone de
forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se Fecha: 29 de agosto de 2018
encuentra legitimado en tanto produce una fundamentación apegada a las
normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso
en cuestión; de tal manera, que esta Sala de la Corte de Casación no avista
vulneración alguna en perjuicio del recurrente, por lo que procede rechazar
el presente aspecto;
Considerando, que al tenor de los argumentos expuestos, se desprende
que la Corte de Apelación con relación al recurso del imputado, hoy
recurrente, valoró de manera exhaustiva las pruebas aportadas al proceso,
ofreciendo un análisis lógico y objetivo, que le ha permitido a esta Segunda
Sala, actuando como Corte de Casación, comprobar que la sentencia
recurrida no resulta manifiestamente infundada, como fue alegado por el
recurrente, motivo por el cual al no configurarse los vicios alegados, procede
en consecuencia, desestimarlos;
Considerando, que la sentencia objetada, según se observa en su
contenido general, no trae consigo los vicios alegados por el recurrente, ni
en hecho ni en derecho, pudiendo advertirse que la ley fue debidamente
aplicada por la Corte a qua, por lo que procede rechazar el recurso de
casación interpuesto, de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1
del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de
febrero de 2015; Fecha: 29 de agosto de 2018
Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone:
“Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o
resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las
costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente
para eximirlas total o parcialmente”; por lo que procede eximir al recurrente del
pago de las costas del procedimiento, no obstante, ha sucumbido en sus
pretensiones, en razón de que fue representado por un defensor público,
cuyo colectivo está eximido del pago de las costas en los procesos en que
intervienen.
Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
FALLA
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor C.A.P.M., contra la sentencia núm. 011-SS-2017, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23 de febrero de 2017, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; en consecuencia, confirma la decisión impugnada;
Segundo: E. al recurrente del pago de costas, por recaer su representación en la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Fecha: 29 de agosto de 2018
Tercero: Ordena notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para los fines correspondientes.
(Firmados) M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 23 de octubre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
C.A.R.V..
Secretaria General
