Sentencia Nº TC/0242/22 de Tribunal Constitucional, 04-08-2022

• Número de sentencia: TC/0242/22
• Fecha: 04 Agosto 2022
• Número de expediente: TC-04-2021-0040
• Emisor: Tribunal Constitucional (República Dominicana

República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-04-2021-0040, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Resolución núm. 417-2018 dictada por la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia del treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Página 1 de 39

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0242/22

R.ia: Expediente núm. TC-04-

2021-0040, relativo al recurso de

revisión constitucional de decisión

jurisdiccional interpuesto por la

Dirección General de Impuestos

Internos (DGII) contra la Resolución

núm. 417-2018 dictada por la Tercera

Sala de la Suprema Corte de Justicia

del treinta (30) de enero del año dos

mil dieciocho (2018).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año dos mil veintidós

(2022).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados

R.D.F., primer sustituto, en funciones de presidente; L.V.

.

S., segundo sustituto; J..A.A., A..L.B..M.,

M.U.B.V., J.P.C.K., D.G.,

M.d.C.S. de Cabrera, M. Valera M., J.A.o

V.G. y E.V..A., en ejercicio de sus competencias

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4

de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio

del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

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Expediente núm. TC-04-2021-0040, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Resolución núm. 417-2018 dictada por la Tercera Sala de la Suprema

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I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida

La Resolución núm. 417-2018, del treinta (30) de enero de dos mil dieciocho

(2018), objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional, fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia,

siendo su dispositivo el siguiente:

Primero: Declara la perención del recurso de casación interpuesto por

la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), contra la

Sentencia dictada por la Tercera Sala (Liquidadora) del Tribunal

Superior Administrativo, de fecha 30 de abril de 2013; Segundo:

Ordena que la presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial.

La sentencia fue notificada a la parte recurrente, Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), mediante Acto núm. 131/2018, del once (11) de

abril de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial R..o.

.

M.B., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación

de Santo Domingo, actuando a requerimiento de la razón social Inmobiliaria

Pepén y C. S.R.L.

2. Presentación del recurso de revisión de decisión jurisdiccional

La recurrente, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), interpuso el

presente recurso de revisión jurisdiccional ante la Suprema Corte de Justicia el

ocho (8) de mayo de dos mil dieciocho (2018) recibido por este Tribunal el

cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

El presente recurso fue notificado, a requerimiento de la Secretaria General de

la Suprema Corte de Justicia, a la parte recurrida Inmobiliaria Pepén &

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C., S.R.L, mediante Acto núm. 31/2019, del veintiuno (21) de febrero de

dos mil diecinueve (2019), instrumentado por el ministerial S.B.,

alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia.

3. Fundamentos de la sentencia recurrida

La Tercera Sala de Suprema Corte de Justicia declaró la perención del recurso

de casación sobre la base de los argumentos siguientes:

Atendido, a que la perención del recurso de casación tiene por

fundamento la presunción de que el recurrente ha abandonado la

instancia; que esta presunción resulta de un silencio prolongado por

más del tiempo señalado en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley

sobre Procedimiento de Casación, cuyo cómputo se inicia desde la

fecha del auto que autorizó el emplazamiento o desde la expiración del

término de quince días señalado en el artículo 8, sin que el recurrente

pida el defecto o la exclusión del recurrido.

Atendido, a que el examen del expediente revela que, en la especie, ha

transcurrido el plazo de los tres años de la perención establecido en el

mencionado artículo 10 párrafo II, sin que el recurrido haya depositado

su constitución de abogado, ni la notificación del memorial de defensa,

y sin que además ninguna parte recurrente haya requerido el defecto,

razón por la cual el recurso de casación de que se trata perimió de pleno

derecho.

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión

La recurrente Dirección General de Impuestos Internos (DGII), solicita acoger

el recurso de revisión; declarar inconstitucional el párrafo II del artículo 10 de

la Ley núm. 3726, sobre Casación; dejar sin efecto jurídico la Resolución núm.

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V.G., J.; E..V.A., J.; G..A.V.

.

R., Secretaria.

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente

las previstas en el artículo 30

2

de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de fecha trece (13) de

junio del año dos mil once (2011), (en lo adelante, “Ley 137-11)”; y respetando

la opinión de la mayoría del Pleno, formulo el presente voto salvado, mi

divergencia se sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones del

Pleno, pues aun cuando comparto la solución provista difiero de algunos de sus

fundamentos, tal como expongo a continuación:

VOTO SALVADO

LA SATISFACCIÓN O NO DE LOS REQUISITOS DE

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO NO ES UNA EXPRESIÓN

VÁLIDA, CUANDO EN REALIDAD DEVIENEN EN INEXIGIBLES

En la especie, reitero el criterio que he expuesto en votos particulares, respecto

a que al examinarse los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión

jurisdiccional exigidos en el artículo 53.3 en sus literales a) y b) de la Ley 137-

11, no deben considerarse satisfechos por aplicación del precedente sentado en

la Sentencia TC/0123/18, sino inexigibles, en razón de que esta imprevisión se

desprende de un defecto de dicha norma, que no previó que la sentencia dictada

2

Artículo 30.- Obligación de Votar. Los jueces no pueden dejar de votar, deb iendo hacerlo a favor o en contra en cada

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso

decidido.

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por la Suprema Corte de Justicia podría violar un derecho fundamental, de

acuerdo con el precedente fijado en la Sentencia TC/0057/12.

Este razonamiento tiene su fundamento en que la semántica de la palabra

satisfacción refiere a la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse; razón, acción

o modo con que se sosiega y responde enteramente una queja

3

, mientras que la

inexigibilidad alude a la dificultad o imposibilidad de exigir, obligar, reclamar,

reivindicar, exhortar, requerir, demandar, conminar, solicitar o pedir algo,

supuesto este último que se desprende de la imposibilidad material de exigir el

cumplimiento de esos requisitos de admisibilidad cuando es a la sentencia

dictada por la Suprema Corte de Justicia que se le imputa vulneración a

derechos fundamentales y no a las dictadas por las vías jurisdiccionales

ordinarias anteriores.

Por consiguiente, resulta razonable que el Tribunal Constitucional valore este

supuesto desde una aproximación a la verdad procesal, dando cuenta que la

satisfacción no es una expresión válida cuando dichos requisitos devienen en

inexigibles. Este criterio ha sido desarrollado, entre otras, en las Sentencias

TC/0434/18 del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018),

TC/0582/18 del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018),

TC/0710/18 del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018),

TC/0274/19 del ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019), TC/0588/19

del diecisiete (17) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), TC/0387/19 del

veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), TC/0423/20 del

veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), TC/0483/20 del

veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), TC/0006/21 del veinte

(20) de enero de dos mil veintiuno (2021) y TC/0055/21 del veinte (20) de enero

de dos mil veintiuno (2021), el cual reiteramos en la presente decisión.

3

Diccionario de la Real Academia Española.

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Firmado: Lino V.S., J.S. sustituto

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA

MARÍA DEL CARMEN SANTANA DE CABRERA

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la sentencia

y conforme a la opinión mantenida en la deliberación, ejerzo la facultad prevista

en los artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece

(13) de junio de dos mil once (2011), a los fines de someter un voto salvado con

respecto a la decisión asumida en el Expediente TC-04-2021-0040.

I. Antecedentes

1.1 El presente caso trata de la emisión de la Resolución «ALSPM FI. núm.

154-2010» por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

notificada a la empresa Inmobiliaria Pepén & C., S.R.L, el once (11) de

noviembre de dos mil diez (2010), la cual consistía en una decisión de la

Administración Tributaria rectificativa de activos; es decir, por medio de esta

resolución se revisaron las obligaciones tributarias de la referida sociedad

comercial en virtud del impuesto sobre la renta que debía pagar. Esta entidad

interpuso un recurso de reconsideración, que fue rechazado por la autoridad

administrativa, para luego interponer un recurso contencioso-tributaria que

también fue rechazado.

1.2 Inconforme con esta situación, la ahora recurrente en revisión recurrió en

casación la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior

Administrativo. La Suprema Corte de Justicia determinó la perención del

recurso de casación, por lo que no entró a conocer el fondo del mismo. Esta

última decisión fue objeto de un recurso de revisión ante este tribunal,

decidiendo el criterio mayoritario de esta jurisdicción constitucional la

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admisibilidad del recurso en cuanto a la forma y su rechazo en cuanto al fondo

a los fines de confirmar la sentencia recurrida. Si bien la magistrada que suscribe

este voto concuerda con la decisión alcanzada en esta sentencia, la misma no

coincide con el hecho de que en el cuerpo de la misma no se hace constar de

manera expresa el cambio de precedente que la misma implica con respecto a

la Sentencia TC/0057/12, de dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012).

1.3 En la referida sentencia se estableció el criterio jurisprudencial relativo a

la inadmisibilidad de los recursos de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional interpuestos contra sentencias de la Suprema Corte de Justicia

que se limitan a declarar la inadmisibilidad —en lo que también se circunscribe

la declaratoria de perención y caducidad— del recurso de casación sobre la base

de una norma legal de carácter procesal. Puntualmente, se estableció que no se

satisfacía el requisito contenido en el artículo 53.3.c

4

de la Ley núm. 137-11, en

el sentido de que no se le puede imputar a la Suprema Corte de Justicia una

violación de derechos fundamentales cuando esta hace una aplicación del texto

legal apegada a lo dispuesto por el legislador. En palabras del propio tribunal

en la sentencia referenciada:

La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha

sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es

imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o

una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho

fundamental; por lo que, al no concurrir ninguno de los tres requisitos

previstos en el artículo 53.3 de la Ley número 137-11, el presente

recurso es inadmisible.

4

Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Trib unal Constitucional tendrá a potestad de

revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa revocablemente juzgada, con posterioridad

al 26 d e enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes casos: […] 3)

Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno

de los siguientes requisitos: […] c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a

una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

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1.4 En todo caso, en decisiones tan recientes como la Sentencia TC/0023/22,

de veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022), se ha indicado que el

precedente descrito «[…] se ha ido morigerando y existen casos en los cuales,

aunque se haya declarado la inadmisibilidad del recurso de casación, este

tribunal ha actuado de manera diferente y ha conocido el caso conociendo el

fondo del asunto». A pesar de lo anterior, el precedente previamente descrito,

contenido en la Sentencia TC/0057/12, sigue siendo utilizado para declarar la

inadmisibilidad de recursos de revisión recientes (tal es el caso de la Sentencia

TC/0525/21, de veintidós [22] de diciembre de dos mil veintiuno [2021]), en

virtud de que no ha operado un cambio expreso de precedente, por lo que se

sigue presumiendo la vigencia del mismo.

II. Consideraciones y fundamentos del voto salvado

2.1 Este despacho es de criterio, al igual que lo decido por medio de la

sentencia objeto de este voto, que el recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional debió haber sido ciertamente admitido en cuanto a la

forma y, en consecuencia, fue oportuno que se conociera el fondo del mismo.

Esto se debe a que en la decisión se asumió la posición más garantista de los

derechos procesales constitucionales, consistente en la revisión de la aplicación

de la ley procesal, relativa a la perención en este caso, que hizo la Suprema Corte

de Justicia a los fines de comprobar si la misma fue o no violatoria de derechos

fundamentales.

2.2 Ahora bien, con lo que no se concuerda es con el hecho de que en el cuerpo

de la sentencia no se hace constar de manera expresa que se está haciendo un

cambio de precedente con respecto al criterio jurisprudencial establecido a

partir de la Sentencia TC/0057/12, previamente descrito. De hecho, a pesar de

que la sentencia recurrida en revisión era una que declaraba la perención del

recurso de casación, en el cuerpo de la sentencia objeto de este voto

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simplemente se argumenta lo siguiente (sin hacer ningún tipo de referencia al

precedente descrito):

En concreto, este Tribunal estima que los requisitos de admisibilidad

dispuestos en los literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la Ley núm.

137-11 se encuentran satisfechos, en razón de que la presunta

violación, al principio de interpretación de la norma en sentido más

favorable, a los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso

fueron invocados ante esta sede constitucional, y son precisamente

atribuidos a la Tercera Sala de la Suprema Corte Justicia, no existiendo

recursos ordinarios posibles contra la referida decisión.

2.3 En este sentido, hacía falta que este tribunal indicara las razones por las

cuales, en esta decisión, a diferencia de las otras que comprenden supuestos

fácticos similares, se determinó la admisibilidad del recurso de revisión a pesar

de que en casos parecidos la tendencia era declarar su inadmisibilidad por

entender de que no se encontraba satisfecho el requisito contenido en el artículo

53.3.c de la Ley núm. 137-11. Lo anterior se debe, entre otras razones, a la

necesidad de preservar la seguridad jurídica por medio de la continuidad de las

decisiones en la jurisprudencia constitucional; es decir, este tribunal está

obligado, para garantizar un trato igualitario a quienes acudan ante él, a

mantener una coherencia en cómo decide los casos, dentro de lo cual entra la

aplicación de la regla del precedente o stare decisis salvo cambio del mismo

debidamente justificado.

2.4 En este sentido, resulta lesivo para la seguridad jurídica de los usuarios de

la justicia constitucional que la decisión sobre la admisibilidad de su recurso de

revisión dependa de la voluntad del juez constitucional de fallar su caso según

el criterio que desee, sin prestar la debida atención al precedente constitucional.

La existencia de sentencias como la que es objeto de este voto permite que se

dé un trato injustificadamente diferenciado a unos mismos sujetos procesales,

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lo cual llevará a que este tribunal dicte sentencias con criterios contradictorios

entre sí, incluso en un mismo período de tiempo, como se demostró en los

antecedentes de este voto. Este inconveniente procesal se hubiera solucionado

si, en la especie, hubiera operado un cambio de precedente de manera expresa

en vez de simplemente ignorar el precedente que consta en la Sentencia

TC/0057/12.

2.5 Este propio Despacho ya ha vertido sus consideraciones en torno al cambio

de precedente, las cuales constan en el voto salvado que sometió en ocasión de

la Sentencia TC/0235/21, de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno

(2021):

El cambio de precedente realizado es una actuación judicial que se

encuentra configurada en el derecho procesal constitucional

dominicano. De esta manera, es posible que esta sede constitucional

decida variar algún criterio jurisprudencial previamente asumido, tal

como sucedió en la especie. Esta figura, también llamada overruling en

el derecho anglosajón, se encuentra dispuesta en el párrafo I del

artículo 31 de la Ley núm. 137-11 y ha sido avalada por la

jurisprudencia constitucional. […] lo importante es fundamentar

debidamente esta variación para poder superar la regla del precedente.

2.6 En este sentido, el tribunal ha sido enfático en defender la seguridad

jurídica como garantía de la aplicación previsible de la ley por parte de los

poderes públicos y, concretamente, de los tribunales de la República [V.

Sentencia TC/0100/13, de veinte (20) de junio de dos mil trece (2013)]. Por lo

que resulta contradictorio que en la sentencia de especie se haya declarado la

admisibilidad del recurso de revisión interpuesto sin que se hubiera hecho

constar de manera expresa el cambio, y su justificación, del precedente

establecido en la Sentencia TC/0057/12.

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Conclusión

El Tribunal Constitucional hizo bien en declarar la admisibilidad del recurso de

revisión de la decisión jurisdiccional que declaró la perención del recurso de

casación, pero erró al no haber realizado y justificado un cambio de precedente

con respecto a lo establecido en la Sentencia TC/0057/12, en la cual se dispuso

el criterio jurisprudencial de la inadmisibilidad de los recursos de revisión

interpuestos contra sentencias de la Suprema Corte de Justicia que se limitan a

declarar la inadmisibilidad del recurso de casación en aplicación de normas

legales de índole procesal.

Firmado: M.d.C.S. de Cabrera, Jueza

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO

JOSÉ A.V.G.

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a

explicar las razones por las cuales no estamos de acuerdo con esta decisión.

Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186

de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio

de dos mil once (2011). En el primero de los textos se establece lo siguiente:

(…) Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer

valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el segundo

que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a

favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto

y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia

sobre el caso decidido.

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I. Introducción

1. En el presente caso, se trata de un recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII) contra la Resolución núm. 417-2018, dictada por la Tercera Sala de la

Suprema Corte de Justicia, el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018).

Dicha sentencia declaró la perención del recurso de casación incoado por la

referida Dirección contra la Sentencia dictada por la Tercera Sala (Liquidadora)

del Tribunal Superior Administrativo, el treinta (30) de abril de dos mil trece

(2013).

2. Mediante la decisión tomada por la mayoría se rechaza el indicado recurso,

cuestión con la que estamos de acuerdo; sin embargo, salvamos nuestro voto

por considerar que se debió indicar en las motivaciones las razones por las que

no se siguió la línea de los precedentes de este tribunal.

II. Razones que justifican el presente voto disidente

3. Resulta que este Tribunal Constitucional estableció, mediante la Sentencia

TC/0057/12 del dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012), que la

declaratoria de perención del recurso de casación realizada por la Sala Civil de

la Suprema Corte de Justicia obedecía a lo dispuesto en la Ley núm. 3726, de

Procedimiento de Casación, razón por la cual el recurso de revisión de decisión

jurisdiccional en contra de este tipo de decisiones no cumplía con el requisito

establecido en el artículo 53.3, literal c) de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, es decir, que la

alegada violación no es imputable al tribunal que dicta este tipo de sentencias.

En igual sentido falla este Tribunal Constitucional cuando el asunto se refiere a

la declaratoria de caducidad del recurso de casación.

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4. En efecto, en la indicada Sentencia TC/0057/12 se estableció lo siguiente:

d) Asimismo, el requisito consignado en el literal c) del referido

artículo, no se cumple en la especie, pues el daño reclamado no

puede ser “imputable de modo inmediato y directo a una acción u

omisión del órgano jurisdiccional” -es decir, a la sentencia

recurrida-, “con independencia de los hechos que dieron lugar al

proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal

Constitucional no podrá revisar.

e) En efecto, en la especie, la perención del recurso de casación

declarada por la decisión atacada se fundamenta en lo dispuesto

de manera expresa en el artículo 10, párrafo II, de la Ley número

3726, de Procedimiento de Casación, que regula el proceso a

seguir para la interposición y posterior procedencia del recurso

extraordinario de casación, por ante la Suprema Corte de Justicia,

y el cual prescribe lo siguiente: “El recurso de casación perimirá

de pleno derecho si transcurrieren tres años contados desde la

fecha del auto que autorizó el emplazamiento, sin que el recurrente

haya depositado en la Secretaria el original del emplazamiento, o

si transcurriere igual plazo, contando desde la expiración del

término de quince días señalado en el artículo 8, sin que el

recurrente pida el defecto o la exclusión contra el recurrido, que

diere lugar a ello, a menos que, en caso de haber varias partes

recurrentes o recurridas, una de dichas partes haya pedido el

defecto o la exclusión contra las partes en falta.

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f) La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente

descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en

consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la

comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya

sido la violación de un derecho fundamental; por lo que, al no

concurrir ninguno de los tres requisitos previstos en el artículo

53.3 de la Ley número 137-11, el presente recurso es

inadmisible.

5

5. En igual sentido se refirió el tribunal en las sentencias TC/0447/18, del

trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); TC/0019/18, del siete (7)

de marzo de dos mil dieciocho (2018); TC/0431/19, del diez (10) de octubre de

dos mil diecinueve (2019); TC/0263/20, del nueve (9) de octubre de dos mil

veinte (2020); TC/0525/21 del veintidós (22) de diciembre de dos mil veintiuno

(2021), entre otras.

6. Como se observa, este Tribunal Constitucional de forma específica y

reiterada ha indicado que los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales

en contra de sentencias que declaren la perención o caducidad del recurso de

casación ─como ocurre en el presente caso─ serán inadmisibles por no cumplir

con lo estipulado en el artículo 53.3, literal c) de la Ley núm. 137-11, texto

según el cual las revisiones de decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada podrán ser revisadas, en los

casos en que se alegue violación a un derecho fundamental cuando la violación

al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una

acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos

que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el

Tribunal Constitucional no podrá revisar.

5

Negritas nuestras.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-04-2021-0040, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Resolución núm. 417-2018 dictada por la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia del treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Página 37 de 39

7. En este sentido, entendemos que al estar en presencia de este tipo de

decisiones ─inadmisibilidad por perención─ si el tribunal se iba a avocar a

conocer el fondo del recurso que nos ocupa, pues debió explicar las razones que

ameritaban apartarse de sus precedentes de declarar inadmisible el mismo y

─repetimos─ entrar a conocer el fondo del asunto. Particularmente, la

justificación se encuentra en el hecho de que el recurrente estaba alegando que

la figura de la perención prevista en el artículo 10, párrafo II, de la ley 3726,

sobre Procedimiento de Casación, no opera de pleno de derecho ─como lo

decidió en la sentencia recurrida la Tercera Sala de la Suprema Corte de

Justicia─, ya que la atribución facultativa que le asiste al recurrente de que

podrá pedir el defecto o exclusión del recurrido, según sea el caso, deviene en

un beneficio procesal potestativo otorgado por el Legislador en favor de

aquella parte recurrente que ha satisfecha oportuna y cabalmente con los actos

procesales de ley. Indica, igualmente, que la sanción procesal de perención

impuesta a la Dirección General de Impuestos Internos configuraría como al

efecto configura una sanción punitiva de extinción de derechos por no haber

hecho algo que la ley no manda lo que, a su vez, constituye una quiebra

reprochable del principio de constitucional de igualdad ante la ley que ya

recoge el artículo 39 de la Constitución (...).

8. Por tanto, para responder correctamente tal aspecto del recurso de revisión

de decisión jurisdiccional resultaba necesario admitir el mismo y, en tal sentido,

conocer del fondo del mismo ─como finalmente se hizo─, sin embargo, se

omitió ─como establecimos anteriormente─ justificar el hecho de haberse

apartado de sus precedentes de inadmisibilidad.

9. Destacar que este Tribunal Constitucional ha hecho constar este tipo de

excepciones en relación a otros temas, tal es el caso, por ejemplo, de lo

establecido en la Sentencia TC/0465/19 del veinticuatro (24) de octubre de dos

mil diecinueve (2019), decisión en la cual se pronunció en los términos

siguientes:

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Expediente núm. TC-04-2021-0040, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Resolución núm. 417-2018 dictada por la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia del treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Página 38 de 39

q. No debemos soslayar en precisar que si bien es cierto que este

órgano de justicia constitucional especializada, mediante

precedente desarrollado en la Sentencia TC/0130/13, ha

establecido el criterio de que el recurso de revisión constitucional

de decisión jurisdiccional es inadmisible cuando se recurre una

sentencia en la cual el Poder Judicial no se ha desapoderado del

conocimiento del fondo del asunto. En este caso es necesario

aplicar la técnica del distinguishing, en virtud de que el error

procesal cometido en las decisiones emitidas relativas al caso que

ahora revisa este tribunal genera un grave perjuicio que afecta

los derechos fundamentales de la parte recurrente, razón esta por

la que se acoge el presente recurso de revisión, sin que dicha

circunstancia suponga la derogación del precedente anterior.

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10. Como se observa, no es ajena a la doctrina de este tribunal el hecho de

especificar las razones por las cuales resulta pertinente para el caso ─a raíz de

sus particularidades─ apartarse del precedente principal sin derogar el mismo,

es decir, mantenerlo vigente para otros casos, cuestión que es la que

─insistimos─ debió justificarse en el caso que nos ocupa.

Conclusiones

Consideramos que este Tribunal Constitucional debió justificar el hecho de que

para este caso específico y dadas sus circunstancias se iba a apartar de sus

precedentes en relación a declarar inadmisible los recursos de revisión de

decisiones jurisdiccionales en contra de sentencias que declaren la perención o

caducidad del recurso de casación, en virtud de lo que establece el artículo 53.3,

literal c) de la Ley núm. 137-11.

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Negritas nuestras.

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Expediente núm. TC-04-2021-0040, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Resolución núm. 417-2018 dictada por la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia del treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Página 39 de 39

Firmado: J.A.V.G., Juez

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretaria del Tribunal

Constitucional, que certifico.

G.A.V.R..

.

S.