La corrupción y la administración pública centroamericana

AutorSalvador Parrado Díez - Eloísa del Pino Matute - Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos - César Colino Cámara
Páginas193-236

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1. Introducción: el persistente problema de la corrupción en centroamérica

La creencia extendida durante algún tiempo sobre el papel funcional de la corrupción en los países en desarrollo queda ya muy alejada de los actuales diagnósticos sobre la calidad de las instituciones en América Latina y en otras parte del mundo. Estos nuevos diagnósticos incluyen investigaciones que describen la corrupción como una verdadera lacra con serias consecuencias para el desarrollo político, económico y social. La mayoría de las nuevas investigaciones sobre corrupción apuestan por entender la corrupción como un problema de gobernabilidad y calidad democrática y limitan el peso atribuido a los factores culturales en los intentos de explicar el fenómeno. Estos factores han contribuido a que frente a una postura tolerante o simplemente pasivo-fatalista con la corrupción, la mayoría de los países latinoamericanos y las instituciones internacionales con presencia en la región hayan consensuado la necesidad de luchar contra este fenómeno para potenciar el desarrollo.

Aunque ya desde los años ochenta algunos países latinoamericanos habían empezado a adoptar medidas para combatir la corrupción, la entrada de este asunto en la agenda gubernamental como un objeto de preocupación sistemático se produce a partir de la Cumbre de las Américas celebrada en 1994. El Plan de Acción acordado en dicha Cumbre comprometía a los gobiernos a:

1) realizar las reformas necesaria para conseguir que sus instituciones fueran transparentes y asegurasen la rendición de cuentas; 2) garantizar la vigilancia fortaleciendo los mecanismos internos de investigación y de aplicación de la ley respecto a los actos de corrupción, y facilitando el acceso público a la información necesaria para llevar a cabo una evaluación externa; 3) promulgar normas sobre conflicto de intereses para los funcionarios públicos y medios eficaces contra el enriquecimiento ilícito; 4) llamar la atención a los gobiernos de países terceros para establecer y hacer cumplir la normativa sobre el soborno en las transacciones financieras o comerciales; 5) poner en

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marcha instrumentos de cooperación en el ámbito judicial y bancario para mejorar la investigación internacional; 6) fortalecer la regulación y la recaudación de impuestos sobre las adquisiciones, la administración de justicia y los procesos electorales y legislativos; 7) conseguir un enfoque hemisférico sobre la corrupción con medidas que favorezcan la extradición y el enjuiciamiento de individuos acusados de estas prácticas.

Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron a partir de 1996 la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). La Convención es hoy un documento de referencia en la región aunque de alcance menos ambicioso que la reciente Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). Ésta última requerirá que pasen algunos años para ser ratificada y adoptada por un número significativo de países y para que su funcionamiento sea consensuado. Junto a estas dos grandes Convenciones, hay que destacar también la creación de la Convención Antisoborno de la OCDE en 1997.

La CICC es un punto de partida de la mayoría de los diagnósticos sobre corrupción (véase USAID 2004). Una década después de su puesta en marcha, la CICC ha sido ratificada por unos treinta países de la OEA. En su marco, los gobiernos han adoptado numerosas iniciativas cuyo grado de implementación es monitoreado por expertos nacionales desde 2002, a través del denominado MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención). Mediante este instrumento, un Comité de Expertos de cada país evalúa la puesta en marcha de determinadas disposiciones seleccionadas de entre las incluidas en la Convención. Al final del proceso, el comité presenta un diagnóstico y recomendaciones.

Es posible que el compromiso de los gobiernos contra la corrupción y la preocupación de las organizaciones internacionales por el fenómeno hayan hecho que la corrupción sea un problema más visible y que al cabo de los años permanezca como un problema persistente32. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado anualmente por Transparencia Internacional (TI)33ubica desigualmente a los países latinoamericanos en el eje transparen-

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CUADRO V1.—ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (TI) AÑOS 2004-2005

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Fuente: Transparencia Internacional. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de TI se clasifica a los países (146 en 2004 y 155 en 2005) con respecto al grado en que es percibida la corrupción entre los funcionarios públicos y los políticos. La puntuación 10 significa que el país es percibido como altamente transparente, mientras que 0 quiere decir que se percibe como altamente corrupto.

cia/ corrupción. Mientras Chile está situado en una posición elevada de la tabla (es el número 20 en 2004 y el 21 en 2005), por encima de otros países como Francia o España que ocupaban en 2004 el lugar número 22, otros países de la región, como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Paraguay y, especialmente, Haití, figuran entre los países más corruptos del mundo (véase el Cuadro V1)34. Además, la posición de algunos países como Costa Rica, Nicaragua, Ecuador o Venezuela ha empeorado de manera significativa en sólo un año.

Otros indicadores como el de control de la corrupción del Banco Mundial para el año 2004 muestran que América Latina está en un percentil 44.6 frente, por ejemplo, al 91.4 de los países de la OCDE (Kaufmann, Kraay y Mas-

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ILUSTRACIÓN V1.—CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA 2004

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Fuente: Banco Mundial (fecha de consulta febrero de 2006).

truzzi 2005). Mientras Chile se sitúa en un percentil del 88.7, dentro de la región, los países centroamericanos ocupan una posición desigual, por ejemplo, Costa Rica alcanza un percentil elevado pero Guatemala y Honduras no superan el 3035(véase Ilustración V1).

En consecuencia, la corrupción continúa preocupando a los organismos internacionales más importantes con presencia en la región como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la propia Unión Europea (UE) o el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). Otras organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Internacional con sus capítulos nacionales en América Latina han avanzado en la investigación y sensibilización con el tema. Las agencias de cooperación bilateral también se han interesado. El Plan de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Iberoamérica de la Agencia Española de Cooperación Inter-

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nacional (AECI) incluía ya en 2003 el tema de la corrupción. La cooperación española asume que la corrupción es un problema con consecuencias negativas para la consolidación y el desarrollo de las democracias centroamericanas. Además se mantiene que la corrupción es un problema de gobernabilidad y, como tal, es posible enfrentarse al mismo. Por ello, uno de los principales objetivos del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 se centra en la lucha contra la corrupción.

A partir de ahora, el capítulo se divide en varios apartados. En el prime-ro se realiza un acercamiento a las principales definiciones, las causas y las consecuencias de la corrupción. Posteriormente, se recogen las fortalezas y debilidades de la llamada infraestructura ética en la región. En este texto no se intenta profundizar en las consecuencias y las causas que están en el origen del fenómeno de la corrupción para así proponer recomendaciones que mitiguen o solucionen el problema. En este documento se adopta un enfoque más pragmático y se analiza si se han puesto en marcha y con qué resultados determinadas medidas en cada país, bien por los gobiernos nacionales u otros actores como la comunidad de donantes o la sociedad civil. Para ello, se utilizan las evaluaciones de analistas expertos, en especial documentos elaborados por el MESICIC, los capítulos nacionales correspondientes de TI, Probidad, otras cooperaciones y otros patrocinados por el BM y el BID o el CLAD. Además, se han explotado las entrevistas realizadas por el equipo a actores del Estado y de la sociedad civil implicados en a lucha anticorrupción en cada uno de los países llevadas a cabo en el año 2006. Finalmente, en las conclusiones se recoge una síntesis de las iniciativas, el diagnóstico y el enfoque y propuestas que tratan de incorporar las lecciones aprendidas en materia de lucha contra la corrupción.

2. La corrupción como problema transversal: Las causas, las consecuencias y la infraestructura contra la corrupción
Definición de la corrupción político-administrativa

Uno de los avances más sustanciales de los últimos años ha sido consensuar un lenguaje común en materia de corrupción. Las definiciones de las distintas organizaciones internacionales coinciden en los elementos de la definición de corrupción, lo que es imprescindible para organizar las condiciones y los medios para su combate. En general se entiende por corrupción: 1) un comportamiento que involucra a los responsables públicos, ya sean políticos o funcionarios; 2) consistente...

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