Sentencia Nº TC/0036/20 de Tribunal Constitucional, 10-02-2020

Fecha de Resolución:10 de Febrero de 2020
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Ramón del Carmen, Francisco José (fallecido), representado por Clarel Elena Fabián Acosta y Julio César, todos apellidos Fabián Espinal, contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).

 
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República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2016-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015).
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
SENTENCIA TC/0036/20
Referencia: Expediente núm. TC-04-
2016-0027, relativo al recurso de
revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por R.d.
C., F.J..(.fallecido),
representado por C.E.F.
A. y J.C., todos apellidos
F.E., contra la Sentencia
núm. 346, dictada por la Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia el
veintinueve (29) de julio de dos mil
quince (2015).
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República
Dominicana, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veinte
(2020).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados
R.D.F., primer sustituto en funciones de presidente; L.V.
S., segundo sustituto; H.A. de los Santos, J.A.
A., J.P.C.K., V.J.C.P.,
D.G., W.S.G.R., K.M.J.M.
y M.V.M., en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 277 de la Constitución y
9, 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de
junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
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Expediente núm. TC-04-2016-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015).
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I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional
La Sentencia núm. 346, objeto del presente recurso de revisión constitucional,
fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015). Esta decisión rechazó el recurso de
casación interpuesto por los recurrentes contra la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el ocho (8) de octubre de
dos mil doce (2012), relativa a la litis sobre derechos registrados (nulidad de
venta) dentro de la Parcela núm. 79, del Distrito Catastral núm. 11 del
municipio y provincia La V..
La sentencia antes descrita fue notificada a los recurrentes mediante A.o
núm. 1175/2015, instrumentado por el ministerial Á.C.M., alguacil
de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de La V., el ocho (8) de septiembre
dos mil quince (2015).
2. Pretensiones del recurrente en revisión constitucional
Los señores R..d.C..F.E., F..J.F.
E. (fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C.
F.E.,
1
interpusieron el presente recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional mediante instancia depositada en la Secretaría General
de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de octubre de dos mil quince
(2015), recibido en este tribunal constitucional el cuatro (4) de febrero de dos
mil dieciséis (2016).
1
En lo adelante “los recurrentes”, “la parte recurrente” o por su propio nombre.
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de
casación incoado por los recurrentes, basándose, entre otros motivos, en los
siguientes:
Considerando, que en su memorial de casación los recurrentes
invocan los siguientes medios contra la sentencia impugnada, a saber:
Primer Medio: Violación a los artículos 51 y 69 de la Constitución y
al artículo 21, inciso 2) de la Convención Americana de Derechos
Humanos; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos por
violación de varios criterios jurisprudenciales de principio y violación
de los artículos 1116 y 1599 del Código Civil, artículos 86, 137, 138,
140, 141 y 142 de la antigua Ley de Registro de Tierras bajo el
imperio de la cual ocurrieron los hechos; Tercer Medio: Violación a
un criterio jurisprudencial vigente recurriendo a un precedente
anacrónico totalmente desfasado, con el único propósito de legitimar
una depredación criminal contra los derechos de una persona
fallecida; Cuarto Medio: Contradicción de motivos, ambigüedad de la
decisión y contradicción entre dos ordinales del dispositivo; y Quinto
Medio: Falta de base legal por violación de los artículos 141 y 433 del
Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación, que se
examinan reunidos por la solución que tendrá el presente caso los
recurrentes alegan en síntesis lo que sigue: ”Que el tribunal a-quo no
tuteló con imparcialidad, raciocinio ni prudencia los derechos de los
recurrentes, llegando hasta a variar los fundamentos de sus
pretensiones, ya que ante dicho tribunal no fue invocado el artículo
1165 del Código Civil como fuera establecido por dicho tribunal, ya
que este texto no guarda ninguna relación con el caso sino que lo
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B. o R.C.N.B., esto ocurre después
que el decreto tenía 11 (once) años de edad, no se presentaron al
escenario procesal del saneamiento, no recurriendo en Revisión por
Causa de fraude la decisión de saneamiento, ni recurrieron, ni
cuestionaron en ningún sentido el Certificado de Título No.214 (sic)
que amparaba el decreto de registro, y sin embargo, tanto la juez de
primer grado, el Tribunal Superior de tierras y la Tercera Sala de la
Suprema tuvieron el admirable y pulcro valor de afirmar que el
recurrido era un TERCER ADQUIRIENTE A TITULO ONEROSO Y
DE BUENA FE, no obstante haberse reconocido en la sentencia del
segundo grado la existencia del dolo, por tanto dicho tribunal anuló el
acto que firmó la MUERTA y declaró bueno y valido el acto basado en
el acto anulado, y declaro al recurrido adquiriente de buena fe, sin
tomar en cuenta que quien le vendió no tenía nada porque se anuló el
documento en que adquiere su vendedor, ES DECIR EL ACTO EN
BASE AL CUAL SE VENDE ES NULO, PERO LA VENTA QUE SE
HACE TENIENDO COMO BASE EL MISMO ACTO ANULADO, ES
BUENA.
Esa falsificación fue complementada con el uso del documento falso,
pues aconteció que el comprador de ANA CIRILA (15 AÑOS
DESPUES DE SU MUERTE NECESARIO ES REPETIRLO), el señor
R.B. O RAMON CONFESOR NUÑEZ BRITO, procedió
ante el mismo notario a venderle a F.Z.E.,
actual recurrido, todos los derechos que compró mediante el
prealudido acto, según se evidencia por los actos de ventas de fechas
24 de Febrero (sic) y 18 de agosto del año 1975, así consta en el
certificado de título duplicado del dueño que le fuera expedido, que
descansa en el expediente.
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La supuesta declaración de venta es del año 1958, la que
presuntamente firma la declaración, ANA CIRILA ESPINAL muere en
el año de 1960 y la porción objeto de la declaración de venta fue
saneada y adjudicada a ella, la fallecida, en el año de 1964, (cuatro
años después de muerta) el beneficiario de la "declaración de venta"
(entre comillas), el señor R.(.sic) B. o R.C.N.
B. no se hizo representar en el escenario del saneamiento, ni
después de expedida la decisión, ni después de expedido el certificado
de titulo (sic) que amparó el decreto de registro, tampoco impugnó
por la vía del recurso de revisión por causa de fraude ninguna de las
dos verdades jurídicas: a-)la decisión del tribunal superior de tierras
del departamento central y b-)el certificado de titulo (sic) resultante,
como muy bien se lo permitía el artículo 137 de la ley 1542 vigente
para la época de los hechos. Es decir ni se presentaron al
saneamiento, ni cuestionaron la consecuencia del mismo, entonces en
el año de 1975, cuando la beneficiaria del decreto de registro, ya tenía
15 (quince) años de muerta, se inventan un acto donde ella, la muerte,
resucita y le firma un acto de venta, pero quien figura en el acto de
venta es una hermana del notario, actuando con su mismo número de
cedula ¿puede en una circunstancia como esta considerarse a una
persona tercer adquiriente de buena fe?, después de que la nueva ley
de tierras se complementea (sic) con el derecho común y establece en
su principio 11 la noción de legitimidad. (sic)
En la sentencia No.346 del 29 de Julio del año 2015, dictada por la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, se cambia todo, ahora
lo que es ERGA OMNES es el certificado de titulo (sic) resultante del
fraude, y el TERCER ADQUIRIENTE A TITULO ONEROSO Y DE
BUENA FE es el que adquiere del fraude, y el certificado de titulo
(sic) producto del saneamiento, según este nuevo precedente
jurisprudencia!, no tiene ningún valor, porque conforme establece la
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suprema en su funesto precedente que impugnamos, la ley protege al
que adquiere derechos sin saber sobre las maniobras fraudulentas, es
decir la tercera sala de la Suprema envió a la casa del demonio el
artículo 45 de la vieja constitución el cual disponía: "LAS LEYES,
DESPUÉS DE PROMULGADAS, SE PUBLICARÁN EN LA FORMA
QUE POR LA LEY SE DETERMINE, Y SERÁN OBLIGATORIAS UNA
VEZ QUE HAYAN TRANSCURRIDO LOS PLAZOS INDICADOS
POR LA LEY PARA QUE SE REPUTEN CONOCIDAS EN CADA
PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL." y el artículo 109 de la
vigente Constitución Dominicana, el cual consagra: "ENTRADA EN
VIGENCIA DE LAS LEYES. LAS LEYES, DESPUÉS DE
PROMULGADAS, SE PUBLICARÁN EN LA FORMA QUE LA LEY
DETERMINE Y SE LES DARÁ LA MÁS AMPLIA DIFUSIÓN
POSIBLE, SERÁN OBLIGATORIAS UNA VEZ TRANSCURRIDOS
LOS PLAZOS PARA QUE SE REPUTEN CONOCIDAS EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL".
LO QUE HIZO EL TRIBUNAL Y CONFIRMO LA TERCERA SALA
DEL SUPREMO ES, HA SIDO Y SERÁ IMPOSIBLE, AUNQUE SE
HAYA HECHO MIL VECES, DECLARAR NULO UN ACTO DE
VENTA DESPUÉS DE COMPROBAR QUE TENÍA 15 AÑOS DE
FALLECIDA LA PERSONA QUE SUPUESTAMENTE OTORGÓ EL
CONSENTIMIENTO, LUEGO DECLARAR BUENO Y VALIDO
OTRO ACTO DE VENTA QUE SE FUNDAMENTA EN EL ACTO
ANULADO, DICHO DE OTRA FORMA: EL QUE COMPRÓ EN EL
ACTO ANULADO SE QUEDÓ SIN NADA, NO TENÍA NADA, PERO
EL TRIBUNAL DIJO QUE ERA VÁLIDA LA VENTA QUE HIZO EL
PRIMER COMPRADOR DIZQUE PORQUE EL SEGUNDO
COMPRADOR IGNORABA LO OCURRIDO, ESE CRIMEN LO
ACABA DE CONFIRMAR LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA,
NO TIENE NADA EL QUE COMPRO FALSIFICANDO LA FIRMA
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DE UNA DIFUNTA, PERO VENDE LA NADA Y EL QUE LE
COMPRA ADQUIERE LA NADA Y ES EL DUEÑO DE LO
TANGIBLE, DE LO CONCRETO, DE LO QUE SE PUEDE VER Y
TOCAR, NO EXISTE EL DERECHO DEL VENDEDOR PERO LO
TRASPASA, ESO Y NADA MAS FUE LO QUE HIZO TRIBUNAL
SUPERIOR DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO NORTE Y
CONFIRMO LA HONORBLE TERCERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA (SIC).
SE TRATO DE UNA FALSEDAD EN ESCRITURA PRIVADA Y
PUBLICA TAN INFANTIL E INELEGANTE, QUE DEJA HUERFANA
DE EXPLICACION COMO TODOS LOS TRIBUNALES,
CAPCIOSAMENTE E INFANTILMENTE SE DEJARAN
"SORPRENDER". El notario actuante en la falsificación, LIC.
M..R..E..R., no tuvo miramiento ni
preocupación para darle apariencia de verdad al crimen que cometía,
ya que su confianza fue tal que al falsificar la firma de ANA CIRILA
ESPINAL, que no colocó el número de cédula de la difunta en el acto
adulterado, sino que colocó la cédula No.17759, serie 47, QUE
PERTENECE, NADA MÁS Y NADA MENOS, QUE A SU HERMANA
LOURDES MARIA ESPINAL RUIZ DE GONZALEZ (ESPOSA DEL
PRESTIGIOSO ABOGADO VEGANO, DOCTOR R.
G.H.) cuya cédula nueva es: 047-0013592-6, la
cédula correspondiente a la victima (sic) de la falsificación en aquella
época era la No.20712-47, Según consta en certificación del
negociado de cédula que descansa en el expediente, en original,
PERO ESO ESTA MUY BIEN PARA EL TRIBUNAL SUPREMO DE
ESTE PAIS EN MATERIA INMOBILIARIA.
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dejo (sic) pasar
frente a su nariz, este crimen, este horror y este espanto, permitió
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dicha sala del Supremo una mancha de este nivel en la judicatura
nacional, hiriendo de muerte el poder judicial y traicionando el
esfuerzo del Estado Dominicano, con todo y el endeudamiento externo
concertado para modernizar la justicia, (…) En el caso de la especie
fue peor, se falsifico la firma de una difunta, para expropiar lo que
heredaron sus hijos y cuando eso ocurres sus hijos eran menores de
edad, no pasaban de 4 años, y había uno de los exponentes,
F.J., que estaba recién nacido porque su madre murió
al parirlo (sic).
NUESTRO PLANTEAMIENTO Y PEDIMENTO ANTE EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA (SIC) DOMINICANA. LO
QUE DICE LA SUPREMA EN LAS PAGINAS TRANSCRITAS, NO ES
VERDAD, NO LO HA SIDO NI LO SERA, ES IMPOSIBLE,
UTOPICO Y QUIMERICO, Y NO POR LO QUE HA DICHO EL
LEGISLADOR, LA JURISPRUENCIA, NI LA LOGICA FORMAL Y
ELEMENTAL, SINO POR LO QUE CONSAGRA LA RAZÓN COMÚN
(SIC).
(…) con esta sentencia y estos ambiguos criterios, le da una estocada
mortal a la credibilidad de la justicia, porque esa sentencia…la
Tercera Sala de la Suprema, en forma inexplicable e imperdonable
retrocedió 42 años en el tiemplo para poder justificar un ultraje a los
mismos precedentes, que ha dictado desde el año 2000 paraca (sic),
con el propósito de justificar la vulneración de los artículos 51, 68 y
69 de nuestra Carta Magna, para justificar la violación de los
principios 11 y V111 de la ley de Registro Inmobiliario, el párrafo 11
del artículo 3 de la dicha ley, así como numerosas disposiciones de
orden público contenida en el Código Civil Dominicano y en tratados
internacionales, como es la Convención Americana de Derechos
Humanos.
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Según la tercera sala de la Suprema el principal punto controvertido
era determinar si "el señor R..C..B., podía ser
considerado o no como un adquiriente de mala fe", ocurre que la
cuestión de la mala o buena fe en este aspecto es irrelevantes, ya que
es el mismo tribunal que dicta la sentencia que comenta la Tercera
sala, el que anula el acto de venta de fecha 24 de Febrero (sic) del año
1975, intervenido entre R.C.N.B. y la
DIFUNTA ANARA CIRILA ESPINAL, quien llevaba 15 años de
muerte, si ese acto fue anulado, no puede haber un adquiriente a titulo
(sic) oneroso y de buena fe, tampoco puede ser R.C.
N.B., adquiriente de buena fe, porque es el mismo tribunal
que lo deja sin nada, Y NO PODIA VENDER LA NADA, y eso es lo
que adquirió el señor F.Z.E., la NADA,
poco importa que supiera o no del concierto fraudulento (QUE LO
SABIOA (SIC) TODO SIN LA MENOR DUDA COMO VEREMOS
MAS ADELANTE), es que su vendedor solo tiene el invento del
TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS y el INVENTO DE LA
TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, debido a
que su acto de venta, el de fecha 24 de Febrero (sic) del año 1975 al
ser anulado, por vía de consecuencia también anula el certificado de
titulo (sic), porque es imposible anular un derecho y dejarlo vigente,
es esa una figura que no existe en ninguna corriente de pensamiento
humano.
Es decir que no es verdad que el principal punto controvertido era
determinar si el señor R.C.N.B. era un
tercer adquiriente de mala fe, porque eso quedo evidenciado desde el
momento que se deposito el acta de defunción del año 1960 de la
finada ANA CIRILA ESPINAL, si no es así ¿PORQUE EL TRIBUNAL
LO DECLARO NULO? (sic).
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Entonces ¿de cuál derecho adquirido de buena fe y a titulo oneroso es
que habla la Tercera Sala de la Suprema? porque el único derecho
que existía era el de la finada ANA CIRIRLA ESPINAL y 15 años
después de muerta el señor R.C.N.B. le
falsifica la firma, es decir el día 24 de Febrero del año 1975, y el
Tribunal Superior de Tierras anulo ese acto y la tercera sala de la
Suprema confirma esa anulación, ¿DE QUE ES QUE ESTAMOS
HABLANDO? (sic).
PARA LA SUPREMA PODER HACER ESO TUVO QUE PISOTEAR
LOS SIGUIENTES PRECEDENTES, DE ESA MISMA CAMARA,
SINTONIZADOS CON LA LEY Y LA RAZON COMUN, SON:
HA SIDO JUZGADO POR LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA.
PRIMERO: "SI ES CIERTO QUE TODO EL QUE ADQUIERE UN
INMUEBLE A LA VISTA DE UN CERTIFICADO DE TITULO QUE
LO AMPARA Y PAGA EL PRECIO CONVENIDO POR LA VENTA,
DEBE SER REPUTADO EN PRINCIPIO COMO UN TERCER
ADQUIRIENTE A TITULO ONEROSO Y DE BUENA FE, NO ES
MENOSCIERTO QUE CUANDO COMO EN LA ESPECIE SE
COMPRUEBA Y ESTABLECE QUE DICHO INMUEBLE NO ES DE
LA PROPIEDAD DEL VENDEDOR, SINO QUE SE HA
REGISTRADO A SU NOMBRE COMO CONSECUENCIA DE UN
DESLINDE ILEGAL O IRREGULAR, EN RAZON DE QUE EL
MISMO PERTENECE A OTRA PERSONA, ES INCUESTIONABLE
QUE LA VENTA DE ESE INMUEBLE NO PUEDE SER OPONIBLE".
(B.J. 1074 MAYO DEL 2000, PAGS.521-531). (SIC)-SEGUNDO: SI
ES CIERTO QUE EL CERTIFICADO DE TITULO DEBE SER UN
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DOCUMENTO QUE SE BASTA ASI MISMO, QUE TIENE LA
PROTECCION DEL ESTADO, Y QUE LA PERSONA QUE
ADQUIERE EL INMUEBLE, DEBE SER CONSIDERADO COMO
UN TERCER ADQUIRIENTE DE BUENA FE, NO MENOS CIERTO
ES QUE ELLO SUPONE SIEMPRE QUE EL CERTIFICADO DE
TITULO QUE LE ES MOSTRADO, ES LEGITIMO Y NO EL
RESULTADO DE UN FRAUDE PARA DESPOJAR AL VERDADERO
PROPIETARIO DEL INMUEBLE; QUE POR CONSIGUIENTE
DEBE TRATARSE DE UN DOCUMENTO VALIDO, CONDICION
QUE NO PUEDE TENER EL CERTIFICADO DE TITULO
OBTENIDO FALSIFICANDO PODERES DE REPRESENTACION
PARA ORTORGAR PARA OTORGAR ACTOS DE VENTA DE LA
COSA AJENMTA"(Boletín Judicial No.1081, P., del 20 de
Diciembre del año 2000),(Sentencia No.20 de la misma fecha 20 de
Diciembre del año 2000).
En el caso de la especie fue peor, se falsifico la firma de una difunta,
par (sic) expropiar lo que heredaron sus hijos y cuando eso ocurres
sus hijos eran menores de edad, no pasaban de 4 años, y había uno de
los exponentes, F.J., que estaba recién nacido porque
su madre murió al parirlo.
TERCERO: "QUE PROCEDE DECLARAR QUE LAS
CARACTERISTICAS QUE ATRIBUYE LA LEY AL CERTIFICADO
DE TITULO, SE REFIEREN A AQUEL QUE CULMINA EL
SANEAMIENTO, PERO NO A LOS QUE SON EL RESULTADO DE
ACTOS Y OPERACIONES QUE NO CUMPLEN ESTRICTAMENTE
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, QUE EN ESTOS CASOS, EL
CERTIFICADO DE TITILO TIENE LA MISMA SUERTE QUE EL
ACTO QUE LE DA ORIGEN". (Boletín Judicial No.11O9, P..701 y
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702, del 9 de Abril del 2003.), (Sentencia No.16 de la misma fecha 9
de Abril del 2003).
¿PORQUE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA EN VEZ DE
BASARSE EN ESTOS TRES PRECEDENTES DE SU MISMA
AUTORIA, PLETORICOS DE RACIOCINIO, LOGICITADA Y
REVESTIDOS DE INCONTROVERTIBILIDAD, SE BASO EN ESTE
ABUSADOR DINOSARIO TOTALMENTE DESFASADO DEL AÑO
1973?, que es de la época en que el procedimiento inmobiliario era
una cosa y el procedimiento civil era otra cosa, ¿PORQUE LA
TERCERA SALA DE LA SUPREMA NIEGA Y MASACRA EL
AVANCE ALCANZADO CON LA NUEVA LEY DE LA
JURISDICCIÓN INMOBILIARIA? ENTONCES DEROGEMOS LA
LEY 108-05 Y ES MAS DECOROSO, PORQUE RESULTA
BOCHORNOSO, AFRENTOSO E INGNOMINIOSO, HACER UN
EJERCICIO DE HIPOCRESIA SENCURABLE, CONSISTENTE EN
APLICAR LA NUEVA LEY CUANDO NOS CONVIENES Y
REGRESAR AL PASADO CUANDO TAMBIEN CUANDO NOS
CONVIENE, SE TRATA DE UN CRIMEN DIABOLICO JUSTICIAR
LA FALSIFICACION DE FIRMA A UNA DIFUNTA, Y LUEGO
LEGITIMAR ESO, CUANDO YA EL TRIBUNAL QUE CONOCIO EL
HECHO ANULO EL ACTO FALSIFICADO.
QUE LOS DERECHOS ASI ADQUIRIDOS NO PUEDEN SER
ANULADOS MIENTRAS NO SE DEMUESTRE LA MALA FE DE LOS
ADQUIRIENTES, YA QUE NO BASTA PROBAR LA
IRREGULARIDAD DEL TITULO DEL VENDEDOR PARA ANULAR
EL TRASPASO HECHO A FAVOR DEL COMPRADOR (B.J. NO.753,
AGOSTO DE 1973, PAG.2408).
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Ocurre que este precedente choca de frente con el principio Octavo de
la ley 108-05 del 23 de Marzo del año 2005 y que entro en vigencia en
el año 2007, y con el párrafo dos de la ley de Registro Inmobiliario
(…).
HA SIDO ESTABLECIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
TIERRAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, UN PRECEDENTE
ANTOLOGICO Y DE PRINCIPIO QUE POR SU PESO Y
PROFUNDIDAD CONCEPTUAL Y LOGICO PERDUDARA POR
SIGLOS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO, SE TRATA DEL
SIGUIENTE:
QUE LOS CERTIFICADOS DE TÍTULOS, OBTENIDOS MEDIANTE
TRANSFERENCIA ORDENADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
TIERRAS, O POR PETICIONES DIRIGIDAS AL REGISTRADOR DE
TITULOS, NO ESTÁN AMPARADAS POR EL ARTICULO 70 DE LA
LEY DE TIERRAS, Y EL CERTIFICADO DE TITULO ASI
EXPEDIDO, RESULTADO DE UNA CONVENCION ENTRE
PARTES, ESTARA AFECTADO DE LOS MISMOS VICIOS DE QUE
ADOLEZCA LA CONVENCIÓN DE QUE ORIGINA; PORQUE, SI
EL CERTIFICADO PERFECCIONA Y HACE OPONIBLE LA
CONVENCIÓN, DE ACUERDO CON EL ART.193 Y SIGUIENTE DE
LA LEY DE REGISTO DE TIERRAS, CARECE DE VIRTUALIDAD
PARA PURGAR SUS VICIOS, Y NI LA LEY HA ESTABLECIDO
PROCEDIMIENO ESPECIAL DESTINADO A ESE FIN CUANDO
JUSTAMENTE, SON LA PUREZA Y SINCERIDAD DE LA
VOLUNTAD DE LAS PARTES, LAS LLAMADAS A ASEGURAR,
DESPUÉS DEL PRIMER REGISTRO, LA ETABILIDAD Y
SERIEDAD DE LOS CERTIFICADOS DE TITULOS; QUE,
NINGUNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE REGISTRO DE TIERRAS
PERMITE INDUCIR, QUE EL LEGISLADOR QUISIERA
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Expediente núm. TC-04-2016-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
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MENOSCABAR LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS CONTRATOS,
NI DEROGAR GENERALMENTE LA PROTECCIONES QUE EL
CODIGO CIVIL ORGANIZA A FAVOR DE LOS MENORES U
OTRAS REGLAS DE ORDEN PUBLICO, Y PARA ELLO SON
NECESARIAS DISPOSICIONES TERMINANTES, PUES TAL COSA
EQUIVALE A ERIGIR EL DOLO Y EL FRAUDE EN
INSTITUCIONES JURÍDICAS, SIEMPRE QUE UN CERTIFICADO
DE TITULO LOS ENMASCARE; A DAR PREPONDERANCIA AL
INSTRUMENTUM SOBRE LA INTENCIÓN AUN MANIFIESTA DE
LAS PARTES, Y A SACRIFICAR EL ORDEN PUBLICO ANTE
MERAS Y deleznables APARIENCIAS; POR CONSIGUIENTE EL
CERFICADO DE TITULO OBTENIDO POR , POR VIRTUD DE
TRANSFERENCIA ORDENADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
TIERRAS EN DECISIÓN DE FECHA 9 DE MAYO DE 1934, COMO
RESULTADO DE LA CONVENCIÓN INTERVENIDA EN FECHA
1RO. DE OCTUBRE DE 1931, CON LOS SUCESORES DE...., ESTÁ
SUJETO A TODAS LAS CONTINGENCIAS JURÍDICAS QUE
PUEDEN AFECTAR A DICHA CONVENCIÓN; Y EL ART.70
(ANTIGUO) DE LA LEY DE REGITRO DE TIERRAS NO
CONSTITUYE NINGUN OBSTACULO PARA QUE SE ALEGUE Y
AUN PUEDA ACOGERSE, LA DEMANDA EN NULIDAD DE LOS
SUCESORES....O DE LA ENTONCES MENOR (Tribunal Superior de
Tierras Decisión No.4 del 29 de marzo de 1941, Parcela 275 D.C.
No.65/3 y otras, jurisprudencia del Tribunal de Tierras, del DR.
F.E.R. DE LA FUENTE, Pag.290). (sic)
5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión
constitucional
La parte recurrida, F.A.Z.E., mediante su escrito de
defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el
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treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), pretende de manera principal,
que se declare inadmisible el recurso, y subsidiariamente, que sea rechazado,
basándose en los siguientes argumentos:
Al tenor de la Certificación de A.a de Declaración de Venta
instrumentada por el Dr. P.A.B. en fecha 7 del mes
de Abril del año 1958, cuyo original se encuentra depositado en las
piezas y documentos que integran el expediente, se da constancia de
que la señora A.C.E., asistida y autorizada por su esposo
señor R.A.F., VENDIÓ, CEDIÓ Y TRASPASO en
favor de los señores E.N.B. y R.N.B. dentro
de la parcela No. 79 del distrito catastral no.11 del Municipio de la
V., una porción de terreno de una extensión superficial de: 43 AS Y
11CAS (SIC) DENTRO DE LAS COLINDANCIAS (SIC)
SIGUIENTES: Al NORTE: LA CARRETERA Y VÍA FÉRREA; AL
ESTE. UN CALLEJON; Al SUR’ ANDREA AVE LINA ROQUE
ALEJO Y SUCESORES DE F..R., Y AL OESTE:
PROPIEDAD DE LOS COMPRADORES.
Diecisiete (17) años más tarde, es decir, desde el día 7 de abril de
1958 hasta el día 24 de febrero del año 1975, aparece nuevamente la
señora A.C.E. de F. VENDIENDO en favor del señor
R..B..O..R..C. NÚÑEZ DE B.,
conforme a A.o Bajo Firma Privada, legalizado por el Licenciado
M.R.E., en la última fecha indicada, la cantidad de
terreno vendida por el acto anterior. Evidenciando esto que se trataba
de una ratificación de venta a los fines de facilitar la expedición del
correspondiente Certificado de Titulo o Carta Constancia a favor de
los indicados compradores.
Es importante destacar, que durante esos 17 años el señor RAMÓN
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CONFESOR NUÑEZ B.O.R.B. ocupó a título de
dueño y amparado por el referido acto de venta y el certificado de
titulo que lo amparaba la indicada porción de terreno sin haber sido
perturbado en su derecho, es decir, sin haber sido objeto de ningún
tipo de reclamación ni por parte de la señora ANA CIRILA ESPINAL
cuando aún vivía, ni por su esposo ni mucho menos sus herederos
después de producirse su muerte (sic).
En fecha 24 del mes de febrero del año 1994, es decir, después de
haber transcurrido más de 36 años de la fecha de la declaración de
venta firmada por la señora Ana Cirila E. y asistida por su
esposo señor R..A.F., y 19 años después de la
ratificación de venta hecha en favor del señor R.B. o R.
N.B. así como de la venta hecha por este último en favor de
nuestro representante F.A..Z.E.,
PROCEDIERON los señores RAMÓN DEL CARMEN FABIAN
ESPINAL, F.J.F.E. Y JULIO CESAR
F.E., alegando la calidad no determinada de herederos
de A.C.E. a someter una Instancia por ante el Tribunal
Superior de Tierra en solicitud de la declaratoria de la nulidad de los
actos de ventas que ya hemos descrito y del Certificado de Titulo
expedido en favor del señor F.A.Z.E..
Son los señores R.D.C.F.E., Ciarel E.
F.A. y J.C.F.E. titulares de un derecho
de propiedad sobre la porción de terreno adquirida por compra por
nuestro representado F.A.Z.E. en cuyo favor
fue expedido en fecha 3 del mes de septiembre del año 1975 por el
Departamento de Registro de Títulos del Departamento de La V. el
correspondiente Certificado de Título que lo acredita como
propietario de la porción de terreno vendida, porción de terreno que
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él ocupa desde esa fecha en calidad de propietario.? Consideramos
que para determinar si procede o no el referido recurso, que se hace
necesario que examinemos en el caso que nos ocupa, si la parte
recurrente era o no titular del derecho fundamental que se alega se
violó. Situación que por igual demanda que se hagan algunas
precisiones en torno al concepto del derecho de propiedad. Al Efecto,
la Constitución Dominicana, en su artículo 51 dice: “Derecho de
Propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad.
La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda
persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.”
Texto que nos permite reiterar que los recurrentes no son ni han sido
titulares del derecho de propiedad de los terrenos reclamados, sino
que por el contrario, lo es nuestro representado en la forma como ya
hemos indicado, razón por la cual carece de trascendencia
constitucional alegar la violación de un derecho del cual nunca se ha
sido titular.
Destacamos también, que consta en las motivaciones de la sentencia
recurrida en revisión constitucional, que ellos han actuado por ante el
órgano jurisdiccional en las diferentes instancias, en calidad de
herederos de los finados Ramón del C.F. y A.C.
E., antigua titular del derecho de propiedad vendido al señor
F.A.Z.amora E. con muchos años de anticipación,
más de veinte, de la reclamación por ellos incoada. Al efecto, merece
que se destaque que el señor F.A.Z.mora E. era y
es el titular de ese derecho desde el año de 1975, fecha en la cual
como ya hemos señalado, fue expedido en su favor el Certificado de
título que lo acredita como propietario de los mismos.
La propiedad es el derecho de gozar y disfrutar de las cosas del modo
más absoluto, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido por
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las leyes y reglamentos”. Texto que por igual nos obliga a repetir que
.los sucesores de la señora A.C.E. no eran titulares del
derecho de propiedad de la porción de terreno en Litis sino nuestro
representado. Razonamiento que permite destacar que en el caso que
nos ocupa no es posible alegar la violación de un derecho
fundamental, como lo es el derecho de propiedad del cual los
reclamantes nunca han sido titulares.
Mantenemos el criterio de que la correcta interpretación que debe
dársele al Artículo 53 de la Ley 137-11, en lo que se refiere a las
disposiciones del numeral tres (3) que exige que la violación a un
derecho fundamental se haya invocado formalmente en el proceso no
debe ser sólo esa, sino que su correcta interpretación debe ir
encaminada a determinar si la parte recurrente en revisión es o no
titular del derecho fundamental invocado, ya que de no serlo
estaríamos ocupando la atención del tribunal en un caso que en
definitiva carece de relevancia constitucional.
En adición a lo indicado en el párrafo precedente, resulta elemental
comprender, fruto de una simple lectura de la sentencia impugnada,
que los recurrentes han actuado en todas las fases del proceso en
calidad de herederos de una persona que no era titular del derecho de
propiedad que se pretende heredar en la fecha de su fallecimiento,
razón por la cual reiteramos, que estamos frente a un Recurso de
Revisión Constitucional Inadmisible por la aplicación combinada del
numeral tres, letra a y del párrafo final del citado Artículo 53 (…).
Al examinar la instancia que contiene el Recurso de Revisión
Constitucional sometido a ese honorable tribunal por los colegas que
representan los intereses de la parte recurrente, puede apreciase que
lo inician haciendo una relación de hechos y de procedimiento que
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hasta el final de la página marcada con el No. 6 es identificada bajo el
título de “VERIFIQUE”. Aspectos a los cuales rehusamos referimos
puesto que se encuentran contenidos en los considerandos de las
sentencias dictadas por los diferentes tribunales, que como órganos
jurisdiccionales fueron apoderados para conocer de las reclamaciones
hechas por los señores R.D.C.F.E., F.
J.F.E., este último fallecido y sustituido por su hija
C.E.F.A. así como por J.C.F.E.,
proceso que como sabemos, concluyó con la sentencia marcada con el
No. 346 de fecha 29 del mes de julio del cursante año 2015, dictada
por la Tercera Sala Laboral-Tierras Contencioso Administrativo y
Contencioso Tributario de nuestra Suprema Corte de Justicia.
También alegan que el tribunal de segundo grado anuló un acto de
venta y declaró bueno y válido otro acto fundamentado en el acto
anulado por el mismo tribunal, señalando que algo igual y sumamente
peligroso hizo la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia”.
Pudiendo apreciarse que sobre ese aspecto concentran su atención a
lo referente a la fundamentación legal del derecho a incoar el Recurso
de Revisión Constitucional contemplado en el Artículo 53 de la Ley
137-11 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Aspecto a los (sic)
nos hemos referido y hemos analizado en cada uno de sus numerales y
literales, habiendo concluido en esa parte, contrario a lo alegado por
la parte recurrente, que se trata de un Recurso de Revisión
Constitucional Inadmisible por las razones que expusimos (sic).
De igual manera, es la propia sentencia recurrida en Revisión
Constitucional y no nosotros que se encarga de establecer la
improcedencia de los alegatos de la parte recurrente. Sobre el
particular, solicitamos de igual manera, la atención de ese honorable
en cuanto al contenido de la exposición de motivos contenida en el
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último CONSIDERANDO de las páginas marcadas con los Nos. 13 y
14 Sobre el particular nos dice la Corte de Casación lo siguiente: (…).
En cuanto a la supuesta violación del Artículos 51 de nuestra Carta
Magna, esta demás señalar que se refieren a la violación del derecho
de propiedad, texto que no fue violado por el órgano jurisdiccional,
sino que por el contrario, al ratificar el principio jurisprudencial del
adquiriente de buena fe, lo aplicó de manera correcto puesto que lo
hizo (sic) en su sentencia fue proteger el derecho de propiedad de
nuestro representado F.A.Z.E.. Derecho que
se encuentra garantizado por el Estado Dominicano por que (sic)
descansa en un Certificado de Título que le había sido expedido el
órgano correspondiente en su condición de comprador adquiriente de
buena fe.
Contrario a lo alegado por los recurrentes, una violación al referido
texto legal se hubiera cometido la Corte de Casación hubiera
desconocido la obligación que tiene el Estado de Garantizar la
seguridad jurídica que está obligado a otorgar a un Certificado de
Título a fin de su titular goce del derecho de propiedad reconocido en
él del momo más absoluto posible (sic).
Reiterarnos que lo que se hecho (sic) en la sentencia impugnada es
cumplir con ese precepto en el sentido de proteger y garantizar el
goce, uso, disfrute y disposición del Derecho de Propiedad (sic)
adquirido por nuestro representado señor F.A.Z.
E. de buena (sic), puesto que como se indica en la sentencia
impugnada, en ninguna fase del proceso se estableció la prueba de la
mala fe por porte (sic) de él.
En lo que se refiere al alegato de violación del Artículo 69, que
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consagra la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, es preciso
que aclaremos que la parte recurrente formula un planteamiento
divorciado de la aplicación del contenido y alcance de la Tutela
Judicial Efectiva y del Debido Proceso, los cuales deben ser entendida
en el sentido siguiente:
La Tutela Judicial Efectiva, también llamada acceso a los tribunales,
debemos enmarcarla dentro del ámbito del derecho constitucional en
las garantías constitucionales que tiene la administración pública
frente a las partes en el proceso judicial. Al efecto se destaca que:
Uno de los aspectos más importantes de la concepción del Derecho
Procesal Constitucional, es el entendido de que el irrestricto acceso de
los justiciables a los tribunales de justicia en la búsqueda de una
tutela judicial efectiva, a través de un debido proceso legal es la
primera de las garantías constitucionales de la administración de
justicia’ (QUIROGA LEON, ANÍBAL, PROTECCION
CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO, Pág 21, AÑO 2009).
Ahora bien, ¿se le impidió o limitó en algunas de las fases del proceso
a la parte recurrente el libre acceso a la justicia.? El expediente que
reposa en vuestras manos, honorables magistrados, habla por sí solo.
En lo que se refiere al alegato de violación a las disposiciones del
inciso 2 del artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, que consagra la disposición de impedir que una persona
pueda ser privada de sus bienes, excepto en los casos establecidos por
la ley, es correcto señalar, que no se incurre en su violación sino que
por el contrario se ha hecho una correcta aplicación, puesto que, con
el fallo criticado, se ha evitado que el señor F.o A.
Z..E. sea despojada del derecho de propiedad de un
inmueble adquirido de buena fe y confiando en el valor del Certificado
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de Títulos (sic) que amparaba los derechos de su vendedor.
El señor F.A..Z.E. toma la decisión de
adquirir por compra hecha al señor R.B. o R.C.
N.B. los terrenos en litis, lo hace después de haber valorado y
ponderado dos aspectos trascendentes e importantes: En primer lugar,
le estaba comprado a un vendedor que durante más de 20 años había
ejercido su derecho de propiedad de manera pacífica, pública e
ininterrumpida y sin haber sido objeto de alguna reclamación por
parte de la vendedora, su esposo o sus herederos. En segundo lugar,
confiado en el VALOR, GARANTÍA Y FUERZA LEGAL que en nuestro
ordenamiento legal se le otorga al Certificado de Título (…).
Hemos señalado hasta la saciedad que el señor F.Z.
E. es un adquiriente de buena fe, que conciente (sic) la indicada
operación de compra-venta confiado en la seriedad, fuerza, valor y
sinceridad otorgada por la ley, la doctrina y la jurisprudencia al
Certificado de Titulo. Documento que como él indicó en las
declaraciones prestadas por ante ese honorable tribunal, le fue
entregado por el señor R.C.N..B. al Notario
contratado para realizar la transferencia de los derechos adquiridos
por él de buena fe.
De las consideraciones legales, doctrinales y jurisprudenciales que
hemos expuesto se concluye de manera inequívoca de que estamos
frente a un caso en el cual el demandado señor Francisco A.
Z.E. es un tercero adquiriente de buena fe y quien desde el
momento de haber formalizado el A.o de Venta cuestionado ha tenido
el disfrute del derecho de propiedad de los indicados terrenos sin
recibir ninguna turbación, interrupción ni reclamación ni aún por
parte de los actuales reclamantes, personas que antes de la presente
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demanda tuvieron tiempo suficiente para hacerlo y no lo hicieron sino
muchos años después haberse producido la muerte de su padre el
señor R.F., suscribiendo los actos de ventas ya indicados
así como después de la muerte del señor R.B. o R.
C.N. Brito, persona en contra de la cual ellos sólo tenían
derechos de ejercer cualquier acción o reclamación (sic).
De igual manera, reiterar, que la buena fe por parte del comprador se
presume, en este caso del señor F.A.Z.E., y
que por tanto, la parte apelante tenía la obligación de probar que él
había actuado de mala fe, es decir, probar la comisión por fraude, lo
cual sabemos no lo hicieron ni por ante la Jurisdicción de Primer
Grado ni por ante ese honorable tribunal, traduciéndose esa ausencia
de falta en un motivo más para rechazar las pretensiones de los
reclamantes de obtener la nulidad de los actos de ventas de
referencias y de los Certificados de Títulos expedidos como
consecuencia de ello.
6. Pruebas documentales
En el trámite del presente recurso de revisión las partes han depositado los
siguientes documentos:
1. Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras,
Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de
Justicia el veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).
2. A.o núm. 1175/2015, instrumentado por el ministerial Á.C.
M., alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La V., el ocho (8)
de septiembre dos mil quince (2015).
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(29) de julio de dos mil quince (2015).
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3. A.o núm. 1124/2015, instrumentado por el ministerial Carlos A.
A., alguacil ordinario del Distrito Judicial de La V., el seis (6) de
octubre de dos mil quince (2015).
4. A.o s/n instrumentado por el ministerial J.R..O..D.,
alguacil de estrados del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial
de La V., del veintiséis (26) de enero de dos mil dieciséis (2016).
5. Certificación de la Junta Central Electoral, Dirección General de Cédula
de Identificación Personal, del tres (3) de septiembre de mil novecientos
noventa y tres (1993), en la que consta que no fue posible encontrar tarjeta
matriz de A.C.E., cédula núm. 207121-47.
6. Certificación emitida por el registrador de títulos del Distrito Judicial de
La V. sobre historial de la Parcela núm. 79, del Distrito Catastral núm. 11
de ese municipio.
7. Copia de la Sentencia núm. 0206202000006, dictada por la Segunda Sala
del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La
V. el cuatro (4) de enero de dos mil doce (2012).
8. Sentencia núm. 20122685, dictada por el Tribunal Superior de Tierra del
Departamento Norte el ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012).
9. A.a registrada con el núm. 310, libro 73, folio 290, del año 1960,
expedida por el Oficial del Estado Civil de la primera circunscripción del
municipio de La vega, que hace constar el fallecimiento de la Sra. A.C.
E. el 5 de julio de 1960.
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(29) de julio de dos mil quince (2015).
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10. A.a registrada con el núm. 506, libro 210, folio 156, del año 1957,
expedida por el oficial del Estado Civil de la primera circunscripción del
municipio La vega, que hace constar el nacimiento del niño R..d.
C..
11. A.a registrada con el núm. 715, libro 4/2004, folio 115, del año 2004,
expedida por el oficial del Estado Civil de la primera circunscripción de
Santiago, que hace constar el fallecimiento del señor F.J.F.
E., el dos (2) de septiembre de dos mil catorce (2014).
12. A.a registrada con el núm. 1797, libro 495, folio 197, del año 1980,
expedida por el oficial del Estado Civil de la segunda circunscripción del
municipio La vega, que hace constar el nacimiento de la niña Clarel E..
13. Copia de la Sentencia núm. 07, dictada por el Tribunal Superior de
Tierras del Departamento Central el seis (6) de agosto de dos mil tres (2003).
14. Certificado de matrimonio celebrado entre R.A.F. y A.
C.E. el quince (15) de enero de mil novecientos cincuenta y cinco
(1955), expedido por la Diócesis de La V..
15. Certificación expedida por la Conservaduría de H.as y Registro
Civil del Ayuntamiento del municipio La V., el dos (2) de abril de mil
novecientos noventa y siete (1997), en la que consta que en los libros
correspondientes al 7 de abril de 1958 hasta el mes de septiembre del mismo
año, no se encuentra registrado el acto de venta intervenido entre A.C.
E., R.A.F. y E.N.B. y R.C.
N.B., respecto a la parcela núm. 79, Distrito Catastral núm. 11.
16. Copia de la Ordenanza Civil núm. 168, dictada por la Cámara Civil y de
Trabajo del Distrito Judicial de La V. el once (11) de abril de mil
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novecientos noventa y siete (1997), que designa secuestrario judicial de una
porción de terreno (44 áreas, 2 centiáreas) dentro de la Parcela núm. 79,
Distrito Catastral núm. 11 de ese municipio.
17. Instancia contentiva del memorial de casación interpuesto contra la
Sentencia núm. 20122685, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del
Departamento Norte.
18. A.o núm. 95/97, instrumentado por el ministerial J..B.
M., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de La V., el diecisiete (17) de abril de mil
novecientos noventa y siete (1997).
19. Certificación de la Junta Central Electoral, Dirección General de Cédula
de Identificación Personal, del tres (3) de septiembre de mil novecientos
noventa y tres (1993), en la que consta que se encuentra en el libro registro
M.E.R., cédula núm. 17759-47.
20. Copia del Certificado de Título núm. 124, correspondiente a la Parcela
núm. 79, Distrito Catastral núm. 11 del municipio La V., expedido el veinte
(20) de enero de mil novecientos sesenta y cinco (1965).
21. Copia certificada del acto de venta del veinticuatro (24) de febrero de mil
novecientos setenta y cinco (1975), legalizado por el licenciado M.
R.E.R., notario público para el municipio La V., mediante el
cual la señora A.C.E. ratifica la venta de los derechos y sus
mejoras sobre la Parcela núm. 79, del Distrito Catastral núm. 11 de ese
municipio a favor del señor R.B. o R.C.N.B.o.
22. Copia certificada del acto de venta del dieciocho (18) de agosto de mil
novecientos setenta y cinco (1975), legalizado por el licenciado M.
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Expediente núm. TC-04-2016-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015).
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R.E.R., notario público para el municipio La V., mediante el
cual el señor R.B. o R.C.N.B. vende una porción
de terrenos dentro de la Parcela núm. 79, del Distrito Catastral núm. 11 de ese
municipio, en favor del señor F.A.Z.E..
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7. Síntesis del conflicto
El conflicto se origina en ocasión de la instancia del trece (13) de diciembre de
dos mil diez (2010), contentiva de la litis sobre terreno registrado (nulidad de
actos de venta) promovida por los sucesores de la finada A.C.E.,
señores R.D.C.men, F.J.(.fallecido), representado por su
hija C.E.F.A. y J.C., todos apellidos F.E.,
contra F.A.Z.E., respecto a la Parcela núm. 79, del
Distrito Catastral núm. 11, municipio y provincia La V., resultando
apoderada la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de
ese municipio, la cual decidió el proceso mediante la Sentencia núm.
0206202000006, del cuatro (4) de enero de dos mil doce (2012). Esta decisión
fue recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Tierras del
Departamento Norte, el cual dictó la Sentencia núm. 20122685, del ocho (8)
de octubre de dos mil doce (2012), que acogió parcialmente el recurso
respecto a la nulidad del contrato de venta intervenido entre A.C.
E. y R.C.B., confirmando los demás aspectos de la
decisión. Finalmente, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó
el recurso de casación interpuesto por los recurrentes mediante la Sentencia
núm. 346, del veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), objeto del
presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
8. Competencia
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Expediente núm. TC-04-2016-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015).
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Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso
de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo
establecido en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9, 53 y 54 de la
Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional
9.1. El recurso de revisión constitucional procede, según lo que establecen los
artículos 277 de la Constitución y 53 de la referida ley núm. 137-11, en contra
de aquellas decisiones que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, después de la proclamación de la Constitución del
veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En el presente caso, se cumple
el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de julio de
dos mil quince (2015).
9.2. El artículo 54 de la Ley núm. 137-11 dispone un plazo de treinta (30)
días para la interposición del recurso de revisión de decisión jurisdiccional,
contado a partir de la notificación de la sentencia. En ese sentido, la sentencia
recurrida fue notificada a los recurrentes mediante A.o núm. 1175/2015, del
ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015),
2
mientras que el recurso fue
depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el seis (6) de
octubre de dos mil quince (2015), es decir, dentro del plazo legalmente
previsto.
2
Instrumentado por Á.C.M., alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La V..
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9.3. Por otro lado, la parte recurrida señala que el recurso de revisión
interpuesto por los sucesores de la finada A..C..E., resulta
inadmisible, puesto que el señor F.A.Z.E. era y es el
titular del derecho de propiedad, según el certificado de título emitido a su
favor desde mil novecientos setenta y cinco (1975), razonamiento que permite
destacar que en tales condiciones no es posible alegar la violación de un
derecho fundamental, como lo es el derecho de propiedad del cual los
reclamantes nunca han sido titulares.
9.4. Aunque el artículo 53.3 de la citada ley núm. 137-11 establece que el
recurso de revisión constitucional procede cuando se haya producido una
violación de un derecho fundamental, dicha disposición debe ser entendida en
el contexto de los subsiguientes requisitos a los que está supeditado su
ejercicio, y a la fase de admisibilidad que como cuestión previa debe ser
abordada en cada caso sometido a la consideración de este tribunal.
9.5. Cabe indicar que la redacción del literal c) del artículo 53.3 de la Ley
núm. 137-11 requiere que la violación al derecho fundamental sea imputable
de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano
jurisdiccional, es decir, que el enunciado contenido en esta parte del texto no
exige para su cumplimiento que la violación se haya producido en forma
concreta sino, más bien, que sea invocada e imputada en forma precisa para
que se cumpla con el citado requisito y este tribunal proceda a la revisión de la
decisión impugnada.
9.6. En esa línea de análisis, este colegiado reitera el criterio sentado en otras
decisiones, en el sentido de que una interpretación distinta de la admisibilidad
y del examen del fondo del recurso invertiría el orden procesal que debe
seguirse en el caso concreto, pues probar previamente la titularidad del
derecho, en estos casos, como afirma la parte recurridaconduciría a resolver
en la fase de admisibilidad una cuestión que corresponde resolver a los jueces
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ordinarios y haría innecesario el examen que sobre el fondo del recurso ha
sido previsto por el artículo 54.5 de la misma ley núm. 137-11, en los
supuestos en que se estime de lugar, razón por la cual procede rechazar dicho
planteamiento sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta
decisión.
9.7. Asimismo, según los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley
m. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad a la Constitución del veintiséis
(26) de enero de dos mil diez (2010), son susceptibles del recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional. En el presente caso se cumple el
indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de julio de
dos mil quince (2015).
9.8. De acuerdo con el referido artículo 53, el recurso de revisión
constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en los siguientes
casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,
decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un
precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una
violación de un derecho fundamental.
9.9. El citado artículo 53 supedita la admisibilidad del recurso a que la
situación planteada se enmarque, al menos, en uno de los tres supuestos
contenidos en los numerales que lo integran. En la especie, la parte recurrente
ha invocado la causal prevista en el numeral 3 del artículo 53 de dicha ley, es
decir, cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,
caso en cual se exige además el cumplimiento de todos y cada uno de los
siguientes requisitos:
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a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado
formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya
tomado conocimiento de la misma;
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la
vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido
subsanada; y
c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que
dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no
podrá revisar.
9.10. Previo a resolver este aspecto del recurso, es preciso señalar que este
tribunal ha entendido necesario revisar las diversas hipótesis que se han
planteado sobre la admisibilidad del recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, evitando que en uno u otros casos pudiera apartarse del
precedente contenido en la Sentencia TC/0057/12. Esta situación condujo a
este colegiado a examinar nuevamente los diferentes criterios expuestos y a
determinar si era necesario realizar alguna corrección de tipo semántico o de
fondo, y en esa medida velar porque sus decisiones sean lo suficientemente
claras y precisas para sus destinatarios.
9.11. En concreto este tribunal abordó el tema en su Sentencia TC/0123/18,
del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), en los términos siguientes:
Respecto de los criterios para realizar el examen de admisibilidad del
artículo 53.3 de la Ley 137-11, este tribunal ha dictado un importante
número de decisiones que se refieren por igual a un notable grupo de
hipótesis, con lo cual podrían existir aplicaciones divergentes del
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precedente. Cuando existen muchas decisiones del Tribunal
Constitucional en aplicación de un precedente, que pudieran tornarse
divergente, es necesario analizar dichos criterios y determinar si este
tribunal debe aclarar, modificar o abandonar el mismo. Bien se trate
de una cuestión de lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar porque
sus precedentes sean lo suficientemente claros y precisos para que los
destinatarios puedan aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la
igualdad y la racionalidad. Esto no solo se exige a la hora de sentar
un precedente, también al momento de aplicarlo cuando el Tribunal,
como órgano del Estado, se encuentra vinculado a dicho precedente
(TC/0195/13; TC/0606/15).
9.12. La indicada sentencia señala, además, que en aplicación de los
principios de oficiosidad y supletoriedad previstos en la Ley núm. 137-11, y
en atención a que la misma ley le permite acudir a las modalidades de
decisiones dictadas en otras jurisdicciones comparadas
3
en virtud del principio
de vinculatoriedad,
4
este tribunal procedió a hacer uso de las sentencias
utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de Colombia, con el fin
de unificar criterios para resolver posibles contradicciones originadas por
decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o protección de derechos
fundamentales.
9.13. En el caso concreto, los requisitos contenidos en los literales a), b) y c)
del indicado artículo 53.3 se encuentran satisfechos, pues la presunta
vulneración del derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el
derecho a la propiedad ha sido invocada tanto ante los órganos inferiores
3
Esa decisión explica que, aunque las modalidades de sentencias constitucionales comparadas se encuentran
ubicadas baj o el título de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley núm. 137-11, este tribunal ha
utilizado dicha tipología de sente ncias en otros procesos y procedimientos constitucionales disti ntos al
primero (TC/0221/16).
4
Artículo 7.13 de la Ley núm. 137-11. Vinculatoriedad. Las dec isiones del Tribunal Constitucional y las
interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos hu manos,
constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
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como contra la sentencia recurrida; no existen más recursos ordinarios que
agotar para subsanar las presuntas violaciones y las mismas se le imputan
directamente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
9.14. Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, se
exige la especial transcendencia o relevancia constitucional, según dispone el
párrafo del mencionado artículo 53. En el mismo texto se pone a cargo del
Tribunal Constitucional la obligación de motivar la decisión.
9.15. Sobre este aspecto el recurrente señala que la correcta interpretación
que debe dársele al artículo 53 de la Ley núm. 137-11, en lo que se refiere a
las disposiciones del numeral 3 que exige que la violación a un derecho
fundamental se haya invocado formalmente en el proceso, no debe ser solo
esa, sino que debe ir encaminada a determinar si la parte recurrente en revisión
es o no titular del derecho fundamental invocado, ya que de no serlo
estaríamos ocupando la atención del Tribunal en un caso que en definitiva
carece de relevancia constitucional.
9.16. Este tribunal considera que negarle trascendencia constitucional al
recurso de revisión sobre la base de que los recurrentes no son titulares del
derecho de propiedad, como sostiene la parte recurrida, conduciría una
interpretación restrictiva del derecho de acceso a la justicia constitucional,
pues precisamente la falta del reconocimiento del derecho que éstos reclaman
constituye el fundamento de su acción recursiva, quienes desde primer grado
han venido planteando que el derecho registrado a favor de su causante fue
transferido en base a un procedimiento fraudulento luego de producirse su
fallecimiento en mil novecientos sesenta (1960); de manera que clausurar
anticipadamente el recurso bajo la tesis desarrollada en el párrafo que
precede sería aniquilar el derecho a la revisión de las decisiones adoptadas
por el órgano jurisdiccional conforme al procedimiento instituido por el
legislador en el citado artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11.
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9.17. Luego de analizar las violaciones denunciadas como fundamento del
recurso de revisión, concluimos que la misma permitirá al Tribunal
Constitucional examinar si el derecho al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva y el derecho a la propiedad de los recurrentes fueron vulnerados por
el órgano jurisdiccional al dictar la sentencia recurrida, lo que determina la
especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada,
procediendo a rechazar la postura de la parte recurrida que le niega dicha
condición.
9.18. En ese sentido, este tribunal declara admisible el recurso de revisión
constitucional y procede a examinarlo.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
Para decidir el presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal expone
las consideraciones siguientes:
10.1. En su escrito de revisión los recurrentes sostienen que en la Sentencia
núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el
veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), se cambia todo, ahora lo
que es erga omnes es el certificado de título resultante del fraude, y el tercer
adquiriente a título oneroso y de buena fe es el que adquiere del fraude, y el
certificado de título producto del saneamiento, según este nuevo precedente
jurisprudencia, no tiene ningún valor, porque conforme establece la Suprema
en su funesto precedente, la ley protege al que adquiere derechos sin saber
sobre las maniobras fraudulentas; que en el caso de la especie se falsificó la
firma de una difunta, para expropiar lo que heredaron sus hijos y cuando eso
ocurr sus hijos eran menores de edad, no pasaban de 4 años y había uno de
los exponentes, F.J., que estaba recién nacido porque su madre
murió al parirlo.
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10.2. De su lado, la parte recurrida refuta dicha postura señalando, en síntesis,
que es la propia sentencia recurrida en revisión constitucional y no nosotros
que se encarga de establecer la improcedencia de los alegatos de la parte
recurrente; que en cuanto a la supuesta violación del artículo 51 de la Carta
Magna, texto que no fue violado por el órgano jurisdiccional, sino que por el
contrario, al ratificar el principio jurisprudencial del adquiriente de buena fe,
lo aplicó de manera correcta, pues lo que hizo fue proteger el derecho de
propiedad de F..A..Z..E., que descansa en un
certificado de título que le había expedido el órgano correspondiente; que
contrario a lo alegado por los recurrentes, una violación al referido texto legal
se habría cometido si la corte de casación hubiera desconocido la obligación
que tiene el Estado de garantizar la seguridad jurídica otorgada al certificado
de título, a fin de que su titular goce del derecho de propiedad reconocido en
él del modo más absoluto posible.
10.3. En concreto la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia resuelve
este aspecto de la controversia señalando, entre otros motivos, lo siguiente:
Considerando, que lo transcrito precedentemente revela que al
establecer como lo hace en su sentencia que el hoy recurrido, señor
F..Z..E. no podía ser considerado como un
adquiriente de mala fe, sino que por el contrario quedó establecido
que dicho señor tenía que ser considerado como “un tercer
adquiriente a titulo (sic) oneroso y de buena fe, que compró frente a
un certificado de titulo (sic) y que ocupa la propiedad adquirida y
contra el cual no se demostró la existencia de un concierto fraudulento
con su causante para adquirir la propiedad de dicha parcela”, al
decidir de esta forma, el Tribunal Superior de Tierras dictó una sabia
decisión, que no incurre en los vicios denunciados por los recurrentes,
ya que independientemente de que el señor R. Confesor B.
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haya adquirido la titularidad de dicha parcela por medios
fraudulentos como manifestaran los hoy recurrentes, dicho tribunal
pudo establecer que dicho inmueble ya no se encontraba en propiedad
del referido señor, sino que éste se lo había vendido al hoy recurrido,
quien adquirió frente a un certificado de titulo (sic) libre de cargas y
gravámenes sobre el cual no hay derechos ocultos, según comprobó el
tribunal a-quo, lo que permitió decidir que el hoy recurrido se
beneficiaba de toda la fuerza y garantía otorgada por el Estado
Dominicano a los certificados de títulos, para acreditar la existencia
de un derecho real y la titularidad sobre el mismo, tal como fue
decidido por el tribunal a-quo al establecer en su sentencia que al
haber adquirido bajo esas condiciones, el hoy recurrido era un tercer
adquiriente de buena fe cuyos derechos no podían resultar
perjudicados; máxime cuando dicho tribunal pudo comprobar y así lo
manifiesta en su sentencia, que los hoy recurrentes no demostraron la
mala fe del hoy recurrido ni que éste tuviera conocimiento de las
supuestas irregularidades cometidas por su causante, además de que
tampoco fue probado, de acuerdo lo establecido por dicho tribunal,
que existiera algún concierto fraudulento entre el recurrido y su
causante para despojar de sus derechos a los hoy recurrentes; prueba
que esta Tercera Sala entiende que resultaba esencial para que el
tribunal a-quo pudiera apreciar la mala fe del hoy recurrido invocada
por los recurrentes, ya que debe recalcarse que de acuerdo a lo
previsto por el artículo 2268 del Código Civil: “La buena fe siempre
se presume y corresponde la prueba a aquél que alega lo contrario”,
lo que no se hizo en la especie, tal como fue advertido por el tribunal
a-quo en uno de los motivos de su sentencia.
10.4. Para resolver esta cuestión de indudable referencia a los aspectos
fácticos del proceso es necesario recrear, sin tomar partida en ningún caso,
algunos elementos que pongan a este colegiado en contexto respecto del
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momento del registro del derecho luego de agotada la etapa de saneamiento
y su posterior traspaso a quienes lo han detentado producto de las
subsiguientes ventas realizadas. Interesa al Tribunal determinar (i) si el
traslado del derecho de propiedad se llevó a cabo por los mecanismos
establecidos por la ley; (ii) si el derecho debía permanecer incólume en la
esfera patrimonial de la señora A..C.E., o bien y si en las
circunstancias antes descritas, (iii) ha sido respetado el contenido esencial de
este derecho conforme a su configuración constitucional prevista en el artículo
10.5. El derecho de propiedad cuya controversia ha dado lugar la sentencia
recurrida está fundamentado en el Certificado de Título núm. 124, del veinte
(20) de enero de mil novecientos sesenta y cinco (1965), relativo a la Parcela
núm. 79, Distrito Catastral núm. 11 del municipio La V., expedido a favor
de la finada A.C.E., en virtud del Decreto núm. 64-4111, que
ordena su registro con la dimensión de 0H, 43AS, 11 CAS y 25 DM2, en
ejecución de la resolución del Tribunal Superior de Tierras del once (11) de
septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro (1964).
10.6. El referido inmueble fue objeto del acto de venta del veinticuatro (24)
de febrero de mil novecientos setenta y cinco (1975), legalizado por el
licenciado M.R.E.R., notario público para el municipio La
V., a través del cual la señora A.C.E. ratifica la venta de los
derechos y sus mejoras sobre la Parcela núm. 79, del Distrito Catastral núm.
11 de ese municipio, a favor del señor R.B. o R.C.N.
B., según el referido acto, que había realizado veinte (20) años antes.
10.7. Posteriormente, el señor R.B. o R.C.N.B.
traspasa el mismo derecho sobre dicha parcela, en favor del señor Francisco
A. Zamora Espino, según copia certificada del acto de venta del dieciocho
(18) de agosto de mil novecientos setenta y cinco (1975), legalizado también
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(29) de julio de dos mil quince (2015).
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por el licenciado M..R.E.inal R., notario público para el
municipio La V..
10.8. Para decidir el conflicto la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de
Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La V. valoró, entre otros, (i) el
Certificado Título núm. 124, relativo a la Parcela núm. 79, Distrito Catastral
núm. 11 de ese municipio, que ordena el registro del derecho cuestionado a
favor de A.C.E., así como (ii) los respectivos actos de venta que
traspasan ese derecho a favor de R.B. o R.C.N.B.
y posteriormente en favor de F.A.Z.E.. Luego de examina
las pruebas, la juzgadora concluyó, entre otras cosas, que no es posible negar
que pudiera existir dolo o vicio en cuanto a la venta donde aparecen
transferidos los derechos de A.C.E., realizada años anteriores a su
muerte. Pero no por esto podría negarse que el señor Z. sea un
adquiriente de buena fe, ya que le compró al señor R.B. o R.
C.N.B., y éste compró a la señora A.C. o C.E.,
quien fue propietaria original y por decreto; resultando claro que el señor
F.Z.E. compró libre de cargas y gravámenes, por lo que
ostenta el respaldo del Estado dominicano a su derecho de propiedad, asentado
en la oficina del Registro de Títulos,
5
argumentos que le condujeron,
finalmente, a rechazar la demanda original.
10.9. El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, apoderado del
recurso de apelación interpuesto por los recurrentes contra la sentencia dictada
por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La V., arribó a
conclusiones parecidas a las de primer grado, al reconocer que aun cuando no
se descarta el dolo y vicios del consentimiento en cuanto a la venta realizada
por la señora A.C.E., debía tomarse en cuenta el hecho de que el
5
Ver primer “considerando” libro-página 1059 de la Sentencia núm. 0206202000006, dictada por la Segunda
Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Or iginal del Distrito Judicial de L a V. el cuatro (4) de enero de
dos mil doce (2012).
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señor F.Z.E. compró la propiedad frente a un certificado de
título, ha ocupado la propiedad comportándose como propietario conforme a
las disposiciones previstas en el Código Civil, por lo que debía considerarse
un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe, así como no pudo
probarse que el comprador conocía las irregularidades alegadas por los
recurrentes.
6
10.10. La revisión de la sentencia recurrida revela que la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia, siguiendo la misma línea que los tribunales
inferiores, rechazó las pretensiones del recurso de casación, basándose en que
la parte recurrida, F.A.Z.E., es un comprador de
buena fe que se beneficia de la garantía que el Estado otorga para acreditar un
derecho real. En ese sentido, la corte de casación señala, entre otras
cuestiones, que las comprobaciones realizadas por la alzada, en relación con la
ausencia de un concierto de voluntades para perjudicar a los recurrentes,
resultó esencial para descartar la mala fe, es decir, que asumió los motivos
expuestos por los tribunales inferiores que le atribuyen legitimidad al derecho
del tercer adquiriente del referido inmueble.
10.11. No obstante las conclusiones a las que arriba el órgano jurisdiccional
sobre el aspecto señalado en el párrafo que precede es menester apuntar que
la sentencia de segundo grado, pese a que rechazó las pretensiones principales
de los recurrentes, acogió en parte el recurso de apelación y reconoció la
nulidad del acto intervenido entre A.C.E. y C.B. el
veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos setenta y cinco (1975), por
haberse demostrado que la fecha en la que fue realizada (o más bien
ratificada) la venta, la señora E. había fallecido.
7
6
Ver tercer “considerando”, página 239 de la Sentencia núm. 20122685, dictada por el Tribunal Superio r de
Tierras, Departamento Norte, el ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012).
7
. Ver cuarto “considerando”, p ágina 239 de la Sentencia núm. 20122685, dictada por el Tribunal Superior de
Tierras, Departamento Norte, el ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012).
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Expediente núm. TC-04-2016-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015).
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10.12. En el propio acto de venta intervenido entre R.B. o R.
C.N.B.ito y F.o Antonio Z.E., sobre el citado
inmueble, se afirma que el vendedor justificó su derecho de propiedad en el
Certificado de Título núm. 124, que es el mismo documento registral emitido
por el registrador de títulos de La V. el veinte (20) de enero de mil
novecientos sesenta y cinco (1965), a favor de A.C.E.. En ese
sentido, el tercer comprador no adquirió el derecho frente a un certificado de
título a nombre del vendedor, sino ante un certificado de título registrado a
nombre de su propietaria original, situación que no podía ignorar el comprador
en el momento en que fue pactada la convención.
10.13. Desde esa perspectiva los argumentos de justificación, expuestos por
el órgano jurisdiccional, resultan incongruentes en la medida en que
reconocen al tercer adquiriente como un comprador a título oneroso y de
buena fe fundado en que dicho inmueble ya no se encontraba en propiedad del
vendedor, sino que éste se lo había vendido al hoy recurrido; sin embargo, las
incidencias del proceso determinan que el derecho de propiedad nunca fue
transferido a R.C.B., sino que en el momento de la venta o de
la ratificación veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos setenta y cinco
(1975) permaneció a nombre de A.C.E., quien había fallecido en
el mil novecientos sesenta (1960), por lo que dicha postura resulta insostenible
para admitir el traspaso del derecho de propiedad y retener como lo hace la
corte de casación la buena fe del comprador.
10.14. La realidad procesal antes descrita se corresponde con los elementos
probatorios analizados por los tribunales de fondo que decidieron el proceso,
pues ni en el primer ni en el segundo grado aparece depositado un certificado
de título distinto al núm. 124, que ampara el derecho de propiedad registrado a
nombre de la finada A..C.E., causante de los recurrentes en
revisión constitucional. Además, este documento registral es el resultado del
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saneamiento realizado sobre la Parcela núm. 79, Distrito Catastral núm. 11 del
municipio La V., que depuró los derechos consignados en el decreto de
registro en favor de las personas que les fue expedido por el Tribunal Superior
de Tierras en el mil novecientos sesenta y cinco (1965), circunstancias en las
cuales no era posible que subsistiera un derecho oculto sobre el inmueble de la
causante de los recurrentes.
10.15. Este tribunal no es ajeno a que el procedimiento utilizado para
transferir el derecho cuestionado a favor del recurrido, señor F.
A.Z.E., reconocido por las diferentes decisiones del órgano
jurisdiccional como tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe, ha sido
caracterizado por actuaciones fraudulentas que cuestionan seriamente el
mecanismo utilizado para transferir la propiedad, específicamente el acto de
venta intervenido entre R.C.B. y A.C.E., que como
hemos señalado, fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Tierras,
Departamento Norte, al comprobarse que ésta había fallecido antes, es decir,
que si el propio sistema inmobiliario decidió anular la venta fraudulenta que
apareció registrada entre la propietaria original y el supuesto comprador, éste
no podía vender (traspasar) lo que nunca fue de su propiedad, colocando al
sistema registral en la irremediable dicotomía de reconocer la garantía
otorgada por el Estado a favor del tercer comprador, y al mismo tiempo
negarle dicha garantía a quien había obtenido ese derecho como resultado del
proceso de saneamiento desde mil novecientos sesenta y cinco (1965),
incongruencias que han quedado manifiestas en la argumentación de la
decisión recurrida.
10.16. En esa línea de análisis es necesario puntualizar que si bien decidir
esta cuestión (la buena fe) es de indudable referencia a los aspectos de
legalidad del proceso, y por tanto competencia exclusiva de los órganos del
Poder Judicial, la interpretación que de ella se realice debe respetar en todo
caso el contenido esencial del derecho fundamental, en la especie, el derecho
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de propiedad, pues el reconocimiento de esta institución en el escenario
descrito en el caso concreto, conduciría a diluir los elementos que lo
caracterizan a tal extremo que sería irreconocible como derecho fundamental.
10.17. Cabe apuntar que este colegiado ha sido constante en afirmar que la
aplicación de las normas en los casos concretos y la apreciación de las
cuestiones propias del proceso constituye un ejercicio que entra en la facultad
de los jueces, siempre que el mismo no desborde los límites que le imponen la
Constitución y la ley;
8
pues en un Estado de derecho la actividad de impartir
justicia tiene límites implícitos y explícitos en los valores y principios que la
Constitución protege, no bastando para ello su aplicación sino que la misma se
haga observando dichos postulados.
10.18. Acorde con dicha postura, este tribunal ha establecido que la
dimensión constitucional que supone el derecho a la propiedad y la obligación
que tiene el Estado de protegerlo como derecho fundamental tiene por
finalidad que sus titulares puedan ejercer el goce, disfrute y disposición de sus
bienes. Este derecho tiene vocación de permanencia en el tiempo y su
titularidad se transmite mediante los procedimientos establecidos en la ley,
pues ninguna de sus prerrogativas pueden ser minimizadas o limitadas por
efecto de una acción u omisión proveniente del Estado o de los particulares,
lo que le atribuye una categoría erga omnes que se le impone incluso al propio
Estado; de manera que ninguna persona puede ser privada de su propiedad,
sino en los casos y conforme lo disponen la Constitución y la ley
(TC/0351/14, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), literal
g, página 52).
10.19. En ese sentido, los razonamientos expuestos por la citada sala del
órgano jurisdiccional con los que ha fundamentado el rechazo del recurso de
8
TC/0006/14 del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), página 29.
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casación ha desconocido los elementos que caracterizan el derecho de
propiedad consagrado por el artículo 51 de la Constitución, pues el derecho
primigenio se ha transmitido a través de un mecanismo contrario a la ley de
registro de tierra vigente en ese momento, impidiendo su permanencia en la
esfera patrimonial de A.C.E..
10.20. Asimismo, los recurrentes sostienen que la Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia, en forma inexplicable e imperdonable retrocedió 42 años en
el tiempo para desconocer los mismos precedentes que ha dictado desde el dos
mil (2000), con el propósito de justificar la vulneración de los artículos 51, 68
y 69 de nuestra Carta Magna y los principios 11 y VIII de la Ley de Registro
Inmobiliario, el párrafo 11, del artículo 3 de dicha ley, así como numerosas
disposiciones de orden público contenida en el Código Civil dominicano y en
tratados internacionales, como es la Convención Americana de Derechos
Humanos.
10.21. La revisión de este aspecto de la sentencia recurrida no revela que ésta
se fundamentara en un criterio jurisprudencial determinado para dar solución
al recurso de casación, sino, más bien, en su apreciación particular de la
institución de la buena reconocida en favor del tercer comprador y en la
necesidad de probar el dolo conforme a las disposiciones previstas en el
Código Civil dominicano, que le permitió descartar que entre éste (el
comprador) y su causante existiera un concierto de voluntades para despojar a
la propietaria original A.C.E. del derecho de propiedad.
10.22. En consecuencia, este tribunal determina que en las circunstancias
antes señaladas no se verifica vulneración a la tutela judicial efectiva y el
debido proceso de los recurrentes, por lo que procede a rechazar este aspecto
del recurso de revisión constitucional; sin embargo, lo acoge en cuanto a la
solución provista por el órgano jurisdiccional en relación con la violación del
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derecho de propiedad, por lo que anulará la sentencia recurrida conforme a las
disposiciones previstas en el artículo 54.9 de la Ley núm. 137-11.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados M.R.G.,
presidente; A.L.B.M. y A.I.B.H., en
razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente
sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos
salvados de los magistrados L.V.S., segundo sustituto; y Justo
P.C.K.. Consta en acta el voto salvado del magistrado
V.J.C.P., el cuál será incorporado a la presente
decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del
Tribunal Constitucional.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal
Constitucional
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional incoado por los señores Ramón D.C., F.J.,
fallecido, representado por C.E.F.A. y J.C., todos
apellidos F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de julio de dos mil
quince (2015).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión
constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, ANULAR la
sentencia recurrida.
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(29) de julio de dos mil quince (2015).
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TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia para los fines establecidos en el artículo 54.10 de la
Ley núm. 137-11.
CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, R.d.C.,
F.J., fallecido, representado por C.E.F.A. y J.
C., todos apellidos F.E.; a la parte recurrida, F.A.
Z.E. y a la Suprema Corte de Justicia.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del
Tribunal Constitucional.
Firmada: R.D.F., J.P.S., en funciones de Presidente;
L.V.S., J. Segundo Sustituto; H.A. de los
Santos, J.; J.A.A., J.; Justo P.C.K.oury,
J.; V.J.C.P., J.; D.G., J.; W.S.
G.R., J.; K.M.J.M., J.; M.
V.M., J.; J.J.R.B., S..
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
LINO VÁSQUEZ SÁMUEL
A raíz de mis reflexiones sobre el manejo de los requisitos de admisibilidad
del recurso de revisión de decisión jurisdiccional expuestas en la posición que
he venido defendiendo en las deliberaciones del Pleno, entiendo necesario
dejar constancia de que, si bien me identifico con el razonamiento mayoritario
del fallo dictado, no comparto el abordaje de la decisión en relación al
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cumplimiento de los literales a), b) y c) de la Ley núm. 137-11.
En atención a lo precedentemente señalado, me permito reiterar, una vez más,
los argumentos desarrollados en el voto emitido en la Sentencia TC/0123/18.
del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), tal como resumo a
continuación:
1. Este Tribunal ha entendido necesario revisar las diversas hipótesis que se
han planteado sobre la admisibilidad del recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, para evitar que en uno u otros casos pudiera apartarse del
precedente contenido en la Sentencia TC/0057/12, del dos (2) de noviembre
de dos mil doce (2012), que dispuso lo siguiente:
El recurso de revisión constitucional se fundamenta en las
disposiciones del artículo 53.3, es decir, el caso en el que “se haya
producido una violación de un derecho fundamental”-, por lo que su
admisibilidad, según lo establece el referido texto, está subordinada al
cumplimiento de “todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado
formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya
tomado conocimiento de la misma;
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la
vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido
subsanada; y
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que
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dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no
podrá revisar.
Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba
que el reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido
“invocado formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la
lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión
judicial que, como la que es objeto del presente recurso, pone fin al
proceso, por lo que la recurrente no ha tenido, en términos procesales,
oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la cual
dicho requisito deviene en inexigible.
Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues
si se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de
aceptarse que no ha habido recursos previos que agotar para
subsanar una violación que ni siquiera ha sido invocada previamente,
situación en la que también aplica la inexigibilidad referida en el
párrafo anterior.
Asimismo, el requisito consignado en el literal c) del referido artículo,
no se cumple en la especie, pues el daño reclamado no puede ser
“imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del
órgano jurisdiccional” -es decir, a la sentencia recurrida-, “con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha
violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá
revisar”.
2. La situación antes señalada condujo a este colegiado a determinar si era
necesario realizar alguna corrección de tipo semántica o de fondo, y en esa
medida velar porque sus decisiones sean lo suficientemente claras y precisas
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para sus destinatarios. En concreto, este tribunal en la citada sentencia
TC/0123/18 abordó el tema en los términos siguientes:
Respecto de los criterios para realizar el examen de admisibilidad del
Artículo 53.3 de la Ley 137-11, este tribunal ha dictado un importante
número de decisiones que se refieren por igual a un notable grupo de
hipótesis, con lo cual podrían existir aplicaciones divergentes del
precedente. Cuando existen muchas decisiones del Tribunal
Constitucional en aplicación de un precedente, que pudieran tornarse
divergente, es necesario analizar dichos criterios y determinar si este
tribunal debe aclarar, modificar o abandonar el mismo. Bien se trate
de una cuestión de lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar porque
sus precedentes sean lo suficientemente claros y precisos para que los
destinatarios puedan aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la
igualdad y la racionalidad. Esto no solo se exige a la hora de sentar
un precedente, también al momento de aplicarlo cuando el Tribunal,
como órgano del Estado, se encuentra vinculado a dicho precedente
(TC/0195/13; TC/0606/15).
3. Para solucionar la problemática este tribunal se fundamentó en los
principios de oficiosidad y supletoriedad previstos en el artículo 7, numerales
11 y 12 de la Ley núm. 137-11, y en atención a que la misma ley permite
acudir a las modalidades de decisiones dictadas en otras jurisdicciones
comparadas
9
conforme dispone el principio de vinculatoriedad,
10
se auxilió de
la modalidad de sentencias utilizadas frecuentemente por la Corte
Constitucional de Colombia, con el fin de unificar criterios para resolver
9
Esa decisión explica qu e, aunque las modalidades de sentencias constitucionales comparadas se encuentran ubicadas
bajo el título de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley 137-11, este tribunal ha utilizado dicha tipología de
sentencias en otros procesos y procedimientos constitucionales distintos al primero (TC/0221/16).
10
Artículo 7.13 de la Ley núm. 137-11. Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones
que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes
para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
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posibles contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que
impidan la vigencia o protección de los derechos fundamentales.
4. Conforme establece la decisión, esta tipología de sentencias tienen como
finalidad unificar criterios en la jurisprudencia para resolver posibles
contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la
vigencia o relación de derechos fundamentales… o cuando un asunto de
transcendencia lo amerite.
5. En ese sentido, la citada decisión determinó que las sentencias de
unificación del Tribunal Constitucional proceden en los casos siguientes:
Cuando por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de
precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan
divergencias o posibles contradicciones que hacen necesaria la
unificación por razones de contenido o lenguaje; b) Cuando por la
existencia de una cantidad considerable de precedentes posiblemente
contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina; y, c) Por la
cantidad de casos en que, por casuística se aplican a criterios
concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace
necesario que el Tribunal unifique criterios en una sola decisión por
la naturaleza de la cuestión.
6. En la especie este colegiado justificó la unificación de criterios de los
supuestos de admisibilidad previstos en el artículo 53.3, Ley núm. 137-11,
sobre la base de la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que
integran nuestra doctrina al aplicar el precedente contenido en la sentencia
TC/0057/12; razón por la que, en lo adelante, el Tribunal Constitucional
optará por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión
constitucional de decisión jurisdiccional, dispuestos en el artículo 53.3
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LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo al examen
particular de cada caso, a partir de los razonamientos siguientes:
En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando
el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o
la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la
única o última instancia, evaluación que se hará, como hemos dicho,
tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí
un cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del
criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad
del recurso, bien porque el requisito se invocó en la última o única
instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la
violación.
7. Esta sentencia considera que los citados requisitos se “satisfacen” en
lugar de afirmar que se “cumplen”, no obstante establecer en la misma que
ello no implica un cambio de precedente, en la medida en que se mantiene la
esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad
del recurso por las razones expuestas.
8. Efectivamente, el precedente sentado en la citada Sentencia TC/0057/12
ha sido variado, y esto queda comprobado cuando se establece que en las
condiciones anteriormente prescritas los referidos requisitos resultan
“satisfechos” o “no satisfechos”, lo que obligaba a que este colegiado diera
cuenta que se apartaba del mismo, conforme dispone el artículo 31 párrafo I
de la referida ley núm. 137-11.
9. Desde esta perspectiva, la semántica de la palabra satisfacción refiere a la
acción y efecto de satisfacer o satisfacerse; razón, acción o modo con que se
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sosiega y responde enteramente una queja
11
, mientras que el cumplimiento
alude a la acción de cumplir o cumplirse o cumplido o bien la perfección en el
modo de obrar o hacer algo, abasto o provisión de algo, supuesto este último
que se produce cuando el recurrente ha cumplido cabalmente con el mandato
previsto en la normativa procesal que reputa admisible el recurso de revisión
que ha sido impetrado.
10. A mi juicio, en este caso la “satisfacción” no puede ser un supuesto
válido, pues más bien, dichos requisitos se “cumplen”. Es por ello que
resultaba necesario que el Tribunal Constitucional valorara este supuesto
desde una aproximación a la verdad procesal y con ello abrir la posibilidad del
recurso partiendo de los principios y valores de la LOTCPC cuando las
condiciones previstas se cumplen.
11. En el supuesto planteado, el reclamo fundamental que se realiza se ha
producido tanto en el desarrollo del proceso como contra la decisión que pone
fin a la controversia, razón por la cual pudo ser “invocado previamente”, por
lo que el recurrente ha tenido, en términos procesales, oportunidad para
presentar el referido reclamo y en efecto lo hizo; situación en la que el
requisito contenido en literal a) en vez de satisfecho, ha sido cumplido.
Igualmente, si se acepta que su invocación ha sido posible, por argumento a
fortiori ha de aceptarse que los recursos previos fueron agotados sin haberse
subsanado la violación que ha sido invocada, situación en la que también
aplica el razonamiento anterior de que se cumple el requisito establecido en el
literal b) del artículo 53.3. Asimismo, si la indicada violación ha sido
imputada directamente a la última decisión objeto del recurso de revisión el
requisito exigido en el literal c) también ha sido cumplido.
11
Diccionario de la Real Academia Española.
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12. Ahora bien, una de las funciones genuinas del Tribunal Constitucional,
derivada del principio de autonomía procesal
12
, es la corrección de los
defectos normativos de la Ley Orgánica cuando se manifiestan en forma de
laguna o cuando ésta deba ser adaptada o adecuada a los fines
constitucionales, sin embargo transformar los conceptos que determinan los
requisitos de admisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional,
como ha ocurrido en la especie, trasciende dicha facultad, aunque ésta haya
sido desarrollada bajo la institución de unificación de criterios y su fin último
sea resolver posibles contradicciones originadas en sus decisiones
jurisdiccionales.
13. Así que, la citada facultad de este colegiado tiene límites en los
principios y valores constitucionales que deslindan las actuaciones de todos
los órganos constituidos, y no lo es menos el Tribunal Constitucional como
último intérprete de la Constitución, de manera que se ha producido una
modificación de los procedimientos constitucionales fuera de los cauces
previstos en el ordenamiento jurídico, toda vez que se ha sustituido la
estructura y los enunciados de la norma antes señalada (artículo 53.3
LOTCPC).
14. Por consiguiente, este colegiado debió ceñirse a lo establecido en la
sentencia TC/0057/12, con relación a la inexigibilidad de los requisitos a) y b)
del artículo 53.3 de la referida ley núm. 137-11, en situaciones específicas, y
unificar los criterios dispersos en la jurisprudencia de este tribunal
constitucional en esa dirección.
15. De acuerdo al artículo 184 de la Constitución, las decisiones del Tribunal
Constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes
vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Esto implica
12
Sentencia TC/0039/12, del 13 de septiembre de 2012, literal “i”, página 6.
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Expediente núm. TC-04-2016-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
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que el propio tribunal debe acogerse a sus decisiones previas y respetarlas, a
no ser que existan motivos de importancia que le obliguen a desligarse, en
cuyo caso, como hemos apuntado, debe exponer los fundamentos de hecho y
de derecho que le conducen a modificar su criterio, tal como lo indica el
párrafo I del artículo 31 de la Ley núm. 137-11.
16. El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar
estabilidad en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en
primer orden, para que las decisiones del Tribunal sean respetadas por el
propio tribunal (autoprecedente) y por los demás poderes públicos, y en
segundo orden, para proveer a los ciudadanos la certeza de que ante hechos
similares se aplicarán las mismas consecuencias jurídicas.
17. La importancia del precedente ha llevado al sistema jurídico de Colombia
a reconocerlo como un nuevo derecho de los ciudadanos frente a la
Administración, y consiste en la expectativa legítima en la cual las autoridades
den un trato igual al que ha beneficiado a otros, mediante la aplicación de
precedentes judiciales que hubieren resuelto casos similares al suyo.
13
Así que,
la incorporación de esta institución en su legislación positiva constituye una
manifestación inequívoca de la relevancia normativa que ésta supone para
ajustar a niveles óptimos el principio de igualdad en las decisiones de los
tribunales.
18. Por estas razones reitero el criterio planteado en los votos que he venido
desarrollando sobre este tema, destacando la importancia de los precedentes y
su aplicación en casos con características similares, con el fin de salvaguardar
el derecho a la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos y al mismo tiempo
13
Ver artículo 10 de la Ley núm. 1437 de 2011. El nuevo código de procedimiento y de lo contencioso administrativo
propuso a través de los artículos 10, 102, 2 69, 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, un sistema que convierte a la
jurisprudencia del Consejo de Estado en una guía para que el Estado dé a los ciudadanos un trato más igualitario y justo.
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R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
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contribuir a la consolidación del repertorio jurisprudencial del Tribunal
Constitucional.
CONCLUSIÓN
19. La cuestión planteada conducía a que, en la especie, este tribunal
reiterara lo establecido en la Sentencia TC/0057/12 con relación a los
requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional dispuestos en los literales a) y b) del artículo 53.3 de la
LOTCPC, y que por su aplicación divergente unificara los criterios
jurisprudenciales dispersos para dejar establecido que, cuando el recurrente no
tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del
derecho supuestamente vulnerado se produzca ante los órganos inferiores o en
última instancia, los mismos devienen inexigibles, o bien que estos se
cumplen, como ocurre en la especie.
Firmado: Lino V.S., J. Segundo Sustituto
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
JUSTO P.C.K.
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y
coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la
facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido,
presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos
a continuación:
I. ANTECEDENTES
1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional interpuesto por R.D.C., F.J.(.fallecido),
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representado por C.E.F.A. y J.C., todos apellidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de julio de dos mil quince
(2015). El Tribunal Constitucional admitió y acogió dicho recurso de revisión,
anulando la decisión impugnada, al comprobar que vulneración a derechos
fundamentales.
2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la especie, el recurso de
revisión de decisión jurisdiccional es admisible y que procedía anular la
decisión impugnada; sin embargo, no estamos de acuerdo con los motivos, o
la fundamentación presentada por la mayoría para determinar la admisión del
recurso.
3. A fines de exponer los motivos que justifican nuestra posición
ampliamente desarrollada a raíz de los casos resueltos por este tribunal
constitucional, mediante las sentencias TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13,
TC/0070/14, TC/0102/14, TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/14
14
, entre
otras tantas publicadas posteriormente, exponemos lo siguiente:
II. SOBRE EL ARTÍCULO 53
4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión
jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.
5. Dicho texto reza:
El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
14
De fechas 27 de septiembre de 2013; 31 de o ctubre de 2013; 13 de noviembre de 2013; 23 de abril de 2014; 10 de junio
de 2014; 27 de agosto de 2014; 8 de septiembre de 2014 y 8 de septiembre de 2014, respectivamente.
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irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010,
fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los
siguientes casos:
1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una
ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional.
3) Cuando se haya producido una violación de un derecho
fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de
los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado
formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya
tomado conocimiento de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la
vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido
subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que
dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no
podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este
artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando
éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia
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constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un
examen y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre
deberá motivar sus decisiones.
6. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del artículo 53
precisa que, podrán ser objeto de recurso de revisión de decisión
jurisdiccional, aquellas decisiones jurisdiccionales hayan adquirido de la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de
enero de 2010.
7. El profesor F.T. explica cuándo una decisión adquiere la
autoridad de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada
señala que mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías
ordinarias de recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es
puramente provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es
ejercitado.
15
8. Posteriormente precisa que [c]uando estos recursos ordinarios han sido
incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado,
se dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha
“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de
ser impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o
casación, se dice que la sentencia es “irrevocable”.
16
9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, no implica
necesariamente que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O
15
T., F.. Elementos de derecho procesal civil dominicano; volumen II, octava edición, p. 444.
16
I..
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bien, implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la Suprema Corte
de Justicia. De hecho, una sentencia dictada en primera instancia, si no es
recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad de
la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los
recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es
desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada.
10. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que
una decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada
no implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales
disponibles. En realidad, se trata de dos conceptos distintos y con
implicaciones diferentes.
11. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de
admisibilidad indicados en su parte capital, el artículo 53 establece los casos
en los que el Tribunal Constitucional tendrá potestad de revisar decisiones
jurisdiccionales. Estos son independientes entre sí; constituyen llaves que
abren por separado la posibilidad de que una decisión sea revisada. Son tres:
La primera (53.1) es: Cuando la decisión declare inaplicable por
inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza"”;
La segunda (53.2) es: Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal
Constitucional”; y,
La tercera (53.3) es: Cuando se haya producido una violación de un derecho
fundamental…”.
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12. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a
comprobar la existencia de una de las tres causales enumeradas en el párrafo
que antecede. Sin embargo, consideramos que no basta que la parte recurrente
alegue una de estas causales para superar la etapa de la admisibilidad del
recurso. En todo caso, pensamos que el Tribunal tiene siempre la obligación
de, por lo menos, verificar la existencia de la causal que se invoque.
13. De ahí que, la labor del Tribunal en los puntos 1 y 2 del artículo 53 no
está supeditada a la comprobación de requisito adicional alguno, contrario a lo
que sucede en el punto 3, en cuyo caso, debe verificarse que concurran y se
cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado
formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya
tomado conocimiento de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la
vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido
subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que
dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no
podrá revisar.
Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este
artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando
éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia
constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un
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examen y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre
deberá motivar sus decisiones.
14. Como se observa, de conformidad con las disposiciones del punto 3 del
artículo 53 de la Ley número 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir
el recurso cuando se funde en la comprobación de las violaciones a derechos
fundamentales. En efecto, el Tribunal debe, primero, verificar la vulneración a
un derecho fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la
evaluación de los requisitos posteriores. Y es que se trata de una situación
cumplida, concretada. No se trata, pues, de que, la parte recurrente alegue ─o
fundamente su recurso en─ la violación de un derecho fundamental, sino de
que, efectivamente, se haya producido una violación de un derecho
fundamental.
15. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el
estudio y la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el
Tribunal tiene, siempre conforme los términos del artículo 53 respecto de la
admisibilidad del recurso, la obligación de, por lo menos, verificar la
existencia de alguna evidencia que apunte a que hubo una vulneración de un
derecho fundamental o que dicha vulneración sea discutible.
16. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para
superar el estadio del artículo 53.3 que la parte recurrente se limite
simplemente a “alegar, indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque
esto haría que el recurso fuera admisible muchas más veces de las que en
realidad es necesario en la justicia constitucional, retrasando procesos en los
que es ineludible que el Tribunal se pronuncie para garantizar la supremacía
de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
17. Entonces, sólo en el caso en que exista evidencia ─aún mínima─ de
violación a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los
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requisitos establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo
─relativo este a la especial transcendencia─, todos del artículo 53.3. El
Tribunal siempre debe evaluar la concurrencia de estos cuatro requisitos,
luego de que verifique la existencia de una vulneración a un derecho
fundamental.
18. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar: 1. si la parte
recurrente invocó, durante el proceso, la violación que hoy pretende subsanar
en el momento en que tuvo conocimiento de la misma; 2. si la parte recurrente
agotó los recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación no
ha sido subsanada; 3. si el órgano que dictó la decisión recurrida es el
responsable de que se haya producido la violación, bien sea porque no la
subsanó cuando se le presentó, o porque haya producido la vulneración
directamente; y, 4. finalmente, reunidos estos requisitos, verificar la especial
trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión.
19. Es importarte destacar que su sentencia TC/0057/12, el Tribunal
Constitucional declaró inadmisible el recurso, fundado en que no se cumplía
con el requisito c) del 53.3, toda vez que la aplicación, en la especie, de la
norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el
legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de
Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya
sido la violación de un derecho fundamental. Sin embargo, al examinar los
requisitos a) y b), indicó lo siguiente:
b) Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba
que el reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido
“invocado formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la
lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión
judicial que, como la que es objeto del presente recurso, pone fin al
proceso, por lo que la recurrente no ha tenido, en términos procesales,
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oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la cual
dicho requisito deviene en inexigible.
c) Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3,
pues si se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de
aceptarse que no ha habido recursos previos que agotar para
subsanar una violación que ni siquiera ha sido invocada previamente,
situación en la que también aplica la inexigibilidad referida en el
párrafo anterior.
20. Como se observa, los requisitos a) y b) del numeral 3) del artículo 53 de
la Ley número 137-11, la mayoría del Tribunal Constitucional determinó que
era inexigibles, por cuanto la violación que se invocó se produjo en la
sentencia impugnada en revisión dada en última instancia, por lo que, en
términos procesales, no tuvo oportunidad de invocarlo en el proceso, pues no
existen otros recursos que agotar en procura de subsanar la supuesta violación.
21. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un
recurso excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder
ser admitido. Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es
imprescindible para el buen funcionamiento de esta figura procesal
constitucional.
22. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la
violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los
requisitos del artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces y sólo
entonces, vale subrayar, a admitir el recurso y, consecuentemente, a
pronunciarse sobre el fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.
23. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie
sobre el fondo, no podrá revisar los hechos contenidos en el recurso, conforme
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se aprecia de la parte in fine del literal c) del numeral 3) del artículo 53. Esta
imposibilidad de revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso,
por cuanto se trata de un recurso excepcional que no ha sido instituido para
asegurar la adecuación de las resoluciones judiciales a la realidad de los
hechos o a la idea que acerca de estos tengan las partes.
17
24. No obstante, lo antes afirmado, una cosa es mirar los hechos y otra,
sustancialmente diferente, es revisarlos. En este sentido, el Tribunal
Constitucional puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las
comprobaciones que sean pertinentes entre ellas, con carácter esencial, que
se haya producido una violación de un derecho fundamental.
III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE
DECISIÓN JURISDICCIONAL
25. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra los presupuestos de
admisibilidad
18
del recurso.
26. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente
relacionada con el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente
ha establecido el legislador para interponerlos. De hecho, se trata de una
acción recursiva limitada, por el rigor necesario para su procedencia.
27. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar que el Tribunal
Constitucional no es una “super casación” de las resoluciones de los
tribunales ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica
causal de los fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho
17
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 231.
18
J.P., E.. Op. Cit., p. 122.
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ordinario objetivo, formal o material. Queda entendido que corresponde al
Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes públicos a la más estricta
observancia de los preceptos constitucionales y, en tal virtud, revisar la
aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han realizado de tales
normas fundamentales.
19
28. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula
el principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida
en que permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga
este atributo, a los fines de cumplir con su función de salvaguardar los
derechos fundamentales que sean violados en el marco de un proceso
jurisdiccional ordinario. Como hemos visto, esto solo aplica en casos muy
específicos y excepcionales. Esta es, en efecto, una posibilidad que no puede
estar y no está abierta para todos los casos, sino sólo para aquellos que,
superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a este
recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser
conocidos y decididos por éste.
29. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional,
cuyas condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por
cierto, confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.
30. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de
revisión de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que
el Tribunal tiene que evaluar y respecto de ellos decidir.
31. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una
posterior para la decisión del recurso, conforme los términos de los incisos 5,
6, 7 y 8 del mismo texto.
19
M. P ardo, V.J.. El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales. [En línea] Disponible
en: www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.
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32. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en
cuya estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y,
luego, el fondo del mismo en la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de
septiembre de (2012) dos mil doce.
33. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la
necesidad de dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia
la importancia de la fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad
de que el Tribunal pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados
por el legislador para admitir dicho recurso.
IV. SOBRE EL CASO CONCRETO
34. En la especie, la parte recurrente alega que hubo violación a sus derechos
fundamentales.
35. El Pleno decidió admitir el recurso por cuanto se cumplían los requisitos
del 53.3 de la referida ley número 137-11 y anular la sentencia por considerar
que se vulneraron derechos fundamentales.
36. Sin embargo, si bien consideramos que, en efecto, no se verifica
violación al precedente, discrepamos en el sentido de que, tal y como hemos
explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 53.3
de la Ley No. 137-11, el Tribunal Constitucional admite o inadmite el recurso
cuando se ha comprobado si se verifica o no la alegada violación.
37. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho
fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en
los literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del
artículo 53.3.
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38. Y aún si se comprobara que hubo tal violación, deben concurrir los
requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3,
como hemos señalado antes.
39. Al respecto, la mayoría reitera la aplicación del criterio fijado en la
Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), en
la cual se acordó unificar un supuesto el lenguaje divergente con relación a la
concurrencia de los requisitos referido artículo 53.3 y se precisó que, al
comprobar si éstos se han cumplido o no, se indicará si han sido ha sido o no
“satisfechos”. Sin embargo, no estamos de acuerdo que se indique que los
requisitos de los literales “a” y “b” ha sido “satisfechos” en aquellos casos
cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o
cuando la vulneración del derecho fundamental de que se trate, se haya
producido en única o última instancia.
40. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la sentencia para unificar
acordada por la mayoría del Pleno, traza la existencia de un supuesto
problema de lenguaje que no se detiene a explicar y se refiere a su existencia
como si fuera un asunto de mera semántica, cuando en realidad no lo es, en
virtud de que, ─en puridad─ los efectos que produce decir que algo está
satisfecho es igual a decir que se cumple; no obstante, cuando hablamos de
inexigibilidad se da cuenta de que es improcedente que se conjugue, pues
estamos frente a una situación que carece de elementos para que suceda o se
configure.
41. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que
son satisfechos o no los requisitos en cuestión, pues en realidad, para los casos
“a” y “b”, cuando la violación denunciada se ha cometido en ocasión del
dictado de la sentencia dictada en única o última instancia, dichos requisitos
son de imposible cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se cumplen o
que se satisfacen, en ese escenario, tales requisitos son imposibles de cumplir
República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente núm. TC-04-2016-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
R.d.C., F.J.(.fallecido), representado por C.E.F.A. y J.C., todos apel lidos
F.E., contra la Sentencia núm. 346, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015).
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o satisfacer, por tanto, resultan inexigibles para completar la fase de la
admisibilidad del recurso, conforme lo precisó la Sentencia TC/0057/12,
previamente citada.
42. Por todo lo anterior, y aunque de acuerdo con la decisión, insistimos, era
imprescindible que el Tribunal Constitucional verificara la vulneración a
derechos fundamentales y la concurrencia o inexigibilidad de los requisitos,
previo a cualquier otro análisis de derecho.
Firmado: Justo P.C.K., J.
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y
año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal
Constitucional, que certifico.
Julio J.R.B.
S.

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