Decreto Nº 539-22. Que concede el beneficio de pensiones del estado dominicano por un monto de rd$10,000.00 mensuales, a 561 afiliados del antiguo instituto dominicano de seguro sociales y a 84 extrabajadores cañeros.

• Fecha de disposición: 20 Septiembre 2022
• Número de Decreto: 539-22
• Fecha de publicación: 30 Septiembre 2022
• Número de Gaceta: 11082

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Dec. núm. 539-22 que concede el beneficio de pensiones del Estado dominicano por un

monto de RD$10,000.00 mensuales, a 561 afiliados del antiguo Instituto Dominicano de

Seguro Sociales y a 84 extrabajadores cañeros. G. O. No. 11082 del 30 de septiembre de

2002.

LUIS ABINADER

Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 539-22

CONSIDERANDO: Que la Constitución dominicana, consagra en su artículo 7, el Estado

Social y Democrático de Derecho, estableciendo que “La República Dominicana es un

Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria,

fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la

soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.

CONSIDERANDO: Que, en su artículo 8, nuestra Carta Magna establece que es función

esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su

dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria,

equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social,

compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

CONSIDERANDO: Que la Constitución dominicana, en su artículo 57, referido a la

protección de las personas de la tercera edad, dispone que la familia, la sociedad y el Estado

concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y, asimismo,

que el Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral.

CONSIDERANDO: Que el artículo 60 de nuestra Ley de leyes establece el derecho a la

seguridad social en favor de todas las personas y, por consiguiente, la responsabilidad del

Estado en la estimulación de su desarrollo progresivo (…).

CONSIDERANDO: Que el artículo 74, numeral 4, de la Constitución dominicana, sobre la

interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, establece “Los

poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y

sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de

conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses

protegidos por esta Constitución”.

CONSIDERANDO: Que el artículo 42 de la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema

Dominicano de Seguridad Social, establece “La deuda actuarial del Instituto Dominicano de

Seguros Sociales (IDSS), sobre los derechos adquiridos y en proceso de adquisición de sus

asegurados, será asumida por el Estado dominicano en la forma y condiciones que establece

la presente ley y sus normas complementarias (…)”.

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CONSIDERANDO: Que el artículo 43 de la Ley núm. 87-01, respecto al reconocimiento

de los derechos adquiridos, establece que “todos los ciudadanos conservarán los años

acumulados y los derechos adquiridos en sus respectivos planes de pensiones, como sigue:

a) Los actuales pensionados y jubilados por las leyes 1896 y 379, y de los otros planes

existentes continuarán disfrutando de su pensión actual, con derecho a actualizarla

periódicamente de acuerdo al índice de precios al consumidor; b) Los afiliados amparados

por las leyes 1896 y 379 con más de 45 años de edad recibirán una pensión de acuerdo a las

mismas, con derecho a actualizarla periódicamente de acuerdo al índice de precios al

consumidor (…)”.

CONSIDERANDO: Que el artículo 38 de la Ley núm. 397-19, que creó el Instituto

Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), dispuso la

disolución del IDSS, y estableció que “Las pensiones por vejez que se encuentren en trámite

ante el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), o pendientes de solicitud por los

interesados y que correspondan a derechos adquiridos al amparo de la Ley núm. 1896, serán

solicitadas ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP),

del Ministerio de Hacienda, quien estará en la obligación de crear los instrumentos necesarios

para reconocer dichos beneficios”.

CONSIDERANDO: Que el artículo 43 de la citada Ley núm. 397-19, dispone que “El Poder

Ejecutivo adoptará las medidas correspondientes para asegurar la continuidad de los derechos

de los afiliados, así como para garantizar que los derechos de los trabajadores sean

adecuadamente protegidos y conservados, a partir de la entrada en vigencia de esta ley”.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, numeral 2, de la Ley núm. 494-06, de Organización

de la Secretaría de Estado de Hacienda, cita entre las funciones y atribuciones de la Dirección

General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), la siguiente: “Recibir,

evaluar y proponer la aprobación de las solicitudes y modificaciones de jubilaciones y

pensiones correspondientes a los sistemas de las leyes números 1896 y 379.

CONSIDERANDO: A que los trabajadores cañeros realizaron un gran aporte a la economía

dominicana, en su labor para la producción de azúcar en nuestro país, por lo que le

corresponde al Estado otorgarles una pensión que les garantice su subsistencia.

CONSIDERANDO: Que es de alto interés para el gobierno crear los mecanismos necesarios

para garantizar el derecho a la seguridad social de todos los trabajadores y extrabajadores del

país, en apego al principio constitucional de favorabilidad.

CONSIDERANDO: Que es facultad del presidente de la República Dominicana otorgar

pensiones y jubilaciones a los trabajadores y extrabajadores que hayan cotizado al antiguo

Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del

Estado (DGJP), por medio a su Comité Administrativo de Pensiones (CAP), ha recomendado

al Poder Ejecutivo otorgar el beneficio de una pensión a quinientos sesenta y un (561)

extrabajadores con más de 300 pero menos de 400 cotizaciones registradas en el antiguo