Sentencias de la suprema corte de justicia de abril de 2022 (B. J. 1336)

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ACCIÓN

En su categorización clásica se distingue entre acciones personales, reales y mixtas. Las personales son aquellas acciones mediante las cuales el demandante reclama contra la persona del deudor a causa de un contrato, de un delito o cuasidelito, a dar, hacer o prestar, lo que implica que se hace valer un derecho sobre la persona misma, fundada en su obligación o responsabilidad. Las reales son aquellas que protegen derechos sobre cosas, las cuales ejerce quien se entiende titular y tienen por objeto la cosa misma. Las mixtas se refieren a aquellas que presentan una dualidad, esto es, se estiman personales y reales, ya que persiguen un reclamo contra la persona obligada y a su vez hacen valer un derecho sobre una cosa. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1322, pp. 1715-1725.

ACTO NOTARIAL

El notario puede válidamente instrumentar un acto con las declaraciones de una persona que no puede firmar. En la especie, una persona que sufrió una parálisis parcial como consecuencia de un derrame cerebral, lo que le imposibilitaba estampar su firma, otorgó válidamente un poder ante el notario, quien comprobó que el declarante hablaba con fluidez y coherencia, con toda su capacidad mental. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1388, pp. 2353-2374.

ALQUILERES Y DESAHUCIOS

La desocupación unilateral del inquilino no implica la resiliación de pleno derecho del contrato de alquiler, de modo que su obligación de pago de los alquileres permanece hasta tanto intervenga decisión judicial al respecto, pues la propietaria del inmueble no puede tomar posesión del mismo sin haber obtenido previamente una decisión judicial que así lo ordene, ya que el contrato de alquiler sigue vigente hasta su resiliación judicial. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1170, B. J. 1337, pp. 251-261.

El artículo 35 de la Ley 150-14 sobre el Catastro Nacional —que dispone que en los casos de demandas en desalojo relativas a bienes inmuebles, el interesado presentará, junto a los documentos que apoyan su demanda, la certificación de inscripción catastral— no obliga al tribunal a que antes del conocimiento de la demanda verifique que se haya aportado la indicada certificación ni impide que el tribunal se fundamente en otros medios probatorios que justifiquen la procedencia de la demanda. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1308, pp. 1600-1608.

APELACIÓN

Una vez inadmitido el recurso de apelación y pronunciado su desapoderamiento por no haberse depositado el acto contentivo del recurso ni la sentencia, la corte no puede volver contra su propia sentencia y reabrir la instancia, ya que el recurso de apelación culmina cuando el tribunal apoderado dicta sentencia definitiva sobre la contestación o sobre algún presupuesto procesal o incidente que tenga por efecto su desapoderamiento sin dejar nada por juzgar. En la especie, la parte apelante solicitó fijación de audiencia quince años después de que la corte declaró inadmisible el recurso de apelación y la corte fijó audiencia para continuar con la instrucción del recurso. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1350, pp. 2002-2012.

BANCOS

El artículo 63 de la Ley 183-02 establece expresamente que en ocasión de un procedimiento de disolución de un banco la Junta Monetaria “decidirá sobre la disolución que será ejecutada por la Superintendencia de Bancos” y que emitirá una resolución mediante la cual se iniciará el procedimiento de disolución. Por tanto, aunque la Superintendencia de Bancos es el órgano encargado de ejecutar la disolución del banco, dicha ejecución se encuentra sujeta a lo dispuesto por la Junta Monetaria mediante resolución, por ser la Junta Monetaria el órgano encargado de establecer las políticas monetarias y financieras en el mercado bancario dominicano. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1254, pp. 1040-1055.

La Junta Monetaria tiene la potestad de crear una comisión de liquidación de un banco. El artículo 9, literal L, de la Ley 183-02, establece que dentro de las funciones de dicho órgano está “desempeñar las otras funciones que la presente Ley encomiende a la Administración Monetaria y Financiera y que no hayan sido atribuidas expresamente al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos”, de donde se desprende que en caso de que una función no esté claramente definida por la ley, tal como ocurre respecto de la designación de una comisión liquidadora, esta estará a cargo de la Junta Monetaria. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1254, pp. 1040-1055.

Incurre en responsabilidad el banco que, en un contrato de prenda sin desapoderamiento respecto de un vehículo, contrata un seguro y lo deja vencer sin comunicárselo al prestatario, quien sufre un accidente de tránsito en el automóvil, cuyos daños no le fueron resarcidos por la aseguradora en razón de la cancelación de la póliza. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1376, pp. 2232-2245.

CASACIÓN

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto mediante el depósito en la secretaría de la Suprema Corte del acto de alguacil por el cual la parte recurrente notifica a la parte recurrida los hechos y el derecho en que fundamenta su crítica al fallo impugnado, en lugar de hacerlo, como lo ordena el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, mediante el depósito en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia del memorial de casación suscrito. El texto del indicado artículo 5 no deja lugar a dudas del carácter obligatorio de la forma de apoderamiento de la Suprema Corte de Justicia, al señalar que el recurso se “interpondrá” en la forma antes indicada. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1242, pp. 921-926.

Según los artículos 6 y 10 de la Ley 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación, el recurrente debe depositar en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los quince días de su fecha, el original del acta de emplazamiento; de no hacerlo, el recurrido que ha depositado y notificado su memorial de defensa puede requerir al recurrente para que, en el plazo de ocho días, efectúe el depósito antes mencionado; vencido este plazo, el recurrido podrá pedir a la Suprema Corte de Justicia la exclusión del recurrente. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1373, pp. 2203-2212.

La sanción a la falta de depósito del emplazamiento por parte del recurrente no es la inadmisibilidad del recurso, sino la exclusión. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1373, pp. 2203-2212.

COMPARECENCIA PERSONAL DE LAS PARTES

Conforme a los artículos 60 y 72 de la Ley 834 de 1978, el tribunal apoderado de un litigio puede ordenar de oficio la comparecencia personal de las partes cuando lo estime útil a la instrucción de la causa. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1345, pp. 1949-1966.

COMPETENCIA

Conforme al artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal territorialmente competente para conocer de una demanda en daños y perjuicios es el del domicilio del demandado, aun cuando los alegados daños y perjuicios se hayan recibido en una propiedad ubicada en otra jurisdicción, puesto que las demandas en daños y perjuicios son de carácter puramente personal. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1322, pp. 1715-1725.

Para determinar si un asunto es competencia de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción contencioso-administrativa el tribunal debe ponderar, de manera preliminar, la naturaleza del contrato existente entre las partes, si se trata de un acto propiamente administrativo o de una convención de carácter privado. SCJ, 1.ª Sala, 29 de abril de 2022, núm. SCJ-PS-22-1302, pp. 1546-1554.

CONFESIÓN

Las declaraciones de una parte en el acta de tránsito no constituyen una confesión judicial, máxime cuando de ella no se puede determinar quién tuvo el comportamiento negligente y la...