Sentencia nº 8 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Febrero de 2000.
| Número de resolución | 8 |
| Fecha | 09 Febrero 2000 |
| Emisor | Pleno |
D., Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.S.I., R.L.P., Primer Sustituto de P.; J.G.V., Segundo Sustituto de P.; H.A.V., A.R.B.D., V.J.C.E., E.M.E., M.T., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., J.L.V., E.R.P. y J.A.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 9 de febrero del 2000, años 156º de la Independencia y 137º de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
Sobre la acción en inconstitucionalidad intentada por C.Y.V., constituido al amparo de la Ley No. 5038, sobre Propiedad por P. o Departamentos, e Ing. G.R.G.S., dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identificación personal No. 230309, serie 1ra., con su domicilio en la primera planta del Edificio Y.V., frente al Metro Tours, J.D., Villas del Mar, S.P. de Macorís, quien representa al indicado condominio, contra el artículo 539 del Código de Trabajo;
Vista la instancia del 1ro. de febrero de 1995, suscrita por el Dr. J.M.C.G., provisto de la cédula de identidad y electoral No. 001-0098270-1, abogado de los impetrantes, que concluye así: "Primero: Admitiendo en cuanto a la forma el presente recurso de inconstitucionalidad por haber sido hecho conforme a derecho; Segundo: Declarar inconstitucional el artículo 539 de la Ley No. 16-92, promulgada el 29 de mayo del 1992 (Código de Trabajo), y por tanto nulo e inoponible al Ing. G.G.S. y al C.Y.V., por ser contrario al acápite 5 del artículo 8; artículo 100; letra J del numeral 2 del artículo 8; numeral 23 del Art. 37; Artículo 46 de la Constitución de la República Dominicana. Contrario al Art. 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por el Congreso Nacional. Contrario al numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por el Congreso Nacional, y reconocida por el Párrafo 2 del Art. 3 de la Constitución de la República; Tercero: Condenar a la señora E.A.A. al pago de las costas del procedimiento con distracción en provecho del L.. Julio M.C.G., quien afirma estarlas avanzando en su totalidad";
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina así: "Primero: Que declaréis regular en la forma el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Ing. G.R.G.S.; Segundo: En cuanto al fondo acojáis el recurso y declaréis en consecuencia la nulidad del Art. 539 del Código laboral, por ser violatorio a los artículos 8 inciso 5 y 100 de la Constitución de la República, y en consonancia con lo que establece el artículo 46 de la misma Carta Magna"; La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales invocados por los impetrantes, así como los artículos 8, letra J, numerales 1, 2 y 5; 46, 67, inciso 1ro., 71 y 100 de la Constitución de la República, los artículos 539 y 667 del Código de Trabajo y la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156-97;
Considerando, que el artículo 67, inciso 1ro. de la Constitución de la República, dispone que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada;
Considerando, que en síntesis, los impetrantes expresan lo siguiente: Que el artículo 539 del Código de Trabajo atenta contra los principios elementales de los derechos del hombre, al obligar a la parte condenada en primer grado a cumplir con las condenaciones impuestas, antes de comenzar a defenderse en segundo grado, no estando conteste con el fin de mantener la igualdad y el equilibrio entre las partes que procura toda norma jurídica; que nuestra constitución y el ordenamiento jurídico establecen principios para lograr la igualdad de todos los dominicanos ante la ley, condenando los privilegios en beneficios de particulares o grupos sociales, así como los excesos legislativos que coloquen a alguien en una posición privilegiada frente a los demás, siendo el referido artículo discriminatorio e irrazonable para el demandado en un proceso laboral, no permitiendo de manera libre el derecho a acudir a la justicia, sin obstáculos, y sin ofrecer garantías suficientes a los derechos del demandado, toda vez que sin necesidad alguna obliga a éste a pagar o desprenderse de recursos muchas veces escasos para satisfacer indemnizaciones laborales cuya finalidad solo es garantizar al trabajador el cobro de las mismas en caso de resultar ganancioso en segundo grado, pero que a su vez limita la capacidad de defensa y de acceso a la justicia del demandado; que el artículo en cuestión violan el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al impedirle el ejercicio libre y efectivo del derecho a defenderse, pues al obligarle a depositar el duplo de las condenaciones para evitar la ejecución de la sentencia crea una situación excesiva e injustificada que dificulta el recurso de apelación y traba su derecho de defensa; que el texto rompió la igualdad entre las partes del proceso en beneficio del trabajador con el propósito de forzar al empleador al no ejercicio de la vía de recurso al hacerlo más oneroso, sin percatarse que el depósito prohibe la vía de la apelación para el empleador que se encuentre en dificultades económicas, quedando vulnerado un derecho de la persona humana;
Considerando, que las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, que declara ejecutorias las sentencias de los juzgados de trabajo a contar del tercer día de su notificación, no impide a la parte contra la cual es dictada, la oportunidad de obtener la suspensión de dicha ejecución, puesto que el mismo texto establece para ello "el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas", o el de solicitar al J.P. ordenar dicha suspensión después de la notificación y en los casos en que haya peligro en la demora; que el citado texto legal tampoco prohibe la interposición del recurso de apelación antes o después de la notificación de la sentencia, en la forma y plazos que establece la ley; que el derecho de obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia corresponde a toda parte que en la materia de que se trata haya sucumbido ante el juez de primer grado, sea este trabajador o empleador, por cuanto el ejercicio de las demandas laborales no está reservado de manera exclusiva a los trabajadores, sino que corresponde a todos los sujetos del derecho de trabajo, entre los cuales se encuentran los empleadores, quienes en caso de ejercer cualquier acción contra un trabajador o un sindicato, disponen de los mismos derechos que se derivan de las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, el cual no establece distinciones, preservándose así la igualdad a que se refiere la Constitución;
Considerando, que, independientemente de que el artículo 71, ordinal 1ro. de la Constitución de la República, no prohibe en modo alguno, que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera, no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso, y de que él pueda por medio de leyes adjetivas, salvo disposición expresa de la Constitución, sujetar los procedimientos judiciales al cumplimiento de determinadas formalidades, el artículo 539, ya citado, no impide el ejercicio del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el tribunal de primer grado, sino que condiciona el efecto suspensivo de ese recurso, efecto éste, cuyo condicionamiento o eliminación no constituye ninguna violación a cánones o principios constitucionales, por no tener su asidero en nuestra carta sustantiva, sino en los principios generales del Derecho; que el recurso de apelación ejercido, aún sin el depósito del duplo de las condenaciones, conserva los demás efectos propios de este recurso, lo que permite a las partes exponer sus medios de defensa, como si el carácter ejecutorio de la sentencia no existiere, a través de un procedimiento cuyas reglas están previamente establecidas, lo que además les da oportunidad de hacer valer todos sus derechos, cumpliéndose con ello el debido proceso, que es el interés del artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al disponer que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", a lo cual no se opone el artículo en cuestión;
Considerando, que además, el artículo 539 del Código de Trabajo no tiene por finalidad obligar a la parte sucumbiente ante el Juzgado de Trabajo a pagar el monto de las condenaciones y con ello poner fín al litigio, sino garantizar que al término del mismo, quien resulte ganancioso asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de que una insolvencia, impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente;
Considerando, que la razonabilidad de la ley queda manifestada en la alternativa que para el cumplimiento de la exigencia del artículo 539 del Código de Trabajo, ofrece el artículo 667 de dicho código, al disponer que: "El presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En los casos en que la existencia de la obligación no es seriamente discutible, puede acordar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes", lo que deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación de una fianza en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer requerimiento, a partir del momento en que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original depositado en la secretaría, para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el presidente de la corte, cuyas demás condiciones y regulaciones deben ser fijadas por él, como juez de los referimientos, para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del artículo 539 no sea burlada; que por consiguiente, dicho artículo no contraría lo ordenado por el Art. 8, párrafo 5º del artículo 8 de la Constitución de la República, por tratarse de una disposición legal, justa y útil para la comunidad, aún resulte más favorable al trabajador;
Considerando, que asimismo, el artículo en cuestión no contradice el artículo 100 de la Carta Magna, dado que no contiene ninguna situación de privilegio que atente contra la igualdad a que son acreedores todos los nacionales dominicanos, entre quienes no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos y las virtudes, y jamás en títulos de nobleza o distinciones hereditarias; que además del estudio del artículo antes mencionado no se desprende que resulte afectado de la nulidad a que se refiere el artículo 46 de la propia Constitución, ya que como se ha expuesto precedentemente en el mismo no se advierten las violaciones sustantivas denunciadas por el impetrante en la instancia objeto de la presente acción.
Por tales motivos, Primero: Rechaza la acción en inconstitucionalidad del Art. 539 del Código de Trabajo, intentada por C.Y.V. e Ing. G.R.G.S.; Segundo: Ordena que la presente sentencia sea comunicada al Magistrado Procurador General de la República, para los fines de lugar y publicada en el Boletín Judicial, para su general conocimiento.
Firmado: J.S.I., R.L.P., H.A.V., J.G.V., A.R.B.D., E.M.E., M.T., E.H.M., V.J.C.E., J.I.R., Dulce M.R. de G., J.L.V., J.A.S., E.R.P.. G.A., Secretaria General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General que certifico.
