Introducción: fortalecer el estado para alcanzar el desarrollo social en centroamérica
| Autor | Salvador Parrado Díez - Eloísa del Pino Matute - Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos - César Colino Cámara |
| Páginas | 13-23 |
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La Administración pública es el elemento estructural fundamental de la actividad estatal y de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado; unas relaciones que en los Estados democráticos deben articularse desde la observancia del principio de legalidad, la rendición de cuentas ante el parlamento, el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía y la sensibilidad hacia las demandas de ésta. Por ello, el desarrollo institucional de la Administración pública —sobre todo en aquellos casos en los que la capacidad del Estado es reducida— supone un objetivo directamente relacionado con la promoción de la democracia representativa y participativa, el pluralismo político y el Estado de derecho. Además, y de forma particularmente cierta en los países en desarrollo, el fortalecimiento de la Administración pública es un requisito esencial para el desarrollo económico. En contra de algunas de las tendencias más en boga hasta la pasada década en la literatura sobre crecimiento y desarrollo, un Estado con capacidad interventora, que sea obviamente eficaz en el desempeño de sus tareas, es necesario para el correcto funcionamiento y regulación del mercado, así como para elaborar políticas públicas de alivio de la pobreza a través de la provisión de servicios públicos básicos y, de forma más ambiciosa y genérica, promoviendo un bienestar social cohesionado y un desarrollo sostenible a todos los niveles con la garantía de equidad y calidad en el acceso, gestión y prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.
Con las premisas normativas anteriores —una Administración al servicio del ciudadano y una buena gestión de los asuntos públicos en el ámbito de la gobernanza democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucional— este trabajo pretende realizar un análisis sistemático, tanto exhaustivo como comparativo, de los programas de reforma acometidos por las Administraciones centrales de los países centroamericanos y de la República Dominicana durante los últimos años. Esta región, que pese a su heterogeneidad interna cuenta en la mayor parte de los casos con estructuras estatales de
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escasa capacidad, se ha elegido por resultar efectivamente un objeto idóneo para examinar los avances y los obstáculos del proceso de fortalecimiento institucional en el contexto iberoamericano. La investigación tiene, por un lado, un claro objetivo empírico orientado a exponer y a examinar de manera sustantiva la Administración centroamericana actual en el contexto de determinados procesos de reforma1y, por el otro, una finalidad teórica encaminada a aportar o enriquecer las explicaciones sobre las causas que promueven las reformas administrativas emprendidas, los avances y los obstáculos que encuentran, así como los modelos que se eligen en el transcurso de las mismas. En este sentido, las preguntas que guían el trabajo están relacionadas, en primer lugar, con los factores que hay detrás de las decisiones políticas sobre modernizar el Estado. En segundo lugar, con la distancia que existe entre los diseños de las reformas y su efectiva implementación, indagándose de este modo sobre las constricciones políticas y operativas existentes. Y, por último, en el grado de convergencia o diferencias que persisten entre los países estudiados.
El trabajo atiende en particular a cuatro ámbitos sobre los que se han concentrado las actuaciones de reforma administrativa: A) Apoyo a la profesionalización del servicio civil. B) Apoyo a las reformas institucionales de las estructuras administrativas. C) Mejora de los sistemas de diseño y ejecución de políticas públicas y servicios públicos. D) Mejora de la legitimidad del sistema mediante la lucha contra la corrupción. Consecuentemente, en cada uno de estos cuatro ámbitos se analizan los avances y las herramientas en materia de modernización administrativa de los países centroamericanos y sus condicionantes políticos y técnicos durante la década de los noventa y principios de este siglo.
Los programas de refuerzo de la Administración central tienen en efecto como objetivo general el desarrollo de una capacidad institucional permanente y suficiente que permita a los gobiernos controlar las macrovariables económicas y sociales, desarrollar una política distributiva equitativa, y mejorar la eficiencia del gasto social. Pero la consecución de los objetivos anteriores sólo es posible mediante el desarrollo de capacidades institucionales que garanticen una formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas económicas y sectoriales más transparentes, eficientes y eficaces. Además, la
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mejora de acceso de la ciudadanía a la actividad de las Administraciones públicas se debe desarrollar a partir de un incremento de la eficiencia y la neutralidad de la Administración pública del Estado, mediante el establecimiento de una Administración pública meritocrática y estable, y de una mayor transparencia de la actividad administrativa. Todo este supuesto, consistente en la necesidad de fortalecer el Estado y su capacidad interventora no sólo para asegurar el desarrollo económico sino también para que se garantice la universalidad de los servicios sanitarios y educativos y promueva la cohesión social, es como ya se ha dicho diametralmente distinto al que se proponía por las doctrinas liberales del consenso de Washington de reducción del papel del Estado en el sector económico y social2.
El rol del Estado es fundamental en el desarrollo económico como consecuencia de los efectos de los cambios globales. Un Estado reducido es prácticamente incapaz de enfrentarse de forma adecuada a los nuevos retos globales. Los nuevos desafíos exigen del Estado la garantía de condiciones macroeconómicas que favorezcan la inversión privada nacional y foránea, la promoción de la competitividad económica de los sectores clave del país, el fortalecimiento del comercio exterior y unas políticas monetarias estables y creíbles por los inversores.
Al Estado también le corresponde desempeñar una función importante en el ámbito social para mejorar la cohesión social y reducir el nivel de pobreza. La población requiere de servicios...
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